Archivado el proyecto que dejaba al patrono apelar un embargo laboral
La reforma al artículo 583 del Código de Trabajo, que dejaba al patrono apelar un embargo, venció en 2024 sin ser ley.
Título oficial REFORMA AL CÓDIGO DE TRABAJO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA DOBLE INSTANCIA FRENTE A LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA MEDIDAS CAUTELARES
A quién le toca
- Patronos a quienes un juez laboral les ordena un embargo preventivo
- Empresas que alegan que un embargo pone en riesgo su operación y empleos
- Trabajadores que ya tienen una medida cautelar a su favor
A quién beneficia
- El patrono embargado podría pedir que un tribunal superior revise la medida
- La medida seguiría vigente mientras se resuelve la apelación
Qué cambia
- El proyecto no es ley: el artículo 583 sigue igual
- El expediente venció el 25 de mayo de 2024
- Para revivirlo habría que presentar un proyecto nuevo
La explicación completa
El proyecto de ley 21.999 está archivado. Venció su plazo de cuatro años el 25 de mayo de 2024 y nunca llegó a ser ley 1.
Qué propone
El proyecto proponía cambiar el inciso 10) del artículo 583 del Código de Trabajo (art. 583). Hoy ese artículo solo permite apelar cuando el juez deniega, revoca o cancela una medida cautelar. La reforma agregaba la palabra "ordenen": también se podría apelar cuando el juez ordena la medida.
En palabras simples: cuando un juez laboral congela bienes del patrono (por ejemplo, con un embargo preventivo), el patrono podría pedir que un tribunal superior revise esa decisión (art. 583).
El texto aclara que el recurso no frena la medida. Dice que se tramitará "sin suspender la ejecución de la medida cautelar ordenada" (art. 583).
La exposición de motivos dice que el afectado por una medida cautelar "queda en condiciones de desigualdad al no poder solicitar que la medida que le fue impuesta sea revisada en apelación" (art. 583). También advierte que un embargo puede "poner en serio peligro la buena marcha de empresas o instituciones".
La diputada Yorleny León Marchena presentó el proyecto el 2 de junio de 2020 (art. 583).
En qué va el trámite
El expediente está archivado. La ficha registra el vencimiento cuatrienal el 25 de mayo de 2024 1.
El último paso fue el 4 de marzo de 2022: la Comisión de Asuntos Jurídicos remitió el dictamen a la Secretaría del Directorio 1. El 1 de marzo de 2022 la comisión votó y dictaminó.
Para que fuera ley faltaban el primer debate, el segundo debate y la firma del Poder Ejecutivo. Nada de eso ocurrió antes del vencimiento.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque directo entre el texto y los artículos de la Constitución que están en el dossier.
El artículo 42 dice que "un mismo juez no puede serlo en diversas instancias para la decisión de un mismo punto" Constitución, art. 42. La reforma manda la apelación a un tribunal superior, no al mismo juez, así que calza con esa regla (art. 583).
El artículo 33 prohíbe la discriminación contraria a la dignidad humana Constitución, art. 33. La exposición de motivos justifica el cambio en la idea de "desigualdad compensatoria" entre patrono y trabajador (art. 583). Esa discusión es de política legislativa, no un choque constitucional claro.
Qué puede hacer usted
El proyecto ya no se puede empujar en comisión ni en plenario. Estas herramientas sirven para otros proyectos o para pedir información.
-
Pedir información sobre el expediente. La Oficina de Iniciativa Popular brinda información sobre el estado de tramitación de los proyectos guía, p. 27.
-
Presentar una propuesta de ley por el formulario web de la Asamblea. No tiene garantía de ser discutida ni votada guía, p. 27.
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Si quiere una iniciativa con garantía de votación, necesita el 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral guía, p. 30.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué el proyecto no avanzó después del dictamen de 2022.
El dossier no incluye el texto del dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
El dossier no registra si hubo audiencias o consultas sobre este expediente.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El Censo no encontró un choque directo entre la reforma y los artículos constitucionales del dossier.
Constitución, art. 42"Un mismo juez no puede serlo en diversas instancias para la decisión de un mismo punto."
Esta ley, art. 583"Ordenen, denieguen, revoquen o dispongan la cancelación de medidas cautelares o anticipadas."
Sin choque aparente La apelación va a un tribunal superior, no al mismo juez que dictó la medida. Eso respeta la regla de que un juez no revisa dos veces el mismo punto.
Constitución, art. 33"Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana."
Esta ley, art. 583"En el caso de la resolución que ordena la medida cautelar, el recurso se tramitará con carácter prioritario por parte del órgano judicial, sin suspender la ejecución de la medida cautelar ordenada."
Sin choque aparente La reforma trata igual a patrono y trabajador ante la apelación de una medida cautelar. La discusión sobre el equilibrio procesal es de política legislativa.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21999: REFORMA AL CÓDIGO DE TRABAJO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA DOBLE INSTANCIA FRENTE A LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA MEDIDAS CAUTELARES
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
REFORMA DEL CÓDIGO DE TRABAJO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA DOBLE INSTANCIA FRENTE A LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA MEDIDAS CAUTELARES
YORLENY LEÓN MARCHENA DIPUTADA
EXPEDIENTE N.° 21.999
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
REFORMA DEL CÓDIGO DE TRABAJO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA DOBLE INSTANCIA FRENTE A LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA MEDIDAS CAUTELARES
Expediente N.° 21.999
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
La materia laboral, por sus características, históricamente ha buscado diferenciarse del derecho civil, por medio de una autonomía procesal sustentada en una idea de una “desigualdad compensadora”. En esta clase de proceso se plantea una visión de asimetría entre quienes acceden y, en virtud de ella, se contempla una serie de reglas y disposiciones que tienden a dar un trato disímil entre las partes con el fin de alcanzar la igualdad como resultado final.
El derecho laboral de fondo, por sus connotaciones, obliga a que el derecho procesal deba tener una serie de presupuestos y conceptos básicos que difieren expresamente de los postulados clásicos que rigen al proceso ordinario civil. Sin embargo, ello no significa que el legislador omita procurar relaciones de equilibrio entre actores y demandados durante la tramitación del proceso laboral.
Bajo la lógica del anterior párrafo, no se quiere decir que el proceso laboral no sea garantista para el accionado, pues los mecanismos de defensa material y el principio de debido proceso deberán también estar a su favor, se trata más bien de establecerle una responsabilidad mayor en el proceso, como producto de esa posición de ventaja que normalmente ostentan los patronos. El doctrinario Pla Rodríguez definió a este rasgo del proceso laboral “desigualdad compensatoria”. Por ello, es necesario que las normas de trabajo permitan a las partes a acceder un modelo procesal en el que puedan enfrentarse en condiciones de equilibrio.
Por lo anterior, no se busca dejar desprovisto de defensa al empleador, ya que la persona juzgadora está en la obligación de controlar que cuente con mecanismos reales para ejercer su defensa, tanto a lo largo del proceso como en juicio. Nuestra legislación procesal laboral (artículos 443 y siguientes del Código de Trabajo, junto al 580 y siguientes del mismo cuerpo de normas) en términos generales brindan una serie de garantías del debido proceso, permitiéndole al demandado contestar la demanda, plantear excepciones, ofrecer prueba a su favor, obtener resoluciones razonadas y hacer uso de los recursos de impugnación estipulados legalmente.
Es justamente esa procura de condiciones de equilibrio en cuanto a las garantías del debido proceso, la que orienta la presente propuesta de ley. El inciso 10) del artículo 583 del Código de Trabajo autoriza la posibilidad del recurso de apelación únicamente cuando la resolución del juez “deniegue, revoque o disponga la cancelación de medidas cautelares anticipadas”; causales que tienen mayoritariamente como interesado principal al trabajador. Sin embargo, el sujeto procesal afectado por una medida cautelar queda en condiciones de desigualdad al no poder solicitar que la medida que le fue impuesta sea revisada en apelación, para que el tribunal jerárquicamente superior al que ha dictado la resolución recurrida la revise a la luz de los agravios expresados por el apelante y, en su caso, la revoque o modifique.
Así las cosas, otorgada la medida de aseguramiento, en particular la de embargo preventivo, dependiendo de la gravedad o de sus alcances, puede poner en serio peligro la buena marcha de empresas o instituciones, dependiendo de quien se trate, pudiendo afectar con ello emprendimientos y empleos de cientos de personas.
En relación con los “efectos” con que debe concederse el recurso de apelación que el presente proyecto de ley contempla, en cuanto a la medida cautelar de embargo, corresponde que el recurso deba concederse “en efecto devolutivo”, lo que significa “no suspensivo”, es decir, que no se suspenderá el cumplimiento de la resolución recurrida; por lo tanto, a pesar del recurso interpuesto debe trabarse la medida decretada. A los efectos de posibilitar, por un lado, el cumplimiento de la medida precautoria ordenada y, por el otro, el trámite del recurso concedido con efecto devolutivo.
Naturaleza de la medida cautelar de embargo preventivo
Dentro de la categoría de las medidas cautelares para asegurar bienes, a los fines de una futura ejecución forzosa, se encuentra el embargo preventivo.
Señala Podetti que el embargo preventivo es la medida cautelar que, afectando un bien o bienes determinados de un presunto deudor, para asegurar la eventual ejecución futura, individualiza aquellos y limita las facultades de disposición y de goce de este, en el tanto se obtiene la pertinente sentencia de condena o se desestima la demanda principal. (J. Ramiro Podetti, “Tratado de las Medidas Cautelares”. 62; edición argentina de EJEA, Bs. Aires, 1959).
El Dr. Palacio lo define como la medida cautelar en cuya virtud se afectan e inmovilizan uno o varios bienes de quien es o ha de ser demandado en un proceso de conocimiento o de ejecución, con miras a asegurar la eficacia práctica o el resultado de tales procesos. (E. Palacio Lino. "derecho procesal civil" T VIII "Procesos cautelares y voluntarios"; edición Abeledo Perrot, Bs As. 1982 p. 91 y 92.
De Lázzari, por su parte, resalta la importancia que tiene la nota de indisponibilidad que acompaña al objeto embargado (conocida como anotación de embargo en nuestro ordenamiento), lo cual reduce sensiblemente las potestades de su titular, quien, a partir de la traba, se encuentra forzado a respetarla, incluso bajo riesgo de incurrir en ilícito del derecho penal. (De Lázzari, E., (1995), “Medidas Cautelares”, Librería Editora Platense, La Plata, 1995. De tal forma, el embargo no supone un proceso de ejecución, sino que pretende un resguardo basado en una apariencia de derecho que no implica pronunciarse sobre el fondo del asunto.
Desde el punto de vista subjetivo, el justiciable tiene un derecho de obtener una medida cautelar en tanto se ajuste a determinados requisitos y se encuentre en una situación que constituya ciertos presupuestos que dan por viable su derecho. Se trata de un derecho que calificamos de procesal, pues nace con motivo o con miras al proceso y a la decisión con la que debe culminar.
El embargo como medida cautelar típica en materia laboral
Nuestra jurisprudencia sostiene ampliamente que las medidas cautelares constituyen un medio tendiente a asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales cuando, antes de incoarse el proceso o durante su curso, una de las partes demuestra que su derecho es -prima facie- verosímil y que existe peligro que la decisión jurisdiccional sea incumplida.
La figura del embargo en materia laboral lo que pretende es ser un instrumento que busca impedir que los eventuales derechos pecuniarios que le puedan corresponder al trabajador lleguen a desaparecer. No obstante, para que proceda este instituto legal debe deducirse la crisis económica del empleador o un deseo o intención manifiesta de este, de evadir una posible responsabilidad económica derivada de la extinción de la relación laboral.
La jurisprudencia ha sido clara en este sentido:
“… el embargo es una medida cautelar tendiente a garantizar el pago de las sumas que se lleguen a establecer en definitiva contra la parte accionada en un proceso, afectando bienes suficientes del patrimonio del presunto deudor a dicho pago, de modo tal que no puedan ser sustraídos a la persecución de los acreedores accionantes. Se trata entonces de garantizar el pago de las sumas que en sentencia (o su ejecución) se condene a pagar a la persona embargada. Su función es, entonces, garantizar la satisfacción de los intereses económicos perseguidos con la pretensión.” (El subrayado no es del original). Tribunal Segundo Civil de San José, Sección Segunda, “Ordinario Civil: Sentencia N.° 055; 27 de febrero, 2004 15:55 horas”. Expediente 01-000968-185-CI, Considerando IV. SCIJ, jurisprudencia judicial, consultado el 14 de mayo de 2020, http://jurisprudencia.poderjudicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/
Actos procesales impugnables
En doctrina son dos los tipos de actos que pueden ser impugnados: aquellos que se refieren a un vicio de procedimiento que aparecen en la tramitación de la causa hasta antes del dictado de la resolución final y los que se originan por una mala aplicación de la autoridad judicial. Ejemplo del primer grupo son los autos, resoluciones de carácter interlocutorio que resuelven ciertos momentos o etapas del proceso. Por ejemplo, el auto de traslado de demanda, el auto que rechaza o acepta cierto tipo de probanza. Muchos de estos autos, dependiendo el caso, tienen recurso de revocatoria o recurso de apelación.
Por otro lado, como ejemplo del segundo grupo están los autos con carácter de sentencia y las sentencias, los cuales ponen fin al proceso. En el último de ellos se resuelve sobre la petitoria principal de las partes, “acogiendo o rechazando la demanda, o la imputación; otorgando o negando la tutela jurisdiccional solicitada”.
Los medios de impugnación son, según la doctrina, instrumentos legales puestos a disposición de las partes para intentar la modificación o anulación de las resoluciones judiciales. Dado que, en cuanto a actividad humana, la judicial es perfectamente falible, el fin y fundamento principal del establecimiento del sistema de recursos es el de evitar, en la medida de lo posible, las resoluciones injustas, a través de la posibilidad de un nuevo examen de lo inicialmente decidido. (Goerlich Peset, José María. Los medios de impugnación. En: El Proceso laboral. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2005. Pág. 1301).
Este proyecto tiene por propósito garantizar el mismo acceso de estos mecanismos a todas las partes quienes conforman el proceso, en lo que respecta concretamente al artículo 583, inciso 10), reconociendo la desigualdad en que se pueden encontrar los trabajadores y, manteniendo, por ello, las medidas cautelares otorgadas en su favor, mientras el órgano de alzada resuelva la apelación correspondiente.
En razón de lo anterior, en procura de alcanzar el equilibrio procesal entre las partes en los procesos laborales, se presenta el presente proyecto de ley.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
REFORMA DEL CÓDIGO DE TRABAJO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA DOBLE INSTANCIA FRENTE A LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA MEDIDAS CAUTELARES
ARTÍCULO ÚNICO- Se reforma el inciso 10) del artículo 583 del Código de Trabajo y en adelante se lea de la siguiente manera:
Artículo 583-
[…]
10- Ordenen, denieguen, revoquen o dispongan la cancelación de medidas cautelares o anticipadas. En el caso de la resolución que ordena la medida cautelar, el recurso se tramitará con carácter prioritario por parte del órgano judicial, sin suspender la ejecución de la medida cautelar ordenada.
[…].
Rige a partir de su publicación.
Yorleny León Marchena Diputada
2 de junio de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.