Archivado: el plan de Acuña para objetar por conciencia

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

LEY PARA LA TUTELA DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA

IVONNE ACUÑA CABRERA DIPUTADA

EXPEDIENTE N.° 22.001

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

NOTA: A solicitud de la proponente, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY

LEY PARA LA TUTELA DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA

Expediente N.° 22.001

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La libertad de conciencia o de pensamiento es quizá la más inalienable de las libertades que pueda gozar un ser humano. Sin importar con cuánta brutalidad, intimidación o manipulación pueda un poder político intentar la captura del fuero interno de una persona, nunca podrá estar seguro de haber anulado por completo su voluntad y su pensamiento, que forme su conciencia individual según los dictados del poder, o que se le someta sin siquiera mediar una decisión propia.

La libertad de conciencia abarca no sólo el derecho de formar libremente la propia conciencia, sino a actuar de conformidad con los imperativos de esta, pues únicamente se expresa en dichas acciones singulares y concretas. Su contenido esencial es el concepto de que un individuo debe responder en primerísimo lugar a su propia conciencia y ser libre de actuar conforme a sus valores más intrínsecos. Partiendo de una base ética racional, no es posible obligar a una persona a pensar de determinada manera o a orientar sus acciones de acuerdo a otras convicciones éticas que no sean las suyas propias. Por más que se intente manipular o deformar, la libertad de conciencia es siempre impenetrable para la coacción del Estado.

De lo anterior debe deducirse que existe un derecho subjetivo de cada persona a no acatar mandatos de la autoridad si estos van en contra de sus propios principios éticos. Esta es la base de lo que ha sido denominado “objeción de conciencia”.

Si se considera que el individuo debe responder en primer lugar al tribunal de la propia conciencia, la objeción de conciencia se define como ese derecho subjetivo a resistir los mandatos de la autoridad cuando contradicen los propios principios morales. Así, el objetor busca que se le permita omitir una conducta prevista por la ley. En un sentido estricto, el sujeto no se opone propiamente a la ley—aunque implícitamente la está denunciando como inmoral o contraria al interés general—, y tampoco procura un programa estructurado de resistencia u oposición que resulte en una “desobediencia civil”. La objeción de conciencia consiste más bien en afirmar la primacía de la conciencia sobre la autoridad y la ley, es decir, el derecho de cada persona a evaluar si aquello que se le exige es compatible con los principios éticos en los que—según estima—debe inspirar su conducta. Al admitir la objeción, el legislador reconoce en el fondo que las leyes no necesariamente reflejan o interpretan el pensamiento colectivo, aunque de ninguna manera implica el reconocimiento de un inexistente “derecho general de desobediencia” que menoscabe el Estado de Derecho o ponga en riesgo su existencia misma.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948 estableció una serie de salvaguardias tendientes a fortalecer el fuero íntimo de libertad de cada persona. El preámbulo de esta proclama hace mención del “supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”, advirtiendo que el espíritu mismo de sus artículos implica la supremacía de la conciencia propia sobre la brutal coerción de cualquier régimen ideológico. Su texto, en el artículo 18, reconoce expresamente el derecho a la libertad de conciencia, al lado de las libertades de religión y pensamiento; y un artículo como el 26, al reconocer en su cuarto párrafo a los padres el derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, de conformidad con el principio de “interés superior del niño” establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

A mayor abundamiento, el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce explícitamente la exención por razones de conciencia en el aspecto del servicio militar, dejando establecido que corresponde a cada país determinar mediante su legislación, el grado y la forma de regularlo. El artículo 18 del mismo instrumento internacional, por otra parte, reitera el reconocimiento de la libertad de conciencia, entre otros, y de nuevo extiende expresamente, en su cuarto párrafo, su aplicación al ámbito educativo. En este último caso, impone directamente a los Estados parte la obligación de “garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, abriendo el espacio para la objeción en esta materia cuando esta obligación sea infringida.

En nuestro país, la Sala Constitucional ha venido definiendo el contenido esencial de la libertad de conciencia, en los siguientes términos:

“VII.- … la libertad de conciencia, que debe ser considerado como un derecho público subjetivo individual, esgrimido frente al Estado, para exigirle abstención y protección de ataques de otras personas o entidades. Consiste en la posibilidad, jurídicamente garantizada, de acomodar el sujeto, su conducta religiosa y su forma de vida a lo que prescriba su propia convicción, sin ser obligado a hacer cosa contraria a ella…” (Sentencia N° 3173-93 del 6 de julio de 1993, reiterada en Sentencias N° 2004-8673 del 13 de agosto de 2004 y N° 2014-4575 del 2 de abril de 2014. Énfasis añadido).

Por no existir en Costa Rica un Ejército permanente, ni servicio militar obligatorio, ha sido precisamente en el ámbito educativo y en el ejercicio o práctica profesional que más se ha desarrollado el contenido de este concepto. Por ejemplo, en la Sentencia N° 3550-1992 del 24 de noviembre de 1992, la Sala Constitucional estableció que:

“Este derecho de toda persona a educarse y educar a sus hijos en un centro de enseñanza que considere acorde con sus creencias no podría garantizarse si sólo hubiera disponible una opción educativa o, lo que equivaldría a lo mismo, si el Estado ejerciera sobre la educación privada un control tal que implicara identificarla o uniformarla, de derecho o de hecho, con las instituciones de enseñanza estatal. Con otras palabras, no sería sino con grave cercenamiento de la libertad de elegir el que sólo pudiera hacerse respecto de instituciones privadas cuya enseñanza fuera equivalente o prácticamente equivalente a la oficial o pública” (énfasis añadido).

La misma Sala, en su jurisprudencia, ha establecido ampliamente la posibilidad de objetar contenidos educativos por razones de conciencia, a partir del artículo 75 de la Constitución. En ese sentido, ha señalado que la ley costarricense tiene implícitas regulaciones en la materia, que encajan en los parámetros abiertos por las normas internacionales antes citadas.

“IV.- El artículo 77 de la Constitución Política reconoce que el derecho a la educación pública, la cual será organizada como un proceso integral, correlacionado en sus diversos ciclos, desde la preescolar hasta la universitaria. Además, el artículo 75 Constitucional establece la libertad de creencias, principio según el cual se redactó el artículo 210 del Código de Educación que en lo conducente indica: "Cada grado o sección de las escuelas de primera enseñanza de la República, sin excepción, recibirá semanalmente dos horas lectivas de enseñanza religiosa. La asistencia a las clases de religión se considerará obligatoria para todos los niños cuyos padres no soliciten por escrito al Director de la escuela que se les exima de recibir esa enseñanza". De manera que se regula así la objeción de conciencia para los alumnos que por sus creencias se negaren a recibir la formación religiosa que imparte el Estado” (Sentencia N° 2002-8557 del 3 de setiembre de 2002. Énfasis añadido).

En tiempos recientes, la propia Sala se ha visto en la necesidad de marcar aún más los límites del Estado y establecer mayores resguardos a la libertad de conciencia, ante los intentos de introducir de forma obligatoria contenidos con notable carga ideológica o reñidos con las creencias de la mayoría de los credos que se practican en Costa Rica. Un ejemplo es la Sentencia N° 10456-2012, que estableció lo siguiente: “… debe el Ministerio de Educación Pública establecer la forma en que los representantes del menor puedan hacer la respectiva objeción a través de un mecanismo ágil y sencillo, con el fin de garantizarles el respeto de sus derechos fundamentales relativos a la educación de sus hijos” (énfasis añadido).

También pueden presentarse en el país casos en el plano de la medicina que conlleven indispensablemente la necesidad de reconocer la objeción de conciencia como un derecho específico, con cláusulas que prohíben la discriminación de los facultativos y profesionales que se nieguen por motivos de conciencia, a participar en prácticas o procedimientos contrarios a sus mas firmes convicciones, éticas y morales.

Hay muchas otras posibilidades fácticas que podrían desembocar en posibles objeciones de conciencia, pues como bien ha reconocido la Procuraduría General de la República en su Opinión Jurídica OJ-100-2018, siguiendo la doctrina jurídica, “algunos autores, planteen que ‘no existe una única objeción de conciencia sino varias, las cuales irán surgiendo en los diversos momentos históricos y en aquellos supuestos en los que se produzca una importante quiebra entre los dictados de la conciencia individual de los ciudadanos y un mandato legal imperativo, lo cual implica que nos encontremos ante un concepto dinámico, mutable y no unívoco’” (énfasis añadido).

Con este tipo de antecedentes, se vuelve imprescindible crear una vía para que cada persona, en su condición de titular del derecho subjetivo a la libertad de conciencia, tenga la posibilidad de hacerla valer cuando se produzca un conflicto entre esta y un imperativo legal. No se trata de “regular” la libertad de conciencia (afirmación que es contradictoria en sí misma), sino de algo muy distinto: crear el procedimiento para que la ciudadanía pueda encontrar en el sistema jurídico los medios para resguardarla frente a la posibilidad de coerción del Estado, cuando estime agraviada o amenazada esa libertad.

Esta iniciativa, lejos de cargar al objetor con la necesidad de “demostrar” la sinceridad de sus creencias o convicciones, presenta que, la forma apropiada de hacer valer esta libertad es creando lo que la Sala Constitucional denominó “un mecanismo ágil y sencillo” para manifestar la objeción. Estimamos, además, que este mecanismo debe tener sin embargo la suficiente fuerza jurídica para contener la coacción del Estado respecto de aquellos imperativos éticamente objetables para el sujeto. Por este motivo, es nuestro parecer que este mecanismo debe estar fuera de las manos del Poder Ejecutivo, y contar en cambio con un sustento en el Poder Judicial, de forma análoga a lo que ocurre con otros derechos fundamentales directamente aplicables desde la Constitución.

Por lo antes expuesto, y en uso de las facultades que me confiere la Constitución, presento el siguiente proyecto de ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

LEY PARA LA TUTELA DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1- Objeto de la ley

Esta ley tiene por objeto desarrollar los contenidos esenciales y garantizar el pleno ejercicio del derecho fundamental a la libertad de conciencia, así como su tutela según lo establecido en la Constitución Política y los instrumentos internacionales aplicables en la materia.

ARTÍCULO 2- Libertad de conciencia

Se garantiza el pleno disfrute de la libertad fundamental de conciencia. Todas las personas, sin discriminación alguna, tienen la libertad de conducir su vida, tanto en la esfera privada como pública, conforme con sus convicciones morales, éticas, ideológicas y religiosas, con las limitaciones establecidas por ley que sean estrictamente necesarias para resguardar la seguridad, el orden, la salud o la moral públicas, o los derechos y libertades fundamentales de terceros.

ARTÍCULO 3- Libre formación de las convicciones

Toda persona es libre de formar sus convicciones sin injerencia ni interferencia alguna del Estado ni de ninguna de sus instituciones, u organismos internacionales de cualquier índole. Se garantiza a los padres, el derecho de educar a sus hijos de forma consistente con sus convicciones éticas, morales y religiosas. Asimismo, se protege la libertad de conciencia de los menores de edad como parte de su derecho fundamental al pleno desarrollo de su personalidad.

ARTÍCULO 4- Libertad de expresión

En el ejercicio de su libertad de conciencia, todas las personas pueden expresar, por cualquier medio, sean escritos o digitales, verbales o mediante cualquier otra forma de comunicación, sus convicciones morales, éticas, ideológicas y religiosas sin censura previa y sin temor de represalias, directas o indirectas, por parte de las autoridades públicas ni de las personas privadas, sean físicas o jurídicas.

ARTÍCULO 5- Prohibición de represalias

Queda prohibido discriminar a cualquier persona por causa de sus convicciones morales, éticas, ideológicas o religiosas. Serán absolutamente nulos los actos administrativos o actos privados dirigidos a imponer, de forma directa o indirecta, represalias a las personas en virtud de sus convicciones morales, éticas, ideológicas o religiosas.

ARTÍCULO 6- Prohibición de la censura previa

Se garantiza el derecho de las personas a no sufrir actos de discriminación que les impidan, de forma directa o indirecta, publicar artículos de opinión en los medios de comunicación.

ARTÍCULO 7- Expresiones públicas

Ninguna persona o entidad pública o privada podrá realizar actos tendientes a impedir o entorpecer, de forma directa o indirecta, la realización en sitios públicos de conferencias o actividades dirigidas al público, representaciones teatrales o artísticas de cualquier tipo, proselitismo político, ideológico o religioso, ni la publicación y difusión de libros, revistas, material audiovisual o cualquier otro tipo de comunicación, sea de carácter artístico, político, ideológico o religioso, en razón de sus contenidos.

ARTÍCULO 8- Privacidad

Se prohíbe al Estado, a sus instituciones y a cualquier persona de Derecho privado, sea física o jurídica, exigir o promover, por cualquier medio, que sus funcionarios, empleados o contratistas hagan manifiestas, mediante declaraciones escritas, digitales o verbales, sus convicciones morales, ideológicas y religiosas. Es absolutamente nulo el despido fundamentado directa o indirectamente en razones relacionadas con la discriminación por razones de conciencia en los términos indicados en la presente ley.

ARTÍCULO 9- Reserva de ley

Las limitaciones a la libertad de conciencia son materia de reserva de Ley. La ley sólo podrá imponer limitaciones a la libertad de conciencia por razones de interés público comprobado.

ARTÍCULO 10- Irrenunciabilidad

La libertad de conciencia es irrenunciable. Es absolutamente nulo aquel negocio o acto jurídico que acuerde, aún con consentimiento o asentimiento de la persona, una limitación o restricción, directa o indirecta, la libertad de conciencia. También es nulo el acto administrativo que, sin motivo fundamentado expresamente en la ley, límite de forma directa o indirecta la libertad de conciencia de las personas.

ARTÍCULO 11- Protección de datos

Se prohíbe de forma absoluta y sin excepción que el Estado, sus instituciones o cualquier sujeto de Derecho privado, recolecte, almacene o utilice sin concencimiento previo, en cualquier base de datos o ficheros, información relativa, directa o indirectamente, a las convicciones morales, éticas, ideológicas o religiosas de las personas.

ARTÍCULO 12- Libertad de conciencia en el ámbito laboral

Se garantiza a los trabajadores el ejercicio de la libertad de conciencia en su ámbito laboral, sin que los empleadores puedan implementar medidas dirigidas a adoctrinar o influenciar la libre formación de la conciencia de las personas o impedir la expresión de sus opiniones.

CAPÍTULO II

OBJECIÓN DE CONCIENCIA

ARTÍCULO 13- Derecho a la objeción de conciencia

Ninguna persona, podrá ser compelido, por norma o acto administrativo o legal, a renunciar a sus principios y convicciones, ni a abstenerse de manifestar sus creeencias ya sea con los símbolos, atuendos o cualquier otra expresión física. No se podrá obligar a ninguna persona, en el ejercicio de sus funciones, a negar las creencias fundamentales que le asisten, o a ejercer algún acto, que atente contra su conciencia. Asimismo, podrá ser juramentado según sus propias convicciones o abstenerse de hacerlo, pudiendo acogerse a la alternativa de su elección.

ARTÍCULO 14- Derecho a la objeción de ideario

Ninguna organización religiosa podrá ser compelida, por norma, acto administrativo, legal o demanda social, a renunciar a sus principios y convicciones de fe. No se podrá obligar a ninguna organización religiosa a negar las creencias básicas en las que se fundan, o a establecer algún ritual, práctica o acto religioso que atente contra el credo o los principios religiosos que la rigen. Aquellas asociaciones civiles o empresas que no sean organizaciones religiosas en sí mismas, cuyo ideario tenga como base algún credo religioso, gozaran de este derecho y, por lo tanto, de la protección del Estado en la materia.

ARTÍCULO 15- Amparo de la libertad de conciencia

Las personas podrán recurrir por la vía del recurso de amparo ante la Sala Constitucional en protección de su libertad de conciencia contra cualquier sujeto de derecho público o privado, sin perjuicio de la posibilidad de demandar a través de las vías ordinarias la nulidad de los actos discriminatorios, así como la responsabilidad civil que corresponda a consecuencia de ellos.

CAPÍTULO III

REFORMAS A OTRAS LEYES

ARTÍCULO 16- Reforma al Código Civil

Se adiciona un artículo 22 Bis al Código Civil que se leerá así:

Artículo 22 bis-

Es nulo de pleno derecho el acto o negocio jurídico que conlleve la renuncia total o parcial de libertades y derechos fundamentales.

ARTÍCULO 17- Reforma a la Ley Fundamental de Educación

Se reforman los incisos e) y f) del artículo 3 de la Ley Fundamental de Educación y se le adiciona un nuevo inciso g), los cuales se leerán así:

Articulo 3-

Para el cumplimiento de los fines expresados, la escuela costarricense procurará:

(…)

e) Desarrollar aptitudes, atendiendo adecuadamente las diferencias individuales;

f) El desenvolvimiento de la capacidad productora y de la eficiencia social; y

g) Garantizar el pleno ejercicio de la libertad de conciencia de los estudiantes”.

ARTÍCULO 18- Reforma al Estatuto del Servicio Civil

Se adiciona un nuevo inciso l) al artículo 37 del Estatuto del Servicio Civil, el cual dirá lo siguiente:

Artículo 37- Los servidores del Poder Ejecutivo protegidos por esta ley gozarán de los siguientes derechos:

(…)

l) Los servidores públicos gozarán de protección en el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, con la salvedad de las restricciones y limitaciones que se impongan por Ley de la República.

ARTÍCULO 19- Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial

Se adiciona un nuevo inciso 5) al artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual dirá:

Artículo 8- Los funcionarios que administran justicia no podrán:

(…)

5. Aplicar las normas jurídicas de forma tal que coarten la libertad de conciencia de las personas.

ARTÍCULO 20- Reforma al Código de Trabajo

Se reforma el artículo 11 del Código de Trabajo para que se lea de la siguiente forma:

Artículo 11- Serán absolutamente nulas y se tendrán por no puestas las renuncias que hagan los trabajadores de sus libertades y derechos fundamentales, de las disposiciones de este Código y de sus leyes conexas que los favorezcan.

Rige a partir de su publicación.

Ivonne Acuña Cabrera Diputada

3 de junio de 2020

NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos.

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.