Proyecto para llamar a Defensoría y Contraloría al Plenario venció sin ser ley

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE ACUERDO

PARA QUE EL PLENARIO LEGISLATIVO PUEDA CONVOCAR DE FORMA EXTRAORDINARIA, AL DEFENSOR(A) DE LOS HABITANTES Y AL CONTRALOR(A) GENERAL DE LA REPÚBLICA EN CASOS DE CONTROL POLÍTICO

FRANGGI NICOLÁS SOLANO DIPUTADA

EXPEDIENTE N.° 22.037

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

PROYECTO DE ACUERDO

PARA QUE EL PLENARIO LEGISLATIVO PUEDA CONVOCAR DE FORMA EXTRAORDINARIA, AL DEFENSOR(A) DE LOS HABITANTES Y AL CONTRALOR(A) GENERAL DE LA REPÚBLICA EN CASOS DE CONTROL POLÍTICO

Expediente N.° 22.037

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Costa Rica a lo largo de su historia desde su génesis como República se ha ido conformando como Estado de derecho, asentándose en la promulgación de leyes que han dado cobijo a diseños institucionales y a la formación de entidades, con la finalidad de darle una mayor protección a la población frente al aparato estatal, pues la tentación del ejercicio abusivo del poder no ha sido ajena a nuestros gobernantes. Durante el siglo XX fue la Asamblea Legislativa, como Primer Poder de la República, la fuente principal de estas políticas. Algunas de las expresiones más prominentes de esta son la Defensoría de los Habitantes y la Contraloría General de la República, sus entes auxiliares, que han desplegado un trabajo que ha sido esencial en beneficio de los habitantes, ciudadanos o extranjeros, en la contención del aparato público dentro de los parámetros de la legalidad y un generador de insumos en el quehacer parlamentario, de gran importancia en el tema de control político.

Defensoría de los Habitantes

Sobre la figura de la Defensoría de los Habitantes, desde antes de la promulgación de la ley que le dio vigencia, se venía gestando con la idea inicial que, en 1982, creó la Procuraduría de Derechos Humanos, la cual fue adscrita como un órgano de la Procuradora General de la República. La misma, tenía como función específica la protección de los derechos humanos, regulado mediante decreto ejecutivo.

Sobre el proyecto de ley N.° 10.275 “Ley del Defensor de los Habitantes de la República”, la Sala Constitucional resolvió:

“Estima esta sala como tesis de principio que la Asamblea Legislativa con fundamento en el artículo 121 inciso 1°, 20 y 23 de la Constitución Política puede crear, mediante el procedimiento legislativo ordinario, órganos públicos, adscritos a ella que ejerzan funciones de tutela de legalidad sobre los demás poderes entes u organismos públicos. No obstante, la competencia de tales órganos adscritos tiene que estar limitada por las competencias constitucionales exclusivas de aquellos poderes, entes u organismos públicos porque las suyas han de ser estrictamente de naturaleza tutelar y no de administración activa. Dentro de esos supuestos la Sala entra a examinar el contenido del proyecto consultado, a fin de determinar la constitucionalidad de las disposiciones concretas recogidas en el.

El artículo 140 inciso 8° de la Constitución Política señala como deber del Poder Legislativo vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas: la norma supra citada otorga al Poder Ejecutivo competencia funcional sobre el servicio público. Por su parte, en la Ley General de la Administración Pública se le asigna al Poder Ejecutivo la misión de procurar que el servicio público sea prestado conforme a los cuatro grandes principios que regula el artículo 4 de esa ley -continuidad, eficiencia, adaptación a todo cambio en el régimen legal o necesidad social e igualdad de trato frente a sus destinatarios usuarios o beneficiarios.

Dicha resolución determina una distinción fundamental sobre la naturaleza funcional de los órganos colaboradores de la Asamblea Legislativa. Al hablar de la “naturaleza tutelar” de dichas funciones, en contraposición a las que corresponden a la “administración activa” se destaca la imposibilidad de que dichos órganos puedan suplir la actividad ejecutiva reservada a otro poder, por lo tanto se salvaguarda la interferencia de poderes, siendo que, sin embargo, se pueden activar mecanismos de control, de pesos y contrapesos, pertinentes para lograr el cumplimiento de los fines que les son propios a esta gestión administrativa dentro del marco de legalidad, imparcialidad, eficacia y eficiencia para lo cual una institución auxiliar como es la Defensoría de los Habitantes, fue creada bajo el principio de magistratura de influencia, no como superior jerárquico, pidiendo cuentas, haciendo recomendaciones vinculantes para los entes públicos, incluso interponiendo ante estrados judiciales coadyuvancias o hasta la iniciativa de acciones para garantizar los derechos fundamentales y el bienestar de la población.

Así entendida, la institución abre las puertas en el año de 1993. La Defensoría de los Habitantes, sustentada en la Ley N.°7319, tiene por objetivo proteger los derechos e intereses de los habitantes del país frente a las acciones y las omisiones del sector público, siendo un vigilante de que la función pública se ajuste a la legalidad y la justicia.

Así establecido en el artículo 1° de su normativa, que establece de forma puntual:

“ARTICULO 1.- Atribución general.

La Defensoría de los Habitantes de la República es el órgano encargado de proteger los derechos y los intereses de los habitantes. Este órgano velará porque el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, la justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, los tratados, los pactos suscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho. Además, deberá promocionar y divulgar los derechos de los habitantes”.

De esta forma la Defensoría de Los Habitantes se constituyó en un brazo esencial del Primer Poder de la República en temas de legalidad y de justicia social. Por su parte, en el artículo 12 del mismo cuerpo normativo se establece el ámbito de su competencia, dejando claro que sin perjuicio de las potestades constitucionales y legales de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, la Defensoría podrá iniciar procesos a petición de parte o de oficio, con el objetivo de esclarecer las actuaciones administrativas del sector público, inspeccionando sin previo aviso oficinas públicas, y requerir documentos esenciales para investigaciones que, la mayoría de veces, tienen relación con actuaciones definidas como no acordes a los marcos de legalidad, que son de interés para la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, es aquí donde se ha hecho evidente la necesidad de mejorar la articulación entre el Poder Legislativo y la Defensoría de los Habitantes, para sacar un mayor provecho a las gestiones e investigaciones que realiza, dentro de la función básica de control político que corresponde al Parlamento, donde los insumos aportados por la Defensoría como órgano auxiliar vienen a orientar adicionalmente la presentación de iniciativas de ley, para la solución de las necesidades y la corrección de las falencias que quedan en evidencia merced al trabajo cotidiano de acompañamiento de la gestión administrativa del Estado y a la real atención o no, de las necesidades de los distintos grupos que integran nuestra sociedad.

Todo lo anterior podemos sostenerlo sin que pueda pensarse en instrumentalizar a este órgano auxiliar en menoscabo de su independencia, la cual está garantizada en su ley de creación. Basta revisar el artículo segundo de esa ley para encontrarnos con una concepción que no pretendemos cambiar, sino que queremos aprovechar en favor de una mejor gestión de las labores de control político. De este modo, dice la referida norma:

“ARTICULO 2.- Independencia.

La Defensoría de los Habitantes de la República está adscrita al Poder Legislativo y desempeña sus actividades con independencia funcional, administrativa y de criterio.

La Asamblea Legislativa evaluará, anualmente, el funcionamiento de la Institución, mediante el informe presentado por ese funcionario, el cual se conocerá y discutirá en el capítulo que se establezca en el Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa”.

Pese a que resulta necesaria ese informe, en muchas oportunidades no resulta suficiente. Dependiendo de las circunstancias, puede resultar necesario, en casos excepcionales y específicos, poder llamar a la persona que ejerce el cargo de Defensor de los Habitantes para que comparezca ante los diputados, pues en casos específicos de mucho interés se requiere de este órgano para que rinda informe sobre sus investigaciones y de esta manera hacer una evaluación no solo del problema investigado sino también de la calidad de la investigación. Otra ventaja de esta presentación es que permite articular el trabajo y aproximar puntos de vista en el análisis de problemas a los que se les ha dado un seguimiento más minucioso por el órgano auxiliar que facilita la toma de decisiones de una manera más objetiva, siempre respetando naturaleza tutelar y fiscalizadora, así como la independencia funcional, administrativa y de criterio de la Defensoría de los Habitantes a las que alude el artículo de la ley ya citado.

Contraloría General de la República

De igual forma, siguiendo la misma línea de raciocinio, se puede sustentar la necesidad de que comparezca la Contraloría General de la Republica, en la persona de su titular, pues este ente establecido en nuestra propia Constitución Política, específicamente en los artículos 183 y 184, fue el primer órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa que se creó en el país, al que se le asignó la tarea de la vigilancia de la Hacienda Pública, pero que, en el mismo sentido antes indicado, cuenta con absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores.

Respecto del propósito que inspira nuestra propuesta de modificación del Reglamento, la misma norma constitucional que la constituye, establece en su párrafo tercero el deber del contralor y subcontralor de responder ante la Asamblea Legislativa por el cumplimiento de sus funciones, principio de responsabilidad que tiene como corolario la potestad de removerlos cuando se compruebe ineptitud o procederes incorrectos. En particular es fundamental para el ejercicio del control político en temas de presupuesto por parte del Primer Poder de la República, el trabajo de la Contraloría pues dispone de un personal numeroso y capaz que realiza la tarea de fiscalización y vigilancia de la Hacienda Pública, que sobrepasa el simple control de legalidad, para alcanzar el diseño de escenarios en la toma de decisiones que permiten valorar la eficiencia y el mejor uso de los recursos públicos.

Es sin duda alguna un insumo esencial en la toma de decisiones legislativas, el poder contar con los criterios y estudios de la Contraloría General de la República sobre el manejo de los fondos públicos, más considerando que desde la constitución de la Contraloría y la función de rendir informes anuales, por primera vez y como un hecho histórico la Contralora Acosta rindió su informe de manera presencial en el 2015 luego de la aprobación de una moción presentada y aprobada en el pleno legislativo debido a la relevancia de los temas que contenían en dicho informe. Sin duda que los alcances políticos y jurídicos de la función auxiliar de este ente con respecto a la Asamblea, se traduce en apoyo a la labor de los legisladores en cuanto a su investigación y estudios, y son de gran ayuda en casos específicos donde la Contraloría tiene una participación activa en la tutela, por lo que resulta fundamental que los legisladores tengan acceso de primera mano a la información generada por dicho órgano y de esta manera tener una aproximación más dinámica y respuestas puntuales a sus dudas o asuntos de su interés.

Es por lo anteriormente expuesto que considero fundamental una reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa, para fijar el procedimiento para que los diputados puedan llamar a comparecer al Contralor General de la República y La Defensoría de los Habitantes ante el Plenario legislativo en casos específicos donde se considere que la relevancia de los temas investigados hacen indispensable una dinámica de rendición de cuentas y de exposición de sus hallazgos donde las preguntas permitan ahondar en los hechos y juicios incluidos en los informes de estos órganos que, insisto, como auxiliares del Parlamento están llamados a ofrecer su aporte para hacer más efectivo el control político y dar origen a iniciativas de ley que se consideren necesarias como correlato de dichas comparecencias.

La necesidad de impulsar esta reforma al reglamento fue inspirada en una comparecencia previa de la Contralora Acosta ante el plenario de la Asamblea Legislativa en el gobierno anterior, que me llevó a constatar la falta de este procedimiento reglado y a sugerir su adopción. Deben fijarse claramente los parámetros generales en que se circunscribe la comparecencia en la moción que la proponga. Además, como otras iniciativas que modifican el normal desarrollo de la agenda legislativa, pienso que debería tratarse de una moción cuya aprobación requiere de treinta y ocho votos, propuesta por, al menos, diez diputados, para garantizar que tenga un respaldo mínimo para su discusión.

También deben asegurarse el derecho a preguntar por los legisladores y las condiciones del debate posterior.

Por las razones indicadas, someto a sus señorías el presente proyecto de ley para su conocimiento y aprobación.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA ACUERDA:

PARA QUE EL PLENARIO LEGISLATIVO PUEDA CONVOCAR DE FORMA EXTRAORDINARIA, AL DEFENSOR(A) DE LOS HABITANTES Y AL CONTRALOR(A) GENERAL DE LA REPÚBLICA EN CASOS DE CONTROL POLÍTICO

ARTÍCULO ÚNICO- Adiciónase un nuevo capítulo I al título IV del Procedimiento de Control Político del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que dirá:

CAPÍTULO I

COMPARECENCIA DE QUIEN OSTENTA EL CARGO DE DEFENSOR DE LOS HABITANTES O DE CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

ARTÍCULO 212- Moción de convocatoria

Mediante moción aprobada por 38 votos, los diputados podrán convocar a comparecer ante el Plenario legislativo de forma extraordinaria al Defensor(a) de los Habitantes o al Contralor(a) General de la República, para que rindan informes y den explicaciones sobre determinados asuntos. La moción deberá ser firmada por al menos diez diputados y debe indicar el objeto de la convocatoria, la fecha y hora de la comparecencia, el tiempo que se concederá al exponente y podrá contener otros detalles sobre el objeto y el modo en que se realizará la sesión.

ARTÍCULO 213- Comparecencia del Defensor(a) de los Habitantes o del Contralor(a) de la República

Cuando ingrese al Plenario el Defensor(a) de los Habitantes o el Contralor(a) de la República, el presidente le informará el motivo de su comparecencia y le concederá la palabra para que haga la exposición o dé las explicaciones del caso, indicándole el plazo que dispone. Concluida la intervención, concederá la palabra a los diputados que deseen hacerle preguntas concretas. Posteriormente se abrirá un debate sobre el tema tratado, conforme a las disposiciones generales de este Reglamento.

Rige a partir de su aprobación.

Franggi Nicolás Solano Diputada

NOTAS: Este proyecto ingresó al orden del día del Plenario el dieciocho de junio de dos mil veinte.

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.