Archivado el proyecto que pagaba 40% adelantado por terrenos
El expediente 21986, que proponía pagar un 40% adelantado a dueños de terrenos para obra pública, venció su plazo cuatrienal en 2024 y quedó archivado.
Título oficial LEY DE ADQUISICIÓN DE DERECHOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Atención: El proyecto proponía pagar solo un 40% adelantado por terrenos y dejaba el resto a la expropiación, lo que genera dudas sobre la indemnización previa del artículo 45.
La letra pequeña
Encontramos 2 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
A quién le sirve: Autoridad competente
El texto dejaba los detalles del procedimiento a un reglamento que debía salir en seis meses, sin fijar contenido mínimo.
La autoridad competente deberá desarrollar los procedimientos por la vía reglamentaria, en el plazo de seis meses, para la implementación de esta modalidad de adquisición de derechos sobre bienes inmuebles.
6, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Dueños y poseedores de terrenos que el Estado necesita para obra pública
- Vecinos de zonas donde se planean carreteras, puentes u otra infraestructura
- Funcionarios de la administración pública que gestionan adquisiciones de inmuebles
A quién beneficia
- El propietario recibiría un pago parcial del 40% de la estimación de forma expedita
- Aceptar ese pago no le quitaba el derecho a reclamar el justiprecio real
- El resto del pago se haría por los trámites de la Ley de Expropiaciones
Qué cambia
- El proyecto no es ley: venció su plazo cuatrienal el 21 de mayo de 2024
- La anotación provisional en el Registro Nacional habría limitado la venta del inmueble
- El texto dejaba a un reglamento, en seis meses, los detalles del procedimiento
La explicación completa
El proyecto de ley 21986 ya no está en trámite. Venció su plazo cuatrienal el 21 de mayo de 2024 y quedó archivado 1. Proponía pagar un adelanto a los dueños de terrenos que el Estado necesita para construir obra pública.
Qué propone
El proyecto proponía regular la transmisión voluntaria de derechos sobre inmuebles para construir, rehabilitar y ampliar infraestructura pública (art. 1). Aplicaba a toda la administración pública.
La autoridad competente sería el jerarca o el funcionario que él delegue (art. 3). Esa autoridad podría gestionar la adquisición con sus propios funcionarios o con consultores contratados.
El mecanismo era firmar contratos de enajenación de los atributos del dominio con los propietarios o poseedores (art. 4). La autoridad valoraría los bienes y ofrecería un 40% del monto total de la estimación (art. 5).
Aceptar ese 40% no implicaba renuncia al derecho de obtener un justiprecio por la propiedad (art. 5). El resto del pago se haría por los trámites expropiatorios ordinarios de la Ley de Expropiaciones.
El contrato se anotaría de manera provisional ante el Registro Nacional (art. 7). La anotación se mantendría hasta la inscripción registral a nombre de la administración o hasta la anotación definitiva del órgano judicial.
La autoridad competente debía desarrollar los procedimientos por vía reglamentaria en un plazo de seis meses (art. 6).
En qué va el trámite
El expediente se archivó. El trámite registra presentación del proyecto el 21 de mayo de 2020 y envío a imprenta el 27 de mayo de 2020 1. También registra recepción del proyecto en archivo el 4 de junio de 2020.
La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos recibió el proyecto el 9 de junio de 2020 1. La comisión votó y emitió dictamen el 26 de enero de 2021. El 8 de febrero de 2021 lo remitió a la Secretaría del Directorio.
El plazo cuatrienal vencía el 21 de mayo de 2024 1. El dossier no registra primer debate ni segundo debate. Tampoco registra publicación como ley.
Lo que se dijo en la Asamblea
Las grabaciones del dossier no tratan el expediente 21986. La V1 es de 2016 y discute otro proyecto: la creación de un instituto de infraestructura vial 00:00:16.
En esa grabación, Olman Vargas, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, plantea dudas sobre ese otro proyecto 00:00:10. Dice que la iniciativa plantea la sustitución del Conavi por ese instituto 00:00:22.
Vargas también dice: "el proyecto va mucho más allá de lo que debería" en el punto del transporte público 00:01:03.
El diputado Juan Marín Quirós criticó esa iniciativa 00:01:33. Explicó que el Conavi tiene personería jurídica y actúa con presupuesto asignado por ley 00:01:40.
La V2 es de 2026 y trata temas de El Salvador, como un puente peatonal y el presupuesto 2027 00:00:13. No menciona el expediente 21986.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque directo entre el texto del 21986 y los artículos constitucionales del dossier. Hay dudas sobre el artículo 45.
El artículo 45 dice: "La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley" Constitución, art. 45.
El proyecto proponía un pago del 40% de la estimación y dejaba el resto a los trámites expropiatorios (art. 5). El texto aclara que aceptar ese monto no implica renuncia al justiprecio.
La duda está en si un pago parcial del 40% cumple con la indemnización previa que pide el artículo 45 Constitución, art. 45. El texto no dice cómo se calcula el justiprecio real ni en cuánto tiempo se paga el remanente.
El artículo 121 da a la Asamblea la atribución de dictar las leyes Constitución, art. 121. El proyecto seguía el trámite ordinario de un proyecto de ley 1.
Qué puede hacer usted
El proyecto está archivado, así que no hay comisión ni plenario donde incidir ahora. La guía describe tres fases del trámite: presentación, discusión en comisión y debate en plenario guía, p. 28.
Si quiere proponer una ley parecida, puede usar el formulario web de la Asamblea. No hace falta presentar el texto completo, basta con plantear la propuesta de forma sencilla guía, p. 27. Esa vía no garantiza que la acojan, la discutan ni la voten.
También puede pedir información sobre el estado de tramitación de proyectos a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea guía, p. 27.
Si en el futuro un proyecto parecido llega a comisión, la guía recomienda entrevistas con los diputados para argumentar a favor o en contra guía, p. 29.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué el expediente 21986 no llegó a primer debate.
El dossier no registra el contenido del dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos del 26 de enero de 2021.
El dossier no dice cuántos terrenos se habrían adquirido con este mecanismo ni cuánto habría costado.
El dossier no incluye grabaciones de la discusión del expediente 21986.
La Constitución y esta ley, lado a ladoHay dudas
El Censo no encontró un choque directo, pero hay dudas sobre si un pago del 40% cumple con la indemnización previa del artículo 45.
Constitución, art. 45"La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley."
Esta ley, art. 5"La autoridad competente deberá realizar una valoración de los bienes requeridos y procederá a formular una oferta a los propietarios o poseedores equivalente a un 40% del monto total de la estimación."
Hay dudas La Constitución pide indemnización previa. El proyecto ofrecía un 40% adelantado y dejaba el resto a la expropiación. El texto aclara que aceptar no implica renuncia al justiprecio, pero no fija plazo ni forma de calcular el resto.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica"
Esta ley, art. 1"Esta ley es aplicable a la administración pública, con el objeto de regular la trasmisión voluntaria de derechos sobre los inmuebles necesarios para construir, rehabilitar y ampliar, la infraestructura pública."
Sin choque aparente La Asamblea tiene la atribución de dictar leyes. El proyecto siguió el trámite ordinario y no invadía esa atribución.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Lo que se dijo, minuto a minuto
- 00:00:10
"del colegio federado de ingenieros y arquitectos de costa rica- plantea una serie de dudas acerca del proyecto de ley"
- 00:01:03
"nos parece que el proyecto va mucho más allá de lo que debería en el punto específico del transporte público"
- 00:01:33
"la iniciativa también fue criticada por el diputado juan marín quirós"
Las citas vienen de los subtítulos de YouTube de la Asamblea. Cada hora abre el video en ese segundo.
Fuentes
- Expediente 21986: LEY DE ADQUISICIÓN DE DERECHOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
- COLEGIO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS CUESTIONA CREACIÓN DE INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
- Nayib Bukele ordena construir un puente para estudiantes | Noticiero Legislativo - 9 octubre de 2026
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
LEY DE ADQUISICIÓN DE DERECHOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
PODER EJECUTIVO
EXPEDIENTE N.° 21.986
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
NOTA: A solicitud del proponente, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY
LEY DE ADQUISICIÓN DE DERECHOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Expediente N° 21.986
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
El modelo de Estado costarricense está orientado hacia la búsqueda del bienestar de los habitantes, mediante la creación de las condiciones necesarias para lograr el desarrollo humano acorde con los más altos estándares internacionales.
Lo expuesto se debe desarrollar en armonía con los principios constitucionales que rigen el actuar de las instituciones públicas, dentro de los cuales poseen especial relevancia la Buena Administración Pública, fundamento de la actuación pública en general y en particular en situación de necesidad o urgencia apremiante.
Es decir, que se debe actuar siempre al servicio objetivo del interés general con el fin de mejorar las condiciones de vida, protegiendo, defendiendo y respetando la libertad y los derechos de los ciudadanos, fomentando la participación y, en casos de crisis graves como la actual, tomando las medidas de prevención precisas entre las que se encuentran la adquisición de los bienes o derechos para la mejora de las infraestructuras de transporte.
La provisión de servicios de infraestructura constituye un pilar fundamental para el desarrollo económico de los países. Sin embargo, para que las iniciativas sean una realidad se requiere de la adquisición de los terrenos sobre los cuales se podrán construir los proyectos, lo cual ha constituido un verdadero problema por superar.
Considerando que históricamente el tema de las adquisiciones de terrenos para desarrollo de infraestructura ha constituido un limitante en el desarrollo de proyectos de infraestructura pública, se debe de innovar con respecto a los mecanismos que tradicionalmente se han empleado para ese fin.
Pues la demora en la adquisición de los bienes necesarios para la construcción de las obras representa un doble efecto negativo ya que, en primer término, limita el desarrollo y sus consecuentes beneficios para la colectividad, y en segundo lugar también incrementa los costos de los proyectos.
Lo anterior, también ha generado una brecha entre los objetivos propuestos y la realidad, la cual el país debe atender de manera prioritaria pues provoca una pérdida en la competitividad a nivel país. La paralización de importantes obras implica que se deba continuar cancelando las comisiones de compromiso y de servicio por el no desembolso de los fondos conforme los cronogramas previstos.
Enlazado con lo expuesto, es imprescindible la celeridad especialmente por cuanto el desarrollo de obras de infraestructura constituye un pilar de la reactivación económica.
Para una debida reactivación económica luego de tiempos de crisis, el gobierno debe enfocar sus esfuerzos en cuatro ejes principales, la simplificación de trámites, apoyo a las pymes y emprendimientos, mayor empleabilidad y proyectos de inversión en infraestructura pública, este último eje es de gran relevancia debido a que activa la economía, con la generación inmediata de empleo, además de mayor competitividad en el tiempo.
Por otra parte, el principio de autonomía de la voluntad reconoce la libertad del individuo para establecer relaciones jurídicas acorde con su libre albedrío, lo cual a su vez encuentra asidero en el principio de libertad contractual, cuyo contenido esencial la Sala Constitucional ha resumido en la posibilidad de elegir el cocontratante, escogencia del objeto contractual, determinación del valor económico y el equilibrio de las prestaciones de ambas partes.
La emergencia sanitaria ha generado una afectación social y económica, la cual se prevé que se seguirá incrementando en los próximos meses, y el Estado costarricense considera que es imperativo orientar todos sus esfuerzos para disminuir o minimizar sus consecuencias.
Resulta de interés común general un procedimiento para regular, en forma expedita, la transmisión de los derechos de enajenación de los atributos del dominio con los propietarios o poseedores de los inmuebles necesarios para el desarrollo de los proyectos, facilitando con ello que sus obras se materialicen con la menor demora posible.
Minimizar la demora, atenuará los efectos de la crisis económica generada por la pandemia, facilitando que las obras se ejecuten, promoviendo la reactivación de la economía, beneficiando a los propietarios y poseedores de los inmuebles al recibir un pago parcial expedito por la enajenación de los atributos del dominio.
El procedimiento también facilitará la generación de fuentes de empleos directos e indirectos que estas obras requieren, sin menoscabo o renuncia por parte de los cedentes a su derecho de obtener el pago del justiprecio real, cumpliendo con el debido proceso que establece la Ley de Expropiaciones.
Por las razones antes expuestas se presenta a consideración de los señores diputados y diputadas la siguiente propuesta de ley: LEY DE ADQUISICIÓN DE DERECHOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
LEY DE ADQUISICIÓN DE DERECHOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
ARTÍCULO 1- Ámbito de aplicación y Objeto: Esta ley es aplicable a la administración pública, con el objeto de regular la trasmisión voluntaria de derechos sobre los inmuebles necesarios para construir, rehabilitar y ampliar, la infraestructura pública.
ARTÍCULO 2- Principios: Todas las actuaciones relacionadas con la aplicación de esta ley deberán estar orientadas a garantizar la efectiva y objetiva satisfacción del interés público y particular, efectuando un uso eficaz y eficiente de los recursos económicos y materiales con los que cuenta la administración.
En todas las actuaciones, prevalecerán los principios de la buena administración, simplicidad y celeridad, evitando todo trámite o actuación que genere dilaciones de cualquier índole, que pudieran demorar la consecución de los objetivos propuestos.
ARTÍCULO 3- Competencias: El jerarca o el funcionario a quien él delegue, será la autoridad competente para gestionar la adquisición de los derechos necesarios para la construcción de infraestructura pública para lo cual podrá realizar por medio de sus funcionarios o mediante consultores especialistas contratados para el apoyo en las gestiones que se requieran.
ARTÍCULO 4- Adquisición de derechos: La autoridad competente gestionará la adquisición de los derechos necesarios para la construcción de infraestructura pública, mediante la suscripción de contratos de enajenación de los atributos del dominio con los propietarios o poseedores.
ARTÍCULO 5- Forma Pago: La autoridad competente deberá realizar una valoración de los bienes requeridos y procederá a formular una oferta a los propietarios o poseedores equivalente a un 40% del monto total de la estimación.
La suscripción del contrato y la aceptación de ese monto no implica renuncia del propietario o poseedor a su derecho de obtener un justiprecio por su propiedad.
El remanente del pago por la adquisición del inmueble se efectuará mediante los trámites expropiatorios ordinarios definidos en la Ley de Expropiaciones.
ARTÍCULO 6- Procedimiento: La autoridad competente deberá desarrollar los procedimientos por la vía reglamentaria, en el plazo de seis meses, para la implementación de esta modalidad de adquisición de derechos sobre bienes inmuebles.
ARTÍCULO 7- Anotación Provisional y definitiva: El contrato de adquisición de los derechos necesarios para la construcción de infraestructura pública se anotará de manera provisional ante el Registro Nacional por parte de la autoridad competente.
La transmisión de la propiedad o la constitución de cualquier derecho real sobre el inmueble anotado provisionalmente se efectuará sin perjuicio de los derechos adquiridos por la administración.
La anotación se mantendrá hasta la inscripción registral del inmueble a nombre de la administración adquirente, o hasta que se inscriba la anotación definitiva por parte del órgano judicial competente.
Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República, San José, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil veinte.
CARLOS ALVARADO QUESADA
Rodolfo Méndez Mata Ministro de Obras Públicas y Transportes
27 de mayo de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos.
El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.