# Expediente 21988: Archivado el plan de subsidio de emergencia para pensiones alimentarias - Página: https://elcenso.com/leyes/21988 - Tipo: Proyecto de ley (expediente legislativo) - Título oficial: LEY DE MEDIDAS TEMPORALES EN MATERIA DE PENSIONES ALIMENTARIAS ANTE UNA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL - Publicada: 2020-06-02 - La Gaceta: 129 - Fuente oficial: https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx ## En resumen El proyecto 21.988, que proponía dar subsidio temporal a quien recibe pensión y plazo al deudor para buscar trabajo, se archivó y venció en 2024 sin ser ley. ## A quién le toca - Personas que reciben pensión alimentaria y dependen de ese dinero - Personas deudoras de pensión alimentaria que perdieron ingresos por la emergencia - Mujeres que tienen a su cargo la guarda, crianza y educación de hijas e hijos - Niñas, niños y personas adolescentes beneficiarias de pensión alimentaria ## A quién beneficia - La persona beneficiaria recibiría un subsidio de emergencia por el monto de la cuota alimentaria - La persona deudora tendría de tres a seis meses para buscar trabajo sin apremio corporal - El Poder Judicial tendría un registro más amplio sobre pensiones alimentarias ## Qué cambia - El subsidio no podría pasar del monto máximo aprobado por el Poder Ejecutivo en la emergencia - El apremio corporal se suspendería mientras el subsidio esté efectivo - Al vencer el plazo, la parte actora conservaría el cobro por apremio de los montos en descubierto - El proyecto no llegó a ser ley: está archivado y venció en 2024 ## Cláusulas a revisar - **El monto del subsidio queda en manos del Poder Ejecutivo** (2): El texto no fija la cifra del subsidio. Solo dice que no podrá pasar del monto máximo que apruebe el Poder Ejecutivo en la emergencia. Texto: "En ningún caso el monto del subsidio podrá exceder el monto máximo del subsidio aprobado por el Poder Ejecutivo en el marco de la Declaratoria de Emergencia." - **El subsidio no dice de dónde sale el dinero** (2): El proyecto ordena girar el subsidio a instituciones públicas, pero no menciona partida presupuestaria ni fuente de financiamiento. Texto: "Girar una orden de pago de subsidio de emergencia por el monto de la cuota alimentaria, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o al Instituto Mixto de Ayuda Social o a la institución pública que corresponda" ## Explicación El proyecto de ley 21.988 está archivado y su plazo de cuatro años venció el 21 de mayo de 2024. Nunca llegó a ser ley. [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx) ### Qué propone El proyecto proponía dos medidas temporales para cuando haya una declaratoria de emergencia nacional. Cualquiera de las partes podría pedirlas al juzgado de pensiones alimentarias. ([art. 2](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)) La primera autorizaba a la persona deudora a buscar trabajo o nuevos ingresos por un plazo de tres a seis meses. ([art. 2](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)) La segunda giraba una orden de pago de un subsidio de emergencia al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Instituto Mixto de Ayuda Social o a la institución pública que corresponda. Ese subsidio sería a favor de la persona beneficiada de la pensión. ([art. 2](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)) El monto del subsidio no podría pasar del monto máximo aprobado por el Poder Ejecutivo en la emergencia. ([art. 2](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)) Quien pidiera las medidas debía aportar pruebas de que la reducción de su capacidad de pago venía de la emergencia o de las medidas sanitarias. ([art. 3](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)) El juez o jueza resolvería en un plazo máximo de tres días hábiles. Podía convocar antes a una audiencia para escuchar a las partes. ([art. 4](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)) La resolución se podría apelar dentro del tercer día, con los motivos de la disconformidad. ([art. 5](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)) Mientras el subsidio estuviera efectivo, el juez no giraría órdenes de apremio corporal. Si quedaban montos en descubierto, la parte actora conservaba el derecho al cobro por apremio al vencer el plazo. ([art. 6](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)) Las autoridades que administraran los subsidios debían mandar cada mes al juzgado la información del subsidio otorgado, el monto y la vigencia. ([art. 7](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)) Cuando el deudor tuviera otra vez ingresos para pagar la pensión, el juez levantaría las medidas y avisaría a la autoridad del subsidio. ([art. 8](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)) El proyecto también ampliaba el índice de obligados alimentarios del Poder Judicial. Debía incluir montos de cuotas, beneficios otorgados, apremios solicitados y ejecutados, las medidas temporales y la edad de las personas beneficiarias. ([art. 9](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)) Ese registro debía actualizarse y dar información separada por sexo, territorio y edad, distinguiendo antes, durante y después de una emergencia. ([art. 9](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)) El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tenían un mes para reglamentar el artículo 7. El Poder Judicial tenía seis meses desde la publicación para cumplir el artículo 9. (art. Transitorio Único) ### En qué va el trámite El expediente está archivado. La ficha registra el ingreso al plenario el 21 de mayo de 2020 y el envío a la Imprenta Nacional el 28 de mayo de 2020. [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx) El 2 de junio de 2020 se asignó a comisión y se informó al plenario. [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx) El 9 de junio de 2020 el expediente se remitió a la Comisión Permanente Especial de la Mujer. [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx) El 17 de junio de 2020 entró en el orden del día y debate de esa comisión. El 10 de setiembre de 2020 hubo un traslado de comisión y el expediente volvió a archivo. [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx) El plazo cuatrienal venció el 21 de mayo de 2024. [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx) Para que fuera ley faltaba el dictamen de comisión, el primer debate y el segundo debate en el plenario. ### Frente a la Constitución El proyecto tocaba dos frentes: la protección de la familia y el derecho de alimentos, y el gasto público que implica el subsidio. El Censo no encontró un choque directo con los artículos revisados. El artículo 51 de la Constitución ordena protección especial del Estado a la familia, la madre, el niño y la niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. ([Constitución, art. 51](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)) El proyecto apuntaba a ese mismo grupo cuando la pensión alimentaria quedaba en riesgo por la emergencia. ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)) El artículo 21 dice que la vida humana es inviolable. ([Constitución, art. 21](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)) El proyecto no regula ese punto. El subsidio saldría de instituciones públicas como el Ministerio de Trabajo o el IMAS. ([art. 2](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)) La Constitución da a la Asamblea la potestad de dictar las leyes. ([Constitución, art. 121](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)) También encarga al Poder Ejecutivo la recaudación e inversión de las rentas nacionales según las leyes. ([Constitución, art. 140](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)) El posible choque estaría en el gasto. El proyecto no fijaba una partida presupuestaria ni decía de dónde saldría el dinero del subsidio. Tampoco definía el monto máximo, porque lo dejaba al Poder Ejecutivo. ([art. 2](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)) Esa es una duda sobre el control del gasto público, no una conclusión de inconstitucionalidad. ### Qué puede hacer usted El expediente está archivado y el plazo venció. Las herramientas de la guía para esta etapa son limitadas. Puede pedir información sobre el estado de un proyecto a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa. Esa oficina da información inmediata sobre la tramitación de los proyectos y las actas de Plenario y Comisión. ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)) Puede presentar una propuesta de ley nueva con el formulario web de la Asamblea. No hace falta el texto completo, basta con plantear la idea. La oficina las recopila y las remite a los diputados, que deciden si la adoptan. ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)) Si quiere que una iniciativa tenga garantía de discusión, la vía es la iniciativa popular. Necesita las firmas y el trámite ante el Tribunal Supremo de Elecciones. ([guía, p. 26](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26)) ### Lo que no sabemos El dossier no dice por qué el expediente se archivó ni quién ordenó el traslado de comisión del 10 de setiembre de 2020. El dossier no incluye el dictamen de la Comisión Permanente Especial de la Mujer. El dossier no dice cuánto habría costado el subsidio ni cuántas personas lo habrían recibido. El dossier no registra grabaciones de la Asamblea sobre este expediente. ## Frente a la Constitución El proyecto calza con la protección especial a la familia del artículo 51, pero deja dudas sobre el control del gasto porque no fija partida ni monto máximo del subsidio. ## Qué puede hacer usted - Pedir información sobre el estado de un proyecto: Consultar en la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa, que da información inmediata sobre la tramitación de los proyectos y las actas de Plenario y Comisión. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Presentar una propuesta de ley por formulario web: Llenar el formulario web de la Asamblea. No hace falta el texto completo, basta con plantear la propuesta. La oficina las recopila y las remite a los diputados. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Iniciativa popular: Reunir las firmas y seguir el trámite ante el Tribunal Supremo de Elecciones. El proyecto se tramita por el procedimiento legislativo ordinario. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26) ## Lo que no sabemos - No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente. ## Fuentes 1. Expediente 21988: LEY DE MEDIDAS TEMPORALES EN MATERIA DE PENSIONES ALIMENTARIAS ANTE UNA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa, 2020-06-02. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx 2. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 3. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf ## Texto oficial completo ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY LEY DE MEDIDAS TEMPORALES EN MATERIA DE PENSIONES ALIMENTARIAS ANTE UNA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL NIELSEN PÉREZ PÉREZ DIPUTADA EXPEDIENTE N.° 21.988 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES PROYECTO DE LEY LEY DE MEDIDAS TEMPORALES EN MATERIA DE PENSIONES ALIMENTARIAS ANTE UNA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL Expediente N.° 21.988 ASAMBLEA LEGISLATIVA: A raíz de la pandemia del coronavirus Covid-19, nuestro país como muchos otros, está enfrentado una inédita y alarmante situación que nos obliga a tomar medidas excepciones nunca antes pensadas para que podamos reducir el impacto de esta pandemia, priorizando la vida y la salud de los habitantes, y así evitar una tragedia mayor como la que han tenido que enfrentar ciudades como Whuan, Nueva York, Nueva Jersey, Madrid, Guayaquil, Lombardía, Londres y tantas otras afectadas dramáticamente con una gran cantidad de víctimas mortales. Ante esta situación, nuestro Estado ha ofrecido una respuesta destacada por el alto sentido de responsabilidad y capacidad técnica y operativa que demuestra la solidez de nuestra institucionalidad pública. La pandemia nos puso a prueba y por eso, necesitamos sacar las mejores lecciones aprendidas para cuidar y fortalecer nuestro Estado Social de Derecho. Desde la Declaratoria de Emergencia del pasado 16 de marzo de 2020 (Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S), las decisiones que el Gobierno y este Parlamento hemos tomado para abordar la situación han estado en función de priorizar en la vida y la salud de los y las habitantes; en cortar la trasmisión y reducir el contagio adoptando con la prontitud las medidas sanitarias apropiadas, estrictas y efectivas para evitar que tengamos un contagio masivo del virus. Pero también es evidente que la pandemia tiene un impacto desigual en la población, derivada de una desigualdad social y económica precedente, que estaba antes de la pandemia, y que se agudiza aún más, no todas las personas estamos en las mismas condiciones para enfrentar la emergencia. Por ello, tanto las políticas públicas de emergencia como la legislación que estamos adoptando, debe atender esta desigual condición de poblaciones en condición de mayor vulnerabilidad para alcanzar el objetivo: acciones afirmativas que proteja los derechos mínimos y básicos para su subsistencia y lograr una recuperación posterior a la emergencia. Indudablemente el impacto en la actividad económica y laboral tiene repercusiones negativas que amenazan los derechos de las niñas, los niños, las personas adolescentes y personas adultas que antes de la pandemia habían logrado su reconocimiento a su legítimo derecho de pensión alimentaria. Este derecho está claramente reconocido en la legislación internacional, con consecuencias para el Estado costarricense que debe garantizar el derecho a la pensión alimentaria a las personas menores de edad, obligación adquirida al más alto nivel jurídico: Convención Internacional de los Derechos del Niño. ### Artículo 27- (…) 4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados… Y a nivel nacional, el derecho de alimentos se reconoce tanto en el Código de Familia como en la Ley de Pensiones Alimentarias, no solo a los niños, niñas y adolescentes, sino también a personas adultas que en condiciones especiales de dependencia y necesidad, requieran del apoyo económico de quien por ley está obligado a darlo. El derecho de alimentos es definido por el Código de Familia, de la siguiente manera: ### Artículo 164- Se entiende por alimentos lo que provea sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación, diversión, transporte y otros, conforme a las posibilidades económicas y el capital que le pertenezca o posea quien ha de darlos. Se tomarán en cuenta las necesidades y el nivel de vida acostumbrado por el beneficiario, para su normal desarrollo físico y síquico, así como sus bienes. Y de seguido, esta ley establece que “la deuda alimentaria tendrá prioridad sobre cualquier otra, sin excepción” (artículo 171). En materia procesal, debe tomarse en cuenta que una demanda de alimentos se somete a un proceso judicial garantista donde las partes tanto la accionante como la demandada, tienen acceso a la doble instancia (apelación) y además los propios del control de constitucionalidad (amparos y hábeas corpus), la garantía de la pensión alimentaria puede verse doblemente afectada en un contexto de emergencia nacional cuando hay cambios en la actividad económica y laboral que afecta por doble vía a las familias, particularmente a las mujeres que previo a una emergencia son afectadas por las brechas de género y la sobrecarga de trabajo de cuido y trabajo doméstico; son afectadas por la crisis económica y laboral que genera una emergencia y afectadas indirectamente además por la falta de pago de la pensión alimentaria de sus hijos e hijas, por causas sobrevinientes de la misma emergencia. No solo las personas deudoras alimentarias ven reducidos sus ingresos, también son afectadas las mujeres que tienen a su cargo la guarda, crianza y educación de sus hijas e hijos. Ambas partes pueden enfrentar despidos, reducción de jornadas, cierre de empresas, suspensión de contratos laborales, que afectan la capacidad de pago de la persona deudora alimentaria. Lo que no resultaría proporcional es que la solución legal sea que una de las partes quede desprotegida y deba cargar sobre sus espaladas con la responsabilidad de la crisis económica. Frente a estas complejas situaciones donde se comprometen aún más los derechos humanos en su mayoría de niñas, niños y adolescentes, el Estado debe asumir una posición congruente y sólida adoptando legislación de emergencia garante de derechos; que contenga medidas y mecanismos protectores de derechos, y descartar aquellos que sean generadores de mayor desventaja y desprotección para quienes están en desigualdad y dependencia económica. A partir de las consideraciones hechas, presento a discusión este proyecto de ley para que, en un contexto de emergencia, las personas afectadas puedan acudir antes un juzgado de pensiones alimentarias y solicitar que se dicten simultáneamente dos medidas temporales que juntas reducen el impacto de la crisis económica, generando una respuesta que atienda la situación sin desproteger los derechos de las personas más vulnerables: Una es para autorizar a la persona deudora a buscar trabajo, con un plazo mayor al que establece el artículo 31 de la Ley de Pensiones Alimentarias, por tratarse de legislación especial de emergencia. La otra es una orden judicial a la autoridad administrativa competente para que se le gire un subsidio de emergencia a la persona beneficiaria de la pensión alimentaria, durante el plazo otorgado para buscar trabajo a la persona deudora. Estas medidas implican una coordinación de dos poderes de la República que en el proyecto se plantea entre el Judicial y el Ejecutivo, para cumplir de manera eficiente y eficaz con los objetivos protectores de derechos humanos a que aspira esta ley. Pero además, se establecen otras medidas para que el Poder Judicial mejor sus índices de registro en esta materia, siguiendo con la advertencia que hace la Comisión Interamericana de la Mujer, de la Organización de Estados Americanos, en el Documento “Covid-19 en la vida de las mujeres”, refiere a la ausencia de datos desagregados por sexo/género que se traduce en obstáculos para la toma de decisiones acertadas por parte del Estado, con graves consecuencias en contextos de una emergencia como la que estamos enfrentado por la pandemia del COVID. Por disposición legal, en la actualidad solo se cuenta con un índice de obligados alimentarios que tiene una función específica de control migratorio, en el proyecto, se plantea que este índice se amplíe de manera que se cuente con datos que son particularmente de mayor relevancia en tiempos de emergencia. Esta ley tiene una estrecha relación con la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, N.° 8488, de 22 de noviembre de 2005, porque la aplicación de las medidas temporales tendría lugar en el marco de una declaratoria de emergencia. Por los motivos expuestos, someto a consideración de las diputadas y los diputados esta iniciativa, para su discusión y aprobación. **LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA** **DECRETA:** LEY DE MEDIDAS TEMPORALES EN MATERIA DE PENSIONES ALIMENTARIAS ANTE UNA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL ### ARTÍCULO 1- Objetivos de la ley Esta ley contempla disposiciones especiales en materia de pensiones alimentarias aplicables y relevantes en el marco de una declaratoria de emergencia, adoptada según la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, N.° 8488, de 22 de noviembre de 2005, y que por los efectos adversos en la actividad económica y laboral, estén en riesgo el efectivo disfrute del derecho de alimentos judicialmente establecido. ### ARTÍCULO 2- Medidas temporales Cualquiera de las partes podrá solicitar ante el juzgado de pensiones alimentarias competente, las medidas temporales que deberán ser ordenadas simultáneamente durante una declaratoria de emergencia. Estas dos medidas son: a) Autorizar a la persona deudora alimentaria a buscar trabajo o búsqueda de nuevos ingresos para cubrir la cuota alimentaria, por un plazo excepcional de tres a seis meses. b) Girar una orden de pago de subsidio de emergencia por el monto de la cuota alimentaria, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o al Instituto Mixto de Ayuda Social o a la institución pública que corresponda, a favor de la persona beneficiada de la pensión alimentaria, durante el plazo otorgado de conformidad con lo establecido en el inciso a). En ningún caso el monto del subsidio podrá exceder el monto máximo del subsidio aprobado por el Poder Ejecutivo en el marco de la Declaratoria de Emergencia. ### ARTÍCULO 3- Pruebas La parte gestionante deberá aportar las pruebas que demuestren que la afectación o reducción de su capacidad de pago del deudor alimentario está relacionados con la emergencia o tienen causa directa de las medidas sanitarias impuestas por las autoridades competentes en dicho contexto de una emergencia. ### ARTÍCULO 4- Resolución que dicta las medidas temporales por emergencia Una vez recibida la solicitud con las pruebas, el juez o jueza si lo considera necesario, convocará a las partes a una audiencia para escuchar sus alegatos. En un plazo máximo de tres días hábiles, después de concluida la audiencia si la hubiera convocado, o en su defecto, desde que se le presenta la gestión, procederá a dictar la resolución acogiendo o denegando la solicitud de medidas temporales y determinará la procedencia de otorgar las medidas temporales establecidas en el artículo 2 de la presente ley. ### ARTÍCULO 5- Apelación Sea que se rechace o se acoja las medidas, la resolución que acoja o rechace la solicitud de medidas temporales, es apelable por cualquiera de las partes, y deberá plantearse dentro del tercer día. En la gestión verbal o escrita, deberá motivarse necesariamente la disconformidad. ### ARTÍCULO 6- Disposiciones sobre apremio corporal en contexto de una emergencia. Una vez que el juez o jueza tenga por verificado que se hizo efectiva la medida temporal del inciso b) del artículo 2, no girará órdenes de apremio corporal durante el tiempo en que este subsidio sea efectivo. En caso de que queden montos en descubierto, la parte actora conservará el derecho al cobro mediante apremio corporal, una vez vencido el plazo de las medidas. ### ARTÍCULO 7- Enlaces administrativos y judiciales de información Las autoridades administrativas que tengan a cargo la administración y asignación de los subsidios temporales en el marco de una declaratoria de emergencia, deberán remitir mensualmente la información vía electrónica al juez o jueza de pensiones alimentarias que ordenó las medidas temporales establecidas en el artículo 2 de la presente ley, sobre el subsidio otorgado, monto y vigencia, a fin de adjuntar este dato en el expediente judicial. ### ARTÍCULO 8- Levantamiento de las medidas temporales En el momento en que el juez o jueza tenga por demostrado que la persona deudora alimentaria tiene nuevamente ingresos que le permitan sufragar la pensión alimentaria, emitirá una resolución para levantar las medidas temporales y procederá a remitir vía electrónica copia de la resolución a la autoridad administrativa a cargo del subsidio, para lo que corresponda. Asimismo, la autoridad administrativa deberá remitir al juez o jueza un oficio sobre el cese del subsidio, en cualquier momento que este tenga lugar, a fin de que conste en el expediente y proceda a levantarse las medidas temporales. ### ARTÍCULO 9- Ampliación del registro de obligados alimentarios Con el objetivo de medir el impacto de una emergencia en materia de pensiones alimentarias, el Poder Judicial ampliará el índice de obligados por pensión alimentaria provisional o definitiva, establecido en el artículo 15 de la Ley de Pensiones Alimentarias, para incluir información adicional relevante sobre el trámite en los juzgados que incluya al menos: información sobre los montos de las cuotas alimentarias; los beneficios otorgados; las gestiones de apremio corporal solicitadas y ejecutadas; las medidas temporales establecidas en la presente ley y la edad de las personas beneficiarias. Este registro deberá estar actualizado periódicamente y debe generar información desagregada por sexo, territorio, edad y otras variables relevantes, que pueda distinguirse entre periodos antes, durante y posterior a una emergencia. ### Transitorio Único- El Poder Ejecutivo en coordinación con el Poder Judicial contará con un plazo de un mes para reglamentar lo dispuesto en el artículo 7 de la presente ley. Asimismo, el Poder Judicial tendrá un plazo de seis meses contados a partir de la publicación de la presente ley para cumplir con lo dispuesto en el artículo 9 de la presente ley. Rige a partir de su publicación. Nielsen Pérez Pérez Diputada 28 de mayo de 2020 NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de la Mujer. Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios. Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/21988). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.