Archivado: el plan para pagar pensiones con plata de Fonatel
El proyecto 22.019 proponía usar la contribución de las telecomunicaciones para subsidiar pensiones alimentarias y frenar el apremio corporal, pero se archivó y venció en 2024.
Título oficial LEY PARA GARANTIZAR EL DERECHO A ALIMENTOS ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL PROVOCADA POR EL COVID-19
Atención: El proyecto movía los tractos de Fonatel de junio, setiembre y diciembre de 2020 a un fondo nuevo, y eso podría generar dudas frente al artículo 180 de la Constitución.
La letra pequeña
Encontramos 3 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
Alguien queda pagando algo que el título no menciona.
A quién le sirve: Fondo Nacional de Telecomunicaciones y sus beneficiarios
Los pagos de junio, setiembre y diciembre de 2020 no irían a Fonatel sino al fondo de pensiones.
no serán depositados por la Tesorería Nacional en una cuenta separada a nombre de la Superintendencia de Telecomunicaciones, ni girados al Fondo Nacional de Telecomunicaciones.
Transitorio I, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Personas que reciben pensión alimentaria y dependen de ese dinero
- Personas deudoras de pensión alimentaria que perdieron ingresos por la pandemia
- Operadores y proveedores de telecomunicaciones que pagan la contribución del artículo 39
A quién beneficia
- Las personas beneficiarias de pensión alimentaria habrían recibido un subsidio de hasta trescientos mil colones
- Las personas deudoras habrían evitado el apremio corporal por tres meses, prorrogables
Qué cambia
- El Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) habría dejado de recibir los tractos de junio, setiembre y diciembre de 2020
- El subsidio no sustituía la deuda: la persona deudora seguía debiendo lo no cubierto
- El fondo duraría máximo seis meses
La explicación completa
El proyecto de ley 22.019 está archivado. La Asamblea lo recibió en junio de 2020 y lo mandó al archivo. Su plazo de cuatro años venció el 4 de junio de 2024 1.
Qué propone
El proyecto proponía crear un subsidio para las personas que reciben pensión alimentaria. El dinero saldría de un fondo nuevo, el Fondo de Subsidio Nacional para Pensiones Alimentarias (art. 14).
El fondo se llenaría con la contribución especial que pagan los operadores y proveedores de telecomunicaciones. Esa contribución está en el artículo 39 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley 8264 (art. Transitorio I).
Los pagos del 15 de junio, setiembre y diciembre de 2020 no irían al Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Pasarían al fondo de pensiones (art. Transitorio I).
El subsidio lo ordenaría el juez o jueza. El monto no podía ser menor a la cuota alimentaria del expediente. Tenía un tope de trescientos mil colones por persona beneficiaria (art. 12).
El Banco de Costa Rica haría el depósito en un plazo máximo de veinticuatro horas (art. 11).
El proyecto también proponía suspender el apremio corporal. Esa es la orden de detención contra quien no paga la pensión. La suspensión duraría tres meses, prorrogables una única vez por tres meses más (art. 5).
La persona deudora no podría pedir rebajo de la cuota mientras tenga ese beneficio (art. 9).
El fondo duraría mientras esté el decreto de emergencia. No podía pasar de seis meses (art. 14).
En qué va el trámite
El expediente está archivado. La Asamblea recibió el proyecto el 4 de junio de 2020 y lo asignó a comisión el 9 de junio 1.
Al día siguiente, el 10 de junio, el proyecto entró al archivo. El 11 de junio se envió a la Imprenta Nacional para publicarse 1.
La Comisión de la Mujer (Área I) recibió el proyecto el 16 de junio de 2020. Lo votó y dictaminó el 7 de marzo de 2022. El 28 de abril de 2022 lo remitió a la Secretaría del Directorio 1.
El plazo cuatrienal venció el 4 de junio de 2024 1. No hay registro en el dossier de que haya pasado a primer debate.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque directo entre el texto y los artículos de la Constitución que están en el dossier.
El artículo 121 dice que a la Asamblea le toca dictar las leyes Constitución, art. 121. El proyecto siguió ese camino, aunque quedó archivado.
El artículo 180 dice que el presupuesto es el límite para usar los recursos del Estado. Solo se modifica con leyes del Poder Ejecutivo Constitución, art. 180. El proyecto movía plata de un fondo a otro por ley. Eso podría generar dudas sobre si respeta ese límite.
El artículo 177 manda que el Poder Judicial reciba al menos el seis por ciento de los ingresos ordinarios Constitución, art. 177. El proyecto usaba plata de telecomunicaciones para el Poder Judicial. No queda claro en el dossier si eso afecta ese porcentaje.
Qué puede hacer usted
El proyecto está archivado. Las herramientas de la guía sirven para pedir información o proponer leyes nuevas.
Puede pedir información sobre el estado de cualquier proyecto. La Oficina de Iniciativa Popular da información inmediata sobre la tramitación guía, p. 27.
Puede presentar una propuesta de ley con un formulario web en la página de la Asamblea. No hace falta el texto completo guía, p. 27.
Puede usar la iniciativa popular. Necesita firmas de al menos el cinco por ciento del padrón electoral guía, p. 26.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué el proyecto se archivó en junio de 2020.
El dossier no dice cuánto dinero se recaudó ni cuántas personas habrían recibido el subsidio.
El dossier no tiene grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.
La Constitución y esta ley, lado a ladoHay dudas
El Censo no encontró un choque directo, pero el traslado de fondos por ley podría generar dudas frente al artículo 180 sobre el presupuesto.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones;"
Esta ley, art. 1"Los objetivos de esta ley son: Garantizar el derecho a alimentos de las personas beneficiarias de una pensión alimentaria."
Sin choque aparente La Asamblea tiene la potestad de crear leyes. El proyecto siguió ese camino, aunque quedó archivado.
Constitución, art. 180"El presupuesto ordinario y los extraordinarios constituyen el límite de acción de los Poderes Públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado, y sólo podrán ser modificados por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo."
Esta ley, art. Transitorio I"Los ingresos generados por el pago de los tractos equivalentes de la contribución especial parafiscal de operadores y proveedores de telecomunicaciones, pagaderos al día quince de los meses de junio, setiembre y diciembre del año 2020, serán destinados, únicamente por esta ocasión, y dada la emergencia nacional, al Fondo para pensiones alimentarias establecido en el artículo 14 de esta Ley."
Hay dudas El proyecto movía plata de un fondo a otro por ley. La Constitución dice que el presupuesto solo se modifica con leyes del Poder Ejecutivo. Eso podría generar dudas.
Constitución, art. 177"En el proyecto se le asignará al Poder Judicial una suma no menor del seis por ciento de los ingresos ordinarios calculados para el año económico,"
Esta ley, art. 15"La recaudación producto de los recursos que conforman el Fondo estará a cargo de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda que, en el marco de la declaratoria de emergencia, deberá girar de manera inmediata estos recursos al Poder Judicial para que conforme una cuenta separada en el Banco de Costa Rica que se destinará al pago exclusivo del subsidio creado por esta ley."
Hay dudas El proyecto daba plata de telecomunicaciones al Poder Judicial. El dossier no permite saber si eso afecta el seis por ciento que manda la Constitución.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 22019: LEY PARA GARANTIZAR EL DERECHO A ALIMENTOS ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL PROVOCADA POR EL COVID-19
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
De conformidad con las disposiciones del artículo 113 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el Departamento Secretaría del Directorio incorpora el presente texto al Sistema de Información Legislativa (SIL), de acuerdo con la versión electrónica suministrada.
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
LEY PARA GARANTIZAR LAS PENSIONES ALIMENTICIAS EN EL MARCO DE LA CRISIS DERIVADA DE LA ENFERMEDAD COVID-19
VARIAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS
EXPEDIENTE N° 22.019
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
LEY PARA GARANTIZAR LAS PENSIONES ALIMENTICIAS EN EL MARCO DE LA CRISIS DERIVADA DE LA ENFERMEDAD COVID-19 EXPEDIENTE N° 22.019 Esta iniciativa surge en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 y el fuerte impacto económico que las necesarias medidas de distanciamiento social han generado en diversos sectores de la población, debido a la imposibilidad de desarrollar con normalidad determinadas actividades económicas. Esta situación atípica ha generado que las personas que han visto reducidos considerablemente o anulado sus ingresos se encuentren frente a la imposibilidad material de cumplir una serie de obligaciones patrimoniales, con mayor o menor grado de esencialidad entre ellas, la que aquí nos ocupa, las obligaciones alimentarias.
Dado el carácter esencial y prioritario que poseen los deberes alimentarios, es responsabilidad del Estado velar por el derecho de alimentos de las niñas y niños que habiten en la República de Costa Rica en tanto los obligados alimentarios se encuentren en imposibilidad material de cumplir con por sí mismos dado a la situación de emergencia.
Como respuesta a esta necesidad de cumplir con este debe estatal, se propone la creación de un fondo para subsidiar la cuota alimentaria, del que serán beneficiarias las personas que se encuentran en la imposibilidad de proveerse por sus propios medios alimentos y que a la fecha son acreedores de una pensión alimentaria establecida por la autoridad judicial competente, hasta que los obligados alimentarios se encuentren en condiciones de proveer alimentos nuevamente. Dada la situación presupuestaria costarricense, en la que incluso antes de la crisis sanitaria ya se encontraban bastante afectada las finanzas públicas por el considerable déficit fiscal, es que debe recurrirse a un incremento en los ingresos públicos que permitan sostener que este fondo, sin que ello implique comprometer aún más la situación presupuestaria nacional.
Para ello se propone el uso temporal de los ingresos de Fonatel, mediante el traslado excepcional y temporal de la contribución parafiscal establecida en el artículo 39 de la Ley General de Telecomunicaciones, N° 8264 de 4 de junio de 2008 y sus reformas.
Se propone financiar el Fondo de Subsidios de Pensiones Alimentarias con los recursos recaudados mediante la contribución especial parafiscal de operadores y proveedores de telecomunicaciones, establecida en el artículo 39 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley 8264 del 4 de junio de 2008 y sus reformas.
Así los tractos equivalentes, pagaderos al día quince de los meses de junio, setiembre y diciembre del año 2020, no serán depositados por la Tesorería Nacional en una cuenta separada a nombre de la Superintendencia de Telecomunicaciones, ni girados al Fondo Nacional de Telecomunicaciones, sino que pasarán al Fondo de Subsidio de Pensiones Alimentarias crea en esta ley.
Los ingresos generados por el pago de los tractos equivalentes de la contribución especial parafiscal de operadores y proveedores de telecomunicaciones, pagaderos al día quince de los meses de junio, setiembre y diciembre del año 2020, serán destinados, únicamente por esta ocasión, y dada la emergencia nacional, al Fondo de subsidio para pensiones alimentarias establecido en el artículo 14 de esta Ley.
En virtud de los motivos y razones expuestas, se somete al conocimiento y aprobación de la Asamblea Legislativa de la República, el presente proyecto de Ley para garantizar el derecho a alimentos ante la emergencia nacional provocada por el COVID-19.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
LEY PARA GARANTIZAR EL DERECHO A ALIMENTOS ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL PROVOCADA POR EL COVID-19
CAPÍTULO UNO: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objetivos de la ley.
Los objetivos de esta ley son: Garantizar el derecho a alimentos de las personas beneficiarias de una pensión alimentaria. Autorizar la suspensión temporal y excepcional del apremio corporal a personas deudoras alimentarias que vieron reducidos sus ingresos de forma tal que les resulte imposible hacer frente a la cuota alimentaria, cuya causa directa esté asociada a la declaratoria de emergencia.
La aplicación del inciso b) estará sujeto a que efectivamente se garantice un subsidio temporal a las personas beneficiarias alimentarias.
Artículo 2.- Esta ley tiene aplicación temporal y excepcional, en el marco de la declaratoria de emergencia nacional, debido de la pandemia del COVID-19.
Artículo 3.-. Ámbito de aplicación.
La presente ley será de aplicación para cualquier proceso de pensión alimentaria en que la persona deudora alimentaria sufra una disminución total o parcial en sus ingresos de forma tal que no le sea posible seguir pagando la cuota alimentaria a la que está obligada por resolución judicial. Esta disminución en los ingresos debe estar directamente relacionada con la emergencia nacional vinculada con el COVID-19 o derivada de las medidas sanitarias impuestas por las autoridades competentes en dicho contexto.
Artículo 4.-. Tutela de derechos
La presente ley se basa en la obligación del Estado de asegurar el pago prioritario de las cuotas alimentarias según lo dispuesto por los artículos 27.4 de la Convención de los Derechos del Niño; 171 del Código de Familia y 64 de la Ley de Pensiones Alimentarias, como una medida temporal y excepcional para atender los efectos adversos en la actividad económica y laboral de la emergencia nacional relacionada exclusivamente con la pandemia vinculada al Covid-19.
CAPÍTULO DOS: PROCESO JUDICIAL
ARTÍCULO 5.- Proceso judicial
La persona deudora alimentaria, así como la persona beneficiaria alimentaria o su representante, podrán solicitar ante el Juzgado de Pensiones Alimentarias la suspensión del apremio corporal en caso de que la persona deudora alimentaria se encuentre en los supuestos del artículo 2 de esta ley. Para efectos de esta gestión, no será necesaria la notificación a la otra parte. Asimismo, en caso de que la persona juzgadora estime comprobados los requisitos del artículo 2 de esta ley, durante tres meses no girará órdenes de apremio en contra de la persona deudora alimentaria. Este plazo será prorrogable una única vez por tres meses adicionales.
ARTÍCULO 6.-Impugnación
Lo resuelto por la persona juzgadora de conformidad con el artículo 4 de esta ley, carecerá de recurso alguno en caso de que se apruebe la suspensión de apremio corporal y se ordene el pago de subsidio creado en esta normativa en favor de las personas beneficiarias alimentarias. En caso de que se deniegue lo anterior, tanto la persona deudora alimentaria como la persona beneficiaria alimentaria o su representante, podrá apelar la resolución, en un plazo de tres días hábiles y el despacho judicial superior deberá resolver en el plazo de tres días hábiles. Este recurso de apelación tendrá únicamente efecto devolutivo.
ARTÍCULO 7.- Respecto a las órdenes de apremio
Las órdenes de apremio giradas por montos que debieron ser cancelados por una persona deudora alimentaria previos al primero de marzo de dos mil veinte, seguirán vigentes. Las órdenes de apremio giradas por montos que debieron ser cancelados en fechas posteriores a ese día, serán dejadas sin efecto en caso de que las partes accionen de conformidad al artículo 4. Asimismo, la existencia de la deuda alimentaria no será afectada por la suspensión temporal del apremio corporal, cualquier otra forma de cobro coactivo, exceptuando el apremio corporal, podrá ser solicitado por la persona beneficiaria alimentaria o su representante en caso de gestionarse el proceso del artículo 4 de esta ley, inclusive durante el tiempo de la suspensión ordenada por la persona juzgadora competente. Para montos que debieron ser cancelados antes del primero de marzo de dos mil veinte, todas las formas de cobro coactivo pueden ser solicitadas por las personas beneficiarias alimentarias o sus representantes.
ARTÍCULO 8.- Levantamiento de la suspensión del apremio corporal
La persona obligada alimentaria está en la obligación de informar a las autoridades judiciales cualquier variación en su condición económica a fin de dejar sin efecto el pago del subsidio. También podrá informar el cambio en la condición económica de la persona obligada, la persona beneficiaria de la pensión alimentaria o su representante. En el momento en que la persona juzgadora tenga por demostrado que la persona deudora alimentaria tiene ingresos que le permitan sufragar la pensión alimentaria, ordenará de inmediato el pago de ésta y, sino cumpliere el cese de la suspensión del apremio corporal. En caso de que la persona deudora alimentaria no haya cancelado la cuota alimentaria y no haya sufrido una variación en sus condiciones de trabajo o ingreso personal, que pueda demostrar, deberá depositar lo adeudado, en un plazo máximo de tres días naturales, y se le impondrá una multa correspondiente al monto de un mes de cuota alimentaria más los intereses correspondientes.
ARTÍCULO 9.- Rebajos del monto de cuota alimentaria
Las personas deudoras con el beneficio de suspensión del apremio corporal conforme a la presente ley, no podrán solicitar el rebajo del monto de la cuota alimentaria durante el plazo que disfruten de dicho beneficio.
ARTÍCULO 10.- Subsidio en favor de las personas beneficiarias alimentarias
En caso de que el juez o jueza competente resuelva aprobar la solicitud de suspensión del apremio corporal, en ese mismo acto, deberá ordenar al Banco de Costa Rica el pago de un subsidio, con cargo al Fondo de Subsidio de Pensiones Alimentarias creado en esta ley, en favor de las personas beneficiarias alimentarias por el mismo plazo de suspensión del apremio corporal.
CAPÍTULO TRES: SUBSIDIO A PERSONAS BENEFICIARIAS ALIMENTARIAS
ARTÍCULO 11.- Orden de pago del subsidio
La orden al Banco de Costa Rica, prevista en el artículo 10 de esta ley, deberá contener: El número de cuenta bancaria en que se debe realizar el depósito del subsidio. El nombre de las personas beneficiarias alimentarias. Monto del subsidio a depositar. El plazo por el que estará vigente dicho subsidio. Esta orden será remitida en un plazo máximo de veinticuatro horas al Banco de Costa Rica y deberá hacerse digitalmente, sea suscrita con firma digital por la persona juzgadora y en su defecto, remitida desde una cuenta de correo oficial del Poder Judicial. El Banco de Costa Rica que deberá hacer el depósito en un plazo máximo de veinticuatro horas.
ARTÍCULO 12.- Monto del subsidio
El monto del subsidio mensual será establecido por el juez o jueza que conozca el proceso judicial previsto en esta ley y no podrá ser inferior al monto de cuota alimentaria mensual del expediente concreto, con un tope máximo de trescientos mil colones por persona beneficiaria alimentaria.
ARTÍCULO 13.- Cobros retroactivos
Lo dispuesto en esta ley no sustituye los derechos que por ley tienen las personas actoras de cobrar los montos descubiertos por concepto de pensión alimentaria. No será sujeto de cobro retroactivo los montos que se recibieron por concepto de subsidio, únicamente lo será aquel monto que quedó sin cubrir.
CAPÍTULO CUATRO. - CREACIÓN DEL FONDO PARA PENSIONES ALIMENTARIAS
ARTÍCULO 14.- Creación del fondo para pensiones alimentarias
Para efectos de cubrir económicamente el subsidio previsto en esta ley, se establece un fondo especial para ello denominado Fondo de Subsidio Nacional para Pensiones Alimentarias. La existencia del fondo durará mientras no se derogue el decreto de emergencia, no pudiendo sobrepasar el plazo de seis meses.
Establézcase un fondo especial a los fines de esta ley cuando las personas obligadas alimentarias se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 3 de esta ley y así lo declare una autoridad judicial competente.
Los recursos financieros de este Fondo, se conformarán con lo derivado del Transitorio I de esta ley.
Si la recaudación de estos tributos superase las necesidades presupuestarias del Fondo, su excedente se destinará al Tesoro Nacional.
ARTÍCULO 15.- La recaudación producto de los recursos que conforman el Fondo estará a cargo de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda que, en el marco de la declaratoria de emergencia, deberá girar de manera inmediata estos recursos al Poder Judicial para que conforme una cuenta separada en el Banco de Costa Rica que se destinará al pago exclusivo del subsidio creado por esta ley.
El Banco de Costa Rica deberá de forma mensual informar al Poder Judicial y éste a la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda los montos girados del fondo a las personas beneficiarias.
En el plazo máximo de un mes después de vencido el plazo de esta ley el Poder Judicial deberá devolver el excedente, al Ministerio de Hacienda.
TRANSITORIO I.-
Los pagos de la contribución especial parafiscal de operadores y proveedores de telecomunicaciones, regulada en el artículo 39 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley 8264 del 4 de junio de 2008 y sus reformas, correspondientes a los tractos equivalentes, pagaderos al día quince de los meses de junio, setiembre y diciembre del año 2020, no serán depositados por la Tesorería Nacional en una cuenta separada a nombre de la Superintendencia de Telecomunicaciones, ni girados al Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Los ingresos generados por el pago de los tractos equivalentes de la contribución especial parafiscal de operadores y proveedores de telecomunicaciones, pagaderos al día quince de los meses de junio, setiembre y diciembre del año 2020, serán destinados, únicamente por esta ocasión, y dada la emergencia nacional, al Fondo para pensiones alimentarias establecido en el artículo 14 de esta Ley.
Rige a partir de su publicación.
PAOLA VEGA RODRÍGUEZ Y OTROS SEÑORES DIPUTADOS
El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada