Archivado: el plan para topar salarios de gerentes públicos

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

LEY DE SALARIOS DE LAS ALTAS JERARQUÍAS EN RÉGIMEN DE COMPETENCIA (REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 26, 42, 43 Y 44 DEL CAPÍTULO III DE LA LEY N.° 9635, FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, DE 4 DE DICIEMBRE DE 2018)

FRANGGI NICOLÁS SOLANO DIPUTADA

EXPEDIENTE N.° 22.028

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

PROYECTO DE LEY

LEY DE SALARIOS DE LAS ALTAS JERARQUÍAS EN RÉGIMEN DE COMPETENCIA (REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 26, 42, 43 Y 44 DEL CAPÍTULO III DE LA LEY N.° 9635, FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, DE 4 DE DICIEMBRE DE 2018)

Expediente N.° 22.028

ASAMBLEA LEGISLATIVA: En medio de la peor crisis fiscal en la historia de nuestro país, cuando se prevé que el déficit del Gobierno para el próximo año ronde el diez por ciento del producto interno bruto, nos enfrentamos a un escenario en que los cambios en la institucionalidad son no solamente demandados por nuestros compatriotas, sino que son una exigencia de nuestra conciencia.

Si bien, reconocemos el enorme aporte de los funcionarios públicos que dirigen empresas públicas en régimen de competencia al desarrollo del país, con la prestación de un elenco generoso de servicios a disposición de nuestra ciudadanía, es necesario reconocer que algunos, unos pocos, se han servido con cuchara grande en materia de remuneraciones. Mientras la gran mayoría de los costarricenses, incluidos naturalmente la inmensa mayoría de los empleados públicos, disfruta de su salario para atender sus necesidades cotidianas y, en el mejor de los casos, ejercer una modesta capacidad de ahorro, existe una casta de enquistados en el aparato público que se han recetado remuneraciones multimillonarias, varias de ellas de más de una decena de millones de colones, convirtiendo su salario en una ofensa pública por su falta de correspondencia con las condiciones del país y por su posterior efecto perverso, en la aparición de pensiones de lujo que desmesuradamente inciden en la desigual distribución de la riqueza.

Paralelamente, tenemos una enorme desproporción entre los niveles de responsabilidad por los cuales se remunera a estos funcionarios, verdaderamente opulentos, a los cuales se les encomienda dirigir un departamento, una empresa pública, un ente regulador, una superintendencia o un banco, por lo que reciben salarios uno, dos, tres, cuatro y hasta diez millones por encima del salario del presidente de la República. Llegados a este punto cabe preguntarse respecto al desempeño de la dirección del Estado costarricense como un todo ¿quién ha sido designado por los ciudadanos para tener la más importante responsabilidad en la conducción de los asuntos públicos sino es el presidente? Y, ¿acaso no consideramos los costarricenses que el presidente está bien remunerado? Si la respuesta a ambas interrogantes es positiva, no podemos seguir tolerando que el Estado pague las sumas, ridículamente altas que hoy asigna como estipendio, a esa casta de privilegiados a la que he hecho referencia y que no por ser pocos resultan menos indignantes sus inmerecidas carretadas de dinero.

Ha sido un mecanismo fácil el justificar estas remuneraciones alegando que en el sector privado estos funcionarios serían mejor remunerados si pusiéramos un límite a su sangría presupuestaria, por lo tanto, tendríamos una fuga hacia ese sector privado. Pues yo no creo que esa sería la regla sino la excepción. Existen estudios que muestran como las remuneraciones del sector profesional en el sector público superan en un 30% las del sector privado y solo una muy pequeña parte de esos funcionarios alcanza un salario superior al del presidente de la República. Solo ellos serían afectados por esta ley.

Es también motivo de escándalo como la extrema derecha costarricense se indigna por el salario escolar, producto de un aumento diferido de los salarios de los empleados públicos, pero ha guardado silencio cuando a un gerente de un banco público le remuneraban con 16 millones, o reguladores y superintendentes que reciben 10 millones o más por sus servicios.

Que no se malentienda, no abogamos por salarios de hambre, el presidente de la República tiene un salario de veinticinco salarios base mensual de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública.

Con la presente propuesta de ley ese salario presidencial se convertiría en el parámetro para fijar el límite superior de la remuneración pública en nuestro país extendiendo la regulación que se aplicó en la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de diciembre pasado. En esa oportunidad se estipuló que el límite superior para los funcionarios electos o de libre designación sería el ochenta por ciento de la remuneración presidencial, o sea, veinte salarios base mensuales de la escala más baja de sueldos de la Administración Pública. Esa suma, resulta más que suficiente para vivir con decoro, satisfaciendo las necesidades, o como decía una magistrada “para darse sus gusticos”. Más que eso es francamente ofensivo, opulento, desmedido y desproporcionado.

Resulta desmoralizante para muchos ciudadanos ver como funcionarios de empresas públicas quedaron por fuera de esta necesaria modificación, quienes tienen menor nivel de responsabilidad que ministros o diputados pero que, por dirigir una empresa pública, muchas veces con resultados decepcionantes, pero ganando el doble o más que el presidente. También resulta difícil de aceptar como otros funcionarios, con ingresos superiores a los seis millones trescientos mil colones se consideran de “clase media”, en momentos en que el promedio de ingresos de la quinta parte de la población con mayor ingreso, entiéndase el 20 por ciento que conforma el grupo de los costarricenses más ricos, era de dos millones seiscientos treinta y cuatro mil colones. O sea, recibiendo tres veces el ingreso promedio familiar del 20% más rico se ubicaba en una categoría que no le corresponde por ingreso. Esta distorsión de la consciencia en nuestra sociedad, esta desubicación en que algunos viven no debería permitirse y creo que debemos avanzar en legislar para que la ley alcance a todos los puestos remunerados con fondos públicos sean de elección por voto directo o por voto delegado al Poder Legislativo, por concurso, y en cualquier estamento de nuestro amplio andamiaje institucional.

En definitiva, queremos que quede clara nuestra posición. Una remuneración digna es una aspiración a la que todo costarricense pude y debe aspirar. Pero las remuneraciones desproporcionadas, fuera de cualquier parámetro de correspondencia con la responsabilidad que se desempeña, superiores a la del primer mandatario, que ya es muy buena, resultan inaceptables para la conciencia social y son el producto de una cadena de decisiones burocráticas, clientelistas e interesadas que nada tienen que ver con una vida digna y sí con un sistema de privilegios y abusos que desmoralizan a la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos.

En esa dirección, se propone eliminar el privilegio de remunerar a reguladores, superintendentes, gerentes y directores de la banca pública, como si sus responsabilidades fueran superiores o más importantes que las del presidente de la República. En la brega contra una faceta de lo que García de Enterría llamó “la lucha contra las inmunidades del poder”, en materia salarial, la Ley 9635 estipuló que los altos cargos públicos serían remunerados con el ochenta por ciento del salario del primer mandatario, veinte salarios base de la categoría más baja de la escala de sueldos de la administración pública. Esta iniciativa viene a extender esa misma remuneración a los reguladores, superintendentes, gerentes bancarios, de telecomunicaciones y cualquier otro alto cargo público. Del mismo modo, en consonancia con la prohibición de los gastos de representación para la Presidencia de la República, se extiende dicha prohibición a los demás funcionarios.

Se mantiene la excepción del personal en misión diplomática en el exterior, en virtud de las especiales circunstancias en que se desarrolla esta actividad, sometida a costos propios de los países de destino de dichos funcionarios, entendiendo que esta excepción se limita al período durante el cual se realizan funciones ante el Estado u organización acreditante.

Realmente, no se puede entender como un ministro pueda ganar hasta tres veces menos que un gerente bancario o menos que un asesor de una presidencia ejecutiva.

Los distintos argumentos sobre corrupción o captura del regulador, de alguna manera están presentes también en los casos de los ministros de Estado y otros funcionarios cuyas remuneraciones sí se encuentran sometidas al límite ya consignado en la ley. La lucha contra las distintas formas de corrupción no se desarrolla exclusivamente en el ámbito de la retribución salarial, así como tampoco es cierto que el sector privado esté repleto de opciones salariales de montos superiores al fijado. Además, la estabilidad de la función en ciertos cargos designados y la posibilidad de reelegirse en ellos ofrece un incentivo del que se carece en otros espacios laborales.

Finalmente, creemos en el principio de que ser honrado no es una opción, sino una obligación para el servidor público; y tanto están sujetos a intentos de corrupción los ministros como los reguladores u otros funcionarios con poder de decisión. Coincido en que debemos continuar blindando a nuestras autoridades públicas de prácticas deshonestas, pero no creo que eso se logre permitiéndoles ganar más que el presidente de la República, como si este no estuviera sometido a más presiones y tentaciones o no tuviera más poder de decisión.

Por las razones precedentes someto a sus señorías en presente proyecto de ley y les pido su voto afirmativo.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

LEY DE SALARIOS DE LAS ALTAS JERARQUÍAS EN RÉGIMEN DE COMPETENCIA (REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 26, 42, 43 Y 44 DEL CAPÍTULO III DE LA LEY N.° 9635, FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, DE 4 DE DICIEMBRE DE 2018)

ARTÍCULO ÚNICO- Se reforman los artículos 26, 42, 43 y 44 del capítulo III, Modificación de la Ley N.° 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública, de 9 de octubre de 1957, de la Ley N.º 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 4 de diciembre del 2018, cuyos textos son los siguientes:

Artículo 26- Aplicación

Las disposiciones del presente capítulo y de los siguientes se aplicarán a:

1- La Administración central, entendida como el Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como todos los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, y las dependencias y los órganos auxiliares de estos.

2- La Administración descentralizada: autónomas y semiautónomas, todas las empresas públicas estatales y no estatales, municipalidades y empresas municipales.

Artículo 42- Límite a las remuneraciones totales en la función pública

La remuneración total de aquellos servidores cuya designación sea por elección popular, y los designados por estos, así como los jerarcas, los titulares subordinados y cualquier otro funcionario del ámbito institucional de aplicación, contemplado en el artículo 26 de la presente ley, no podrá superar por mes el equivalente a veinte salarios base mensual de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública, salvo lo indicado en el artículo 41 sobre la remuneración del presidente. Quedan prohibidos los gastos de representación.

Se excluye de esta norma los funcionarios que estén en misión diplomática en el exterior.

Artículo 43- Remuneración de los miembros de las juntas directivas

Los miembros de las juntas directivas no podrán superar por mes el equivalente a diez salarios base mensual de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública. Será improcedente el pago de viáticos conjuntamente con dietas.

En el caso de la participación en sociedades o subsidiarias, únicamente se autoriza integrar un máximo de tres juntas y dos comités y su remuneración máxima total será de veinte salarios base mensual de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública.

Artículo 44- Límite a las remuneraciones totales de las instituciones y los órganos que operen en competencia

La remuneración total de los funcionarios y los directivos que brindan sus servicios en las instituciones u órganos que operen en competencia no podrá superar el equivalente a veinte salarios base mensual de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública.

TRANSITORIO ÚNICO-

La aplicación de las anteriores disposiciones queda sometida a lo estipulado en el transitorio XXV de la Ley N.° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 4 de diciembre de 2018.

Rige a partir de su publicación.

Franggi Nicolás Solano Diputada

22 de junio de 2020

NOTAS: Este proyecto se retiró de la corriente legislativa de acuerdo con el oficio FNS-108-2020, de fecha 20 de julio de 2020, suscrito por la diputada Franggi Nicolás Solano.

Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Especial de Reforma del Estado que tendrá como objetivo estudiar, proponer y dictaminar iniciativas de ley relacionadas con las instituciones del Gobierno Central, empresas estatales de la administración descentralizada así como entes públicos no estatales, funcionalmente en materia de diseño institucional, competencias, atribuciones, capital humano, infraestructura tecnológica y financiamiento, con el fin de optimizar procesos, favorecer la descentralización administrativa, expediente 22.039.

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.