Archivado el plan para que jueces comunes juzguen a los Supremos Poderes
El proyecto 22.059 proponía quitarle a la Corte Suprema el juzgamiento penal de presidentes, vicepresidentes, magistrados y ministros diplomáticos, pero venció su plazo y se archivó en 2024.
Título oficial REFORMA DEL INCISO 9) DEL ARTÍCULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. JUZGAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS SUPREMOS PODERES
A quién le toca
- A las personas que ocupan la Presidencia, Vicepresidencias, magistraturas y ministerios diplomáticos, que hoy son juzgadas por la Corte Plena.
- A la Corte Suprema de Justicia, que dejaría de conocer esos procesos penales.
- A cualquier persona que siga el trámite de una reforma constitucional.
A quién beneficia
- Los acusados tendrían acceso a tribunales penales especializados y a una segunda instancia.
- La Corte Plena dejaría de tener que actuar como apelación y casación en esos casos.
Qué cambia
- El antejuicio en la Asamblea Legislativa se mantiene igual.
- El fuero de improcedibilidad penal no se elimina.
- Los casos con acusación ya presentada seguirían en la Corte Suprema.
- El expediente quedó archivado y no puede convertirse en ley en este trámite.
La explicación completa
El proyecto 22.059 ya no está en trámite. Venció su plazo de cuatro años y la Asamblea lo archivó el 8 de julio de 2024 1.
Qué propone
El proyecto proponía cambiar el inciso 9) del artículo 121 de la Constitución (art. 1). Ese artículo dice hoy que la Asamblea Legislativa declara, con dos terceras partes de los votos, si hay lugar a formación de causa contra el Presidente, los Vicepresidentes, los miembros de los Supremos Poderes y los Ministros Diplomáticos Constitución, art. 121. Si la respuesta es sí, los pone "a disposición de la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento".
La reforma proponía que, en caso afirmativo, los pusiera "a disposición del Poder Judicial para su juzgamiento" (art. 1). Con eso, los casos penales pasarían a los tribunales comunes y no a la Corte Plena. El texto mantiene el antejuicio en la Asamblea y el fuero de improcedibilidad penal.
El proyecto incluía un transitorio. Los casos que ya tuvieran acusación del Ministerio Público o de la persona ofendida seguirían en la Corte Suprema. Los demás irían a los tribunales comunes (art. 1).
Los proponentes argumentaron tres problemas del diseño actual. Mencionan la posible violación del juez natural y de la doble instancia penal. También el riesgo de que los magistrados juzguen a quienes los nombraron. Y el trato desigual frente al resto de la ciudadanía (art. 1).
En qué va el trámite
El expediente está archivado. La Asamblea lo presentó el 30 de junio de 2020 y lo ingresó al orden del día del Plenario el 2 de julio de 2020 1. La primera lectura fue el 12 de abril de 2023.
El plazo cuatrienal venció el 30 de junio de 2024 1. La Asamblea archivó el expediente el 8 de julio de 2024 por vencimiento de ese plazo, según el artículo 119.
Para que fuera ley faltaba el trámite del artículo 195 de la Constitución. Ese artículo pide tres lecturas con intervalos de seis días, un dictamen de comisión en hasta veinte días hábiles y dos tercios de los votos Constitución, art. 195. También pide tres debates en la siguiente legislatura y el mensaje presidencial. Nada de eso ocurrió.
Lo que se dijo en la Asamblea
La grabación disponible es una conferencia de prensa del 8 de noviembre de 2017 sobre los Presidentes de los Supremos Poderes 00:00:00. No trata el expediente 22.059, que se presentó en 2020. En ella, una vocera del Poder Judicial habla de la independencia entre poderes y de reuniones de acercamiento 00:01:16.
La misma vocera dice que pertenece a un órgano de 22 magistrados y magistradas 00:16:11. Sobre un tema que no se identifica con claridad, responde: "son rumores pero a mí no me consta" 00:16:27.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque directo entre la reforma propuesta y los artículos revisados. El artículo 35 dice que nadie puede ser juzgado por "tribunal o juez especialmente nombrado para el caso", sino por los tribunales establecidos en la Constitución Constitución, art. 35. La reforma manda los casos a los tribunales comunes, que ya existen.
El artículo 33 dice que "Toda persona es igual ante la ley" Constitución, art. 33. Los proponentes usaron ese argumento para pedir el cambio (art. 1).
El artículo 42 dice que "Un mismo juez no puede serlo en diversas instancias para la decisión de un mismo punto" Constitución, art. 42. El texto del proyecto señala que la Corte Plena tendría que actuar como apelación y casación a la vez (art. 1).
El artículo 151 mantiene el antejuicio para el Presidente y los Vicepresidentes Constitución, art. 151. La reforma no lo toca.
Qué puede hacer usted
El expediente está archivado, así que no hay comisión ni debate abierto donde incidir. Estas son las vías que la guía describe para casos así.
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Pedir información sobre el estado de un proyecto. La Oficina de Iniciativa Popular brinda información sobre la tramitación de los proyectos y las órdenes del día guía, p. 27.
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Presentar una propuesta de ley por el formulario web de la Asamblea. La guía advierte que estas propuestas no tienen garantía de ser discutidas ni votadas guía, p. 27.
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Usar la iniciativa popular. Necesita al menos un 5% de las personas inscritas en el padrón electoral guía, p. 26. Los proyectos de iniciativa popular que sean reformas constitucionales siguen el trámite del artículo 195.
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Acudir a la acción de inconstitucionalidad si en el futuro se aprueba una reforma con violación de normas de procedimiento guía, p. 24.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué el expediente no tuvo dictamen de comisión.
El dossier no registra el debate en primera lectura del 12 de abril de 2023.
El dossier no incluye el texto del artículo 119 que fundamenta el archivo.
El dossier no permite saber si la Corte Suprema volvió a presentar la propuesta después de 2024.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
La reforma propuesta manda los casos a tribunales ya establecidos y mantiene el antejuicio. El Censo no encontró un choque directo con los artículos revisados.
Constitución, art. 35"Nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por los tribunales establecidos de acuerdo con esta Constitución."
Esta ley, art. 1"poniéndolos, en caso afirmativo, a disposición del Poder Judicial para su juzgamiento"
Sin choque aparente La reforma envía los casos a los tribunales comunes, que ya existen en la Constitución. No crea un tribunal nuevo para el caso.
Constitución, art. 33"Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana."
Esta ley, art. 1"eliminar un privilegio injustificado que puede poner en entredicho la imparcialidad de la justicia"
Sin choque aparente Los proponentes usan la igualdad ante la ley para pedir el cambio. La reforma busca que los Supremos Poderes sean juzgados como el resto de la ciudadanía.
Constitución, art. 42"Un mismo juez no puede serlo en diversas instancias para la decisión de un mismo punto."
Esta ley, art. 1"la Corte Plena se ve obligada en constituirse en un órgano jurisdiccional especial"
Sin choque aparente El texto del proyecto señala que la Corte Plena tendría que actuar como apelación y casación a la vez. La reforma busca evitar esa situación.
Constitución, art. 151"El Presidente , los Vicepresidentes de la República o quien ejerza la Presidencia, no podrán ser perseguidos, ni juzgados sino después de que, en virtud de acusación interpuesta, haya declarado la Asamblea Legislativa haber lugar a formación de causa penal."
Esta ley, art. 1"manteniendo la obligatoriedad del levantamiento del fuero de improcedibilidad penal ante la Asamblea Legislativa"
Sin choque aparente La reforma no toca el antejuicio. El Presidente y los Vicepresidentes siguen necesitando la declaratoria de la Asamblea antes de ser juzgados.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Lo que se dijo, minuto a minuto
- 00:01:16
"la independencia de los poderes"
- 00:16:11
"yo pertenezco a un órgano en que somos 22 magistrados y magistradas"
- 00:16:27
"son rumores pero a mí no me consta"
Las citas vienen de los subtítulos de YouTube de la Asamblea. Cada hora abre el video en ese segundo.
Fuentes
- Expediente 22059: REFORMA DEL INCISO 9) DEL ARTÍCULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. JUZGAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS SUPREMOS PODERES
- Constitución Política (texto vigente)
- Conferencia de prensa Presidentes Supremos Poderes
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
REFORMA DEL INCISO 9) DEL ARTÍCULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. JUZGAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS SUPREMOS PODERES
JOSÉ MARÍA VILLALTA FLÓREZ-ESTRADA Y OTROS SEÑORES DIPUTADOS Y SEÑORAS DIPUTADAS
EXPEDIENTE N.° 22.059
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
NOTA: A solicitud de las partes interesadas, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
REFORMA DEL INCISO 9) DEL ARTÍCULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. JUZGAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS SUPREMOS PODERES
Expediente N.° 22.059
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Mediante la presente iniciativa, se propone reformar el artículo 121, inciso 9) de la Constitución Política para establecer que las personas integrantes de los Supremos Poderes de la República que sean acusadas por la comisión de delitos y siempre que la Asamblea Legislativa haya admitido la acusación, serán juzgadas por los tribunales penales competentes de conformidad con la ley, y no por la Corte Suprema de Justicia, como ocurre en la actualidad. Con esta modificación a la Carta Magna se pretende eliminar un privilegio injustificado que puede poner en entredicho la imparcialidad de la justicia, entorpece el buen funcionamiento de la Corte Plena y no garantiza a las personas juzgadas principios básicos del debido proceso, como la doble instancia y el juez natural. Todo lo anterior, se plantea sin afectar las garantías establecidas para evitar persecuciones políticas injustificadas contra quienes integran los Supremos Poderes, como la existencia de un fuero de improcedibilidad penal y el requisito de un antejuicio en la Asamblea Legislativa de previo al levantamiento de dicho fuero.
Después de sufrir una guerra civil en 1948, Costa Rica se encontraba sumida en un ambiente de inestabilidad y hostilidad, con fuertes heridas derivadas del conflicto, familias enfrentadas, líderes y lideresas de la política nacional en el exilio o en condición de presos políticos y la imperiosa necesidad de establecer un nuevo pacto social que sentara la bases para la reconciliación y la reconstrucción del país. En este contexto se redacta nuestra Constitución Política de 1949. Era fundamental brindar garantías suficientes de que la clase política, sobre todo la oposición, así como quienes ejercieran la judicatura en los más altos cargos y el mismo gobierno que se eligiera de forma democrática, no serían arbitrariamente perseguidos por desempeñar las funciones que la misma Carta Magna les encomienda. Proteger al país de las condiciones que propiciaron la inestabilidad política y garantizar del poder soberano del pueblo.
Por estas razones, los constituyentes estimaron que las personas miembros de los supremos poderes deben gozar de ciertas inmunidades para que puedan desempeñarse en su cargo con libertad y sin sufrir persecuciones arbitrarias o presiones indebidas. Así, la Constitución estableció el fuero de improcedibilidad penal, el cual puede ser levantado por la Asamblea Legislativa, si esta considera que la acusación presentada por la Fiscalía es seria y fundamentada, de manera tal que se garantice que no existe persecución política contra una persona integrante de los supremos poderes. Así se indica en el inciso 9) del artículo 121 de la Norma Fundamental:
“ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: […]
- Admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza la Presidencia de la República, Vicepresidentes, miembros de los Supremos Poderes y Ministros Diplomáticos, declarando por dos terceras partes de votos del total de la Asamblea si hay o no lugar a formación de causa contra ellos, poniéndolos, en caso afirmativo, a disposición de la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento;
[…]”
En este orden de ideas, los constituyentes también decidieron que las personas miembros de los supremos poderes fueran juzgadas directamente por la Corte Suprema de Justicia, entendida como la Corte Plena. Sin embargo, no constan en las actas de la Asamblea Nacional Constituyente las razones por las cuales optaron por dejar los procesos penales en manos de los magistrados y magistradas de la Corte, en lugar de los tribunales de justicia competentes de la jurisdicción penal. Podría especularse sobre las razones que, en el contexto de 1949, llevaron a los diputados constituyentes a adoptar esta decisión que hace más difícil que un miembro de los Supremos Poderes sea juzgado y condenado por la comisión de un delito. No obstante, en la actualidad, este diseño presenta al menos tres problemas que no son menores: 1) la posibilidad de que se violen garantías básicas que integran el derecho fundamental al debido proceso (principio de juez natural, necesaria existencia de una segunda instancia en materia penal); 2) el riesgo de afectar una justicia independiente y objetiva, al ser los magistrados y magistradas nombradas por diputados o diputadas a los que podrían juzgar eventualmente; y 3) el trato discriminatorio para el resto de la ciudadanía que implica la existencia de este procedimiento especial, considerando que ya se realizó un antejuicio para determinar que existe mérito para la formación de una causa.
Efectivamente, estimamos que mantener el juzgamiento de integrantes de los Supremos Poderes por la comisión de delitos en manos de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia podría ser violatorio del principio de igualdad, al dar un trato especial a un sector muy pequeño de la ciudadanía sin ninguna justificación, tomando en cuenta que la protección constitucional ya se encuentra resguardada por el procedimiento agravado del levantamiento de la inmunidad, por lo que no tiene sentido seguir sosteniendo que estas personas tengan tribunales y procedimientos especiales para conocer de la posible comisión de un delito. Al día de hoy, no existe justificación alguna que permita mantener este privilegio en el juzgamiento de las personas que son parte de los supremos poderes, ya que podría prestarse para generar impunidad y desconfianza de la ciudadanía en las más altas representaciones de los poderes públicos.
Así las cosas, consideramos necesario reformar la Constitución para establecer que las personas miembros de los supremos poderes deban ser juzgadas por los tribunales penales comunes como cualquier otro ciudadano o ciudadana, garantizando el derecho a plenos recursos de apelación y casación como satisfacción de los mandatos convencionales sobre la segunda instancia penal, manteniendo la obligatoriedad del levantamiento del fuero de improcedibilidad penal ante la Asamblea Legislativa.
Esta iniciativa fue propuesta por la Corte Suprema de Justicia y sesión No. 2-2020, artículo XIII, del 13 de enero de 2020 se acordó: “Refiere el Magistrado Alfaro: "El artículo 121 constitucional, el inciso 9) establece como una de las atribuciones de la Asamblea Legislativa admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza la Presidencia de la República, Vicepresidentes, miembros de los Supremos Poderes y Ministros diplomáticos declarando por dos terceras partes de votos del total de la Asamblea Legislativa si hay o no lugar a formación de causa contra ellos, poniéndolos, en caso afirmativo, a disposición de la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento.
La propuesta de reforma ya había adelantado un poco cuál es la variación, es en el párrafo final:
“9) Admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza la Presidencia de la República, Vicepresidentes, miembros de los Supremos Poderes y Ministros Diplomáticos, declarando por dos terceras partes de votos del total de la Asamblea si hay o no lugar a formación de causa contra ellos, poniéndolos, en caso afirmativo, a disposición del Poder Judicial para su juzgamiento;”
Agrega el Presidente, Magistrado Cruz: "Sí, evitar la especificidad que tiene la Constitución Política. ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguna observación sobre esta propuesta?, Se puede aprobar así”.
Sin objeción alguna de las señoras magistradas y los señores magistrados presentes, se dispuso: Aprobar la propuesta de reforma al artículo 121, inciso 9) de la Constitución Política en los términos señalados.”
Asimismo, este planteamiento ha también ha sido avalado por importantes sectores académicos. Por ejemplo, las y los docentes de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica indicaron que: “… la reforma es un aporte significativo al juzgamiento propio de un Estado Democrático de Derecho en que se respete el principio de igualdad ante al ley, pues la condición de integrantes de los Supremos Poderes tiene, ya, un refuerzo constitucional en el trámite del levantamiento de inmunidad, lo que no se va a ver afectado por esta reforma, sin que sea necesario establecer órganos competenciales diferenciados para el juzgamiento, apelación y casación de este funcionariado protegido como ocurre en la actualidad en que, adicionalmente, el proceso establecido estuvo pensado con un esquema en que no existía apelación de sentencia, modificación esta último incluida en 2012 que podría afectar la capacidad de reacción tanto de la Sala Tercera como de la propia Corte Plena, ante la existencia de inhibitorias y la necesidad de constituirse como órgano tanto de apelación como de casación, con un número limitado de suplentes”.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, proponemos a esta Asamblea Legislativa reformar el inciso 9) del artículo 121 constitucional, estableciendo al Poder Judicial como el encargado de juzgar a miembros de los supremos poderes, tal y como sucede con cualquier persona, eliminando la referencia a la Corte Suprema de Justicia. Como ya indicamos previamente, además de garantizar el principio de independencia de la judicatura, esta propuesta también vendría a proteger los derechos que debe tener cualquier persona que se vea sometida a un proceso penal: el derecho a una segunda instancia. Aunado a lo anterior, las diputadas y diputados proponentes, consideramos que esta reforma también protege el principio de juez natural, tomando en cuenta que actualmente, para efectos de conocer los recursos de apelación y casación, la Corte Plena se ve obligada en constituirse en un órgano jurisdiccional especial, con magistrados y magistradas que no necesariamente tienen experiencia y conocimientos amplios en materia penal, por lo que, al reforma la constitución y enviar estos asuntos a los tribunales comunes, estaríamos garantizando a la parte acusada, ser juzgado por un tribunal especializado en la materia que se encarga de juzgar también a toda la ciudadanía por igual. Esto además, permitiría cumplir con los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a Costa Rica por no garantizar una adecuada apelación y casación en materia penal y al mismo tiempo, se contribuye a la transparencia, al impedir que personas que deben su nombramiento a diputados y diputadas, sean las que tengan que juzgarles. Al respecto, el tribunal internacional de derechos humanos indicó: “II. Derechos a las garantías judiciales y protección judicial en relación con la obligación de respetar derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. […]
2.1. Derecho de recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior
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La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. (…)
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La Corte ha indicado que el derecho de recurrir del fallo (…) no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda tener acceso. (…) [E]s preciso que el tribunal superior reúna las características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer del caso concreto. Conviene subrayar que el proceso penal es uno solo a través de sus diversas etapas, incluyendo la tramitación de los recursos ordinarios que se interpongan contra la sentencia.
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De acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. Al respecto, la Corte ha establecido que “no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces”, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos.
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El juez o tribunal superior encargado de resolver el recurso interpuesto contra la sentencia penal tiene el deber especial de protección de las garantías judiciales y el debido proceso a todas las partes que intervienen en el proceso penal de conformidad con los principios que lo rigen.
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La posibilidad de “recurrir del fallo” debe ser accesible, sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho.
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(…) [L]o importante es que dicho recurso garantice una examen integral de la decisión recurrida.
[…]
1.2 Derecho a ser oído por un juez o tribunal imparcial
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(…) [L]a Corte ha expresado que toda persona sujeta a un juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano sea imparcial y actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y la resolución del caso que se le somete.
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La Corte considera que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio. (…)”
Actualmente, en el caso del juzgamiento de las personas miembros de los supremos poderes, lo que sucede es que la Sala Tercera funciona como primera instancia, siendo recurrible su resolución ante la Corte Plena, de la cual los mismos magistrados forman parte, por lo que deberían inhibirse. Si a esto sumamos que muy probablemente los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional se retiren bajo el riesgo de que el caso termine conociéndose ante ese órgano, deja a la Corte en serios problemas, debido a que deberá constituirse como órgano tanto de apelación como de casación, lo que hace aún más difícil la capacidad para asumir ante el número limitado de suplentes. Esta ha sido una de las principales preocupaciones de los magistrado y magistradas redactores de la propuesta. Al respecto indicó la magistrada Solano: “al momento de construir esta propuesta ese fue un eje fundamental según han podido exponer los licenciados Salas Torres y Gonzaga, creo que es importante que se recalque, porque ya tuvimos una condena, y precisamente podríamos volver a tener otra porque no se respeta la doble instancia en este tipo de juzgamiento, además el agotamiento de las posibilidades de juzgamiento de agotar la cantidad de integrantes o de magistrados ni aun de suplentes que podrían existir para poder hacer un Juzgamiento adecuado en caso de que tenga que hacerse.”
Finalmente, se incorpora un transitorio para delimitar el momento a partir del cual se aplicarán las nuevas reglas, tomando en cuenta que esta reforma constitucional no se encuentra supeditada a la promulgación de una ley y deberá la Asamblea Legislativa en un plazo prudente, realizar las reformas correspondientes para armonizar los procesos penales, de lo contrario, se deberán tener por inconstitucionales las leyes que se opongan a esta norma constitucional y deberán seguir el procedimiento común tal y como se encuentra establecido actualmente para cualquier ciudadano o ciudadana.
Por las razones anteriormente expuestas, sometemos a consideración de la Asamblea Legislativa la presente reforma constitucional y solicitamos a las señoras y señores diputados su aprobación.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
REFORMA DEL INCISO 9) DEL ARTÍCULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. JUZGAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS SUPREMOS PODERES
ARTÍCULO ÚNICO- Se reforma el inciso 9) del artículo 121 de la Constitución Política, para que en adelante se lea:
Artículo 121- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:
[…]
- Admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza la Presidencia de la República, Vicepresidentes, miembros de los Supremos Poderes y Ministros Diplomáticos, declarando por dos terceras partes de votos del total de la Asamblea si hay o no lugar a formación de causa contra ellos, poniéndolos, en caso afirmativo, a disposición del Poder Judicial para su juzgamiento;
[…]
TRANSITORIO ÚNICO- Los casos de acusaciones interpuestas de conformidad con el inciso 9) del artículo 121 de esta Constitución, que a la entrada en vigencia de la presente reforma ya tengan una acusación presentada por el Ministerio Público o por la persona ofendida cuando corresponda, serán juzgados por la Corte Suprema de Justicia. Para los demás casos, estas personas deberán ser juzgadas por los tribunales comunes.
Rige a partir de su publicación.
José María Villalta Flórez-Estrada
Carolina Hidalgo Herrera Franggi Nicolás Solano
Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández Wálter Muñoz Céspedes
Luis Fernando Chacón Monge Nielsen Pérez Pérez
Carlos Luis Avendaño Calvo Zoila Rosa Volio Pacheco
Ana Karine Niño Gutiérrez Shirley Díaz Mejía
Rodolfo Rodrigo Peña Flores Carmen Irene Chan Mora
Pablo Heriberto Abarca Mora
Diputados y diputadas
3 de julio de 2020
NOTAS: Este proyecto aún no tiene comisión asignada.
El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.
Este proyecto ingresó al orden del día del Plenario el 2 de julio de 2020.