Proyecto para aliviar el marchamo 2021 quedó archivado en comisión
El expediente 22004 proponía rebajas y una exoneración en el marchamo 2021 para desempleados, microempresas y beneficiarios del bono proteger, pero la Comisión de Hacendarios lo archivó en noviembre de 2020.
Título oficial FLEXIBILIZACIÓN PARA PAGO DE MARCHAMO 2021
A quién le toca
- Personas desempleadas o con jornada reducida por la pandemia que debían pagar el marchamo 2021
- Dueños de microempresas con ingresos bajados al menos 20%
- Personas que reciben o recibieron el bono proteger
- Taxistas y dueños de microempresas de transporte que pagan el canon del Consejo de Transporte Público
A quién beneficia
- Rebaja del 25% en el impuesto a la propiedad de vehículos para desempleados, jornada reducida y microempresas
- Exoneración total del impuesto a la propiedad de vehículos para beneficiarios del bono proteger
- Rebaja del 25% en el canon del Consejo de Transporte Público para taxistas y microempresas
Qué cambia
- El proyecto no es ley: está archivado desde el 26 de noviembre de 2020
- Los beneficios solo habrían regido para el pago del año 2021
- El Estado habría dejado de recaudar parte del impuesto a la propiedad de vehículos y del canon de transporte
La explicación completa
El proyecto de ley 22004, "Flexibilización para pago de marchamo 2021", está archivado. La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios lo desechó con un dictamen unánime negativo el 26 de noviembre de 2020 1. Nunca llegó a ser ley.
Qué propone
El proyecto proponía tres alivios para el pago del marchamo del año 2021. Todos estaban ligados a la emergencia nacional por COVID-19, declarada con el decreto 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020 (art. 1).
El primero era una rebaja del 25% en el impuesto a la propiedad de vehículos. La pedía el interesado y la aplicaba el Ministerio de Hacienda. Beneficiaba a personas físicas desempleadas, con jornada reducida o dueñas de microempresas con ingresos bajados al menos 20% (art. 1).
El segundo era una exoneración total de ese mismo impuesto. Cubría a todas las personas que reciben o recibieron el bono proteger (art. 1).
El tercero era una rebaja del 25% en el canon del Consejo de Transporte Público. Aplicaba a personas físicas o microempresas con ingresos reducidos al menos 20% (art. 2).
Los tres beneficios regían solo para el pago del año 2021 (art. 1).
El texto explicaba por qué. Mucha gente paga el marchamo con parte del aguinaldo. Con la crisis, algunos ya no tendrían aguinaldo y otros lo recibirían más bajo (art. 1).
En qué va el trámite
El expediente está archivado. La comisión de Hacendarios votó el 18 de noviembre de 2020 y archivó el expediente el 26 de noviembre de 2020 con un dictamen unánime negativo 1.
El proyecto se presentó el 26 de mayo de 2020 y se publicó en La Gaceta el 5 de junio de 2020 1. Su plazo cuatrienal vencía el 26 de mayo de 2024.
Para que fuera ley faltaba el dictamen positivo de la comisión, el primer debate y el segundo debate en el Plenario. Nada de eso ocurrió.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque claro entre el texto y la Constitución del dossier. El proyecto tocaba impuestos y eso entra en las atribuciones de la Asamblea Legislativa Constitución, art. 121.
El artículo 121 dice que le corresponde a la Asamblea "Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica" Constitución, art. 121. Una rebaja o exoneración de impuestos se hace por ley, así que el vehículo era el correcto.
El artículo 50 pide que el Estado procure "el mayor bienestar a todos los habitantes del país" Constitución, art. 50. Un alivio tributario por emergencia puede leerse en esa dirección.
Queda una duda de fondo. El texto no decía de dónde salía el dinero que el Estado dejaba de recaudar. El artículo 180 dice que el presupuesto es el límite de acción de los Poderes Públicos Constitución, art. 180. El dossier no permite saber si Hacienda calculó ese faltante.
Qué puede hacer usted
Este expediente ya está archivado, así que no hay comisión ni debate donde incidir. Aun así, la guía de participación ciudadana tiene herramientas que sirven para casos como este.
Paso uno: pedir información. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea brinda información sobre el estado de tramitación de los proyectos de ley guía, p. 27.
Paso dos: si quiere proponer una idea parecida, llene el formulario web de la Asamblea. No hace falta presentar el texto completo, basta con plantear la propuesta de forma sencilla guía, p. 27.
Paso tres: si su idea es más grande, existe la iniciativa popular. Necesita firmas y el Tribunal Supremo de Elecciones las verifica guía, p. 26.
Paso cuatro: si una ley futura le parece inconstitucional, existe la acción de inconstitucionalidad guía, p. 24.
Lo que no sabemos
El dossier no dice cuánto dinero habría dejado de recaudar el Estado con estas rebajas.
El dossier no dice cuántas personas recibían el bono proteger en 2020.
El dossier no dice por qué la comisión votó en forma unánime negativa.
El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El proyecto usaba la vía correcta, una ley de la Asamblea, para tocar impuestos. El Censo no encontró un choque claro con la Constitución del dossier, aunque queda la duda de si se calculó el faltante de recaudación.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica"
Esta ley, art. 1"Agréganse tres transitorios a la Ley de Reajuste Tributario y Resolución 18ª Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano, Ley N.°7088, de 30 de noviembre de 1987"
Sin choque aparente Tocar impuestos por ley es tarea de la Asamblea. El proyecto iba por esa vía.
Constitución, art. 50"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza."
Esta ley, art. 1"el Ministerio de Hacienda reducirá en 25% del monto a cancelar por concepto de impuesto de la propiedad de los vehículos automotores"
Sin choque aparente Un alivio tributario por emergencia puede leerse como búsqueda de bienestar. No hay choque evidente.
Constitución, art. 180"El presupuesto ordinario y los extraordinarios constituyen el límite de acción de los Poderes Públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado"
Esta ley, art. 1"Los beneficios tributarios establecidos en los transitorios IV y V anteriores rigen para el pago correspondiente al año 2021."
Hay dudas El texto no decía de dónde salía el dinero que se dejaba de cobrar. Es una duda de fondo, no un choque declarado.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 22004: FLEXIBILIZACIÓN PARA PAGO DE MARCHAMO 2021
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
FLEXIBILIZACIÓN PARA PAGO DE MARCHAMO 2021
DAVID GOURZONG CERDAS DIPUTADO
EXPEDIENTE N.° 22.004
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
FLEXIBILIZACIÓN PARA PAGO DE MARCHAMO 2021
Expediente N.° 22.004
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
La epidemia de COVID-19 fue declarada inicialmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020, luego fue caracterizada como una pandemia el 11 de marzo de 2020, lo cual significa que la epidemia se ha extendido por varios países, continentes o todo el mundo, y que afecta a un gran número de personas.
Costa Rica no ha sido la excepción a esta enfermedad y mediante el Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S, de 16 de marzo de 2020, fue declarado estado de emergencia nacional debido a la situación sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19.
Según datos de la OMS, en el mundo 5,4 millones de personas se han contagiado de la enfermedad y 343.000 han fallecido a mayo de 2020. Para el caso de las américas se suman 2,454,452 contagios de COVID-19 y ha acabado con la vida de 131,704 personas para el mismo periodo. Particularmente, en el caso de Costa Rica, se han contagiado 956 personas y hay 10 seres humanos fallecidos.
La OMS ha sido determinante en indicar las actividades y medidas fundamentales que los países deben de seguir para contener la enfermedad; dichas acciones que han sido acatadas y emuladas por el Gobierno de Costa Rica muy atinadamente con el fin de minimizar el impacto del virus en el país. En ese sentido, las autoridades de salud activaron los protocolos de emergencia epidemiológica sanitaria.
Todos los esfuerzos que se están haciendo para frenar la propagación de la enfermedad, sirven para salvar vidas. Estos esfuerzos como lo ha mencionado claramente el organismo mundial, dan a los sistemas de salud y a la sociedad en su conjunto un tiempo inevitable para avanzar en su preparación, y a los investigadores más tiempo para encontrar tratamientos eficaces y desarrollar vacunas.
Es así que, el gobierno ha marcado la pauta necesaria para evitar una propagación incontrolada y ha incorporado a la población con acciones para contribuir a este esfuerzo, de protegerse a sí mismas, de proteger a los demás, ya sea en el hogar, en la comunidad, en el sistema de atención de salud, en el lugar de trabajo o en el sistema de transporte. Por lo cual se le ha solicitado e instado a la población para que permanezca en sus casas y se han tomado medidas para prevenir los impactos negativos y evitar un contagio masivo.
Esas medidas han sido apoyadas y cumplidas por la población, no solo porque son de acatamiento obligatorio, sino por el sentido de compromiso, colaboración y solidaridad que nos caracteriza a los costarricenses.
Se han establecido protocolos de atención a la emergencia dentro de los que destacan la restricción vehicular sanitaria, cierre y restricción de horario en establecimientos comerciales y otra serie de esfuerzos más como el cierre de fronteras y prohibición de ingreso de extranjeros al territorio nacional, el cierre de playas, parques nacionales, parques y todos los lugares públicos.
En medio de la situación, también se acordó aprobar mediante una ley de la Republica la disminución de las jornadas y salarios y la suspensión de contratos laborales. Según la prensa, se estimó que 15.800 personas trabajadoras se vieron afectadas por esta disposición por jornadas laborales reducidas.
A raíz de todo este contexto de calamidad y de los múltiples meses en que se han visto devaluados sus ingresos por no poder trabajar o disminución sustancial en sus ventas; un sector importante de la población se encuentra en una situación económica perniciosa que imposibilita afrontar las cargas básicas de subsistencia y otras que habitualmente han tenido que enfrentar como lo es el pago de alquileres de vivienda, locales comerciales, compra de alimentos y honrar sus deudas en general.
Ahora, el Estado debe ser solidario, brindar soluciones y tomar las medidas necesarias para apoyar en los diversos aspectos en que la población se ha visto afectada a raíz de la crisis mundial y particularmente la que nos afecta a nivel nacional. Deben darse soluciones certeras a los que lo requieren.
Uno de esos aspectos que desde ya genera preocupación y especial interés de varias personas y sectores es el pago del marchamo. Muchos de los costarricenses destinan parte del pago del aguinaldo u otros ajustes que realizan mensualmente al pago de dicho rubro; sin embargo, dada la situación económica generada por la crisis, se encuentran en estado de preocupación de como podrán cubrir ese pago.
Algunos ya no contarán con aguinaldo, para otros este monto se verá considerablemente disminuido por la reducción de su jornada laboral y otros han tenido una rebaja considerable en sus ingresos dada la crisis, que no les es posible separar para ese concepto. El marchamo se encuentra compuesto en varios rubros dentro de los que destaca el seguro obligatorio de automóviles (SOA), aporte al Consejo de Seguridad Vial, impuesto a la propiedad de vehículos, impuesto a favor de las municipalidades, timbre de fauna silvestre y el impuesto al valor agregado.
La presente iniciativa propone la exoneración por única vez del pago del impuesto a la propiedad de vehículos creado por la Ley de Reajuste Tributario y Resolución 18ª Consejo Arancelario y Aduanero CA N.° 7088 y sus reformas, de 30 de noviembre de 1987 para las personas que reciben o recibieron el bono proteger y se plantea la disminución en 25% del monto a cancelar por concepto de impuesto de la propiedad de los vehículos automotores a las personas físicas que demuestren que se encuentran en condición de desempleo, reducción de jornada, o de microempresas con disminución de ingresos de al menos 20%, como consecuencia de la emergencia nacional del COVID-19, declarada por el decreto N.° 42.227, de fecha 16 de marzo de 2020.
Finalmente, dada la restricción de circulación sanitaria muchos empresarios de turismo se han visto imposibilitados de brindar un servicio y han sido obligados a mantener sus unidades guardadas como medida para afrontar la crisis. Además, de los rubros indicados anteriormente, se le incluye un cobro destinado al canon del Consejo de Transporte Público. Mismo que se le cobra a los taxis y autobuses que han visto disminuida su actividad dada la no circulación de la flota y baja demanda, en razón de los anterior, esta propuesta se establece realizar una disminución de 20% en ese monto como consecuencia de la emergencia nacional del COVID-19.
La enfermedad COVID-19 no es el único desafío al que se enfrenta el mundo y nuestro país actualmente, también es requerido tomar decisiones importantes y generar propuestas con respecto a la reactivación de la economía y en ese sentido, los diputados estamos trabajando en conjunto con el Gobierno de la República para contribuir.
Por lo expresado anteriormente, es que presento esta iniciativa de ley a los señores diputados y diputadas para su consideración y análisis esperando que pueda ser aprobado de manera expedita y sirva como un alivio para el bolsillo de muchos costarricenses y un aliento para su preocupación. Esperamos que con esta y otras propuestas que se encuentran en la mesa de discusión, Costa Rica pueda enfrentar una de las crisis más grandes en la historia e impulsar la economía:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
FLEXIBILIZACIÓN PARA PAGO DE MARCHAMO 2021
ARTÍCULO 1- Agréganse tres transitorios a la Ley de Reajuste Tributario y Resolución 18ª Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano, Ley N.°7088, de 30 de noviembre de 1987, para que diga lo siguiente:
Transitorio IV
A solicitud del interesado, el Ministerio de Hacienda reducirá en 25% del monto a cancelar por concepto de impuesto de la propiedad de los vehículos automotores, creado por el artículo 9 de la Ley N.° 7088, de 30 de noviembre de 1987, a las personas físicas que demuestren que se encuentran en condición de desempleo, reducción de jornada, o de microempresas con disminución de ingresos de al menos 20%, como consecuencia de la emergencia nacional del COVID-19, declarada por el decreto N.° 42.227, de fecha 16 de marzo de 2020.
Transitorio V
Se exonera del pago del impuesto a la propiedad de los vehículos automotores creado por el artículo 9 de la Ley N.° 7088, de 30 de noviembre de 1987, a todas las personas que reciben o recibieron el bono proteger.
Transitorio VI
Los beneficios tributarios establecidos en los transitorios IV y V anteriores rigen para el pago correspondiente al año 2021.
ARTÍCULO 2- Agrégase un nuevo transitorio a la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la modalidad de Taxi, N.°7969, de 22 de diciembre de 1999, para que diga lo siguiente:
A solicitud del interesado, el Ministerio de Hacienda reducirá en 25% del monto a cancelar por concepto del canon Consejo de Transporte Público, creado por el artículo 25 de la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la modalidad de Taxi, N.°7969, de 22 de diciembre de 1999, a las personas físicas o de microempresas con disminución de ingresos de al menos 20%, como consecuencia de la emergencia nacional del COVID-19, declarada por el decreto N.° 42.227, de fecha 16 de marzo de 2020.
Rige a partir de su publicación.
David Gourzong Cerdas Diputado
3 de junio de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.