Proyecto para flexibilizar créditos por COVID se archivó en 2024
El expediente 22.046, que proponía reformar el artículo 65 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional para facilitar créditos en emergencias, venció su plazo cuatrienal el 18 de junio de 2024 y quedó archivado.
Título oficial REFORMA AL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL, LEY N° 1644
A quién le toca
- Micro, pequeños y medianos productores que buscaban crédito durante la pandemia
- Emprendedores y pequeñas empresas turísticas mencionadas en la exposición de motivos
- Personas que pedían crédito y no podían demostrar capacidad de pago por la reducción de ingresos
A quién beneficia
- El proyecto habría permitido usar información disponible en lugar del análisis tradicional de capacidad de pago
- El CONASSIF habría podido emitir normativa especializada para emergencias
- Se habría considerado la reducción o suspensión total del flujo de caja como condición válida
Qué cambia
- El expediente 22046 venció el 18 de junio de 2024 y quedó archivado
- La reforma no llegó a debate en Plenario
- La Ley 1644 sigue vigente sin esta reforma
La explicación completa
Qué propone
El proyecto proponía reformar el artículo 65 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley 1644, para que el CONASSIF pudiera establecer normativa especializada en situaciones de excepción. (art. 1)
Esa normativa sustituiría temporalmente el análisis de capacidad de pago por información disponible. (art. 1) Consideraría la posibilidad de reducción o suspensión total del flujo de caja por un tiempo determinado.
El objetivo era facilitar el acceso al crédito y reactivar la actividad productiva y el empleo. (art. 1) Las condiciones de excepción podían ser catástrofes naturales, pandemias o acontecimientos atípicos e impredecibles.
El texto también facultaba al CONASSIF para emitir esa normativa especializada. (art. 1)
En qué va el trámite
El proyecto está archivado. El expediente 22046 venció su plazo cuatrienal el 18 de junio de 2024. 1
La última actuación registrada fue el 3 de marzo de 2022, cuando la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios remitió el expediente a la Secretaría del Directorio. 1
El 16 de febrero de 2022 la comisión votó el proyecto. 1 El 8 de julio de 2020 ingresó en el orden del día de esa comisión.
El 25 de junio de 2020 el Plenario lo asignó a comisión y ordenó su publicación. 1 El 30 de junio de 2020 se publicó en La Gaceta 157, alcance 161.
Para que fuera ley faltaba el dictamen de la comisión, el debate en Plenario y la aprobación en primer y segundo debate. El plazo venció sin que eso ocurriera. 1
Lo que se dijo en la Asamblea
No hay grabaciones de este expediente. Las grabaciones disponibles tratan otros proyectos. 00:00:14 00:00:09
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque directo entre el texto del proyecto y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier. Constitución, art. 121
El artículo 121 dice que corresponde a la Asamblea Legislativa "Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica". Constitución, art. 121 El proyecto siguió el trámite legislativo ordinario. 1
El artículo 50 ordena que el Estado procure "el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza". Constitución, art. 50 El proyecto buscaba reactivar la producción y el empleo. (art. 1)
El artículo 46 prohíbe los monopolios particulares y los actos que restrinjan la libertad de comercio. Constitución, art. 46 El proyecto no creaba monopolios ni restricciones al comercio. (art. 1)
Qué puede hacer usted
El proyecto ya está archivado, así que no hay trámite legislativo abierto para incidir. 1
Puede pedir información sobre el estado de cualquier proyecto a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa. guía, p. 27
Puede presentar una propuesta de ley mediante el formulario web de la Asamblea. guía, p. 27 Esa vía no garantiza que la propuesta sea discutida o votada.
Puede consultar el expediente 22046 en el Sistema de Información Legislativa. 1
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué la comisión no dictaminó el proyecto antes del vencimiento del plazo. 1
El dossier no incluye el texto exacto del artículo 65 vigente de la Ley 1644 más allá de lo citado en la ficha. 6
El dossier no registra audiencias ni comparecencias sobre este expediente. 1
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El Censo no encontró un choque directo entre el proyecto y los artículos constitucionales del dossier.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica"
Esta ley, art. 1"Refórmese el Artículo 65 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley 1644"
Sin choque aparente La Asamblea tiene la potestad de reformar leyes. El proyecto siguió el trámite legislativo ordinario.
Constitución, art. 50"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza."
Esta ley, art. 1"facilitar el acceso al crédito, reactivar o impulsar la actividad productiva y la generación de empleos"
Sin choque aparente El proyecto buscaba reactivar la producción y el empleo, lo que calza con el artículo 50.
Constitución, art. 46"Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria."
Esta ley, art. 1"Se faculta al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) para establecer normativa especializada"
Sin choque aparente El proyecto no creaba monopolios ni restricciones al comercio. Daba facultades regulatorias al CONASSIF.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 22046: REFORMA AL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL, LEY N° 1644
- Costa Rica apostó por cambios en el sistema bancario nacional
- DIPUTADOS APRUEBAN PROYECTO QUE BUSCA MEJORAR LA SUPERVISIÓN QUE HACEN LAS ENTIDADES FINANCIERAS
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
- Ley 1644: Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional (Vigente)
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
REFORMA AL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL, LEY N° 1644
RODOLFO RODRIGO PEÑA FLORES ERWEN YANAN MASIS CASTRO
DIPUTADOS
EXPEDIENTE N° 22.046
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
NOTA: A solicitud de la parte interesada, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY
REFORMA AL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL, LEY N° 1644
Expediente N° 22.046
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Este proyecto de ley reforma el Artículo 65 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley 1644, con el objetivo de readecuar la normativa para el acceso al crédito a los micro, pequeños y medianos productores y empresarios de todos los sectores, en momentos de alta afectación de la economía local e internacional, y que se requiere de medidas extraordinarias para reactivar la producción, el crecimiento económico y la generación de empleo.
Tal es el caso de la actual crisis generada por la pandemia del COVID-19, que tiene repercusiones inéditas a nivel mundial con un alto grado de incertidumbre sobre su duración y la profundidad del daño en las estructuras productivas de los países, en las cadenas de abastecimiento a nivel global, en el flujo del comercio internacional y la inversión.
Esta coyuntura ha llevado a gobiernos y organismos internacionales a implementar medidas extraordinarias en materia sanitaria, económica y social, sin que se haya dado por acabado este esfuerzo. Por el contrario, se siguen proponiendo nuevas acciones conforme se detectan necesidades y nuevos desafíos.
En respuesta a la emergencia nacional por el COVID, desde mediados de marzo de 2020 se ha venido aprobando legislación necesaria en diversos temas, como la que se detalla a continuación:
Ley N° 9830. Alivio fiscal ante el COVID -19, establece la moratoria del IVA durante los meses de abril, mayo y junio de 2020; la eliminación de los pagos parciales del impuesto sobre las utilidades de los meses de abril, mayo y junio de 2020; la moratoria del Impuesto selectivo de consumo durante los meses de abril, mayo y junio de 2020; la moratoria de aranceles durante los meses de abril, mayo y junio de 2020; la exoneración del IVA sobre arrendamientos comerciales durante los meses de abril, mayo y junio de 2020 y autoriza al Presidente de la República a ampliar estas medidas hasta por 1 mes más.
Ley N° 9832. Autorización de reducción de jornadas de trabajo ante la Declaratoria de Emergencia Nacional.
Ley N° 9833. Aprobación del contrato de préstamo para financiar el programa de apoyo para el fortalecimiento de las finanzas públicas, suscrito entre la República de Costa Rica y la Corporación Andina de Fomento, por $500 millones con recursos para el Bono Proteger.
Ley N° 9837 Reforma del artículo 378 y adición de un artículo 378 bis a la Ley 5395, Ley General de Salud, de 30 de octubre de 1973, la Ley plantea el incremento de las multas en caso de incumplimiento de las medidas establecidas por el Ministerio de Salud.
Ley N° 9838. Modificación de la Ley 9078, Ley de Tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial, de 4 octubre de 2012, para establecer la restricción vehicular en casos de emergencia nacional previamente decretada.
Ley N° 9839. Entrega del fondo de capitalización laboral a los trabajadores afectados por crisis económica. La Ley autoriza el retiro del FCL a los trabajadores a los que les hayan suspendido el contrato de trabajo o reducido la jornada laboral.
Ley N° 9840. Ley de protección a las personas trabajadoras durante la emergencia por la enfermedad COVID -19, mediante la cual se crea un subsidio de desempleo.
Ley N° 9841. Primer presupuesto extraordinario y primera modificación legislativa a la Ley N° 9791, “ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2020, que asignó recursos por 152 mil millones de colones para el Bono Proteger como subsidio a personas que perdieron empleo e ingresos por el COVID -19.
Ley N° 9842. Reforma de los artículos 29 y 37, y adición del artículo 37 bis a la ley 7794, código municipal, de 30 de abril de 1998, para la toma de posesión y realización de sesiones virtuales en caso de emergencia nacional o cantonal.
Ley N° 9845. Reforma de la Ley General de Salud, de 30 de octubre de 1973, mediante la cual se reforma el art. 160 de la Ley General de Salud, para agilizar las notificaciones de órdenes sanitarias de personas en casos de enfermedades de denuncia obligatoria, mediante mecanismos digitales que reduzcan el riesgo de contacto y garanticen la eficiencia del procedimiento.
Ley N° 9844. Autorización de prórroga automática del período de las federaciones y confederaciones constituidos al amparo de la ley 218, ley de asociaciones, de 8 de agosto de 1939, con motivo de la pandemia del COVID -19.
Ley N° 9846. Aprobación de contratos de préstamo. La ley contiene la aprobación de los contratos suscritos entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo y La Agencia Francesa de Desarrollo para financiar el programa de apoyo presupuestario con base en reformas de políticas para apoyar el plan de descarbonización de Costa Rica, por $380 millones que asigna recursos al Bono Proteger como subsidio a personas que perdieron empleo e ingresos por el COVID -19.
Ley N° 9847. Ley para autorizar transferencia de capital del Instituto Nacional de Seguros a favor del Estado, por 75 mil millones de colones para el Bono Proteger como subsidio a personas que perdieron empleo e ingresos por el COVID -19.
Ley N° 9848. Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID -19.
Como se observa de la información anterior, la legislación aprobada ofrece algunas facilidades a los sectores productivos. Sin embargo, en relación con el sector financiero la única legislación para enfrentar esta crisis se incluyó en la Ley N° 9839 sin que fuera directamente relacionada con materia crediticia para impulsar la producción. Lo otro que se implementó han sido directrices y disposiciones que no han tenido todo el impacto deseado, lo cual justifica el presente proyecto de ley.
La directriz presidencial para enfrentar el COVID-19 insta a los bancos a aplicar las siguientes medidas:
i. Disminución en las tasas de interés, según las condiciones de cada crédito y deudor. ii. Extensión del plazo de los créditos. iii. Prórroga en el pago del principal y/o los intereses por el tiempo que resulte necesario. iv. Pagos extraordinarios al monto principal sin penalización.
Adicionalmente, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) aprobó en marzo de 2020, ampliar al 30 de junio de 2021 la medida transitoria que permite renegociar hasta dos veces en un periodo de 24 meses las condiciones pactadas de los créditos, sin que estos sean considerados una operación especial, y por tanto, sin que dichos ajustes tengan efectos negativos sobre la calificación de riesgo de los deudores en el Centro de Información Crediticia.
También, CONASSIF estableció disposiciones transitorias hasta el 31 de marzo de 2021 que consisten en:
i. Permitir que los análisis de seguimiento de la capacidad de pago del deudor para los créditos ya otorgados, no se efectúen bajo escenarios de tensión financiera. Lo anterior para evitar un deterioro mayor en la calificación del deudor derivado de este tipo de análisis.
ii. Asegurar el otorgamiento expedito de prórrogas, readecuaciones o refinanciamientos, autorizan a las entidades financieras que lo consideren pertinente, exceptuar en sus políticas y procedimientos crediticios, la presentación de información usualmente requerida para efectos de análisis de capacidad de pago de un deudor.
iii. Preservar el Nivel de Capacidad de Pago que el cliente poseía previo a la solicitud de la modificación en las condiciones del crédito.
Otras medidas aprobadas por el CONASSIF son:
i. Permitir el establecimiento de periodos de gracia, sin el pago de intereses ni principal, a criterio de cada entidad financiera.
ii. Suspensión por un periodo de 12 meses de la aplicación de las disposiciones reglamentarias que disponen que una entidad pasará a irregularidad 2, cuando presente pérdidas en seis o más periodos mensuales en los últimos 12 meses, para evitar distorsiones por los efectos del COVID-19.
iii. Habilitar al Superintendente General de Entidades Financieras, para que, hasta el 30 de septiembre de 2020, con base en elementos de riesgos del sistema o cuando sea prudente, disponga mediante resolución fundamentada la modificación de los 2 parámetros que determinan los niveles de normalidad o de irregularidad para los indicadores de liquidez.
Estas disposiciones representan un avance para los arreglos a las operaciones crediticias vigentes o cuyos riesgos ya están asumidos, especialmente de la banca pública. No obstante, se continúa exigiendo los mismos requisitos a los emprendedores y solicitantes de crédito para la determinación de la viabilidad financiera, que comprenden flujos de caja proyectados o certificaciones de ingresos, entre otros para analizar la capacidad de pago, lo que hace imposible el acceso a recursos en las condiciones actuales de reducción o suspensión total de los flujos de caja de negocios en muchos sectores productivos.
De ahí que, pese a que el Gobierno de la República anunciara en mayo de 2020 que pondría a disposición un total de ₡ 900 mil millones por medio de los bancos públicos comerciales para capital de trabajo, esos recursos no están llegando a los productores agropecuarios, a los emprendedores, a las pequeñas empresas turísticas, ni a los demás sectores que los requieren.
Por eso, se requieren medidas complementarias con rango de ley, como la que se propone en este proyecto, para que el análisis de capacidad de pago se pueda realizar con información disponible, de manera temporal, mediante la reforma del Artículo 65 de Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional. Por lo anterior, se somete a consideración de los señores Diputados y señoras Diputadas el presente proyecto de ley, REFORMA AL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL, LEY N° 1644
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA
REFORMA AL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL, LEY N° 1644
ARTÍCULO ÚNICO: Refórmese el Artículo 65 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley 1644, para que se lea de la siguiente manera:
Artículo 65-
Antes de conceder un crédito, los bancos procurarán cerciorarse de que las personas responsables de sus reembolsos están en capacidad financiera de cumplir con su obligación dentro del plazo respectivo. Con tal objeto, cuando lo juzguen necesario, podrán exigir de los solicitantes una declaración de bienes, ingresos y egresos, certificada por un Contador Público Autorizado cuando se estimare conveniente o una declaración de atestados. Los declarantes serán responsables de la veracidad de los datos aportados; si con posterioridad a la constitución del crédito el Banco comprobare la falsedad de las declaraciones, podrá dar por vencido el plazo y exigir inmediatamente el pago del saldo pendiente, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que los declarantes hayan podido incurrir.
Se faculta al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) para establecer normativa especializada para la determinación de la viabilidad de la actividad económica y la capacidad de pago de los sujetos de crédito, bajo condiciones de excepción del entorno económico nacional. Esa normativa deberá sustituir de forma temporal, el análisis de capacidad pago indicado en el párrafo primero de este artículo por información disponible, considerando la posibilidad de que se pueda dar una reducción o suspensión total del flujo de caja por un periodo de tiempo determinado. Normativa especializada que tendrá como fin, facilitar el acceso al crédito, reactivar o impulsar la actividad productiva y la generación de empleos.
Las condiciones que justifican esa normativa especializada podrán ser ocasionadas por catástrofes naturales, pandemias o acontecimientos atípicos e impredecibles por los modelos de análisis de riesgo utilizados por las entidades financieras, que provoquen de manera temporal, la paralización de las actividades productivas de bienes y servicios y la reducción o suspensión del flujo de caja de los prestatarios.
El rescate, reactivación y fortalecimiento de las actividades empresariales es un objetivo de los intermediarios financieros, debido a que el crédito constituye un pilar esencial para la producción nacional. El empleo generado por el sector empresarial conlleva la posibilidad de que también los deudores de las carteras de crédito de la banca de personas, puedan tener la suficiente capacidad de pago para atender sus obligaciones, en tal sentido, la preservación de las actividades empresariales, su desarrollo y crecimiento, es fundamental para lograr un sistema financiero sano y estable.
Rige a partir de su publicación
Rodolfo Rodrigo Peña Flores Erwen Yanan Masís Castro
Diputados
25 de junio de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios.
El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.