Archivado el proyecto que dejaba objetar por conciencia
El expediente 22006, que proponía permitir a personas y empresas negarse por creencias a cumplir normas y servicios, venció su plazo cuatrienal el 28 de mayo de 2024 y quedó archivado.
Título oficial LEY PARA TUTELAR LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA E IDEARIO
Atención: El proyecto proponía que empresas se negaran a prestar servicios por su ideario, lo que el Censo vincula con dudas frente al derecho de los usuarios en el artículo 46 de la Constitución.
La letra pequeña
Encontramos 2 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
El título habla de todos, pero la ventaja cae sobre un grupo pequeño.
A quién le sirve: Empresas y asociaciones civiles con ideario religioso o moral
El artículo 3 dejaba que esas empresas no celebraran contratos ni prestaran servicios que atenten contra sus creencias.
No estarán obligados a celebrar contratos, realizar cualquier tipo de actos o prestar servicios que atenten o nieguen sus creencias, valores ideológicos y morales, o principios religiosos que la rigen.
3, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Personas que trabajan en servicios públicos esenciales, como salud
- Empresas y asociaciones civiles con ideario religioso o moral
- Usuarios de servicios de salud que podrían ser trasladados a otro centro
- Parejas del mismo sexo que buscan casarse por notario
A quién beneficia
- Ninguno: el proyecto está archivado y no cambió ninguna norma vigente
- Si se hubiera aprobado, habría beneficiado a quienes alegan creencias para no cumplir deberes
Qué cambia
- El expediente 22006 venció su plazo cuatrienal el 28 de mayo de 2024
- No hubo primer debate ni segundo debate en el Plenario
- La Comisión de Gobierno y Administración emitió dictamen afirmativo el 15 de febrero de 2022
La explicación completa
El proyecto de ley para tutelar la objeción de conciencia e ideario ya no está en trámite. Se archivó y su plazo de cuatro años venció el 28 de mayo de 2024 1.
Qué propone
El texto proponía crear un derecho general para que cualquier persona se niegue, por sus creencias, a cumplir una norma o un acto administrativo. El artículo 1 decía que la ley buscaba "garantizar y tutelar la aplicación del derecho humano de objeción de conciencia y objeción de ideario de todas las personas" (art. 1).
El artículo 2 prohibía obligar a alguien a hacer algo que implique "renunciar a sus principios y convicciones religiosas, o sus creencias morales" (art. 2). También permitía jurar según las propias convicciones o abstenerse de jurar.
El artículo 3 extendía el derecho a organizaciones religiosas y a empresas o asociaciones civiles cuyo ideario tenga base religiosa o moral. Esas empresas no estarían obligadas a celebrar contratos ni prestar servicios que "atenten o nieguen sus creencias" (art. 3).
El artículo 4 permitía declararse objetor en cualquier momento, con solo una comunicación escrita o verbal, sin verificación documental (art. 4).
El artículo 5 pedía protocolos en servicios públicos esenciales. Si un centro de salud no tenía personal para atender, sus autoridades debían trasladar al paciente a otro establecimiento (art. 5).
En qué va el trámite
El expediente está archivado. La ficha registra el ingreso a la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración el 11 de junio de 2020 1.
La comisión votó y emitió dictamen afirmativo el 15 de febrero de 2022 1. El 25 de febrero de 2022 remitió el expediente a la Secretaría del Directorio.
El plazo cuatrienal venció el 28 de mayo de 2024 1. El dossier no registra primer debate ni segundo debate en el Plenario. Para ser ley faltaban esos dos debates y la sanción del Poder Ejecutivo Constitución, art. 124.
Lo que se dijo en la Asamblea
La Comisión de Gobierno y Administración aprobó el dictamen con seis votos a favor y dos en contra 00:00:10.
El legislador liberacionista que los subtítulos identifican como Avidgor Son Cerdas dijo que le advirtió al proponente que el proyecto podría requerir ajustes de constitucionalidad, en el artículo 194 00:00:37.
El proponente, el legislador Jonathan Prendas, indicó que muchas observaciones ya se incorporaron y otras se harían en el Plenario 00:01:00.
El diputado de Acción Ciudadana Enrique Sánchez se mostró en contra porque, en su criterio, afecta de manera negativa a las poblaciones más vulnerables 00:01:15.
Frente a la Constitución
El Censo encontró dudas sobre el alcance del artículo 2 del proyecto frente al artículo 28 de la Constitución. La Constitución protege la manifestación de opiniones, pero también ordena que las acciones privadas no perjudiquen a tercero Constitución, art. 28.
El artículo 75 de la Constitución garantiza el libre ejercicio de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres Constitución, art. 75. El proyecto invoca ese artículo para fundar la objeción de conciencia (art. 2).
El artículo 3 del proyecto permitía a empresas negarse a prestar servicios por su ideario (art. 3). El artículo 46 de la Constitución reconoce a los consumidores el derecho a la libertad de elección y a un trato equitativo Constitución, art. 46.
El artículo 124 de la Constitución exige dos debates en días distintos no consecutivos y la sanción del Poder Ejecutivo para convertirse en ley Constitución, art. 124. El expediente no llegó a esa etapa 1.
Qué puede hacer usted
Este proyecto ya no se puede apoyar ni frenar en comisión o Plenario porque está archivado 1.
Puede consultar el estado de cualquier expediente en la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa, que da información sobre la tramitación de los proyectos guía, p. 27.
Puede presentar su propia propuesta de ley con un formulario web de la Asamblea. No necesita el texto completo, basta con plantear la idea guía, p. 27.
Si un proyecto similar vuelve a la corriente legislativa, puede pedir entrevistas con los diputados de la comisión para argumentar a favor o en contra guía, p. 29.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué el expediente no pasó al Plenario después del dictamen de febrero de 2022.
El dossier no registra el nombre completo del legislador que los subtítulos llaman Avidgor Son Cerdas.
El dossier no incluye el texto del artículo 194 que se menciona en la grabación.
La Constitución y esta ley, lado a ladoHay dudas
El Censo encontró dudas sobre el alcance del artículo 2 frente al artículo 28 y sobre el artículo 3 frente al artículo 46. El proyecto no llegó a ser ley.
Constitución, art. 28"Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley."
Esta ley, art. 2"Ninguna persona, sea religioso, feligrés o miembro de una organización religiosa, de una confesión de credo, o bien, quien no profese ninguna religión, podrá ser compelido por disposición, norma, acto administrativo o legal, a realizar alguna acción o función u omitir realizar alguna acción que implique renunciar a sus principios y convicciones religiosas, o sus creencias morales, o a manifestar su fe o creencias, ya sea con los símbolos, atuendos o cualquier otra expresión física o externa de su creencia."
Hay dudas La Constitución protege las opiniones y las acciones privadas que no perjudiquen a tercero. El proyecto permitía negarse a cumplir normas sin límite claro sobre el daño a otras personas.
Constitución, art. 46"Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo."
Esta ley, art. 3"Aquellas empresas o asociaciones civiles que no sean organizaciones religiosas y cuyo ideario tenga como base algún credo religioso o moral, gozarán de este derecho. No estarán obligados a celebrar contratos, realizar cualquier tipo de actos o prestar servicios que atenten o nieguen sus creencias, valores ideológicos y morales, o principios religiosos que la rigen."
Hay dudas El proyecto dejaba que empresas se negaran a prestar servicios por su ideario. La Constitución reconoce a los usuarios el derecho a la libertad de elección y a un trato equitativo.
Constitución, art. 75"La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres."
Esta ley, art. 2"Toda persona podrá ser juramentada, cuando corresponda, según sus propias convicciones religiosas, o bien podrá abstenerse de hacerlo, y podrá acogerse a la alternativa promisoria."
Sin choque aparente El proyecto invoca la libertad religiosa del artículo 75. La Constitución garantiza el libre ejercicio de cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres.
Constitución, art. 124"Para convertirse en ley, todo proyecto deberá ser objeto de dos debates, cada uno en día distinto no consecutivo, obtener la aprobación de la Asamblea Legislativa y la sanción del Poder Ejecutivo; además, deberá publicarse en La Gaceta"
Esta ley, art. 1"La presente ley tiene por objeto garantizar y tutelar la aplicación del derecho humano de objeción de conciencia y objeción de ideario de todas las personas, en razón de su dignidad humana."
Sin choque aparente El proyecto no llegó a primer debate ni a segundo debate. El trámite constitucional para ser ley quedó incompleto.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Lo que se dijo, minuto a minuto
- 00:00:10
"con seis votos a favor y dos en contra"
- 00:00:37
"el legislador liberacionista avidgor son cerdas dijo que le hizo ver al proponente del proyecto que éste podría requerir algún ajuste de manera constitucional"
- 00:01:00
"el proponente de la iniciativa el legislador jonathan prendas indicó que muchas de las observaciones que se le presentaron al expediente ya fueron incorporadas"
- 00:01:15
"el diputado de acción ciudadana enrique sánchez se mostró en contra de la iniciativa porque en su criterio afecta de manera negativa a las poblaciones más vulnerables"
Las citas vienen de los subtítulos de YouTube de la Asamblea. Cada hora abre el video en ese segundo.
Fuentes
- Expediente 22006: LEY PARA TUTELAR LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA E IDEARIO
- Constitución Política (texto vigente)
- Aprueban en comisión proyecto sobre objeción de conciencia
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
“LEY PARA TUTELAR LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA E IDEARIO”
JONATHAN PRENDAS RODRÍGUEZ Y VARIOS SEÑORES DIPUTADOS Y SEÑORAS DIPUTADAS
EXPEDIENTE N° 22.006
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
NOTA: A solicitud de las partes interesadas, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY
“LEY PARA TUTELAR LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA E IDEARIO”
Expediente N.° 22.006
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Los derechos humanos están consagrados en el acta constitutiva de las Naciones Unidas, organización que los promueve y protege alrededor del planeta. Uno de los 30 derechos humanos fundamentales tutelados por la ONU es el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión que tenemos todas las personas. Este mismo derecho está presente en otras normativas, criterios y organizaciones internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José, particularmente en el artículo 12 que dice: “Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión”.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, a la que se ha hecho referencia, distingue perfectamente entre la libertad de religión, la de pensamiento y la de conciencia. “Ésta última, en tanto que no identificada con la libertad religiosa, nos muestra el dato de que las motivaciones de conciencia no resultan necesariamente inspiradas en razones de contenido religioso. Y, así, el ámbito de las objeciones de conciencia no debe confundirse con un espacio radicado en el campo de la religión. No lo excluye, pero no se limita a él”.
Sí es preciso señalar que la libertad de conciencia y el derecho de objeción no son estrictamente lo mismo. La primera es un derecho humano ; la segunda es “la libertad de conciencia en caso de conflicto (…) más exactamente, como la situación en que se halla la libertad de conciencia cuando algunas de sus modalidades de ejercicio encuentran frente a sí razones opuestas derivadas de una norma imperativa o de la pretensión de un particular”.
De acuerdo con un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, en Costa Rica la objeción de conciencia “ha sido analizada por la Sala Constitucional, básicamente, en el ámbito educativo, como una derivación de la libertad de conciencia que forma parte del contenido de la libertad religiosa garantizada en el artículo 75 de la Constitución Política, el cual dispone:
“ARTÍCULO 75.- La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres”.
Tampoco existe abundante jurisprudencia al respecto, y la que hay no es suficientemente clara. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) analizó el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica, relacionado con la fecundación in vitro (FIV), y ofreció razonamientos en torno al derecho a la vida, pero no se ahondó en el tema de la objeción de conciencia, aunque en otras ocasiones ha extendido el alcance de sus argumentaciones a otros derechos no alegados por las partes.
A pesar de que en el país no existe información abundante sobre la objeción de conciencia, es innegable que el tema se ha convertido en uno de los fenómenos más llamativos que conoce el derecho contemporáneo, a partir de la premisa que plantea esa contradicción entre normatividad legal y normatividad ética y que “es inherente a la propia noción de orden jurídico y al ejercicio racional de la individualidad humana”.
Por lo general, la legislación y la jurisprudencia internacional reconocen de manera bastante general el derecho a la objeción de conciencia, pero casi siempre la relacionan con el servicio militar obligatorio, situación que no existe en Costa Rica. En un informe relacionado con la eliminación de toda forma de intolerancia religiosa, llevado a cabo por la Comisión de Derechos Humanos, en 1997, el Relator especial asegura que la objeción de conciencia es un derecho “íntimamente ligado con la libertad de religión” y hace referencia a las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre este instituto en los aparatos militares.
Estas circunstancias revelan que en el ámbito internacional, la objeción de conciencia se reconoce como un derecho principalmente abordado en el ramo militar, y que –como lo dejó entrever la misma CIDH en el caso de la fecundación in vitro- aún hay respuestas pendientes en otras áreas fundamentales de la sociedad, como la medicina y la salud reproductiva, por ejemplo.
A este respecto, los teóricos de los derechos humanos han venido desarrollando a la par del concepto de objeción de conciencia, el derecho a la objeción de ideario. Se trata de un instituto que, unido conceptual y doctrinalmente al primero, busca que las mismas empresas y organizaciones puedan objetar su ideario, es decir, sus principios ideológicos rectores, su misión, su visión y sus valores organizacionales, a la hora de enfrentar temas álgidos como organización, en esos términos.
Por eso es necesario construir el derecho a la objeción de conciencia en Costa Rica con la autonomía propia que el país necesita y con el claro objetivo definir una normativa sólida y aplicable a los casos que se suscitan en la sociedad costarricense, especialmente ahora que se le suma la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. En ese contexto, esta iniciativa de ley pretende ofrecer un marco jurídico que establezca con mayor claridad los alcances del derecho a la objeción de conciencia e ideario, y lo ratifique como un derecho humano de todos los costarricenses para mejor aplicación.
Además del matrimonio entre personas del mismo sexo, otros temas sujetos a la objeción de conciencia son el aborto, la eutanasia, los tratamientos médicos, la reproducción asistida y la objeción farmacéutica, entre otras De acuerdo con el Diccionario del Español Jurídico de la Real Academia Española, “(...) es el derecho de libertad de conciencia … libertad ideológica, religiosa y de cuento que comprende también las creencias … es el derecho ciudadano de objetar y negarse al cumplimiento de intereses jurídicos, incluso jurídico-penales, cuando ello suponga un comportamiento totalmente inadmisible para su conciencia moral”.
La objeción de conciencia también puede conceptualizarse como “la oposición al cumplimiento de aquellos deberes jurídicos incompatibles con las más profundas convicciones morales de una persona”. Para definirlo de manera libre, el derecho de objeción de conciencia se refiere al derecho de desarrollar nuestra vida profesional y laboral sin que debamos renunciar a nuestras creencias y convicciones. Es el derecho de vivir de acuerdo con las creencias, sin ser señalado, castigado o menospreciado. La Sala Constitucional en la resolución n.°3173-93 de las 14: 57 horas del 6 de julio de 1993, doctrina reiterada en las sentencias números 2004-08763 de las 12:15 horas del 13 de agosto del 2004 y 2014-4575 de las 14:30 horas del 2 de abril de 2014, sostuvo:
“VII.- La libertad religiosa encierra, en su concepto genérico, un haz complejo de facultades. En este sentido, en primer lugar se refiere al plano individual, es decir, la libertad de conciencia, que debe ser considerado como un derecho público subjetivo individual, esgrimido frente al Estado, para exigirle abstención y protección de ataques de otras personas o entidades. Consiste en la posibilidad, jurídicamente garantizada, de acomodar el sujeto, su conducta religiosa y su forma de vida a lo que prescriba su propia convicción, sin ser obligado a hacer cosa contraria a ella. En segundo lugar, se refiere al plano social, la libertad de culto, que se traduce en el derecho a practicar externamente la creencia hecha propia. Además la integran la libertad de proselitismo o propaganda, la libertad de congregación o fundación, la libertad de enseñanza, el derecho de reunión y asociación y los derechos de las comunidades religiosas, etc.” (La negrita no es del original).
En otras palabras, la objeción de conciencia pretende proteger las creencias que una persona vive a título personal y que practica en su día a día, mientras que la objeción de ideario está relacionada con la protección de los servicios comerciales privados que funcionan de acuerdo con las convicciones de sus dueños.
El objetor de conciencia no es aquella persona que busca hacer su voluntad, oponerse al sistema o ir en contra de las leyes del país. Es quien defiende sus principios, y “se ve impulsado por estas consideraciones morales que lo enfrentan a una o unas determinadas normas, pero no al sistema en total. Desobedece, desde luego, pero acepta el sistema (y, por cierto, el castigo, cuando lo hay). Su comportamiento, pues, no es un ataque al Derecho, sino una defensa de sí mismo, de su integridad moral”. Quien practica la objeción de conciencia no pretende incumplir sus deberes en su beneficio, sino “quisiera cumplirlos pero se ve obligado a no hacerlo porque su conciencia se lo impide. Su comportamiento es un alegato moral; y es coherente con ello no ocultarse y asumir las consecuencias”.
Tras la entrada en vigencia del matrimonio entre personas del mismo sexo, el derecho de objeción tiene varias aplicaciones prácticas en nuestro país. Por ejemplo, un acuerdo aprobado el 9 de enero de este año por el Consejo Superior Notarial de la Dirección Nacional de Notariado, le permitirá a los notarios públicos del país alegar razones morales para no casar a personas del mismo género.
El derecho a la objeción de conciencia religiosa es garantizado por el Estado como un derecho fundamental, coincidente con la doctrina de los derechos humanos. La Sala Constitucional en la sentencia N.° 2012-10456 señaló que la respectiva objeción debe hacerse “(...) a través de un mecanismo ágil y sencillo” con el fin de garantizar el máximo respeto al derecho fundamental. Por este motivo, se plantea en esta iniciativa de ley la posibilidad de que este sea establecido de manera escrita o verbal y no amerite de la verificación documental al tratarse del resguardo a la conciencia, a la libertad de expresión y creencias a las personas, aspecto íntimamente vinculado con la dignidad humana y que no amerita de la intromisión del Estado para su validación o verificación más que la explicación de sus motivos fundamentos en sus creencias religiosas, morales e ideológicas.
Si bien el artículo 11 de la Constitución Política constituye a los funcionarios públicos como simples depositarios de la autoridad en cuanto a actos o servicios concretos en el ejercicio de sus funciones, también estos deberán ser protegidos de las propias acciones del Estado que pretendan afectar su derecho a objeción de conciencia e intente obligar a negar sus creencias, al ser estas íntimas y competentes a la esfera privada y de su dignidad humana. Lo anterior, pues esto les implicaría negarse a sí mismos, a lo más profundo de su ser y su fe.
Claro está que, ante la objeción de conciencia e ideario, se manifiestan límites como la seguridad, el orden, la moral o la salud pública o los derechos o libertades de los demás. Ante tal disyuntiva y posible roce de derechos humanos se vislumbra, desde la perspectiva de esta iniciativa, el desarrollo y previsión de protocolos que garanticen la continuidad de los servicios públicos. En ese tanto, el objetor de conciencia e ideario, así como los terceros afectados, deberán de ser protegidos por el Estado de igual modo, valorando la celeridad, el respeto y tolerancia entre ambos sujetos y sus derechos humanos.
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley denominado “LEY PARA TUTELAR LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA E IDEARIO”.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
“LEY PARA TUTELAR LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA E IDEARIO”
ARTÍCULO 1- Objetivo. La presente ley tiene por objeto garantizar y tutelar la aplicación del derecho humano de objeción de conciencia y objeción de ideario de todas las personas, en razón de su dignidad humana.
ARTÍCULO 2- Derecho a la objeción de conciencia. Ninguna persona, sea religioso, feligrés o miembro de una organización religiosa, de una confesión de credo, o bien, quien no profese ninguna religión, podrá ser compelido por disposición, norma, acto administrativo o legal, a realizar alguna acción o función u omitir realizar alguna acción que implique renunciar a sus principios y convicciones religiosas, o sus creencias morales, o a manifestar su fe o creencias, ya sea con los símbolos, atuendos o cualquier otra expresión física o externa de su creencia.
No se podrá obligar a ningún ministro religioso, feligrés o persona, a causa de sus creencias religiosas, ideológicas, filosóficas o morales, mediante disposición, norma, acto administrativo o legal a realizar o dejar de realizar actos o acciones que impliquen negar las creencias fundamentales que le asisten, o a ejercer algún ritual o acto religioso o de otra índole, que atente contra las creencias de este.
Toda persona podrá ser juramentada, cuando corresponda, según sus propias convicciones religiosas, o bien podrá abstenerse de hacerlo, y podrá acogerse a la alternativa promisoria.
ARTÍCULO 3- Derecho a la objeción de ideario. Ninguna organización religiosa podrá ser compelida, por disposición, norma, acto administrativo o legal a renunciar a sus principios y convicciones religiosas.
No se podrá obligar a ninguna organización religiosa a negar las creencias en las que se fundan, o a practicar o dejar de practicar algún ritual, práctica o acto religioso que atente contra el credo o los principios religiosos y morales que la rigen.
Aquellas empresas o asociaciones civiles que no sean organizaciones religiosas y cuyo ideario tenga como base algún credo religioso o moral, gozarán de este derecho. No estarán obligados a celebrar contratos, realizar cualquier tipo de actos o prestar servicios que atenten o nieguen sus creencias, valores ideológicos y morales, o principios religiosos que la rigen.
ARTÍCULO 4- Manifestación de la objeción de conciencia.
La objeción de conciencia ante cualquier disposición, norma, acto administrativo o legal podrá manifestarse o revocarse en forma expresa, en cualquier momento, y bastará para ello la comunicación escrita o verbal del solicitante, a las autoridades de la institución u organización en la que se desempeña o con la que tiene relación de algún tipo, de manera anticipada, en la cual explicará los motivos para declararse objetor y respecto a cuáles servicios, acciones o actos en concreto.
ARTÍCULO 5- Garantía derechos fundamentales ante objeción de conciencia e ideario en servicios esenciales.
En el caso del ejercicio del derecho a la objeción de conciencia en los servicios públicos esenciales, las instituciones públicas desarrollarán protocolos para garantizar la prestación de servicios públicos esenciales de manera que el Estado no vulnere el derecho fundamental de los objetores y se garantice el respeto de los derechos de terceros.
Si por una situación excepcional, el establecimiento de salud o cualquier otra organización e institución que brinde servicios básicos esenciales, no cuente con personal que otorgue la atención solicitada por la objeción de conciencia presentada, las autoridades del establecimiento serán responsables de asegurar el traslado inmediato del usuario, consumidor o paciente a otro establecimiento, para que se garantice el acceso a la atención y no sufra menoscabo, en cuyo caso se le deberá brindar la información suficiente, oportuna, veraz y comprensible sobre la remisión que se va a efectuar.
Rige a partir de su publicación.
Jonathan Prendas Rodríguez Erick Rodríguez Steller
Rodolfo Rodrigo Peña Flores Sylvia Patricia Villegas Álvarez
Aracelly Salas Eduarte Carmen Irene Chan Mora
Walter Muñoz Céspedes Ignacio Alberto Alpízar Castro
Marulin Raquel Azofeifa Trejos Nidia Lorena Céspedes Cisneros
Shirley Díaz Mejía María Inés Solís Quirós
Dragos Dolanescu Valenciano Harllan Hoepeman Páez
David Hubert Gourzong Cerdas Otto Roberto Vargas Víquez
Diputados y diputadas
4 de junio de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración.
El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.