Archivado: el proyecto que exoneraba de IVA a las ONG nunca se votó

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

MODIFICACIÓN DEL INCISO 18) Y ADICIÓN DE LOS INCISOS 36) Y 37) AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS N° 9635 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2018 Y SUS REFORMAS

HARLLAN HOEPELMAN PÁEZ DIPUTADO

EXPEDIENTE N.° 22.012

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

NOTA: A solicitud del proponente este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY

MODIFICACIÓN DEL INCISO 18) Y ADICIÓN DE LOS INCISOS 36) Y 37) AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS N° 9635 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2018 Y SUS REFORMAS

Expediente N.° 22.012

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La garantía de los derechos humanos recae en el Estado Costarricense y para ello, cuenta con cuatro poderes separados e independientes entre sí, pero que a su vez deben trabajar en estrecha articulación para el cumplimiento del marco político y jurídico internacional y nacional adoptado y ratificado por el país. Para lograrlo, se apoya, articula, coordina y establece alianzas estratégicas con el sector no gobierno, quienes tienen corresponsabilidades de acuerdo su rol, sin que eso signifique que se asumen las responsabilidades propias del Estado, ni que éste delegue sus obligaciones.

En el campo social para la promoción, prevención, protección integral, atención, defensa de derechos humanos de toda la población en general y para la ejecución de medidas de protección especial y la atención de población que se encuentran en condición de vulneración, cuyos derechos se han violentado; el Estado impulsa políticas universales y focalizadas, desarrolla planes y programas específicos directos, además, se apoya, coordina, trabaja conjuntamente y compra servicios a organizaciones sociales especializadas, entre otros actores.

La sociedad costarricense está conformada por sectores de población diversos que reflejan una identidad nacional pluricultural, con una diversidad de razas, tradiciones y costumbres, culturas y etnias. Cada uno de estos sectores de población ya sea por el contexto que se desenvuelve o por su condición socioeconómica vive en mejores o peores condiciones de vida.

Costa Rica ha sido tradicionalmente un Estado respetuoso de los derechos humanos, sin embargo, la institucionalidad no ha podido dar respuesta a todas las problemáticas de la Costa Rica reciente y se evidencian problemáticas cada vez más complejas y violentas que requieren de soluciones holísticas, cuenten con la participación de todos los sectores y de una adecuada inversión social.

Si bien, la Encuesta Nacional de Hogares 2019 reflejó una leve mejoría, revela así que el porcentaje de hogares en situación de pobreza es de 21,0% del total del país, según la medición efectuada por la línea de pobreza (LP); dato que no muestra cambios con respecto al 2018 cuando se registró un 21,1% de los hogares en esa condición. Lo que equivale a cerca de 336 mil hogares en situación de pobreza. Del total de los pobres, la población menor de edad representa cerca de un 38%. Se reflejan diferencias importantes en el acceso a oportunidades con mayor desventaja en zonas rurales y en zonas urbano-marginales.

Pero este panorama se ensombrece con las recientes y necesarias medidas sanitarias para enfrentar la pandemia mundial del COVID-19, que ha provocado un impacto directo en las condiciones de vida de los habitantes del país, ya que se afecta la economía, se destruye el empleo, las familias se empobrecen, tanto aquellas con puestos en el sector de la formalidad como aquellas en el sector de la informalidad, teniendo impactos en la gran, mediana y pequeña empresa y en las organizaciones que atienden de manera directa a sectores de la población. Ocasionando, además, un repunte en el número de personas en condición de pobreza y muestran, por consiguiente, un escenario devastador y poco alentador para el desarrollo del país.

Organizaciones Sociales en Costa Rica:

En Costa Rica, las organizaciones sociales que atienden a diferentes grupos de población y temáticas entre ellas, las personas menores de edad, hombres, mujeres, jóvenes, ambientales, LGTBIQ, personas con discapacidad, personas adultas, migrantes, y refugiados, están formalmente registradas de acuerdo a diferentes figuras jurídicas entre ellas Fundaciones, Asociaciones sin fines de lucro, Centros de Cuido Diurno, Centros Residenciales, Organizaciones juveniles, Red de Cuido para la atención de personas menores de edad, Asadas, organizaciones basadas en la Fe y algunos de estos grupos se unen en espacios colectivos o en “comunidades” en busca de un objetivo común, ya sea en redes, plataformas, coaliciones, federaciones, unifican esfuerzos y llevan una voz integrada y con mayor fuerza.

Según estimaciones, se considera que este importante colectivo que aporta al país un trabajo especializado y llega a grupos de población que el mismo Estado no logra llegar, asciende a más de 17,000 organizaciones. El Estado de Costa Rica cuenta con un número por registro, pero no tiene un inventario claro sobre quiénes son, qué hacen y sobre la diversidad de este capital social con que cuenta el país.

Este grupo de organizaciones se les conoce como ONG (organización no gubernamental) por trabajar desde el ámbito no gobierno, independientemente de su persona jurídica. También se les denomina como el “Tercer Sector”, que hace referencia al sector de la economía que no es el sector privado de las empresas y organizaciones dirigidas y orientadas a conseguir beneficios económicos para sus propietarios o accionistas, ni tampoco el sector público, en el que están todos los organismos que dependen del Estado y que se encaminan a dar servicio a la ciudadanía en los distintos países. En ese sentido, el tercer sector, se caracterizada por la no pertenencia a los anteriores, y es donde se encuentran las llamadas ONG.

Todas ellas trabajan por el interés público y en busca de una sociedad respetuosa, solidaria, justa que permita que se disfruten y ejerzan sus derechos humanos plenamente, en entornos seguros, protegidos y sostenibles.

Las ONG ya sean sociales, de prevención, programación, atención, protección y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ambientalistas, juveniles, de mujeres, hombres, de cualquier género, redes de cuido de atención a personas menores de edad, centros diurnos y residenciales para la población infantil y adolescente, coaliciones, plataformas, son entes estructurados y jerarquizados, ya que la repartición de las labores requiere siempre de un sector encargado de la dirigencia y coordinación, de fijar los pasos a seguir y mantener sincronizados los esfuerzos.

Existen diversos grados de complejidad posible en dichas estructuras, ya que el funcionamiento de una organización puede llegar a ser tan exigente, que a su vez requiere de procedimientos internos que les permita funcionar, ser eficientes, realizar un trabajo de calidad, ser transparentes y rindan cuentas.

El valor de las organizaciones sociales al país

Las organizaciones llegan donde el Estado no llega, trabajan temas que el Estado muchas veces desatiende, así mismo sostienen una relación más cercana con las poblaciones y las comunidades que el propio Estado.

Algunas organizaciones trabajan y brindan servicios diversos a la población en condición de calle, otras en el área de salud, otras ayudan a los niños y niñas con apoyo educativo después de las horas escolares, otros programas generan espacios de esparcimiento para que se alejen de las calles, otras brindan atención psicológica especializada y otras trabajan en temas de prevención, promoción, protección y defensa de derechos humanos, se atienden otras problemáticas que afectan el desarrollo integral de las personas menores de edad, el impacto medioambiental en la vida de las personas y el país, entre otros. Si se logra cuantificar el impacto de dichos programas impulsados por las organizaciones, es probable que su reconocimiento fuera otro, desde el Estado Costarricense como por la sociedad en general.

No todos los programas que se impulsan se hacen con fondos públicos, se hacen posible gracias a aportes propios de las organizaciones, de cooperación internacional, de servicios que ofrecen y de su relación con el sector privado. La exigencia en cuanto la rendición de cuentas y la transparencia es un eje central en su trabajo y cada vez más está sujetas a controles y a medidas que deben requerir para el desarrollo de programas y manejo de recursos.

Las organizaciones deben de revisarse, actualizarse y mejorar sus sistemas para poder responder cada vez más a las demandas que le imponen sus donantes y el mismo Estado y muchas veces dichas medidas y obligaciones ha implicado esfuerzos grandes y hasta cerrar programas para poder cumplir con los requerimientos obligatorios de cada parte.

Un trabajo que no puede hacerse por otros

El trabajo directo con poblaciones ya sea preventivo, de protección, atención y defensa requiere del conocimiento adecuado, de incidencia, movilización social, de modelos y metodologías de trabajo y de especialización. La experticia lograda y ganada a través de muchos años de trabajo y de aprendizajes adquiridos, por este sector es una gran riqueza para el país que no puede sustituirse ni desvalorizarse.

Impacto de la Pandemia COVID – 19 al trabajo de las organizaciones sociales

Esta crisis nos afecta a todos y las organizaciones no están exentas ya que el mantenerse a flote no es fácil en el mundo de las ONG y aún más en tiempos de COVID-19. Aunque el valor que representan las organizaciones es alto, no es visto de esta manera, el Estado no siempre reconoce el valor ni aporte de las ONG para que desarrollen proyectos desde una lógica de alianza estratégica más que de subordinación.

No existen los recursos suficientes para distribuir entre las distintas organizaciones para desarrollar proyectos o su distribución es desigual. No existe una política de fortalecimiento del conocimiento en gestión y manejo de proyectos, y si lo hay surge desde la propia iniciativa de las organizaciones.

Costa Rica, junto con el resto del mundo, se enfrenta a un desafío sin precedentes para contener la propagación del nuevo coronavirus y reducir al mínimo la pérdida de vidas. Los esfuerzos por contener el virus han dado lugar a un cambio completo en las perspectivas económicas y en el debate sobre políticas.

Esta crisis es un gran desafío para las ONG en Costa Rica, como lo es para todos los sectores de todos los países del mundo.

Si bien es cierto, en los últimos años, como país se avanza en la recuperación del espacio fiscal y en camino al desarrollo de marcos monetarios y financieros sólidos, no existen condiciones macroeconómicas perfectas cuando se produce una emergencia como ésta y nos vemos obligados a gestionar la crisis con los recursos de los que disponemos, sin poner en riesgo la calidad de los programas en los que intervenimos que impactan directamente a los niños, niñas y adolescentes costarricenses.

Será imperativo para las organizaciones así para otros sectores, rediseñar bien los programas, pero también significa calibrar las intervenciones de manera que se preserve la estabilidad financiera de las organizaciones sociales, tanto durante la crisis como cuando ésta comience a menguar.

Ante este escenario las organizaciones deben reducir recursos claves de su operación, situación que afecta de manera directa la atención de las poblaciones y como consecuencia, tendrán que atender a menos personas, comunidades, que quedarán sin la respuesta del Estado y se sumarán a ese grupo de población en exclusión social y desatención.

Algunas de las afectaciones que pueden sufrir las organizaciones son las siguientes:

Inminente caída de donaciones del sector privado, especialmente de personas individuales. Las cuales son indispensables para el funcionamiento de las organizaciones, pues el Gobierno no cubre el costo total de los programas, y el restante debe gestionarse en el sector privado. Reducción de personal de recaudación de fondos. Reducción de personal clave para el cuido y acompañamiento técnico a nuestra población meta. Reducción contratación de intervenciones psicosociales y legales por parte del personal de las organizaciones como de proveedores externos. Pago de horas extras para horarios extendidos de personal que deberán reforzar vacantes. Menor presupuesto para la compra de materiales de intervención terapéutica en los programas. Aumento en el gasto por la compra de suministros para higiene, limpieza, nutrición. Reorganización de la planificación y presupuestos para la atención de necesidades inmediatas, como alimentación, acompañamiento escolar, convivencia y violencia en el hogar y la familia. Mayores gastos en servicios públicos de agua, luz, telefonía, internet. Proyectos de campo paralizados temporalmente o cerrados. (profesionales desempleados). Necesidad de cambiar la forma en que se atiende a la población, adaptando los programas y proyectos a la nueva realidad tan cambiante a raíz de la pandemia, de manera que se potencie los medios digitales tomando en cuenta la brecha de desigualdad, por lo tanto, adecuarlo a las poblaciones y territorios. Aumento en las denuncias de violencia y dificultad para responder a las mismas. En los centros diurnos de cuido infantil con incertidumbre de si PANI, IMAS van a realizar los depósitos totales correspondientes al servicio brindado puesto que la asistencia de niños es muy baja y los gastos del centro continúan igual. Programas preventivos suspendidos o a medio funcionar con falta de recursos y sin claridad si hay o habrá fondos del Estado para ello. Cierre de programas de prevención como lo es el caso de los programas de Club de Adolescentes, si bien se entienden los motivos de la urgencia de los recursos para dar prioridad a la atención de la emergencia, se afectó a la población adolescente, al personal interdisciplinario y a las ONG pues se deben hacer cargo de cubrir las liquidaciones laborales correspondientes. Las Municipalidades por su parte, se preparan para asistir a las familias en primeras necesidades, y piensan recortar presupuesto en los contratos de apoyo psicosocial. El estrés crónico de parte de la población en general por las diferentes carencias que se presentan y ocasiona la estabilidad emocional que repercute a la estabilidad psíquica del ser humano que ocasiona cronicidad de los malestares psíquicos. Se confirma que ya hay ONG totalmente paralizadas o prácticamente cerradas. Resultado, desempleo y población sin posibilidad de acceso a recursos, servicios, contención, ni apoyo.

Responsabilidad del Estado Costarricense:

Es una realidad nunca vivida, que la economía global ha sido deteriorada por la pandemia mundial del COVID-19, cuyo efecto es una crisis socio – económica sin precedentes en la historia de la humanidad.

El mundo ha sido paralizado, por un lado, sin embargo, por otro lado, la vida continúa como los desafíos a los que nos enfrentamos en el día a día, los cuales se acentúa más, trayendo grandes efectos negativos a nivel económico y sobre todo social. Porque la realidad de unos es muy diferente a la de otros, acentuando así la brecha de las desigualdades.

El Estado debe plantear acciones que tengan las condiciones necesarias para sostener y estimular la oferta y demanda, esto requiere de la capacidad, los instrumentos y las políticas necesarias para sacar adelante este gran desafío. En momentos como estos donde la atención del gobierno se centra en la salud y la economía, se dejan de lado la protección de quienes se encuentran en mayor riesgo y exclusión social.

Costa Rica ya se encontraba en una situación desfavorable para muchas familias y esta crisis que se enfrenta trae consigo un panorama cada vez más difícil; una mayor pobreza, aumento en los problemas psíquicos, menos oportunidades y por lo tanto una mayor desigualdad. Si no se fortalece el sistema de protección social para apoyar y proteger a estas poblaciones vulnerables desencadenará en una serie de problemas sociales aún mayores, por lo que es urgente tomar acciones. El Estado no puede dejar de invertir y ocuparse de estos temas, sin embargo, consideramos que el Estado y sus instituciones no tiene toda la capacidad para trabajar con todas las necesidades y problemáticas sociales, por lo que deberían de buscar apoyo en la experiencia y capacidad que tienen las distintas organizaciones sociales para trabajar en conjunto en esta época tan difícil como la que se encuentra de forma equilibrada entre las diferentes ONG.

Es aquí donde se ve reflejado el gran valor que cumplen las organizaciones sociales como complemento del Estado, una mano amiga capaz de ayudar y apoyar los distintos planes, programas y actividades preventivas y educativas que urgen sean llevadas a cabo con distintas poblaciones, sobre toda las que se encuentra en un alto riesgo psico-social.

Entendemos que el Estado debe ser minucioso a la hora de otorgar fondos o de reconocer legalmente organizaciones, sin embargo, la burocracia nos envuelve y muchas veces termina en desánimo y hace imposible la sostenibilidad de muchas organizaciones por tanta tramitología.

Planear, organizar, presentar y legalizar una organización no es tarea simple ni barata. Por lo que la parte económica se vuelve indispensable en todo sentido, desde mantener la parte administrativa y legal hasta la falta de recursos para poder llevar a cabo importantes proyectos para desarrollar en comunidades con poblaciones desatendidas.

Muchas veces se acude al autofinanciamiento, ya que no siempre, los programas tienen acceso a recursos, infraestructura, ni equipo humano suficiente para abarcar y lograr un mayor impacto en las comunidades. Las organizaciones dependen de la donación de fondos, o la generación de los mismos a través de actividades.

Fondos no alcanzan para pagar un equipo de personas estable en el tiempo trabajando en los programas, se depende mayoritariamente de voluntariado con la consecuente inestabilidad en su disponibilidad.

Sumado a ello, la obligación impuesta de pagar el IVA (Impuesto al Valor Agregado) tanto en los servicios que compra, como en los servicios que ofrece, se hace una carga importante que ahoga el quehacer de las organizaciones sobre todo que muchas veces es un gasto que no se puede sacar de los programas que desarrolla y que implica endeudarse o anular ciertos servicios para poder cubrirlos.

Por los motivos anteriormente expuestos, se presenta el presente proyecto de ley a consideración de los diputados y las diputadas, con el fin de proponer unas modificaciones a la ley 9635 de fortalecimiento de las finanzas públicas del 4 de diciembre del 2018 y el reglamento de la ley sobre el valor agregado nº 41779 del 11 de junio 2019, para la exoneración del IVA (Impuesto al valor agregado) a Fundaciones y Asociaciones sin fines de lucro, de bienestar social, de utilidad pública y de interés público por los bienes y los servicios que venda, preste o adquiera para el cumplimiento de sus funciones debidamente inscritas ante el Registro Público; Redes de Cuido de atención a personas menores de edad por los bienes y los servicios que venda, preste o adquiera para el cumplimiento de sus funciones debidamente inscritas ante el Registro Público; Organizaciones con programas residenciales y de cuido diurno a personas menores de edad y de atención a poblaciones en riesgo por los bienes y los servicios que venda, preste o adquiera para el cumplimiento de sus funciones debidamente inscritas ante el Registro Público; Organizaciones de prevención, promoción, protección y defensa de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes por los bienes y los servicios que venda, preste o adquiera para el cumplimiento de sus funciones debidamente inscritas ante el Registro Público.; Organizaciones de prevención, promoción, protección y defensa de derechos humanos que atienden a otras que atienden a otras poblaciones específicas y al medio ambiente por los bienes y los servicios que venda, preste o adquiera para el cumplimiento de sus funciones, debidamente inscritas ante el Registro Público.

En virtud de los razonamientos expuestos, se somete a consideración de los señores diputados y las señoras diputadas, el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

MODIFICACIÓN DEL INCISO 18) Y ADICIÓN DE LOS INCISOS 36) Y 37) AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS N° 9635 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2018 Y SUS REFORMAS

ARTÍCULO ÚNICO- Para que se modifique el inciso 18) y se adicionen los incisos 36) y 37) al artículo 8 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635 del 4 de diciembre de 2018 y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

Artículo 8- Exenciones

Están exentos del pago de este impuesto:

[…]

18. La adquisición de bienes y servicios realizada por la Fundación Ayúdenos a Ayudar y la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños, de conformidad con la Ley N.° 8095, Exoneración para la Fundación para el Rescate y Protección del Patrimonio de la Casa Presidencial, la Fundación Ayúdenos para Ayudar y la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños, de 15 de marzo de 2001, la Asociación Obras del Espíritu Santo, cédula de persona jurídica número tres-cero cero dos- trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y dos (N.° 3-002-344 562).

Estarán igualmente exentas la venta de bienes y la prestación de servicios que hagan dichas entidades, así como las adquisiciones y las ventas de bienes y servicios que realice la Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano (Fecrunapa); la Asociación por la Defensa de los Derechos de la Personas menores de 18 años-DNI Costa Rica DNI Costa Rica, cédula de persona jurídica número tres-cero cero dos – doscientos cincuenta y dos – cero cincuenta (Nº 3 -002 252050); Asociación de Desarrollo Sostenible (en trámite paso de Colectivo a Asociación); Little Smiles of Hope, Maxclamar cédula de persona jurídica número tres-cero cero seis – seiscientos cuarenta y dos – cientos cuarenta y seis (Nº 3-006-642146); Fundación Si Callas Permites, No al Maltrato Infantil cédula de persona jurídica número tres-cero cero seis-setecientos cuarenta- ciento cuarenta y cuatro (Nº 3-006-740-144); Fundación Visión Mundial Costa Rica, cédula de persona jurídica número tres-cero cero seis-seiscientos veintiuno-novecientos veintidós (Nº 3-006-621922); Fundación Ser y Crecer, cédula de persona jurídica número tres-cero cero seis-ciento doce–quinientos ochenta y siete (Nº 3-006-112587); Fundación Paniamor cédula de persona jurídica número tres-cero cero seis-cero ochenta y cuatro-setecientos setenta y nueve (Nº 3-006-084779); Asociación Aldeas Infantiles SOS Costa Ricas cédula de persona jurídica número tres-cero cero dos -cero cuarenta y cinco-doscientos cincuenta y ocho (Nº3-002-045258); Unión de Hogarcitos, cédula de persona jurídica número tres-cero cero dos-cero cuarenta y cinco-novecientos veinte y cuatro (Nº 3-002-045924); Hogarcito Infantil de Guápiles, cédula de persona jurídica número tres-cero cero dos-ciento cuatro-setecientos catorce (Nº 3-002-104714); Hogar Infantil de Pavas cédula de persona jurídica número tres-cero cero dos-cero cuarenta y cinco-ochocientos noventa y tres (Nº 3-002045893); Hogar Infantil Curridabat cédula de persona jurídica número tres-cero cero dos-cero cincuenta y seis-cuatrocientos veintinueve (Nº 3-002-056429); Hogar Infantil de María cédula jurídica cédula de persona jurídica número tres-cero cero dos-cero cuarenta y cinco-setecientos ochenta y seis (Nº 3-002-045786); Hogar Infantil Blanca Flor cédula jurídica cédula de persona jurídica número tres-cero cero dos-cero cuarenta y cinco-setecientos ochenta y tres (Nº 3-002-045783); Hogar Infantil Brotes de Olivo cédula de persona jurídica número tres-cero cero dos-cero sesenta y uno-novecientos cuarenta y uno (Nº 3-002-061941); Redes de Cuido de atención a personas menores de edad del Estado debidamente inscritas ante el Registro Público, Unión de Instituciones Privadas de Atención a la Niñez y la Adolescencia (UNIPRIN), Centro de Cuidos Residenciales debidamente inscritas ante el Registro Públicos, Centros de Cuido Diurno debidamente inscritas ante el Registro Público; Programas de Atención población en riesgo social con convenios PANI, IMAS; Programas de Prevención, Promoción, Protección y Defensa de Derechos desarrollados por ONGs con convenios PANI, IMAS, Junta de Protección Social y con otros fondos sean propios o de cooperación internacional o privada.

[…]

36. Fundaciones y Asociaciones sin fines de lucro, de bienestar social, de utilidad pública y de interés público.

37. Organizaciones con programas residenciales y de cuido diurno a personas menores de edad y organizaciones de prevención, promoción, protección y defensa de derechos debidamente inscritas ante el Registro Público.

Rige a partir de su publicación.

Harllan Hoepelman Páez Diputado

8 de junio de 2020

NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios.

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.