Proyecto para crear un ente de infraestructura educativa se archivó en 2021

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVO (SINIE)

JORGE LUIS FONSECA FONSECA Y VARIAS SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS

EXPEDIENTE N.° 22.060

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

NOTA: A solicitud de las partes interesadas, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY

CEACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVO (SINIE)

Expediente N.° 22.060

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El 25 de setiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, constituida por diecisiete objetivos dentro de un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, con la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. El punto cuarto se denomina: Educación de calidad y establece:

“La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. Además de mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a la educación inclusiva y equitativa puede ayudar abastecer a la población local con las herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas más grandes del mundo (más adelante agrega) Las razones de la falta de una educación de calidad son la escasez de profesores capacitados y las malas condiciones de las escuelas de muchas zonas del mundo y las cuestiones de equidad relacionadas con las oportunidades que tienen niños y niñas de zonas rurales. Para que se brinde educación de calidad a los niños de familias empobrecidas, se necesita invertir en becas educativas, talleres de formación para docentes, construcción de escuelas y una mejora del acceso al agua y electricidad en las escuelas.” (El subrayado no es del original).

En Costa Rica, el derecho constitucional está consagrado a una educación de calidad, mediante lo estipulado en el “título VII: La educación y la cultura”, donde se establece su financiamiento, el cual ha ido incrementándose hasta alcanzar el 8% del producto interno bruto.

Actualmente, el Ministerio de Educación Pública (MEP) cuenta, entre sus dependencias, con la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativa, que tiene entre sus funciones principales (mediante el Decreto Ejecutivo N.° 38170-MEP):

Art. No.138: La Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo brindará asesoría técnica a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas para la ejecución de proyectos relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo, la rehabilitación y la construcción de infraestructura educativa, así como su amueblamiento y la dotación de mobiliario, financiado con presupuesto del MEP u otras fuentes de financiamiento, de acuerdo con la normativa específica que se establezca para tales efectos. La forma de financiar los proyectos de mejoramiento o ampliación de la planta física de las escuelas y colegios es por medio de transferencia de capital a las juntas educativas o administrativas, a través del presupuesto nacional, mediante el programa presupuestario 554 Infraestructura Educativa, adscrito al MEP. Este procedimiento conlleva la ventaja de que los fondos, al trasladarse a las cuentas de las juntas, mantienen su vigencia año tras año hasta que se ejecute el proyecto; lo anterior, porque las juntas lo vuelven a presupuestar para actualizar su vigencia.

Esta forma de financiar los proyectos de infraestructura en los centros educativos, a través de las juntas, tiene su origen en la excepción otorgada por el Reglamento de Contratación Administrativa:

Artículo 145. Proyectos de infraestructura educativa. Para la gestión integral de proyectos de infraestructura física educativa, que involucra el diseño, la construcción, el mantenimiento, la restauración y la realización de obras en general, así como los servicios profesionales necesarios para llevar a cabo esos proyectos, tanto las Juntas de Educación como las Administrativas, podrán acudir al procedimiento de contratación directa concursada, para lo cual será necesario invitar a un mínimo de tres potenciales oferentes.

Para la adecuada aplicación de este mecanismo, el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, adoptarán las disposiciones generales en las que se establezcan las medidas de control interno necesarias para garantizar la más eficiente y eficaz administración de los fondos públicos involucrados en estas contrataciones, así como los medios que permitan a las Juntas acceder a la asesoría legal y técnica requerida, tanto para la fase de elaboración del cartel, como para la valoración de ofertas y la ejecución contractual.

Dentro de la organización del Ministerio respectivo, se establecerá una unidad encargada de ejecutar esta labor, así como autorizar el inicio de cada contratación particular. La falta de esta autorización generará la nulidad de todo el procedimiento.

Esta excepción permite agilizar las contrataciones de obra, pero no se aprovecha la economía a escala, porque cada una de las juntas se debe atender por separado.

Actualmente, las juntas inscritas al Ministerio de Educación Pública superan las 4000 y este sistema provoca el atraso en la atención de las obras; además, hay que sumarle más de 600 órdenes sanitarias en espera de ser atendidas en el mismo número de centros educativos, con una espera de más de 200 proyectos para la contratación de servicios profesionales de ingeniería y con un saldo, en caja única del Estado, de más de ¢120 mil millones asignado a las juntas, a la espera de su ejecución.

Para atender toda esta carga de trabajo. la DIEE actualmente cuenta con 113 funcionarios: ingenieros, arquitectos, abogados, administrativos y de apoyo administrativo. entre otros, lo cual, evidentemente, es insuficiente.

La solución para estar al día con la atención de todos los centros educativos es liberar a las juntas de esta responsabilidad, las cuales están conformadas por personas de la comunidad que entregan su tiempo ad honórem, en la mayoría de los casos, sin conocimiento de la Ley de Contratación Administrativa y sin los conocimientos básicos en la ingeniería y arquitectura para llevar a cabo proyectos de mejoras o ampliaciones en la planta física de los centros educativos, lo que conlleva a que se cometan errores en la ejecución de los proyectos o, por desconfianza en el sistema, se apartan de las recomendaciones dadas por la DIEE -recalco recomendaciones, porque el reglamento indica claramente que esta dirección asesora a las juntas en materia de infraestructura física-. A pesar de que existen medidas disciplinarias para tratar de obligar a las juntas a seguir las recomendaciones de la DIEE, estos conflictos generan retrasos en el desarrollo del proyecto.

Para evitar estas contrariedades, se propone crear una institución que tenga como norte la ejecución de los proyectos de infraestructura, que lo puedan trabajar de forma independiente o grupal, según sea su complejidad técnica, financiera o por su ubicación geográfica, y planificar su desarrollo de una forma más tecnificada, sin depender de los vaivenes de los miembros de las juntas o cambios en la jerarquía del Ministerio de Educación Pública.

Se plantea que dicha institución tenga su propia proveeduría, independiente de la del MEP, porque sería una proveeduría especializada en la contratación de obra pública, muy diferente del quehacer diario del MEP; lo anterior, para evitar que entre en competencia con las compras normales de suministros, tales como papelería, equipos informáticos, libros y otros, a los centros educativos.

El tema de la infraestructura educativa debe ser manejado por el jerarca en educación; por ello, esta institución debe estar bajo la tutela del MEP. El desarrollo de la planta física debe ir de la mano de las políticas curriculares, como son los casos de la universalización de la educación preescolar y la transformación de las escuelas de doble jornada a una sola, lo que implica la construcción de más espacios para este tipo de población. Además, a nivel de secundaria se debe aumentar la cobertura y una de las dificultades para lograrlo está en la cantidad de espacios y su adecuación a las necesidades actuales del ambiente laboral.

El diagnóstico de los últimos años nos indica que la política de infraestructura educativa del Consejo Superior de Educación, del año 2012, define la Dirección de Infraestructura y Amueblamiento Educativo como la instancia ejecutora de la política educativa en infraestructura del Ministerio de Educación Pública, cuyas funciones son planificar, dirigir y desarrollar los proyectos constructivos, así como coordinar, dar seguimiento y evaluar los planes, programas y proyectos relacionados con la mejora de la infraestructura educativa y su equipamiento. Entre las funciones que indica esta política está la obligatoriedad de contar con un diagnóstico actualizado sobre la infraestructura educativa y en la actualidad el DIEE cuenta con el Sistema de Información Geográfica del Ministerio de Educación Pública (Sigmep). Este, aunque cumple con lo indicado en el plan, tiene como característica que no es de fácil acceso ni utilización; sin embargo, podría mejorar para que sea una herramienta útil para la administración, los gobiernos locales, las instituciones y organizaciones no gubernamentales y los centros educativos, con el fin de medir el estado real de la infraestructura educativa.

Otra función es la definición de prioridades institucionales en materia de infraestructura educativa, que hace referencia a planes estratégicos, pero tal y como lo indica el Informe de Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública, del año 2019 N.° 19-19, en el punto 2.2, hay una ausencia de un Plan Estratégico del DIEE para los años 2018-2020, por lo que no existe una clara definición de los objetivos para estos años y los resultados por obtener.

Además, se debe fomentar la participación de las juntas de educación y administrativas y la comunidad educativa. El informe, realizado por la Auditoría Interna del MEP antes mencionada, expresa que el DIEE no ejecuta la función que le corresponde, debido a que no les brinda asesoramiento legal ni técnico a estas entidades para que realicen sus labores ni tampoco fiscaliza su trabajo.

Según el informe sobre Infraestructura en Escuelas y Colegios Públicos del 2019 del Ministerio de Educación Pública, existe una creciente demanda de aulas. Así, para el año 2007, se utilizaban 31.520 aulas y ya para el año 2019 se da un aumento de 9.540, lo que da un total de 41.060 aulas utilizadas.

Del total de aulas, de las que se encuentran destinadas a la educación primaria, el 15,2% no se encuentra en óptimas condiciones. De las destinadas a preescolar, solo el 86,1% se encuentra en buenas condiciones y el restante 13,9% no está en buenas condiciones. De las destinadas a educación especial, el 12,8% no cuenta con una infraestructura adecuada y, de las destinadas a la educación secundaria, solo el 89,2% se encuentra en buenas condiciones, lo que indica que el 10,8% de las aulas no son adecuadas para impartir lecciones.

Con respecto a otros espacios físicos como gimnasios, comedores, bibliotecas, cubículos, talleres, salas de profesores y laboratorios, para la educación primaria de 8.125 espacios en total, solo 7.068 se encuentran en buenas condiciones, lo que indica que el 13,1% de estos no están aptos para su funcionamiento. Los destinados para la educación secundaria tienen en total 5.010, de los cuales 4.249 se encuentran en buenas condiciones. Se deduce que el 15,2% no está en las mejores condiciones.

En relación con los servicios sanitarios, lavatorios, piletas, lavamanos o bebedero y duchas, para la educación primaria, se encuentran en buen estado el 87,3%, por lo que el restante 12,7% no tiene las condiciones óptimas. Para la educación secundaria se encuentra en buen estado el 91,5%, lo que deja un 8,5% en mal estado. Con respecto a la infraestructura de los servicios sanitarios, el 7,55% tiene alcantarillado, el 90,8% posee tanque séptico, el 0,3% tiene salida directa a acequia, zanja, río o estero, un 1,3% es de hueco, pozo negro o letrina y el 0,05% (2 instituciones) no cuentan con servicio sanitario.

Es necesario destacar que, para la educación primaria, el acceso al agua potable es solo del 58,7%, del restante 41,3% su acceso es por medio de hidratantes (8,1%), pozos (6,6%), ríos o quebradas (1,2%), camiones cisterna (0,2%) o del todo no tienen (0,1%). En el caso de la educación secundaria, el 66,7% tiene acceso a agua potable; el restante 33,3% su acceso es por medio de pozos (4,6%) o río y quebradas (2,2%). Se debe resaltar que, aunque algunas instituciones poseen agua por medio de Acueductos y Alcantarillados (AyA), acueductos municipales, cooperativas o asadas, estos no cuentan con adaptaciones para el acceso total a este bien.

La Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública, en sus diferentes informes sobre la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), ha evidenciado la falta de control interno, las debilidades, la falta de procedimientos que afectan a esta dirección, esto queda evidenciado por ejemplo en los informes 19-19 y 31-18 de la Auditoría Interna, donde se indica que:

“…se evidencia un débil sistema de control interno, que impacta en forma negativa el cumplimiento de los objetivos institucionales.

En esa revisión se detectaron debilidades relacionadas con la asignación de responsabilidades a los funcionarios, ausencia de un plan estratégico que dé sentido de dirección y orientación, para generar sinergias en todo el personal para la obtención de sus objetivos.

Además, ante la falta de controles, los profesionales externos contratados por las Juntas de Educación y Administrativas no atienden las observaciones que se registran en el Sistema de Administración de Proyectos de Construcción (APC) del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), las cuales deben ser subsanadas para evitar poner en riesgos a los niños, jóvenes, y demás miembros de la comunidad educativa.

Otra situación preocupante es la cantidad importante de proyectos que están siendo trasladados al Departamento de Contrataciones, sin que exista a la fecha una estrategia o cursos de acción real de cómo serán atendidos estos proyectos que llevan varios años en espera de ser concluidos (más adelante indica). Como parte de esta revisión se detectaron proyectos que presentan diferencias importantes entre los presupuestos elaborados por los profesionales externos y revisados por los profesionales formuladores de la DIEE, contra los costos finales de los proyectos. Esta situación podría implicar pagos que no corresponden a los profesionales externos y que hasta el momento no se han recuperado por las Juntas, por su desconocimiento sobre el procedimiento a seguir y la falta de acampamiento.

A su vez, no es posible para la Administración rendir cuentas cuando no tiene certeza de la cantidad y el estado de los proyectos de infraestructura, se carece de una herramienta de información que recoja de forma clara, precisa y completa, que permita dar una trazabilidad a cada proyecto.”

Otro punto importante de mencionar es la incapacidad del MEP, de la DIEE y de las juntas de educación y administrativas para invertir en infraestructura que, como lo demuestra el cuadro anexo, no supera los ¢50.000 millones en promedio, lo que contrasta con la pretensión de invertir ¢72.000 millones para el 2020:

Fuente: Plan de Inversión Infraestructura educativa 2020 del MEP. Pág. 3

Queda claro, de lo apuntado anteriormente, que se requiere una estructura especializada que tenga la seguridad jurídica para que la inestabilidad en la jerarquía del Ministerio de Educación Pública, la jefatura de la DIEE y las falencias de las juntas de educación y administrativas de la escuelas y colegios no sean obstáculo para que se desarrolle una exitosa política de infraestructura educativa. Por esta razón, es necesario que mediante una ley, por el rango de la norma, se cree una institución de desconcentración máxima que asegure el éxito en esta materia.

Por las razones expuestas, se presenta a las señoras diputadas y los señores diputados el siguiente proyecto de ley, en espera de contribuir a la solución de los problemas de infraestructura y amueblamiento actual.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SINIE)

CAPÍTULO I

CREACIÓN DEL INSTITUTO

ARTÍCULO 1- Creación

Se crea el Sistema Nacional de Infraestructura Educativa (en adelante Sinie), como órgano con desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Educación Pública (MEP).

El Sinie tendrá personalidad jurídica instrumental y presupuestaria para administrar los fondos de construcción, mantenimiento, amueblamiento, remodelación y ampliación de la infraestructura educativa del Ministerio de Educación Pública; asimismo, podrá suscribir los contratos y empréstitos necesarios para el ejercicio de sus funciones, de conformidad con la presente ley.

ARTÍCULO 2- Objetivos

Son objetivos del Sinie los siguientes:

a) Planear, programar, administrar, financiar, ejecutar, coordinar, controlar y evaluar la conservación, el mejoramiento, la ampliación, el amueblamiento y la construcción de la infraestructura educativa, en concordancia con los lineamientos que elabore el Ministerio de Educación Pública (MEP).

b) Administrar su patrimonio.

c) Ejecutar, mediante contratos, las obras, los suministros y los servicios requeridos para el proceso de conservación, amueblamiento, mantenimiento, remodelación y construcción de la infraestructura educativa.

d) Fiscalizar la ejecución de los trabajos, incluido el control de la calidad.

e) Celebrar contratos o prestar los servicios necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y funciones.

CAPÍTULO II

ORGANIZACIÓN

ARTÍCULO 3- Junta Directiva

El Sinie tendrá una Junta Directiva compuesta por siete miembros, en quienes recaerá la máxima dirección. Estará integrada de la siguiente manera:

a) El ministro de Educación Pública o su representante.

b) El viceministro administrativo del Ministerio de Educación Pública o su representante.

c) El ministro de Planificación o su representante.

d) Un representante del Consejo Superior de Educación.

e) Un representante del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

A las sesiones de la Junta Directiva deberán asistir el director ejecutivo y el auditor del Sinie, quienes tendráN voz, pero no voto. Asimismo, deberá nombrarse un fiscal. Los representantes a que se refieren los incisos d), e) serán designados por las respectivas organizaciones.

Los miembros de la Junta Directiva durarán en sus cargos un período de cuatro años. Los representantes del Poder Ejecutivo permanecerán en sus cargos por el período constitucional correspondiente.

ARTÍCULO 4- Cuórum

El cuórum lo formarán al menos tres miembros. Los acuerdos se tomarán por simple mayoría.

ARTÍCULO 5- Presidencia de la Junta

El ministro de Educación Pública o su representante será el presidente de la Junta Directiva. La Junta elegirá de entre sus miembros a un secretario, quien permanecerá en su cargo dos años y podrá ser reelegido.

ARTÍCULO 6- Requisitos de los miembros de la Junta Directiva

Los miembros de la Junta Directiva, excepto los ministros que la integran, deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser costarricenses.

b) Poseer experiencia mínima de cinco años y reconocida trayectoria en materia educativa, administrativa, ingeniería o derecho.

c) Suscribir una póliza de fidelidad.

Los miembros de la Junta Directiva responderán personalmente por sus actos y su gestión. Ninguno podrá tener intereses directos o indirectos en empresas privadas dedicadas a ofrecer servicios de infraestructura o amueblamiento; de ser así, recaerá sobre ellos la responsabilidad civil y penal del caso.

ARTÍCULO 7- Dietas

Los servidores públicos ejercerán sus funciones directivas sin percibir dietas. Los demás miembros directivos devengarán dietas, cuyo monto no podrá ser superior al establecido para las instituciones autónomas; se les reconocerá el pago de dos sesiones ordinarias por mes y tres extraordinarias por año.

ARTÍCULO 8- Funciones y deberes de la Junta Directiva

Las funciones y los deberes de la Junta Directiva del Sinie son los siguientes:

a) Definir, aprobar e implementar las políticas y estrategias de desarrollo del Sinie, así como elaborar un plan anual de infraestructura para cumplir el objetivo de esta ley.

b) Definir y aprobar la organización y estructura administrativa a propuesta del director ejecutivo.

c) Aprobar los mecanismos para evaluar, periódicamente, el funcionamiento del Sinie y el control de calidad de sus funciones.

d) Aprobar las políticas del Sinie en materia de inversión.

e) Conocer y aprobar la propuesta de presupuesto, y sus modificaciones, presentada por el director ejecutivo, así como el informe anual de las actividades y la situación del Sinie.

f) Nombrar al auditor del Sinie y, en caso necesario, contratar auditorías externas.

g) Conocer los programas, proyectos y propuestas de desarrollo del director ejecutivo y los contratos en los que sea parte el Sinie.

h) Establecer fideicomisos u otros mecanismos de uso y manejo de los recursos económicos, para facilitar el cumplimiento de los fines encomendados al Sinie.

i) Conocer y aprobar las donaciones, las herencias y los legados que las personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, o que los organismos internacionales hagan al Sinie.

j) Nombrar y remover de su puesto al director ejecutivo, de conformidad con el Estatuto del Servicio Civil.

k) Aprobar los reglamentos atinentes al funcionamiento y la operación del Sinie.

l) Conocer y aprobar los informes de la Auditoría Interna del Sinie.

m) Brindar asesoramiento técnico y en materia de normas para el diseño, por medio de los departamentos competentes, al Consejo Superior de Educación, al Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup), a la Dirección de Planificación Institucional, a la Dirección de Asuntos Jurídicos y a la Dirección de Educación Privada, de conformidad con el ordenamiento jurídico.

n) Brindar asesoramiento y apoyo técnico a las dependencias administrativas del Ministerio de Educación Pública (MEP), tanto en el nivel central como regional, para el desarrollo de proyectos relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo, la rehabilitación y la construcción de obras de infraestructura necesarias para su funcionamiento.

ARTÍCULO 9- Director ejecutivo

El director ejecutivo del Sinie será nombrado por la Junta Directiva del Sinie, mediante un concurso de atestados.

ARTÍCULO 10- Requisitos del director ejecutivo

Son requisitos para ser director ejecutivo los siguientes:

a) Ser costarricense.

b) Tener título académico reconocido en cualquiera de las áreas de educación, administración educativa, ingeniería civil o derecho administrativo, con experiencia documentada en administración pública o privada.

c) Estar incorporado al colegio respectivo.

d) Contar con al menos cinco años de experiencia en la administración de empresas públicas o privadas, o en la administración de proyectos de construcción de obras civiles.

e) Poseer reconocida y comprobada honestidad en el cumplimiento de las labores.

ARTÍCULO 11- Funciones del director ejecutivo

Son funciones del director ejecutivo las siguientes:

a) Elaborar los programas y presupuestos del organismo y presentarlos a la Junta Directiva para su aprobación.

b) Preparar el Programa Anual Operativo (PAO).

c) Determinar, con base en los estudios técnicos que correspondan, la infraestructura por desarrollar, su mantenimiento, amueblamiento y construcción.

d) Presentar, para la aprobación de la Junta Directiva, los procedimientos de control de calidad y el cumplimiento de los servicios contratados con terceros o de su personal.

e) Presentar informes trimestrales a la Junta Directiva, sobre el avance de los proyectos contemplados en el Plan Anual Operativo (PAO).

f) Suscribir los contratos de trabajo y tramitar los de obra, suministros y servicios, así como ejercer la fiscalización que proceda.

g) Coordinar, con el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), lo concerniente a lo estipulado en el inciso q) del artículo 6 de la Ley 7575, Ley Forestal, de 13 de febrero de 1996.

h) Administrar los recursos financieros del Sinie.

i) Establecer los mecanismos presupuestarios requeridos por el Sinie, para brindar un servicio de excelencia y competitivo.

j) Desarrollar alianzas estratégicas con el sector público y privado, a nivel nacional e internacional, que permitan captar recursos para la generación tecnológica. Los ingresos generados, a raíz de las alianzas mencionadas en este inciso, deberán presupuestarse en su totalidad de acuerdo con la Ley 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, de 7 de setiembre de 1994.

k) Rendir un informe anual, ante la Junta Directiva, sobre el cumplimiento de los objetivos y las metas.

ARTÍCULO 12- Representación legal

La representación legal del instituto la ejercerán el presidente y el director ejecutivo, quienes tendrán la representación judicial y extrajudicial, con las facultades de apoderados generales sin límite de suma conforme al artículo 1255, cuando actúen separadamente, o de apoderados generalísimos sin límite de suma, de conformidad con el artículo 1253 de la Ley 63, Código Civil, de 28 de setiembre de 1887, cuando actúen conjuntamente.

ARTÍCULO 13- Auditoría

El Sinie tendrá una auditoría que ejercerá vigilancia y fiscalización constantes en todos sus departamentos, secciones y dependencias, incluyendo las sucursales y agencias.

ARTÍCULO 14- Nombramiento y destitución

La Auditoría funcionará bajo la responsabilidad y dirección inmediatas del auditor, quien será nombrado por la Junta Directiva con el voto favorable de no menos de cinco de sus miembros. El auditor deberá ser contador público autorizado y reunir, además, las mismas condiciones exigidas para el cargo de director. Para su destitución se aplicará lo estipulado en la Ley 7428, y sus reformas, de 4 de noviembre de 1994.

ARTÍCULO 15- Apelaciones de las decisiones de Auditoría

En caso de conflicto entre la Auditoría y la Administración activa, estas se resolverán de conformidad con los establecido en el artículo 38 de la de Ley de Control Interno N.° 8292, de 4 de setiembre de 2002.

ARTÍCULO 16- Funciones del auditor

El auditor tendrá las siguientes funciones y atribuciones, además de las que fije la Junta Directiva:

a) Vigilar y fiscalizar los bienes, las operaciones y el capital del Sinie.

b) Fiscalizar, en cuanto tenga relación con su cargo, todos los actos, las operaciones y las actividades de la institución, verificando la contabilidad y los inventarios, realizando arqueos y otras comprobaciones y estados de cuenta, comprobados con los libros o documentos correspondientes y certificados o refrendarlos, cuando los encuentre correctos.

c) Realizar los arqueos y demás verificaciones que considere convenientes, por sí mismo o por medio de los funcionarios del departamento, por lo menos dos veces al año, a intervalos irregulares y sin previo aviso. Estas inspecciones, a juicio del auditor, podrán ser parciales o generales, referirse solo a una dependencia o a una determinada clase de negocios u operaciones, o abarcar todas las dependencias, los negocios y las operaciones.

d) Presentar informes resumidos de sus actividades de inspección y fiscalización a la Junta, que podrá solicitarle, si lo considera conveniente, el informe completo y cualquier otra información que juzgue necesaria. e) Comunicar al director las irregularidades o infracciones que observe en las operaciones y el funcionamiento del instituto y, en caso de que dicho funcionario no dicte en un plazo prudencial las medidas indicadas, exponer la situación ante la Junta Directiva y proponer tales medidas.

f) Hacer las sugerencias, observaciones o recomendaciones que estime conducentes, para corregir los errores y subsanar las deficiencias.

g) Levantar las informaciones que le solicite la Junta, examinar libremente todos los libros y archivos del instituto y exigir, en la forma, las condiciones y los plazos que determine, la presentación de balances, estados de situación y de cuentas, y demás informaciones y pormenores que considere oportunos.

h) Delegar sus atribuciones en otros funcionarios del departamento, salvo cuando su intervención personal sea legalmente obligatoria.

i) Ejercer las demás funciones y atribuciones que le correspondan por ley o por reglamento.

j) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva con voz, pero sin voto y velar por que se cumplan estrictamente las resoluciones que le encomiende.

ARTÍCULO 17- Presupuesto y mobiliario

El Ministerio de Educación Pública (MEP) facilitará al Sinie los bienes muebles e inmuebles, la infraestructura y, en general, el contenido presupuestario necesario para su debido funcionamiento, incluidos los que están siendo utilizados en la actualidad por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE). El salario del personal que labore para el Sinie será financiado por el Ministerio de Educación Pública.

El Sinie deberá preparar el Plan Operativo Anual (POA) y el correspondiente anteproyecto de presupuesto, a fin de que sea presentado al ministro para su aprobación.

ARTÍCULO 18- Patrimonio

El patrimonio del Sinie estará constituido por lo siguiente:

a) Los aportes financieros recibidos del Estado, mediante presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República u otros mecanismos.

b) Las donaciones o los créditos que reciba de organismos nacionales e internacionales.

c) Los recursos, derechos y bienes muebles e inmuebles de su propiedad.

ARTÍCULO 19- Derogatoria

Se deroga el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley 4786, de 5 de julio de 1971.

TRANSITORIO ÚNICO- A partir de la vigencia de esta ley, la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del Ministerio de Educación Pública se transformará en el Sinie. Asumirá las obligaciones y los derechos contraídos por la DIEE, en las actividades propias y en los mismos términos y condiciones en que fueron pactados.

Rige a partir de su publicación.

Jorge Luis Fonseca Fonseca Wagner Alberto Jiménez Zúñiga

Otto Roberto Vargas Víquez Gustavo Alonso Viales Villegas

Carlos Ricardo Benavidez Jiménez Luis Fernando Chacón Monge

Paola Alexandra Valladares Rosado Yorleni León Marchena

David Hubert Gourzong Cerdas Carlos Luis Avendaño Calvo

Luis Antonio Aiza Campos Harllan Hoepelman Páez

Floria María Segreda Sagot Ana Lucía Delgado Orozco

Sylvia Patricia Villegas Álvarez Erwen Yanhan Masís Castro

Mileidy Alvarado Arias María Vita Monge Granados

14 de julio de 2020

NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración.

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.