Archivado el plan que ampliaba la moratoria fiscal del COVID
El proyecto 22.048, que ampliaba tres meses los plazos de la Ley 9830 para IVA, renta, selectivo y aranceles, fue archivado en 2022 con dictamen negativo.
Título oficial AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE ALIVIO FISCAL ANTE EL COVID-19, LEY N° 9830 DEL 20 DE MARZO DEL 2020
A quién le toca
- Contribuyentes de IVA que debían pagar en julio, agosto y setiembre de 2020
- Contribuyentes de renta que debían hacer pagos parciales en esos meses
- Contribuyentes de impuesto selectivo de consumo inscritos en el Registro Único Tributario
- Importadores que nacionalizan mercancías, excepto productos agrícolas y pecuarios de los capítulos 1 al 24
A quién beneficia
- Aplazaba el pago de IVA, renta, selectivo y aranceles hasta el 31 de diciembre de 2020
- Permitía arreglos de pago sin intereses ni multas
- Eximía por una única vez de los pagos parciales de renta de julio, agosto y setiembre de 2020
Qué cambia
- El proyecto no se convirtió en ley: fue archivado en 2022
- El plazo cuatrienal venció el 22 de junio de 2024
- La Ley 9830 original sigue vigente según SINALEVI
La explicación completa
Qué propone
El proyecto 22.048 está archivado. No es ley y no cambia nada hoy. Proponía ampliar tres meses los plazos de la Ley 9830, de alivio fiscal ante el COVID-19 1.
En el impuesto al valor agregado (IVA), los contribuyentes podían presentar declaraciones de junio, julio y agosto de 2020 y no pagar el impuesto en julio, agosto y setiembre (art. 1). El pago quedaba para el 31 de diciembre de 2020 o un arreglo de pago sin intereses ni multas.
En el impuesto sobre las utilidades, eximía por una única vez de los pagos parciales de julio, agosto y setiembre de 2020 (art. 2). No aplicaba a quienes tenían un período fiscal especial autorizado.
En el impuesto selectivo de consumo, los contribuyentes inscritos en el Registro Único Tributario podían no pagar en julio, agosto y setiembre de 2020 (art. 3). El pago quedaba para el 31 de diciembre de 2020 o un arreglo de pago.
En aranceles, los importadores inscritos en el Registro Único Tributario podían nacionalizar mercancías sin pagar aranceles en julio, agosto y setiembre de 2020 (art. 4). Se excluían los productos agrícolas y pecuarios de los capítulos 1 al 24 del Sistema Arancelario Centroamericano.
El artículo 5 autorizaba al Poder Ejecutivo a ampliar por un mes las medidas mediante decreto ejecutivo (art. 5).
En qué va el trámite
El expediente está archivado. La Comisión de Asuntos Económicos (Área V) votó un dictamen unánime negativo el 22 de marzo de 2022 1. El archivo del expediente se registró el 9 de mayo de 2022.
El proyecto se presentó el 22 de junio de 2020 y se publicó en La Gaceta el 16 de julio de 2020 1. Su plazo cuatrienal vencía el 22 de junio de 2024.
Lo que se dijo en la Asamblea
No hay grabaciones de la Asamblea sobre este expediente en el dossier. La investigación no encontró material de audio o video que mencione el 22.048.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque directo entre el texto del proyecto y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier. El proyecto trataba sobre plazos tributarios y no tocaba derechos fundamentales como el trabajo o la salud.
El artículo 121, inciso 1, de la Constitución dice que corresponde a la Asamblea Legislativa "Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica" Constitución, art. 121. El proyecto siguió ese trámite en la comisión 1.
El artículo 18 dice que los costarricenses deben "contribuir para los gastos públicos" Constitución, art. 18. Una moratoria no elimina la obligación de pagar, solo la aplaza, y el proyecto mantenía el deber de presentar declaraciones (art. 1).
Qué puede hacer usted
Este proyecto ya está archivado. Las herramientas de la guía sirven para mirar el expediente o para pedir información sobre proyectos parecidos.
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Revise el estado del expediente en el Sistema de Información Legislativa. La guía explica que la Oficina de Iniciativa Popular brinda "información inmediata acerca del estado de la tramitación de los proyectos de ley" guía, p. 27.
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Si quiere proponer una idea parecida, puede llenar el formulario web de la Asamblea. La guía dice que "no es necesario presentar el texto propuesto de forma completa" guía, p. 27.
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Para una iniciativa popular con firmas, la guía indica que el Tribunal Supremo de Elecciones traslada el proyecto a la Asamblea y este "deberá tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios" guía, p. 26.
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Si un proyecto tributario llegara a votarse, el referéndum no aplica. La guía dice que no podrán someterse a referéndum proyectos sobre "materias presupuestaria, tributaria, fiscal" guía, p. 30.
Lo que no sabemos
- No se sabe por qué la Comisión de Asuntos Económicos votó un dictamen unánime negativo. El dossier no incluye el texto del dictamen.
- No se sabe cuántos contribuyentes usaron la Ley 9830 original.
- No se sabe si hubo audiencias o consultas sobre este expediente.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El Censo no encontró choque entre el texto archivado y los artículos constitucionales del dossier. El proyecto trataba plazos tributarios y siguió el trámite legislativo.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica"
Esta ley, art. 1"Sin perjuicio de lo indicado en el artículo 27 de la Ley 6826, Ley del Impuesto al Valor Agregado, de 8 de noviembre de 1982, los contribuyentes de este impuesto deberán presentar, durante los meses de julio, agosto y setiembre de 2020, las declaraciones de impuesto de los períodos de junio, julio y agosto, y podrán no efectuar el pago del impuesto al valor agregado (IVA)."
Sin choque aparente La Asamblea tiene la potestad de dictar leyes tributarias. El proyecto siguió el trámite en comisión, según el expediente.
Constitución, art. 18"Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la Patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos."
Esta ley, art. 1"Los contribuyentes que se acojan a esta posibilidad deberán ingresar el impuesto respectivo a los meses cubiertos por la moratoria a más tardar el 31 de diciembre de 2020, o bien, realizar un arreglo de pago con la Administración Tributaria sin incurrir en el pago de interés ni multas, en las condiciones que determine la Administración Tributaria en el reglamento."
Sin choque aparente El deber de contribuir se mantiene: la moratoria solo aplaza el pago y exige presentar declaraciones. No elimina la obligación tributaria.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 22048: AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE ALIVIO FISCAL ANTE EL COVID-19, LEY N° 9830 DEL 20 DE MARZO DEL 2020
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE ALIVIO FISCAL ANTE EL COVID-19, LEY N.° 9830, DE 20 DE MARZO DE 2020
FRANGGI NICOLÁS SOLANO DIPUTADA
EXPEDIENTE N.° 22.048
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE ALIVIO FISCAL ANTE EL COVID-19, LEY N.° 9830 DE 20 DE MARZO DE 2020
Expediente N.º 22.048
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Producto de la emergencia nacional ocasionada por el covid-19, en el mes de marzo específicamente, se promulgo la Ley N.° 9830 “Ley de Alivio ante el COVID-19”, con el objeto de palear la difícil situación social y económica que enfrenta el país, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el pasado 11 de marzo de 2020 el coronavirus como un evento sanitario que debía ser recalificado como pandemia, e instó a los países a que tomaran medidas urgentes para contrarrestar los alarmantes niveles de propagación, lo cual nuestro país atendió, prevaleciendo ante todo la salud de nuestros ciudadanos, implementando las autoridades de salud en coordinación con otros entes del Estado una serie de medidas con carácter de urgencia entre ellas “la cuarentena”, que ha significado establecer horarios especiales de algunas actividades públicas y del comercio (de esta última inclusive cierres), restricción en la circulación vehicular, cierre de sitios públicos, playas, parques y otros, acciones que han tenido un impacto positivo en la salud de la población, pero de una afectación importante para las diferentes actividades de la economía nacional, pero particularmente las más afectadas las del comercio, entre ellas la gastronomía, hotelería.
El impacto en la economía ha sido considerablemente en los primeros meses, para lo cual se han dictado una serie de medidas de auxilio, particularmente en lo que se refiere y nos ocupa en materia fiscal, dando condiciones especiales a ciertos sectores, para que puedan enfrentar sus obligaciones tributarias sin tener que suspender el giro del negocio, dentro de las medidas que contempla la Ley N.° 9830, entre otras cito:
“1- Moratoria al impuesto al valor agregado de los meses de marzo, abril y mayo, permitiendo presentar las declaraciones y dando la posibilidad de pagar hasta el 31 de diciembre del 2020.
2- Eliminación de los pagos parciales del impuesto sobre las utilidades, por una única vez de los meses de abril, mayo y junio de 2020.
3- Exoneración del impuesto al valor agregado en arrendamientos, por los meses de abril, mayo y junio del 2020.”
Todas estas medidas fiscales que se han ejecutado mediante esta ley han sido de suma importancia para contener el impacto que ha causado la pandemia, pero no resultan ser suficientes para contener un índice de desempleo creciendo, comercio cerrando, hoteles operando sin atender sus costos de operación y otros lamentablemente cerrando sus puertas. Es notorio que los efectos de esta crisis del coronavirus se ven reflejados de manera contundente en el mercado de trabajo, casi en todos los sectores de la economía, contribuyendo esto al aumento de los índices de pobreza.
La ampliación de los plazos contenidos en la Ley de Alivio Fiscal ante el Covid-19, Ley N.° 9830, de 20 de marzo de 2020, son de suma importancia porque los efectos de las medidas restrictivas dispuestas por la pandemia afectan el consumo, la producción, la prestación de servicios y la actividad comercial, entre otros, y sus efectos se están extendiendo más allá de lo esperado y pueden ser devastadores para nuestra economía, razón por la que debemos proteger la salud pública de nuestra población y contener la crisis económica que se está causando con estas medidas y los efectos recesivos.
Esta situación exige extremar esfuerzos para enfrentar no solo la emergencia sanitaria, sino también la problemática económica y social. En efecto, el Estado debe hacerse presente para que los y las habitantes de nuestro país puedan desarrollar sus vidas sin verse privados de derechos elementales, como el derecho a la salud, pero sin descuidar que las diferentes actividades del sector económico dejen de accionar.
Es mi deber como diputada de la República, ante los eventos generados por esta pandemia proponer ante la Asamblea Legislativa las medidas necesarias que no solo paleen la situación actual, sino también que contribuyan con el fortalecimiento de nuestra paz social y económica. Por lo cual, considero ampliar los plazos de las medidas fiscales contenidas en la Ley N.° 9830, Ley de Alivio ante el Covid-19, de 20 de marzo de 2020, propuestas y promulgadas por el Gobierno de la República, sustentada en los argumentos que cito:
“En razón de que uno de los principales problemas que atraviesan las empresas ante la ausencia de demanda es la falta de liquidez, y que ante situaciones como esta la capacidad de adquirir obligaciones crediticias disminuye considerablemente, el gobierno de la República busca contribuir para que no se vean en la obligación de prescindir de los servicios de los y las trabajadoras.
Por lo anterior, frente a la posibilidad de que las empresas se vean obligadas a utilizar su presupuesto para cumplir con las obligaciones tributarias asociadas al pago de los pagos parciales del impuesto sobre las utilidades, del impuesto al valor agregado y de los impuestos para nacionalizar mercadería, en los meses de abril, mayo y junio de 2020, se propone otorgar una moratoria a fin de que dichos recursos puedan ser utilizados para el pago de salarios, cargas sociales, préstamos, entre otras. Con ello, se busca evitar el aumento en el ya elevado nivel de desempleo en el país. Esta moratoria podrá ser prorrogada por una única vez por el Presidente de la República, extendiéndose hasta el 31 de julio de 2020.
Una vez finalizada la moratoria, los contribuyentes deberán pagar al Ministerio de Hacienda el total del dinero adeudado por los impuestos dejados de pagar durante abril, mayo y junio del año en curso. Durante los meses siguientes a la finalización de la moratoria y hasta el 31 de diciembre del 2020, estos no tendrán que pagar intereses ni sanciones por infracciones administrativas relacionadas con la morosidad en el pago de los impuestos en cuestión. Sin embargo, una vez cumplido el plazo, tales saldos comenzarán a generar intereses y serán sujetos de sanciones.
La ampliación de la moratoria que se plantea en este proyecto “se refiere únicamente a un aplazamiento en cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales de los contribuyentes”, por lo que, al mantenerse incólumes sus deberes formales relativos a cada impuesto, deberán los contribuyentes presentar oportunamente las respectivas declaraciones tributarias según lo dispuesto por las autoridades competentes, en aras de no perjudicar el respectivo control tributario.
Esta exoneración podrá ser ampliada por una única vez por el señor Presidente de la República, extendiéndose hasta el 31 de octubre de 2020.”
El resumen de mi propuesta es la ampliación de los plazos por tres meses más y la facultad para que el señor presidente de la República pueda ampliarlo por un mes más, como igual se le faculta en la ley antes mencionada.
En virtud de lo anterior, someto para su consideración de los señores diputados y diputadas el siguiente proyecto de ley.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE ALIVIO FISCAL ANTE EL COVID-19, LEY N.° 9830, DE 20 DE MARZO DE 2020
ARTÍCULO 1- Moratoria del impuesto al valor agregado
Sin perjuicio de lo indicado en el artículo 27 de la Ley 6826, Ley del Impuesto al Valor Agregado, de 8 de noviembre de 1982, los contribuyentes de este impuesto deberán presentar, durante los meses de julio, agosto y setiembre de 2020, las declaraciones de impuesto de los períodos de junio, julio y agosto, y podrán no efectuar el pago del impuesto al valor agregado (IVA).
Los contribuyentes que se acojan a esta posibilidad deberán ingresar el impuesto respectivo a los meses cubiertos por la moratoria a más tardar el 31 de diciembre de 2020, o bien, realizar un arreglo de pago con la Administración Tributaria sin incurrir en el pago de interés ni multas, en las condiciones que determine la Administración Tributaria en el reglamento. Lo anterior para que se garantice el pago efectivo de los impuestos.
A partir del 1 de enero de 2021, los contribuyentes que no realizaron el pago del impuesto respectivo a los meses cubiertos por la moratoria y no cuenten con un arreglo de pago estarán sometidos a los intereses, las multas y las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 2- Eliminación de los pagos parciales del impuesto sobre las utilidades
Sin perjuicio de lo indicado en el artículo 22 de la Ley 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988, se exime a los contribuyentes a que se refiere el artículo 2 de dicha ley, por una única vez, de realizar los pagos parciales del impuesto sobre las utilidades que les correspondiera efectuar en los meses de julio, agosto y setiembre de 2020.
La presente moratoria no aplica para aquellos contribuyentes que, por contar con un período fiscal especial previamente autorizado por la Administración Tributaria, deban declarar y pagar el respectivo impuesto sobre las utilidades en los meses cubiertos por la moratoria dispuesta en el párrafo primero de este artículo.
Se mantiene en todos sus extremos el pago de los demás impuestos contenidos dentro de la Ley 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988, sea que este se efectúe vía autoliquidación por parte del contribuyente o retención en la fuente.
ARTÍCULO 3- Moratoria del impuesto selectivo de consumo
Sin perjuicio de lo indicado en el inciso a) del artículo 13 de la Ley 4961, Reforma Tributaria y Ley de Consolidación de Impuestos Selectivos de Consumo, de 11 de marzo de 1972, los contribuyentes de este impuesto, y que a la vez estén inscritos como contribuyentes en el Registro Único Tributario de la Dirección General de Tributación, deberán presentar las declaraciones del impuesto de los meses de junio, julio y agosto, y podrán no realizar el pago del impuesto durante los meses de julio, agosto y setiembre de 2020.
Los contribuyentes que se acojan a esta posibilidad deberán ingresar el impuesto respectivo a los meses cubiertos por la moratoria a más tardar el 31 de diciembre de 2020, o bien, realizar un arreglo de pago con la Administración Tributaria sin incurrir en el pago de interés ni multas, en las condiciones que determine la Administración Tributaria en el reglamento. Lo anterior para que se garantice el pago efectivo de los impuestos.
A partir del 1 de enero de 2021, los contribuyentes que no realizaron el pago del impuesto respectivo a los meses cubiertos por la moratoria y no cuenten con un arreglo de pago estarán sometidos a los intereses, las multas y las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 4- Moratoria de aranceles
Sin perjuicio de lo indicado en la Ley 7557, Ley General de Aduanas, de 20 de octubre de 1995, los importadores, y que a la vez estén inscritos como contribuyentes en el Registro Único Tributario de la Dirección General de Tributación, podrán nacionalizar, durante los meses de julio, agosto y setiembre de 2020, las mercancías sin pagar los aranceles correspondientes. Se excluyen de esta medida los productos agrícolas y pecuarios clasificados del capítulo 1 al 24 del Sistema Arancelario Centroamericano y se mantendrán los mecanismos establecidos en la normativa nacional, ante un posible desabasto.
Los contribuyentes que se acojan a esta posibilidad deberán ingresar los aranceles correspondientes a los meses cubiertos por la moratoria a más tardar el 31 de diciembre de 2020, o bien, realizar un arreglo de pago con la Administración Tributaria sin incurrir en el pago de interés ni multas, en las condiciones que determine la Administración Aduanera en el reglamento. Lo anterior para que se garantice el pago efectivo de los impuestos.
A partir del 1 de enero 2021, los contribuyentes que no realizaron el pago del impuesto respectivo a los meses cubiertos por la moratoria y no cuenten con un arreglo de pago estarán sometidos a los intereses, las multas y las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 5- Ampliación de la moratoria
Se autoriza al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto ejecutivo debidamente razonado, amplíe por un mes las medidas contenidas en la presente ley, según lo considere oportuno, sin que esto modifique el plazo y la forma de pago.
TRANSITORIO ÚNICO- La reglamentación de estas disposiciones deberá estar publicada a más tardar quince días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la presente ley.
Rige a partir de su publicación.
Franggi Nicolás Solano Diputada
29 de junio de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.