Archivado el plan que subía la pena por robar agua con toma ilegal
El proyecto 21.984 proponía penas de uno a seis años y multas para quien instale tomas ilegales de agua potable, pero venció su plazo cuatrienal en mayo de 2024 y quedó archivado.
Título oficial ADICIÓN DE UN INCISO 7 AL ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO PENAL, LEY N°4573, 04 DE MAYO DE 1970 Y SUS REFORMAS
Atención: El proyecto creaba una multa de cinco o treinta salarios base para dueños registrales de inmuebles, aunque no se pruebe que participaron en la toma ilegal.
La letra pequeña
Encontramos 2 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
El título habla de todos, pero la ventaja cae sobre un grupo pequeño.
A quién le sirve: Propietarios registrales de inmuebles donde se detecte una toma ilegal
El texto obliga a pagar la multa al dueño registral del inmueble beneficiado, sin exigir que se pruebe su participación en la toma ilegal.
Los propietarios registrales de inmuebles beneficiados por la sustracción derivada del daño deberán cancelar una multa concomitante de cinco salarios base del Oficinista 1 de la relación de puestos de la ley de presupuesto ordinario de la República, más los costos de la reparación.
único, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Quien instale una toma ilegal de agua potable en un acueducto, si el proyecto se hubiera aprobado
- Los funcionarios públicos que faciliten la extracción ilegal de agua
- Los dueños registrales de inmuebles donde se detecte una toma ilegal
- Los usuarios que pagan su factura y sufren escasez por las tomas ilegales
A quién beneficia
- Los usuarios legales del acueducto, que tendrían una herramienta penal más fuerte contra el robo de agua
- Las instituciones que abastecen agua, como AyA, ESPH, acueductos municipales y asadas, según la exposición de motivos
Qué cambia
- El proyecto no es ley: venció el 20 de mayo de 2024 y quedó archivado
- La pena propuesta subía de seis meses a cuatro años de cárcel hasta uno a seis años
- Se agregaban multas de cinco o treinta salarios base del Oficinista 1 según el caso
- Los funcionarios públicos tendrían un tercio más de pena y quedarían inhabilitados de dos a seis años
La explicación completa
El proyecto de ley 21.984 ya no está en trámite. Venció su plazo cuatrienal el 20 de mayo de 2024 y quedó archivado, según la ficha del expediente 1. Proponía castigar con más cárcel a quien se robe el agua potable con una toma ilegal.
Qué propone
El proyecto agregaría un inciso 7 al artículo 229 del Código Penal, que trata el daño agravado (art. único). Hoy ese artículo castiga el daño con prisión de seis meses a cuatro años 2.
Con el cambio, quien instale un dispositivo, tubería o desvío no autorizado en los sistemas de agua potable tendría pena de uno a seis años de cárcel y multa de sesenta a ciento veinte días (art. único).
La conmutación (cambiar la cárcel por multa) solo procedería si la persona no es reincidente en esa conducta (art. único).
Si el delito lo comete un funcionario público responsable de la continuidad del servicio, o si facilita la extracción ilegal, la pena sube un tercio (art. único). Además quedaría inhabilitado para cargos públicos de dos a seis años.
Los dueños registrales de los inmuebles beneficiados pagarían una multa de cinco salarios base del Oficinista 1, más los costos de reparación (art. único). Si el agua se usa para negocio o para abastecer condominios y apartamentos, la multa sería de treinta salarios base, más la reparación. Si hay reincidencia, la multa sube un cincuenta por ciento.
La diputada Franggi Nicolás Solano presentó la iniciativa el 25 de mayo de 2020 (art. único). En la exposición de motivos citó datos de Acueductos y Alcantarillados (AyA): entre 2017 y abril de 2018 se detectaron 709 tomas ilegales en la Gran Área Metropolitana.
En qué va el trámite
El expediente está archivado. La ficha registra el ingreso a la Comisión de Asuntos Jurídicos el 16 de junio de 2020 y un dictamen de esa comisión el 27 de octubre de 2021 1.
El 28 de octubre de 2021 el expediente se remitió a la Dirección Ejecutiva 1. El plazo cuatrienal venció el 20 de mayo de 2024.
Para que fuera ley faltaba el debate en el Plenario y la aprobación en dos debates. Ese paso nunca ocurrió según el registro del expediente 1.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque claro entre el texto y la Constitución del dossier. El proyecto desarrolla en materia penal lo que ordena el artículo 50: el agua potable es un derecho humano y un bien de la Nación Constitución, art. 50.
El artículo 50 también dice que el uso y la explotación del agua se regirán por una ley que se creará para esos efectos Constitución, art. 50. El proyecto 21.984 no es esa ley de aguas; solo endurece una pena del Código Penal.
Una duda posible: el proyecto crea una multa para los dueños registrales de los inmuebles, aunque no se pruebe que participaron en la toma ilegal (art. único). La Constitución no tiene un artículo en el dossier que trate directamente ese punto.
Qué puede hacer usted
Aunque este proyecto está archivado, la guía de participación ciudadana explica cómo actuar en casos parecidos.
Paso 1. Si ve una toma ilegal de agua, puede denunciarla ante el Ministerio Público. La denuncia puede ser escrita o verbal, con identificación del denunciante y del denunciado, y con la prueba que respalde el hecho guía, p. 126.
Paso 2. Recoja pruebas en el lugar de los hechos: testigos, documentos o fotos. La guía advierte que denunciar sin pruebas es inútil guía, p. 126.
Paso 3. Si quiere proponer una ley nueva sobre el tema, puede usar el formulario web de la Asamblea. La guía aclara que esas propuestas no tienen garantía de ser acogidas, discutidas ni votadas guía, p. 27.
Paso 4. Para una iniciativa con garantía de trámite, la vía es la iniciativa popular, que requiere reunir firmas y pasar por el Tribunal Supremo de Elecciones guía, p. 26.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué el proyecto no llegó al Plenario después del dictamen de comisión.
El dossier no incluye el texto del dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos del 27 de octubre de 2021.
El dossier no permite saber si el expediente se reactivó después de mayo de 2024.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El proyecto desarrolla en materia penal el derecho al agua potable que reconoce el artículo 50. El Censo no encontró un choque claro, aunque hay una duda sobre la multa a dueños registrales que no participaron en la toma ilegal.
Constitución, art. 50"Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano."
Esta ley, art. único"Cuando el daño sea en los sistemas de abastecimiento de agua potable, instalando cualquier tipo de dispositivo de extracción, desviación, tubería no autorizadas, sin consentimiento del operador legalmente autorizado para prestar el servicio público, la pena será de uno a seis años y con sesenta a ciento veinte días multa."
Sin choque aparente El proyecto castiga con más cárcel el robo de agua potable. Eso va en la misma dirección del artículo 50, que protege el acceso al agua como derecho humano.
Constitución, art. 50"Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones."
Esta ley, art. único"Los propietarios registrales de inmuebles beneficiados por la sustracción derivada del daño deberán cancelar una multa concomitante de cinco salarios base del Oficinista 1 de la relación de puestos de la ley de presupuesto ordinario de la República, más los costos de la reparación."
Hay dudas La Constitución pide una ley de aguas que regule el uso y la explotación. Este proyecto solo cambia una pena penal. Además, la multa al dueño registral podría alcanzar a alguien que no participó en la toma ilegal. Eso genera dudas, pero el Censo no puede decir que sea inconstitucional.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21984: ADICIÓN DE UN INCISO 7 AL ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO PENAL, LEY N°4573, 04 DE MAYO DE 1970 Y SUS REFORMAS
- Ley 4573: Código Penal (Vigente)
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
ADICIÓN DE UN INCISO 7) AL ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO PENAL, LEY N.°4573, DE 04 DE MAYO DE 1970, Y SUS REFORMAS
FRANGGI NICOLÁS SOLANO DIPUTADA
EXPEDIENTE N.° 21.984
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
ADICIÓN DE UN INCISO 7) AL ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO PENAL, LEY N.° 4573, DE 04 DE MAYO DE 1970, Y SUS REFORMAS
Expediente N.° 21.984
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Garantizar el acceso al agua potable, entendida como un bien de dominio público y un derecho humano, resulta indispensable para nuestro país, no solo porque gracias al agua logramos, como nación, garantizar la salud pública y el consumo humano, sino que también porque a través de su abastecimiento nuestros ciudadanos podrán desarrollar sus diversas actividades productivas, pero para que ello ocurra es vital proteger y gestionar los recursos hídricos de la mejor manera.
Relacionado con todo esto, recordemos que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció en el año 2010, que “el derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”.
Lamentablemente, en Costa Rica cada vez es más frecuente el desperdicio, así como robo de este recurso hídrico, situación que afecta a todos los ciudadanos que requieren el servicio, ya que de su extracción ilegal o su desperdicio muchas comunidades y actividades productivas ven disminuido su abastecimiento.
El robo de agua termina siendo una forma deleznable de apropiación privada de un recurso público, sin colaborar en el costo que tiene el servicio, lo que coloca en los bolsillos de los ciudadanos que sí cumplen con el pago de su factura en relación con el consumo efectivo de líquido, la responsabilidad de garantizar la continuidad financiera del servicio.
Esta práctica se lleva a cabo gracias a personas inescrupulosas que instalan tomas ilegales en los sistemas de distribución de las distintas instituciones encargadas de abastecer el preciado líquido, tales como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), las redes de acueductos municipales o las asadas, por citar los principales proveedores, en busca apropiarse de forma ilegal de agua.
Según datos brindados por personeros de la principal institución de abastecimiento de agua del país, el A y A - entre el año 2017 y hasta abril de 2018, en la Gran Área Metropolitana (GAM) se detectaron 709 casos de tomas ilegales, con acceso irrestricto del recurso hídrico en perjuicio del servicio público y de aquellos usuarios que, a pesar de su conexión legal, sufrieron escases en el suministro de este debido a las sobrecargas ilegales en el sistema pluvial.
Siempre haciendo referencia a datos de Acueductos y Alcantarillados, en esta entidad de 400 mil conexiones legales, se detectan alrededor de 2 conexiones ilegales por día, catorce casos nuevos en promedio por semana, ya sea por denuncias o actuaciones de oficio.
El 90% de esas conexiones ilegales se registra en clientes residenciales y el restante 10% se atribuye a otros tales como complejos turísticos, centros de lavado de carros y diferentes empresas. De acuerdo con datos de esta institución, la Región Metropolitana de GAM es el área de mayor incidencia de denuncias por robo de agua, concentrándose en cuatro cantones, a saber: Curridabat, La Unión, Santa Ana y Escazú.
Estas tomas ilegales de agua, solamente en cantones del GAM, agudiza los problemas de suministro para aproximadamente 450.000 habitantes que experimentan problemas de faltantes de agua, lo que se intensifica en la temporada seca.
A todo ello le agregamos que, en junio de 2018, un medio de prensa informó que se contaba con información que evidenciaba que al menos 210 desarrollos inmobiliarios como torres de apartamentos, oficentros y urbanizaciones instalaron tuberías para captar agua ilegalmente. Previamente la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) asistió al AyA para perseguir a los infractores, llegando varios casos de ellos a la sede penal. Sin embargo, pese a la detección de algunos de estos casos de ilegalidad, las entidades públicas y comunales no logran atender todas las situaciones que se presentan alrededor de complejos urbanísticos, centros de lavados de carros, casas, explotaciones agrícolas, etc.
Se suma a la problemática que, además de lo expuesto, los castigos económicos son pocos. El primero de los cargos está aprobado por la Aresep y se llama "Cargo por fraude" y es apenas de ¢12.005 colones. El segundo incluye, según consta en los artículos 62 y 64 del Reglamento de Prestación de Servicios al Cliente del AyA, los derechos correspondientes, los servicios de tubería o alcantarillado de al menos seis meses y los daños causados. Por esa razón, es que se estima indispensable que se estipule una multa administrativa menos permisiva que disuada el robo de agua mediante una toma ilegal. Lo anterior ya que se está consiente que, más allá de estipular medidas draconianas que en realidad no disuaden por su impunidad, resulta más eficaz el persuadir a los infractores con inspecciones frecuentes y sanciones crecientes.
Por todo lo expuesto anteriormente y partiendo de que el agua es uno de los bienes más preciados para el desarrollo humano, es que –como diputada de la República– considero que es mi responsabilidad darle el valor que se merece el recurso hídrico en nuestro país, legislando para que se tipifique y penalice más severamente el robo de agua en nuestra legislación penal. Tal y como se indicó anteriormente, y pese a que ya existen antecedentes de personas condenadas por robo de agua, lo cierto es que el delito no actual no va acorde con el daño económico que se le ocasiona no solamente a instituciones encargadas de abastecer el preciado líquido, sino que también debe ir acorde con el daño causado de costo infinito, en perjuicio de las personas a las cuales no les llegaría el agua para satisfacer sus necesidades de higiene y de alimentación, debido a la sobrecarga que provoca un desabastecimiento ingrato debido a las tomas ilegales.
Este proyecto armoniza con el deber del Estado de tutelar por un bien público como lo es el agua, sobre lo que precisamente esta Asamblea Legislativa aprobó el pasado mes de marzo de 2020 en segundo y definitivo debate, la reforma constitucional para “Reconocer y Garantizar el Derecho Humano de Acceso al Agua” (expediente 21.382).
Dicha reforma agrega un párrafo al artículo 50 de la Constitución, que dice:
“Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la Nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos, y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.”
Por ello, es que tal y como lo mencioné líneas atrás, el llamado robo de agua no debe ser simplemente visto como un delito cometido en contra de las instituciones que prestan el servicio, sino que también debe ser sancionado con mayor severidad considerando dicha práctica, además, como una conducta en contra de todos aquellos ciudadanos que requieren esos servicios diariamente. Incluso –sin temor a exagerar- este tipo de acciones puede poner en peligro el bien más preciado para toda persona: su vida.
Precisamente, este proyecto lo que busca es dar un paso más allá en el resguardo al agua, dándole la importancia que se merece el sancionar aquellos actos inescrupulosos que, del aprovechamiento ilegal del agua, reducen el consumo y la salubridad de otros. De esta forma se contribuirá también a proteger muchas vidas, mediante un mejor suministro. Esto último es lo que me anima, como diputada de la República, a promover esta iniciativa, sobre todo pensando en escenarios como los que hoy lamentablemente Costa Rica y el mundo están enfrentando, gracias a la crisis sanitaria del covid-19, en donde el acceso al agua es primordial para poder librar esta batalla contra la pandemia, con éxito.
Con base en lo expuesto, es que presento este proyecto de ley, que viene a establecer como daño agravado esta conducta delictiva, adicionando un inciso 7) al artículo 229 del Código Penal y de esta forma aumentando la pena actual, que va de seis meses a cuatro años de cárcel, a un año y hasta seis años, y con sesenta a ciento veinte días multa, los cuales estimo proporcionales para el daño que dicha práctica provoca en detrimento de la colectividad, para de esta forma castigar a las personas que realicen estas actividades ilícitas; asimismo, la iniciativa incluye el castigo a los funcionarios públicos que, valiéndose de sus cargos, faciliten la extracción del líquido o las tomas ilegales, sancionándose una vez aprobada esta iniciativa con un tercio más a la pena, en vista de que sus actos serían gravosos dada la violación a la conducta ejemplarizante, así como a la responsabilidad y la confianza pública en ellos encomendada.
Como el primer propósito es disuadir de la comisión de estos delitos, en esta iniciativa se acepta una técnica sancionatoria muy utilizada en nuestro Código Penal, que es permitir la conmutación de la pena de prisión por una sanción de sesenta a ciento veinte días multa, siempre que el autor no tenga una conducta reiterada de esta práctica.
De igual forma, se establece una serie de multas concomitantes, tanto a la persona física, personas jurídicas y a los que se beneficien con la extracción del líquido, adicionando el cobro de lo que se gaste en la reparación de los acueductos, en caso de que esta toma ilegal haya provocado alguna avería en las fuentes de suministro.
Finalmente, quisiera agregar que considerado el artículo 226 del Código Penal, sobre a “Usurpación de aguas”, en esta iniciativa se llega al entendimiento de que este artículo, en el inciso 1) trata el caso del desvío de aguas de cauces naturales, normalmente definido como agua cruda o agua bruta, que son las aguas que corren sin ningún tipo de tratamiento y que se encuentran en fuentes o reservas naturales, superficiales o subterráneas, por lo que es claro que el agua entubada y potable no cabe dentro de este artículo del Código Penal.
De igual forma, el tipo penal de la receptación, artículo 330, el que se sanciona con pena de seis meses a cinco años y con veinte a sesenta días multa, al que adquiriera, recibiera y ocultara dinero, cosas o bienes provenientes de un delito en el que no participó, o interviniera en su adquisición, recepción u ocultación, es un tipo penal que de alguna forma y sin éxito se ha utilizado para denunciar el robo de agua, pero la naturaleza de este no funciona ya que no tiene nada que ver con la salud pública y el peligro que conlleva la ruptura de tuberías de agua potable, y las penas son bajas para el daño que se podría ocasionar.
Es por esta razón por la que se entiende que se trate de hipótesis distintas, considerando que el objetivo de este proyecto es sancionar a quien hace una conexión ilegal sobre aguas entubadas y tratadas para consumo humano.
Por las razones indicadas, someto a sus señorías el presente proyecto de ley para su conocimiento y aprobación. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
ADICIÓN DE UN INCISO 7) AL ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO PENAL, LEY N.°4573, DE 04 DE MAYO DE 1970, Y SUS REFORMAS
ARTÍCULO ÚNICO-
Adiciónese un inciso 7) al artículo 229 del Código Penal, Ley N.°4573, de 04 de mayo de 1970, y sus reformas, el que dirá:
- Cuando el daño sea en los sistemas de abastecimiento de agua potable, instalando cualquier tipo de dispositivo de extracción, desviación, tubería no autorizadas, sin consentimiento del operador legalmente autorizado para prestar el servicio público, la pena será de uno a seis años y con sesenta a ciento veinte días multa. La conmutación en días multa solo procede cuando el delito fuera cometido por quien no sea reincidente en esta conducta.
Cuando el delito fuera cometido por los funcionarios públicos responsables de la continuidad del servicio público o facilitaran la extracción ilegal, la pena se acrecentará en un tercio y serán inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos por un periodo de dos a seis años.
Los propietarios registrales de inmuebles beneficiados por la sustracción derivada del daño deberán cancelar una multa concomitante de cinco salarios base del Oficinista 1 de la relación de puestos de la ley de presupuesto ordinario de la República, más los costos de la reparación. Cuando el daño tenga el propósito de aprovechar comercialmente el líquido o de abastecer conjuntos de viviendas, apartamentos o condominios, la multa será de treinta salarios base del Oficinista 1 de la relación de puestos de la ley de presupuesto ordinario de la República, más los costos de reparación fijados por el operador del servicio público, para personas que se beneficien del ilícito. En caso de reincidencia la multa se incrementa en un cincuenta por ciento.
Rige a partir de su publicación.
Franggi Nicolás Solano Diputada
25 de mayo de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.