Archivado: el proyecto que exigía audiencia pública antes de liberar transgénicos
El expediente 21975, que obligaba a hacer audiencia pública antes de autorizar la liberación de organismos genéticamente modificados, quedó archivado en 2022 con dictamen negativo.
Título oficial REFORMA AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD N° 7788 DEL 30 DE ABRIL DE 1998, LEY PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE BIOSEGURIDAD
A quién le toca
- Personas que viven cerca de zonas donde se liberan organismos genéticamente modificados
- Comunidades que querían opinar antes de que se autorizara un permiso de liberación
- Organizaciones ambientales que pedían acceso a información sobre transgénicos
A quién beneficia
- El proyecto no llegó a ser ley, así que no cambió nada para nadie
- Si se hubiera aprobado, habría dado derecho a cualquier persona de opinar por escrito en el trámite de un permiso
Qué cambia
- El procedimiento para liberar transgénicos sigue sin una audiencia pública obligatoria en la ley
- El tema podría volver con otro expediente, pero este quedó cerrado
La explicación completa
El proyecto de ley 21975 está archivado. La Asamblea Legislativa lo enterró en 2022 con un dictamen unánime negativo, y su plazo de cuatro años venció el 14 de mayo de 2024 1.
Qué propone
El proyecto proponía cambiar el artículo 47 de la Ley de Biodiversidad N° 7788 para que cualquier persona pudiera opinar por escrito en el trámite de un permiso (art. único). También le daba derecho a pedir la revocatoria o revisión de cualquier permiso ya otorgado.
La Oficina Técnica de la Comisión podría rechazar de plano las gestiones manifiestamente infundadas (art. único). El reglamento de la ley definiría el plazo y el procedimiento de la audiencia pública, que tendría que hacerse antes de otorgar cualquier permiso.
El texto exigía que la audiencia se hiciera en términos claros. Las personas debían poder evaluar la magnitud del impacto de la medida y disponer de tiempo razonable para analizarla (art. único).
El transitorio único le daba al Poder Ejecutivo un mes para reglamentar la audiencia pública y la participación ciudadana (art. transitorio único).
En qué va el trámite
El expediente está archivado. La Comisión Permanente Especial de Ambiente votó un dictamen unánime negativo el 3 de agosto de 2022, y el archivo se formalizó el 8 de agosto de 2022 1.
El proyecto se presentó el 14 de mayo de 2020 y se publicó en La Gaceta el 1 de junio de 2020, en el número 128 1. Pasó a la Comisión de Ambiente el 9 de junio de 2020.
El plazo cuatrienal venció el 14 de mayo de 2024 1. Para que fuera ley faltaba el dictamen positivo de comisión, el primer debate y el segundo debate en el Plenario. Nada de eso ocurrió.
Frente a la Constitución
El texto se apoya en el artículo 9 de la Constitución, que define al Gobierno como "popular, representativo, participativo, alternativo y responsable" Constitución, art. 9. También invoca el artículo 50, que reconoce el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado Constitución, art. 50.
El artículo 50 dice que "Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado" y que está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho Constitución, art. 50. La audiencia pública obligatoria calza con esa idea de participación.
El artículo 121 le da a la Asamblea Legislativa la potestad de dictar y reformar las leyes Constitución, art. 121. El proyecto usa esa vía para reformar el artículo 47 de la Ley de Biodiversidad.
El Censo no encontró un choque directo entre el texto propuesto y los artículos constitucionales del dossier. El propio proyecto cita dos votos de la Sala Constitucional (el 2014015017 y el 04117-2018) que ordenaban consulta pública antes de liberar transgénicos (art. único).
Qué puede hacer usted
El expediente está archivado, así que las herramientas para incidir en su trámite ya no aplican. Si quiere empujar un tema parecido, la guía ofrece la iniciativa popular: reunir firmas para presentar un proyecto de ley guía, p. 26.
La guía explica que el TSE revisa las firmas y traslada el proyecto a la Asamblea, que debe votarlo en un plazo máximo de dos años guía, p. 26.
También puede usar el formulario web de la Asamblea para plantear una propuesta de ley sencilla guía, p. 27. La guía aclara que esas propuestas no tienen garantía de ser discutidas ni votadas.
Otra vía es la acción de inconstitucionalidad contra omisiones de autoridades públicas guía, p. 24.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué la Comisión de Ambiente votó el dictamen negativo.
El dossier no incluye el texto del dictamen ni las razones que dieron los diputados.
El dossier no dice si el Poder Ejecutivo llegó a reglamentar la audiencia pública por otra vía.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El texto propuesto desarrolla derechos de participación y ambiente sano que la Constitución ya reconoce. El Censo no encontró un choque directo con los artículos del dossier.
Constitución, art. 9"El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable."
Esta ley, art. único"Cualquier persona podrá ser parte del proceso de tramitación del permiso y suministrar por escrito sus observaciones y documentos."
Sin choque aparente La Constitución dice que el Gobierno es participativo. El proyecto daba a cualquier persona el derecho de opinar en el trámite de un permiso.
Constitución, art. 50"Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."
Esta ley, art. único"En el reglamento de esta ley se definirán el plazo y procedimiento correspondientes a la audiencia pública que deberá realizarse de previo al otorgamiento de cualquier permiso."
Sin choque aparente La audiencia pública obligatoria antes de un permiso ambiental calza con el derecho a un ambiente sano y a denunciar actos que lo dañen.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica"
Esta ley, art. único"Para que se modifique artículo 47 de la Ley de Biodiversidad N° 7788 del 30 de abril de 1998 y sus reformas"
Sin choque aparente La Asamblea tiene la potestad de reformar leyes. El proyecto usaba esa vía para cambiar el artículo 47 de la Ley de Biodiversidad.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21975: REFORMA AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD N° 7788 DEL 30 DE ABRIL DE 1998, LEY PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE BIOSEGURIDAD
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
REFORMA AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N° 7788 DEL 30 DE ABRIL DE 1998, LEY PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE BIOSEGURIDAD
JOSÉ MARÍA VILLALTA FLÓREZ-ESTRADA DIPUTADO
EXPEDIENTE N.° 21.975
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
NOTA: A solicitud del proponente, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY
REFORMA AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD N° 7788 DEL 30 DE ABRIL DE 1998, LEY PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE BIOSEGURIDAD
Expediente N.° 21.975
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Nuestra Costitución Política, en su artículo 9, párrafo primero, establece a la letra:
“ARTÍCULO 9º-El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.”
De él se desprende claramente el derecho fundamental de participación ciudadana para todas las personas y, la inminente responsabilidad estatal de ejercer el poder en consideración con la voluntad de las personas sobre las cuales se gobierna.
Particularmente en temas ambientales, esa participación democrática de la ciudadanía debe considerarse a la luz del artículo 50, también de la Carta Fundamental, que indica en el párrafo segundo:
“ARTÍCULO 50.- (…)
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.”
Estas disposiciones constitucionales que aseguran la participación ciudadana en temas ambientales como derechos fundamentales; son enriquecidas mediante la ratificación de distintos instrumentos de Derecho Internacional que comprometen a nuestro país en cuanto a la garantía de una efectiva participación ciudadana en la adopción de decisiones que tengan relevancia ambiental.
Entre ellos, el principio 23 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en la ciudad de Estocolmo en 1972, el cual indica que:
"Toda persona, de conformidad con la legislación nacional, tendrá, la oportunidad de participar, individual o colectivamente, en el proceso de preparación de las decisiones que conciernen directamente a su medio ambiente y, cuando éste haya sido objeto de daño o deterioro, podrá ejercer los recursos necesarios para obtener una indemnización". En igual sentido, el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el cual reza:
“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.”
A pesar de estas disposiciones, en particular, cuando se trata de la liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados, el Estado costarricense ha sido omiso en cuanto a su responsabilidad de garantizar la efectiva participación ciudadana en la adopción de estas decisiones que tienen incidencia directa en la conservación de la biodiversidad.
Así lo confirmó el Tribunal Constitucional, mediante el voto Nº 2014015017, que anuló por inconstitucional el artículo 132 del Decreto Ejecutivo No. 26921-MAG del 20 de marzo de 1998, que declaraba confidencial toda la información técnica y científica sobre los productos transgénicos.
Posteriormente, mediante el voto Nº 04117 – 2018, la Sala Constitucional reiteró la inconstitucionalidad del procedimiento para liberar al ambiente los organismos genéticamente modificados debido a la a la vulneración al derecho de participación ciudadana por falta de acceso a información idónea para el ejercicio de este derecho.
Este último voto citado, la Sala Constitucional consideró necesaria la consulta pública de previo al otorgamiento de autorizaciones para liberar al ambiente los organismos genéticamente modificados o transgénicos, en los siguientes términos:
“De conformidad con lo expuesto, debe propiciarse la consulta de manera transparente y con la mayor información posible. Esto genera una mejor administración de los recursos naturales, contribuye a la transparencia y al adecuado manejo de fondos públicos. Recordemos que el asunto ambiental es un tema de todos los miembros de la sociedad, no solamente del gobierno, por lo que también corresponde a cada ciudadano velar por la conservación del ambiente y procurar un desarrollo sostenible. Es por ello que debe abarcar en forma integral los diferentes sectores de la población.
Por otro lado, la audiencia que se dé a los ciudadanos no puede convertirse en una simple formalidad. Así, lo ha reiterado este Tribunal: “(…) debe efectuarse con anterioridad a la toma de la decisión administrativa, constituyéndose así en una manifestación del principio democrático. Como consecuencia, este tipo de audiencias no se constituyen simplemente en parte de un procedimiento que por formalidad deba programarse, de manera que se pueda fijar de forma que haga nugatorio el ejercicio del derecho que pretende tutelar, al otorgarse en condiciones que se convierta en una mera formalidad, incapaz de alcanzar los objetivos que está llamada a obtener en protección del derecho a la información y participación ciudadana, aunque ciertamente tampoco debe llegar a constituirse en un obstáculo para que se emita una oportuna resolución de la gestión.” (Sentencia número 2004-12242 de las 14:28 horas del 29 de octubre de 2004)
No basta la mera convocatoria a una audiencia; lo trascendente es que esta se dé en términos en que las personas sepan realmente a qué atenerse, esto es, se le coloque en una posición tal que pueda evaluar la magnitud del impacto de una medida e identificar los elementos que la sustentan, a la vez que disponga de un tiempo razonable para analizar dicha medida y conozca las circunstancias de tiempo y espacio en que se va efectuar la audiencia, las que en todo caso deben ser razonables (v.gr., irrazonable sería una audiencia en un lugar remoto). De lo contrario, la audiencia deviene en una formalidad sin sentido.
Por lo demás, con estos espacios de debate público en cuestiones de interés de la colectividad, se busca también la deliberación de los asuntos públicos. Por ello es que resulta de trascendental importancia que la información que se pone a disposición del público para la realización de audiencias públicas, donde se discuten asuntos ambientales, comprende no solo del proyecto en sí, sino también todo aquello que lo haya sustentado.”
Para acatar el mandato jurisprudencial de carácter erga omnes y adaptar el procedimiento de liberación de los organismos genéticos modificados, de manera que se garantice la consulta popular y el acceso a la información, el Tribunal Constitucional le otorgó un plazo de un mes al Ministerio de Agricultura y Ganadería y al Servicio Fitosanitario del Estado, para acogerse a las formalidades expuestas en sentencia, mismas que no han sido incorporadas en el ordenamiento jurídico que nos rige. Por ello, el procedimiento para liberar organismos genéticamente modificados, carece de una indicación expresa en los reglamentos o en la ley, sobre la obligación de realizar una audiencia pública y los términos en los que ésta debe darse. Así las cosas, los trámites siguen dándose al margen de la constitucionalidad y de los instrumentos internacionales de rango superior a la Carta Magna.
De ahí que esta iniciativa de ley pretende establecer el rango legal de la consulta pública previa a la liberación de los organismos genéticamente modificados, en los términos que el Tribunal Constitucional requirió en el voto Nº 04117 – 2018, supra citados y le otorga al Poder Ejecutivo el mismo plazo que le dio el Tribunal Constitucional desde 2018 para corregir dichos errores mediante las reglamentaciones correspondientes.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
REFORMA AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE BIODIVERSIDAD N° 7788 DEL 30 DE ABRIL DE 1998, LEY PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE BIOSEGURIDAD
ARTÍCULO ÚNICO- Para que se modifique artículo 47 de la Ley de Biodiversidad N° 7788 del 30 de abril de 1998 y sus reformas para que en adelante se lea:
Artículo 47- Oposición fundada y audiencia pública
Cualquier persona podrá ser parte del proceso de tramitación del permiso y suministrar por escrito sus observaciones y documentos. Asimismo, podrá solicitar la revocatoria o revisión de cualquier permiso otorgado. La Oficina Técnica de la Comisión rechazará cualquier gestión manifiestamente infundada. En el reglamento de esta ley se definirán el plazo y procedimiento correspondientes a la audiencia pública que deberá realizarse de previo al otorgamiento de cualquier permiso.
La audiencia pública deberá realizarse en términos en que las personas sepan realmente a qué atenerse, esto es, se le coloque en una posición tal que pueda evaluar la magnitud del impacto de una medida e identificar los elementos que la sustentan, a la vez que disponga de un tiempo razonable para analizar dicha medida y conozca las circunstancias de tiempo y espacio en que se va efectuar la audiencia, las que en todo caso deben ser razonables.
TRANSITORIO ÚNICO- El Poder Ejecutivo tendrá el plazo de un mes para reglamentar lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Biodiversidad N° 7788 del 30 de abril de 1998 y sus reformas en cuanto a la audiencia pública y la participación ciudadana.
José María Villalta Flórez-Estrada Diputado
20 de mayo de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Ambiente.
El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.