Japdeva ya tiene ley que blinda sus cánones para Limón
La Ley 9893, que nació del expediente 21995, hace inembargables las cuentas y los ingresos de Japdeva y los reserva para proyectos de la vertiente atlántica.
Título oficial UTILIZACIÓN DE LOS CÁNONES, TARIFAS Y PRESTACIONES DE JAPDEVA PARA EL BENEFICIO EXCLUSIVO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA
Atención: La ley vuelve inembargables las cuentas de Japdeva, incluso las de salarios y prestaciones, mientras el Sintrajap buscaba cobrar un beneficio por embargo.
A quién le toca
- Las personas que trabajan en Japdeva y dependen de las cuentas para salarios y prestaciones
- Los vecinos de la provincia de Limón que esperan proyectos con los cánones de la terminal de contenedores
- El Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), que buscaba cobrar un beneficio por embargo
A quién beneficia
- Las cuentas de Japdeva para salarios del convenio con el Inder quedan inembargables
- Las cuentas para pagar prestaciones según la Ley 9764 quedan inembargables
- El canon de explotación de la terminal de contenedores se reserva para proyectos de impacto en la vertiente atlántica
Qué cambia
- Los acreedores de Japdeva ya no pueden embargar esas cuentas para cobrar
- El Estado no puede trasladar esos recursos a sus arcas
- El uso del canon queda atado a proyectos de desarrollo económico y social de la vertiente atlántica
La explicación completa
El expediente 21995 ya no está en trámite: se convirtió en la Ley 9893, que está vigente 1. La ley reformó el artículo 33 de la Ley Orgánica de Japdeva, la Ley 3091.
Qué propone
La ley hace inembargables las cuentas y los ingresos de Japdeva por tarifas, cánones y servicios que preste 1. También cubre los recursos de los contratos de prestación, explotación y concesión. Incluye las cuentas para pagar prestaciones según la Ley 9764 y las cuentas para salarios del convenio con el Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
Esos recursos no podrán trasladarse al Estado costarricense, ni en parte ni en su totalidad 1. El texto original del proyecto decía lo mismo en su artículo único (art. único).
El proyecto original quería que esos recursos solo se usaran para proyectos de desarrollo económico y social de la Vertiente del Atlántico (art. único). La ley vigente mantiene esa idea para el canon de explotación que paga el operador de la terminal de contenedores 1.
El proyecto explicaba por qué. El contrato de concesión fijó un canon de explotación del 5% de los ingresos brutos y un canon de fiscalización del 1% (art. único). Para mayo de 2019 esos cánones sumaban ¢2.650 millones en un fideicomiso.
El texto también citaba datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). El 27,4% de los hogares de la Región Huetar Caribe estaba en pobreza en 2019, y el 10,4% en pobreza extrema (art. único).
En qué va el trámite
El proyecto ya es ley. La ficha registra el primer debate el 11 de agosto de 2020 y la redacción final el 13 de agosto de 2020 2. La Ley 9893 aparece vigente en SINALEVI 1.
El trámite incluyó una dispensa de trámite aprobada el 26 de mayo de 2020 2. También pasó por la Comisión de Redacción antes del segundo debate.
Lo que se dijo en la Asamblea
El video de la Asamblea informa que los diputados aprobaron en primer debate el expediente 21.995 00:00:09. El mismo video dice que la medida se da luego de que el sindicato lograra un embargo de cinco mil millones de colones 00:00:43.
En la sesión del 11 de agosto se anunció el expediente entre los primeros debates del día 00:15:45. La discusión del texto base empezó a las 02:20:06 de esa sesión 02:20:06.
En el segundo debate, el diputado que habla dijo que apoyaría con su voto positivo el proyecto porque Limón es una provincia olvidada 02:48:08. También dijo que con la operación de APM Terminals se causó un daño a la mano de obra limonense 02:48:42.
La diputada Yorleny León Marchena dijo que el proyecto resguarda las cuentas bancarias de Japdeva 03:00:21. Habló de proyectos pendientes como un centro de valor agregado y un muelle turístico 03:02:04.
Un diputado explicó que un juez trabó el embargo sobre las cuentas de la institución, pero no sobre el canon 03:10:09. Dijo que por eso presentaron el proyecto para blindar ese canon 03:10:49.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque directo entre la ley y los artículos revisados. La Constitución da a la Asamblea la potestad de dictar leyes Constitución, art. 121. La ley usa esa potestad para reformar una ley orgánica existente 1.
Hay una duda sobre el derecho de los trabajadores a cobrar lo que un juez ordenó. La Constitución protege el salario y la ocupación honesta Constitución, art. 57 Constitución, art. 56. La ley vuelve inembargables las cuentas de Japdeva, incluso las destinadas a salarios del convenio con el Inder 1.
Otra duda aparece con el derecho de sindicalización. La Constitución reconoce ese derecho para obtener beneficios económicos Constitución, art. 60. El embargo del Sintrajap buscaba cobrar un beneficio de convención colectiva (art. único). La ley impide embargar los recursos que podrían pagarlo 1.
Qué puede hacer usted
La ley ya está vigente, así que el trámite legislativo terminó. Si quiere revisar el texto aprobado, puede consultarlo en el Sistema de Información Legislativa 1.
Puede pedir información sobre el estado de un proyecto a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea guía, p. 27. Esa oficina brinda información sobre la tramitación de los proyectos de ley.
Si cree que hay un manejo irregular de fondos públicos de Japdeva, puede presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República guía, p. 68. La Contraloría fiscaliza el uso de los fondos públicos de las instituciones del Estado.
Lo que no sabemos
El dossier no dice la fecha exacta de publicación de la Ley 9893 en La Gaceta.
El dossier no incluye el texto completo del artículo 33 vigente, solo un fragmento.
El dossier no dice cuánto se embargó finalmente ni cómo terminó el proceso del Sintrajap.
La Constitución y esta ley, lado a ladoHay dudas
El Censo no encontró un choque directo con la potestad de legislar, pero hay dudas sobre el derecho al salario y a la sindicalización frente a la inembargabilidad de las cuentas.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones;"
Esta ley, art. único"Modifíquese el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente del Atlántico, Ley N.° 3091, de 18 de febrero de 1962, y sus reformas"
Sin choque aparente La Asamblea tiene potestad para reformar leyes. La ley usa esa potestad para cambiar el artículo 33 de la Ley 3091.
Constitución, art. 60"Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales."
Esta ley, art. único"serán inembargables y no podrán ser trasladados, ni en parte ni en su totalidad, al Estado costarricense"
Hay dudas El Sintrajap buscaba cobrar un beneficio de convención colectiva por embargo. La ley vuelve inembargables los recursos que podrían usarse para ese pago.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Lo que se dijo, minuto a minuto
- 00:00:09
"los diputados aprobaron en primer debate el expediente 21.995 utilización de los cánones tarifas y prestaciones de la junta de administración portuaria y de desarrollo económico de la vertiente atlántica japdeva para el beneficio exclusivo de la vertiente atlántica"
- 00:00:43
"esta medida se da luego de que el sindicato de esta institución sin trabajo lograr un embargo de cinco mil millones de colones"
- 02:48:08
"definitivamente apoyaré con mi voto positivo este proyecto por cuanto la provincia de limón ha sido y es una provincia olvidada"
- 03:10:49
"proyecto de ley el expediente 21 1995 para blindar ese canon y que sea utilizado para los propósitos originales"
Las citas vienen de los subtítulos de YouTube de la Asamblea. Cada hora abre el video en ese segundo.
Fuentes
- Ley 9893: Utilización de los cánones, las tarifas y las prestaciones de JAPDEVA para el beneficio exclusivo de la vertiente atlántica (Vigente)
- Expediente 21995: UTILIZACIÓN DE LOS CÁNONES, TARIFAS Y PRESTACIONES DE JAPDEVA PARA EL BENEFICIO EXCLUSIVO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA
- CUENTAS BANCARIAS, CÁNONES Y TARIFAS DE JAPDEVA SERÁN INEMBARGABLES
- Sesión extraordinaria del Plenario Legislativo, martes 11 de agosto del 2020
- Sesión extraordinaria del Plenario Legislativo, jueves 13 de agosto del 2020
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
UTILIZACIÓN DE LOS CÁNONES, TARIFAS Y PRESTACIONES DE JAPDEVA PARA EL BENEFICIO EXCLUSIVO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA
EDUARDO NEWTON CRUICKSHANK SMITH YORLENY LEÓN MARCHENA
DIPUTADO Y DIPUTADA
EXPEDIENTE N.° 21.995
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
UTILIZACIÓN DE LOS CÁNONES, TARIFAS Y PRESTACIONES DE JAPDEVA PARA EL BENEFICIO EXCLUSIVO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA
Expediente N.° 21.995
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
La Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente del Atlántico, Ley N° 3091, de 18 de febrero de 1962, y sus reformas, establece que la entidad no estará obligada a pagar al Estado parte alguna de sus ganancias, por ningún concepto, pero que debe aplicarlas para el desarrollo de la Vertiente del Atlántico.
Aunque durante muchos años Japdeva operó directamente toda la infraestructura portuaria existente en la zona, en los últimos años el Estado costarricense decidió concesionar la Terminal de Contendores, la cual fue adjudicada a la empresa APM Terminals.
En el contrato de concesión se estableció un canon de explotación, que es el pago de un 5% de los ingresos brutos que hace la concesionaria durante la etapa de explotación, así como un canon de fiscalización equivalente al 1% de los ingresos brutos. Para mayo de 2019 se habían colocado los recursos de dichos cánones en un fideicomiso que alcanzaba un monto de ¢2.650 millones. De acuerdo con estimaciones de la empresa concesionaria, al final del 2019 habrían girado cerca de ¢11.706 millones y para el final del periodo de explotación de la concesión -33 años- la cifra aportada sería de unos $1.000 millones. Para este año se indica que Japdeva tiene más de $14 millones en su cuenta, como resultado de los aportes de APM Terminals.
Tiempo atrás se intentó que parte de esos recursos fueran trasladados, de forma transitoria, al Consejo Nacional de Concesiones debido a que Japdeva no tenía listo el fideicomiso para manejarlos, lo cual preocupó fuertemente al pueblo limonense. Recientemente, el Juzgado de Trabajo de Limón acogió una medida cautelar que estableció un embargo preventivo de las cuentas bancarias de Japdeva en favor del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), quienes reclaman el impago de un beneficio establecido en la convención colectiva. Dicha medida podría afectar el uso de los recursos que paga APM Terminals para el desarrollo de la Vertiente Atlántica.
El objetivo de la presente ley es garantizar que los recursos que se obtengan como resultado de ese y otros cánones, así como de las tarifas y prestaciones dadas por Japdeva sean inembargables y no tengan que ser entregados, de ningún modo, al Estado costarricense, sino que se establezca como único destino la inversión en el desarrollo social y económico de la Vertiente del Atlántico, pues esta zona ha sido históricamente olvidada y buena parte de su riqueza ha sido extraída desde la Gran Área Metropolitana, en perjuicio del pueblo limonense que hoy enfrenta grandes problemas de pobreza y exclusión.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el 27.4% de los hogares en la Región Huetar Caribe se encuentran en condición de pobreza, del cual 10.4% está en pobreza extrema, siendo el indicador más alto del país en 2019.
De ahí la importancia de que la provincia de Limón pueda asegurarse el aprovechamiento de los recursos generados por Japdeva y, particularmente los aportados por el canon que paga APM Terminals, para la atención de las necesidades de la zona, el financiamiento de programas sociales para el combate de la pobreza, la inversión en infraestructura y seguridad que fomente el empleo y el emprendedurismo, así como la creación de mejores condiciones de vida para el pueblo limonense.
En virtud de lo expuesto, se somete a consideración de los diputados y diputadas el siguiente proyecto de ley.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
UTILIZACIÓN DE LOS CÁNONES, TARIFAS Y PRESTACIONES DE JAPDEVA PARA EL BENEFICIO EXCLUSIVO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA
ARTÍCULO ÚNICO- Modifíquese el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente del Atlántico, Ley N.° 3091, de 18 de febrero de 1962, y sus reformas, para que en adelante se lea así:
Artículo 33- Las cuentas bancarias y los ingresos que obtenga Japdeva por concepto del cobro de tarifas, cánones, o cobros por los servicios públicos que preste, de conformidad con lo dispuesto por el inciso h) del artículo 17 de la presente ley o según lo acordado en los respectivos contratos de prestación, explotación y/o concesión, serán inembargables y no podrán ser trasladados, ni en parte ni en su totalidad, al Estado costarricense.
Dichos recursos solamente podrán utilizarse para proyectos de desarrollo económico y social de la Vertiente del Atlántico, de acuerdo con los términos previstos en esta ley y el plan regional de desarrollo.
Rige a partir de su publicación.
Eduardo Newton Cruickshank Smith Yorleny León Marchena
Diputado y diputada
28 de mayo de 2020
NOTAS: Este proyecto aún no tiene comisión asignada.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.