Archivado: el proyecto que cobraba más renta a empresas y salarios altos
El expediente 22034, que proponía un cobro extra de renta a empresas grandes y salarios altos para la emergencia del COVID-19, venció su plazo y quedó archivado en 2024.
Título oficial LEY DE JUSTICIA FISCAL FRENTE A LA EMERGENCIA DEL COVID-19
A quién le toca
- Empresas con renta neta de mil millones de colones o más al año
- Personas físicas con actividades lucrativas con ingresos sobre cuarenta millones de colones anuales
- Asalariados y pensionados con ingresos sobre ¢4.325.000 mensuales
- El sector turismo, que recibiría una cuarta parte de lo recaudado
- La Caja Costarricense de Seguro Social, que recibiría una cuarta parte para pago de deuda
A quién beneficia
- El Fondo Nacional de Emergencias recibiría 25% de lo recaudado
- El sector turismo recibiría 25% de lo recaudado
- La CCSS recibiría 25% para pago de deuda del Estado
- El Ministerio de Hacienda recibiría 25% para amortizar deuda pública
Qué cambia
- El proyecto no es ley: está archivado desde el 16 de julio de 2024
- Nadie pagó el cobro extra porque nunca se aprobó
- Para revivir la idea habría que presentar un proyecto nuevo
La explicación completa
El expediente 22034 ya no está en trámite. Venció su plazo de cuatro años y la Asamblea lo archivó el 16 de julio de 2024 1.
Qué propone
El proyecto proponía un cobro extra de impuesto sobre la renta para reunir plata durante la emergencia del COVID-19 (art. 1). Ese cobro extra se llamaba "extensión tarifaria".
A las empresas (personas jurídicas) con renta neta de mil millones de colones o más al año, les proponía cobrar un 35% sobre su renta imponible (art. 5). Ese 35% sustituía la tarifa del artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta N.º 7092.
A las personas físicas con actividades lucrativas, les proponía cobrar un 5% adicional sobre lo que pasara de cuarenta millones de colones anuales (art. 6).
A los asalariados y pensionados, les proponía cobrar un 5% adicional sobre lo que pasara de ¢4.325.000 mensuales (art. 7).
La plata recaudada se repartía en cuatro partes iguales de 25% cada una (art. 4). Una parte iba al Fondo Nacional de Emergencias, por medio de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Otra parte iba al sector turismo. Otra al pago de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social. La última al Ministerio de Hacienda para pagar deuda pública.
El cobro extra regía hasta el 31 de diciembre de 2022 (art. 3). El Poder Ejecutivo podía extenderlo hasta un año fiscal más.
En qué va el trámite
El proyecto está archivado. La Asamblea lo archivó el 16 de julio de 2024 por vencimiento del plazo cuatrienal del artículo 119 1.
El trámite había empezado el 15 de junio de 2020, cuando se presentó en el Plenario 1. Tres días después se asignó a comisión. El 19 de junio de 2020 se recibió en archivo.
El 25 de junio de 2020 llegó a la Comisión de Asuntos Hacendarios (Área VI) 1. El 14 de julio de 2020 entró en el orden del día de esa comisión. Ahí se quedó. Nunca llegó al Plenario para primer debate.
El plazo cuatrienal vencía el 15 de junio de 2024 1. El archivo se registró el 16 de julio de 2024.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque claro entre el texto del proyecto y los artículos de la Constitución que están en el dossier.
El artículo 50 dice que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza Constitución, art. 50. El proyecto citaba ese artículo como base para pedir aportes según la capacidad económica de cada quien (art. 1).
El artículo 121 dice que le toca a la Asamblea Legislativa dictar las leyes Constitución, art. 121. El proyecto seguía ese camino: era un proyecto de ley ordinario presentado por una diputada 1.
El artículo 176 dice que el presupuesto se emite para un año, del primero de enero al treinta y uno de diciembre Constitución, art. 176. El proyecto fijaba su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, con posible extensión de un año fiscal (art. 3). Eso calza con el año fiscal que fija la Constitución.
Hay una duda sobre el artículo 7. El proyecto cobraba un 5% adicional a rentas de trabajo, jubilación o pensión por encima de ¢4.325.000 mensuales (art. 7). La Constitución protege el salario y la pensión, pero no prohíbe impuestos sobre rentas altas. El Censo no encontró un artículo constitucional del dossier que lo impida.
Qué puede hacer usted
Este proyecto ya está archivado, así que no hay comisión ni plenario donde incidir. Las herramientas de la guía sirven para otros proyectos o para pedir información sobre este.
Paso 1: pedir información. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea brinda información sobre el estado de tramitación de los proyectos de ley guía, p. 27. Puede preguntar por el expediente 22034 y su archivo.
Paso 2: presentar una propuesta de ley nueva. La Asamblea tiene un formulario web para que la población presente propuestas guía, p. 27. No hace falta presentar el texto completo, basta con plantear la propuesta de forma sencilla. La Oficina de Iniciativa Popular recopila esas iniciativas y las remite a los diputados.
Paso 3: si quiere una iniciativa popular con garantía de discusión, necesita reunir firmas. El TSE verifica las firmas y traslada el proyecto a la Asamblea guía, p. 26. El proyecto debe votarse en un plazo máximo de dos años.
Paso 4: denunciar irregularidades en el manejo de fondos públicos. La Contraloría General de la República recibe denuncias por escrito o verbal guía, p. 68. Puede llamar al 2501-8000 o al 2501-8025.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué la Comisión de Hacendarios nunca dictaminó el proyecto.
El dossier no dice cuánta plata habría recaudado el cobro extra.
El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El Censo no encontró un choque claro entre el proyecto y los artículos constitucionales del dossier. El texto calza con el artículo 50 sobre reparto de la riqueza y con el artículo 176 sobre el año fiscal.
Constitución, art. 50"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza."
Esta ley, art. 1"La ley tiene por objeto establecer una extensión tarifaria derivada del impuesto sobre la renta, entre otras reformas, que pretende contener los efectos del estado de emergencia provocados por la pandemia del COVID-19."
Sin choque aparente La Constitución pide repartir mejor la riqueza. El proyecto buscaba eso con un cobro extra a rentas altas. Calzan.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica"
Esta ley, art. 1"La ley tiene por objeto establecer una extensión tarifaria derivada del impuesto sobre la renta"
Sin choque aparente La Constitución dice que la Asamblea dicta las leyes. El proyecto era un proyecto de ley ordinario presentado por una diputada. Seguía el camino correcto.
Constitución, art. 176"El presupuesto de la República se emitirá para el término de un año, del primero de enero al treinta y uno de diciembre."
Esta ley, art. 3"Esta norma transitoria tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2022 y el Poder Ejecutivo podrá extender su aplicación hasta por un año fiscal adicional."
Sin choque aparente La Constitución fija el año fiscal de enero a diciembre. El proyecto fijaba su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. Calzan.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 22034: LEY DE JUSTICIA FISCAL FRENTE A LA EMERGENCIA DEL COVID-19
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
LEY DE JUSTICIA FISCAL FRENTE A LA EMERGENCIA DEL COVID-19
PAOLA VIVIANA VEGA RODRÍGUEZ DIPUTADA
EXPEDIENTE N.° 22.034
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
LEY DE JUSTICIA FISCAL FRENTE A LA EMERGENCIA DEL COVID-19
Expediente N.° 22.034
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Teniendo en cuenta la previsión de caída del PIB regional (5,3%) y el aumento del desempleo por los efectos de la pandemia, la Cepal estima que alrededor del 10% de las personas que se encontraban en situación de pobreza no extrema en 2019 (11,8 millones de personas) verían deteriorada su situación económica y caerían en una situación de pobreza extrema. Asimismo, el 15% de las personas que pertenecían a estratos bajos no pobres (entre 1 y 1,8 líneas de pobreza per cápita) caerían en la pobreza no extrema (20,8 millones de personas) o en la pobreza extrema (3 millones de personas).
En este sentido, Cepal estima que la situación generada por la pandemia va a provocar variaciones negativas de hasta un 3% en el Coeficiente de Gini derivándose en una mayor desigualdad. No obstante, se aclara que el cálculo estimado no contempla variaciones ante medidas que puedan tomar los gobiernos de la región; es decir, podría encrudecer los indicadores que miden la desigualdad.
De igual manera, esta organización analiza algunas de las medidas comunes empleadas por los gobiernos, tienen efectos claramente visibles y predecibles sobre las fluctuaciones en indicadores como el desempleo y acceso a instituciones públicas que como consecuencia tienen efectos económicos directos para un país. Según Cepal (2020) en su informe sobre “El desafío social en tiempos del COVID-19" afirma que;
“Las medidas de distanciamiento físico les impiden desarrollar sus actividades y generar ingresos que les permitan mantenerse fuera de la pobreza. Al contar con un escaso o nulo acceso a la seguridad social, su capacidad para beneficiarse del seguro de desempleo o acceder a la atención de salud queda considerablemente restringida, una situación en la que se encuentran la mayoría de estas personas. Cabe señalar que solo ocho países latinoamericanos y tres caribeños cuentan con seguro de desempleo.
El incremento del trabajo informal ante el aumento del desempleo dificultará que esos trabajadores y sus familias accedan a ingresos para sostener un nivel de vida digno. Esta situación presionará además la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social por la disminución de los aportes directos y las posibles reducciones de cobertura.” (pag. 6)
En este contexto, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) ha estimado que el impacto esperado por las medidas de confinamiento, restricción al comercio y a la movilidad, cierres de frontera, entre otros; supondrá una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de un -3,3% para el año 2020.
Es conocido que los efectos de las contracciones en una economía se trasladan en mayor desempleo, reducción de ingresos fiscales, aumento del descontento social y un marcado aumento en la desigualdad social. Por esta razón, emplear algunas medidas de política económica pueden disolver los efectos negativos sostenidos en una economía durante periodos de incertidumbre.
Por ejemplo, un sector que ha sufrido los impactos de manera directa es el turismo, las empresas y personas vinculadas con servicios de hospedaje, alimentación, transporte de esta rama han reducido sus ingresos en prácticamente en su totalidad. En tal contexto, dicho sector requiere de intervenciones para reanimar y sostener la industria, pues de eso dependen muchas familias y empresas.
Por otra parte, las acciones que ha empleado el Poder Ejecutivo para reducir los impactos por la Crisis del Covid-19 han sido efectivas durante los primeros meses. Sin embargo, la disrupción del empleo, inflexibilidad fiscal y los recortes presupuestarios proyectan un escenario negativo para las familias y las Pymes costarricenses.
De manera antagónica, grandes cúpulas empresariales han presionado para que los funcionarios públicos sean los que mayor aporte transfieran para reducir los impactos de la crisis. Relacionado a esto, algunas cámaras empresariales proponen agendas para la precarización laboral, en un contexto donde estas aportan poco o nada a la situación fiscal y a la crisis.
Por estas razones, el actual proyecto de ley propone emplear mecanismos de política fiscal para gravar aquellas rentas, con ingresos y capacidades económicas robustas; con el objetivo de equilibrar el peso de la recesión económica y contribuyan a la seguridad y estabilidad social de Costa Rica. También se incluye al segmento de rentas por actividades lucrativas de personas físicas con altos rangos salariales ubicados en el decil más alto, entre otros de acuerdo con la Ley de Impuesto sobre la Renta N.º 7092, de 21 de abril de 1988 y sus reformas.
Algunos datos aportados por el Ministerio de Hacienda correspondientes al año 2018, muestran que en el 1% de las personas jurídicas lucrativas representadas en 1290 empresas de una población total de 128 mil que concentran una renta media en promedio de 2 512 millones de colones al año, donde la empresa del selecto grupo que más renta neta reporta, supera los 286 mil millones de colones al año.
No obstante, según datos correspondientes a la renta bruta de asalariados y pensionados del Ministerio de Hacienda durante el 2019, se menciona que el 1%, es decir, alrededor de 13 mil personas reportan un salario o una pensión promedio de 5 millones de colones. Mientras que el 80% de los asalariados que se calculan en 1 millón de personas, reportan un ingreso bruto en promedio de 433 mil colones.
La Constitución Política de la República de Costa Rica cita en sus artículos 18, 33, 45 y 50 sobre principios para el equilibrio fiscal, justicia social, entre otros referentes a la estabilidad y el aporte económico. Donde se infiere que todas las personas que habitan o residen en este país deben aportar para el equilibrio económico y social de acuerdo con sus capacidades.
Como resultado, incorporamos recomendaciones de instituciones regionales como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y Cepal para que esta propuesta de ley impacte positivamente en las acciones que el Estado costarricense implementa para superar los efectos adversos en la pandemia del COVID-19.
“Ante las grandes brechas históricas que la pandemia ha agravado, la CEPAL reitera que es el momento de implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos, para no dejar a nadie atrás.
Generar respuestas de emergencia desde la protección social para evitar un grave deterioro en las condiciones de vida es ineludible desde una perspectiva de derechos y bienestar.
Las respuestas en materia de protección social deben articular las medidas de corto plazo, necesarias para atender las manifestaciones más agudas de la emergencia, con otras de mediano y largo plazo, orientadas a garantizar el ejercicio de los derechos de las personas mediante el fortalecimiento del Estado de bienestar y la provisión universal de protección social. Esto requiere una implementación gradual y la búsqueda de mecanismos de financiamiento sostenibles.” (Cepal, 2020, El desafío social en tiempos del COVID-19)
Según Jonathan Menkos Zeissig del ICEFI, afirma que en el actual contexto;
“Con estas administraciones públicas desnutridas es imposible garantizar los bienes y servicios que sustentan el bienestar económico y social, la seguridad, la identidad colectiva y la legitimidad al Estado, lo que provoca aumentos en la desigualdad y un cada vez mayor desapego de los ciudadanos al sistema democrático.
Los millonarios centroamericanos deben comprometer todas sus capacidades en empujar una Centroamérica más desarrollada, incluyendo el pago de más impuestos. El liderazgo y la legitimidad de los grandes empresarios deberán ser medidos no por niveles de riqueza, sino por las acciones que estos tomen para evitar la catástrofe política, económica y social.”
Es imperativo destacar que la propuesta de ley pretende gravar los segmentos empresariales y aquellos capitales que se destacan por encontrarse en el 1% con mayores beneficios económicos. Se pretende que los recursos sean utilizados para apoyar a las familias, sectores, entre otros ante las dificultades de la pandemia. Se parte del principio de justicia social y equidad como medida para enfrentar momentos excepcionales. Resulta importante destacar que estas medidas son temporales y que su vigencia podrá variar de acuerdo con la conveniencia de los legisladores. En virtud de las anteriores consideraciones, someto a conocimiento de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
LEY DE JUSTICIA FISCAL FRENTE A LA EMERGENCIA DEL COVID-19
ARTÍCULO 1- Objeto de la ley
La ley tiene por objeto establecer una extensión tarifaria derivada del impuesto sobre la renta, entre otras reformas, que pretende contener los efectos del estado de emergencia provocados por la pandemia del COVID-19. La aplicación de la extensión tarifaria del impuesto de la renta será de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Impuesto sobre la Renta, N.º 7092, de 21 de abril de 1988.
ARTÍCULO 2- Aplicación supletoria de la ley
De acuerdo con las disposiciones no contempladas en esta ley, supletoriamente serán aplicables a los impuestos extraordinarios las disposiciones respectivas de la Ley de Impuesto sobre la Renta N.º 7092, de 21 de abril de 1988, que regulan cada uno de los impuestos vigentes, incluyendo hecho generador, sujeto pasivo, base imponible y la administración tributaria, se considerará también el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
ARTÍCULO 3- Vigencia
La extensión tarifaria derivada de esta legislación se aplicará al periodo fiscal que corresponda de acuerdo con la entrada en vigor de la presente ley. Esta norma transitoria tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2022 y el Poder Ejecutivo podrá extender su aplicación hasta por un año fiscal adicional.
ARTÍCULO 4- Destino de los recursos
Los recursos percibidos por la extensión tarifaria derivada del impuesto sobre la renta serán destinados para:
1- Un veinticinco (25%) por ciento de los recursos recaudados se trasladarán a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para que sean incluidos en el Fondo Nacional de Emergencias. 2- Un veinticinco (25%) por ciento de los recursos recaudados será utilizada para atender las dificultades económicas del sector turismo.
3- Un veinticinco (25%) por ciento de los recursos recaudados serán para el pago de la deuda del Estado ante Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
4- Un veinticinco (25%) por ciento de los recursos recaudados serán utilizados por el Ministerio de Hacienda para la amortización de deuda pública.
ARTÍCULO 5- Determinación de las tarifas de rentas para personas jurídicas
Para aquellas personas jurídicas cuya renta neta sea igual o mayor a los mil millones de colones (¢1.000.000.000) anuales, se establece un impuesto del treinta y cinco por ciento (35%) sobre su renta imponible, que se cobrará en sustitución de la tarifa establecida en el artículo 15 de la Ley N°. 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988 y sus reformas.
Esta norma transitoria tendrá vigencia según lo dispuesto en el artículo 3. El Poder Ejecutivo podrá extender su aplicación hasta por un año fiscal adicional, luego de la cual se volverá a la aplicación plena de la tarifa establecida en el artículo 15. En lo no previsto en el presente transitorio, se aplicarán las disposiciones establecidas en la Ley N°. 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988 y sus reformas, así como el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
ARTÍCULO 6- Determinación de la tarifa a personas físicas con actividades lucrativas
A las personas físicas con actividades lucrativas se les aplicará la siguiente extensión de escala tarifaria sobre la renta imponible:
a) Sobre el exceso de cuarenta millones de colones (¢40.000.000,00) anuales, se pagará un cinco por ciento (5%) adicional a la tarifa vigente.
ARTÍCULO 7- Determinación de la tarifa a rentas de trabajo personal dependiente o la jubilación o pensión u otras remuneraciones por otros servicios personales
A las personas físicas domiciliadas en el país se les aplicará, calculará y cobrará un impuesto mensual, de conformidad con la escala que se señalará sobre las rentas cuya fuente sea el trabajo personal dependiente o la jubilación o pensión u otras remuneraciones por otros servicios personales, de conformidad con lo dispuesto en el título II de la Ley de impuesto sobre la renta, N.º 7092, de 21 de abril de 1988.
a) Sobre el exceso de ¢4.325.000,00 (cuatro millones trescientos veinticinco mil colones) mensuales, se pagará un cinco por ciento (5%) adicional a la tarifa vigente. Rige a partir de su publicación.
Paola Viviana Vega Rodríguez Diputada
22 de junio de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.