Proyecto 22033 ya es la Ley 10053 y prohíbe doble cargo al tesorero
La Ley 10053 prohíbe que el tesorero nacional tenga otro cargo público y obliga a grabar en audio y video las sesiones de los órganos colegiados.
Título oficial LEY PARA MEJORAR EL PROCESO DE CONTROL PRESUPUESTARIO, POR MEDIO DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS NORMATIVAS Y PRÁCTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Atención: La ley obliga a incluir correos electrónicos en el expediente administrativo, lo que podría tocar el secreto de comunicaciones protegido por el artículo 24 de la Constitución.
La letra pequeña
Encontramos un artículo que no calza con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
El permiso está escrito en palabras tan amplias que casi no tiene límite.
A quién le sirve: Miembros de órganos colegiados
La ley dice que no grabar es falta grave, pero no especifica la sanción concreta.
Será obligación de todos los miembros del cuerpo colegiado verificar que se realice la grabación de la sesión y constituirá falta grave el no hacerlo.
2, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Quien ocupe el cargo de tesorero nacional no puede tener otro empleo público
- Los miembros de órganos colegiados deben verificar que se grabe la sesión
- Los secretarios de órganos colegiados deben grabar las sesiones y levantar actas
- Las personas condenadas a inhabilitación especial tienen reglas más claras
A quién beneficia
- La Contraloría General de la República pidió estas reformas para cerrar vacíos legales
- Los ciudadanos pueden revisar las grabaciones de sesiones de órganos colegiados
- El expediente administrativo incluye correos electrónicos importantes
Qué cambia
- El tesorero nacional ya no puede acumular funciones políticas y técnicas
- No grabar una sesión de órgano colegiado es falta grave
- La inhabilitación especial se puede aplicar sin la confusión del artículo 57 bis
La explicación completa
El proyecto 22033 ya no está en trámite: se convirtió en la Ley 10053, publicada el 25 de octubre de 2021 1. Lo que empezó como una iniciativa de la diputada Yorleny León Marchena ahora es ley vigente.
Qué propone
La ley prohíbe que quien ocupe el cargo de tesorero nacional tenga cualquier otro cargo o empleo público (art. 1). La única excepción son las salvedades del artículo 17 de la Ley 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
La ley también obliga a los órganos colegiados a grabar sus sesiones en audio y video y a respaldarlas en un medio digital (art. 2). El secretario del órgano tiene la facultad de grabar las sesiones y levantar las actas. No grabar es falta grave para todos los miembros del cuerpo colegiado.
Además, el expediente administrativo debe incluir documentos físicos y digitales que motivaron el acto administrativo (art. 2).
La ley reforma el artículo 58 del Código Penal para aclarar la inhabilitación especial (art. 3). Esa inhabilitación dura lo mismo que la absoluta y restringe uno o más derechos o funciones.
Las modificaciones a los artículos 50 y 56 de la Ley General de la Administración Pública rigen un año después de la publicación de la ley (art. transitorio).
En qué va el trámite
El proyecto se presentó el 15 de junio de 2020 y se publicó en La Gaceta el 26 de junio de 2020 2. Pasó a la Comisión Especial 22039 y luego a la Comisión de Asuntos Hacendarios.
El expediente ya se convirtió en la Ley 10053, vigente desde el 25 de octubre de 2021 1. El trámite legislativo terminó.
Lo que se dijo en la Asamblea
En la grabación de la aprobación, una voz de la Asamblea explica que los legisladores aprobaron el expediente 22 mil 33 para mejorar el control presupuestario 00:00:09. Esa voz dice que la ley prohíbe que el tesorero nacional tenga otro puesto público 00:00:20.
La diputada Yorleny León dijo en esa grabación: "presentamos este proyecto para corregir una serie de artículos" 00:00:46. Sobre el artículo 61 bis, León dijo que el tesorero nacional será incompatible con cualquier otro cargo público 00:00:53.
León recordó que durante el hueco fiscal quien ocupaba la tesorería también tenía otras funciones 00:01:03. Dijo que eso pudo haber sido parte de las razones del famoso hueco fiscal 00:01:16.
Frente a la Constitución
El artículo 185 de la Constitución dice que la Tesorería Nacional es el único organismo con facultad legal para pagar a nombre del Estado Constitución, art. 185. La ley refuerza esa función al prohibir que el tesorero tenga otro cargo (art. 1). El Censo no encontró choque entre esa prohibición y el texto constitucional.
El artículo 24 de la Constitución protege la intimidad y el secreto de las comunicaciones Constitución, art. 24. La ley obliga a grabar sesiones de órganos colegiados y a incluir correos electrónicos en el expediente administrativo (art. 2). Esa obligación podría generar dudas sobre el alcance del secreto de comunicaciones, pero la Constitución permite que la ley fije casos de examen de documentos privados.
El artículo 33 de la Constitución prohíbe la discriminación contraria a la dignidad humana Constitución, art. 33. La ley no hace distinciones entre personas, así que no se ve un choque en ese punto.
Qué puede hacer usted
Si quiere denunciar un posible pago irregular sin autorización presupuestaria, puede presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República guía, p. 68. Puede hacerlo personalmente en Sabana Sur, llamar al 2501-8025 o usar el portal de denuncia electrónica.
Si quiere pedir información sobre cómo se tramitó un proyecto de ley, puede acudir a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa guía, p. 27. Esa oficina brinda información sobre el estado de tramitación de los proyectos y las actas de Plenario y Comisión.
Lo que no sabemos
El dossier no dice cuántos órganos colegiados existen en el país ni cuánto costará grabar todas sus sesiones.
El dossier no incluye el texto completo de la Ley 10053 publicado en La Gaceta.
El dossier no dice si la Sala Constitucional revisó la Ley 10053.
Lo que se dijo, minuto a minuto
- 00:00:09
"mediante la aprobación del expediente 22 mil 33 que busca mejorar el proceso de control presupuestario de las instituciones del estado"
- 00:00:46
"presentamos este proyecto para corregir una serie de artículos"
- 00:00:53
"el artículo 61 bis por ejemplo donde se señala que el tesorero nacional será incompatible incompatible con cualquier otro cargo público"
- 00:01:03
"recordemos que durante el hueco fiscal quien nos sentaba en ese momento el puesto de la tesorería también tenía otras funciones"
Las citas vienen de los subtítulos de YouTube de la Asamblea. Cada hora abre el video en ese segundo.
Fuentes
- Ley 10053: Ley para mejorar el proceso de control presupuestario, por medio de la corrección de deficiencias normativas y prácticas de la administración pública (Vigente)
- Expediente 22033: LEY PARA MEJORAR EL PROCESO DE CONTROL PRESUPUESTARIO, POR MEDIO DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS NORMATIVAS Y PRÁCTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
- TESORERO NACIONAL NO PODRÁ TENER RECARGO DE FUNCIONES
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
LEY PARA MEJORAR EL PROCESO DE CONTROL PRESUPUESTARIO, POR MEDIO DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS NORMATIVAS Y PRÁCTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
YORLENY LEÓN MARCHENA DIPUTADA
EXPEDIENTE N.° 22.033
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
LEY PARA MEJORAR EL PROCESO DE CONTROL PRESUPUESTARIO, POR MEDIO DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS NORMATIVAS Y PRÁCTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Expediente N.° 22.033
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Este expediente se enmarca en la investigación llevada a cabo bajo el expediente N.° 20.949 “Investigación para analizar el problema de las finanzas públicas que generó un hueco fiscal de aproximadamente 900 mil millones de colones, así como la utilización de 182 mil millones por el gobierno, sin tener contenido presupuestario ni autorización legislativa”, y debido a los alarmantes hallazgos de pagos realizados sin autorización presupuestaria por parte de la Asamblea Legislativa.
El informe de mayoría del expediente antes mencionado establece:
“las proyecciones de deuda interna, realizadas durante la Administración Solís Rivera, no mostraron un adecuado análisis de los riesgos latentes en el mercado (creciente déficit, endeudamiento, no aprobación de reformas) y se asumieron supuestos que pueden no cumplirse en condiciones de incertidumbre. Adicionalmente, los riesgos (canjes, S.D. C.P.) se materializaron sin que oportunamente (01-2018) se enviara al Congreso un presupuesto extraordinario, riesgo que era relevante debido a que el pago de la deuda como se ha indicado es automático por lo que lo que existe es un control ex-post”.
El día 20 de mayo de 2019, en la sesión plenaria ordinaria N° 11, los diputados y diputadas aprobaron el informe de mayoría en el Plenario legislativo, el cual contenía una solicitud para la Contraloría General de la República (CGR) que solicitaba a esta institución “colaborar con la Asamblea Legislativa y la Procuraduría General de la República en la identificación de los vacíos normativos que están permitiendo la impunidad de los funcionarios que cometen actos lesivos a la Hacienda Pública”. Dicha recomendación se trasladó mediante oficio AL-DSDI-OFI-0064-2019, de día 21 de mayo de 2019, suscrito por el señor Edel Reales Noboa, en su calidad de director a.i. del Departamento de Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa.
Mediante el oficio DFOE-SAF-0187, de 29 de abril de 2020, la señora Julissa Sáenz Leiva, gerente de área, y Rodrigo Alonso Carballo Solano, fiscalizador, ambos funcionarios de la Contraloría General de la República, remiten una serie de recomendaciones de reformas legales que tienen por propósito subsanar vacíos e imprecisiones que tiene el marco legal regulatorio de esta materia.
El primer punto que señala el documento es que existe un vacío legal sobre la incompatibilidad del puesto de Tesorero Nacional con cualquier otro puesto. Dentro de la argumentación para este punto establecen:
“La Tesorería Nacional es uno de los subsistemas del Sistema de Administración Financiera previsto en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, no obstante, a diferencia de los demás subsistemas, su mención en nuestra Carta Magna (al igual que la Dirección Presupuesto Nacional), le otorga un tratamiento diferenciado, incluso en su relación con el titular del Ministerio de Hacienda. (…).
Este hecho representativo de estar citada en la Constitución Política, le confiere un estatus particular, pues de acuerdo con la doctrina administrativa, es un órgano de relevancia constitucional por la índole de sus funciones, con desconcentración funcional, al ser el único organismo facultado para pagar a nombre del Estado”.
El señalamiento se da porque, en el momento de la investigación del llamado “hueco fiscal”, hubo algunos momentos en los que el viceministerio de egresos del Ministerio de Hacienda se encontraba asignado a la misma persona que ocupaba simultáneamente el cargo de Tesorera Nacional, mezclando ámbitos políticos y técnicos que deberían estar separados, por el bien del manejo de las finanzas del Estado costarricense.
Para subsanar este punto, se propone la incorporación de un artículo 61 bis dentro de la Ley N.° 8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, que prohíba a la persona que ocupe el cargo de Tesorero Nacional desempeñar cualquier otro cargo o empleo público.
Asimismo, el oficio DFOE-SAF-0187 también señala la necesidad de incorporar la grabación en audio y video de las sesiones de los órganos colegiados, ya que, en la revisión de actas de órganos colegiados en el transcurso de esta investigación, hallaron diferentes maneras de consignar el contenido de las sesiones, muchas veces no siendo el contenido del acta fiel y literal a lo ocurrido en la sesión.
Según lo señala la CGR: “no se trata de la regulación de la publicidad de las sesiones, sino de fortalecer la transparencia y fidelidad en la reproducción de las mismas. Recomendamos la grabación íntegra de las reuniones de los órganos colegiados, respaldo que estaría a disposición de toda institución legitimada para acceder a su revisión, incluso cuando las sesiones fueran declaradas secretas mediando orden de juez”.
Para lograr esto, se propone una modificación a los artículos 50 y 56 de la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, que convierta en obligación la grabación de las sesiones de los órganos colegiados y establezca esa responsabilidad como una de las funciones del secretario del órgano.
Por otro lado, se determina que dentro de la integración del expediente administrativo debe incluir las comunicaciones vía correo electrónico que colaboraron en el proceso. Para corregir esto sugieren una modificación del artículo 271 de la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, para añadir la inclusión de documentos digitales dentro del expediente.
“Se pretende con el cambio propuesto, que la conformación del expediente administrativo comprenda los correos electrónicos de importancia para la toma de decisión, de forma tal que haya transparencia en la deliberación y suficiente motivación del acto, así́ como que haya una unidad de información, en el escenario de eventuales investigaciones administrativas”.
Por último, se señala que, en el tema de inhabilitación absoluta, el artículo 58 de la Ley N.°4573, Código Penal, que se lee:
“La inhabilitación especial cuya duración será la misma que la de la inhabilitación absoluta consistirá́ en la privación o restricción de uno o más de los derechos o funciones a que se refiere el artículo anterior.”
Sin embargo, “por ley 9271, del 30 de setiembre de 2014, se realizó una adición al Código Penal, incorporando el artículo 57 bis que se refiere al arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Por lo que en la práctica jurídico penal, se está dando la interpretación de que el artículo anterior al que refiere el artículo 58 es el 57 bis y no el 57 del código referente a la inhabilitación absoluta, y que en consecuencia la norma es inaplicable”. Para subsanar esto, se sugiere la modificación del artículo 58, para poder aplicar correctamente la inhabilitación.
Por lo anterior, y en aras de mejorar los controles para evitar posibles acontecimientos similares a los pagos sin autorización legislativa que se dieron, se presenta el presente proyecto de ley. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
LEY PARA MEJORAR EL PROCESO DE CONTROL PRESUPUESTARIO, POR MEDIO DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS NORMATIVAS Y PRÁCTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ARTÍCULO 1- Para que se adicione un artículo 61 bis a la Ley N.° 8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, de 16 de octubre de 2001, el cual se leerá de la siguiente manera:
Artículo 61 bis- El cargo de Tesorero Nacional será incompatible con cualquier otro cargo público salvo lo indicado en el artículo 17 de la Ley N.° 8422 en relación con las salvedades allí indicadas.
Es prohibido a quién ocupe el cargo de Tesorero Nacional desempeñar cualquier otro cargo o empleo público.
ARTÍCULO 2- Para que se modifiquen los artículos 50, 56 y 272 de la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978, y se lean de la siguiente manera:
Artículo 50-
Los órganos colegiados nombrarán un secretario, quien tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
a) Grabar las sesiones del órgano y levantar las actas correspondientes. b) Comunicar las resoluciones del órgano, cuando ello no corresponda al presidente. c) Las demás que le asignen la ley o los reglamentos.
(…)
Artículo 56-
1- Las sesiones de los órganos colegiados, deberán grabarse en audio y video y ser respaldadas en un medio digital que garantice su integridad y archivo de conformidad con la legislación vigente. Será obligación de todos los miembros del cuerpo colegiado verificar que se realice la grabación de la sesión y constituirá falta grave el no hacerlo.
2- De cada sesión se levantará un acta, que contendrá la indicación de las personas asistentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de la deliberación, la forma y resultado de la votación y el contenido de los acuerdos. 3- Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de esa aprobación carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva sesión, a menos que los miembros presentes acuerden su firmeza por votación de dos tercios de la totalidad de los miembros del Colegio.
4- Las actas serán firmadas por el presidente y por aquellos miembros que hubieren hecho constar su voto disidente.
(…)
Artículo 272- 1. La administración deberá conformar un expediente administrativo, que contendrá los documentos físicos y/o digitales que motivaron el dictado o emisión del acto administrativo. Las partes y sus representantes, y cualquier abogado, tendrán derecho en cualquier fase del procedimiento a examinar, leer y copiar cualquier pieza del expediente, así como a pedir certificación de la misma, con las salvedades que indica el artículo siguiente.
ARTÍCULO 3- Para que se modifique el artículo 58 de la Ley N.° 4573, Código Penal de 4 de mayo de 1970, y se lea de la siguiente manera:
Inhabilitación Especial
Artículo 58- La inhabilitación especial cuya duración será la misma que la de la inhabilitación absoluta consistirá en la privación o restricción de uno o más de los derechos o funciones a que se refiere la inhabilitación absoluta.
TRANSITORIO ÚNICO- Las modificaciones de los artículos 50 y 56 de la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978, rigen un año después de la publicación de esta ley.
Rige a partir de su publicación.
Yorleny León Marchena Diputada
23 de junio de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Especial de Reforma del Estado que tendrá como objetivo estudiar, proponer y dictaminar iniciativas de ley relacionadas con las instituciones del Gobierno Central, empresas estatales de la administración descentralizada así como entes públicos no estatales, funcionalmente en materia de diseño institucional, competencias, atribuciones, capital humano, infraestructura tecnológica y financiamiento, con el fin de optimizar procesos, favorecer la descentralización administrativa, expediente 22.039.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.