# Expediente 22063: Archivado el plan para blindar sus datos personales en la Constitución - Página: https://elcenso.com/leyes/22063 - Tipo: Proyecto de ley (expediente legislativo) - Título oficial: REFORMA AL ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA - Fuente oficial: https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx ## En resumen El proyecto 22.063, que proponía reconocer la protección de datos personales como derecho constitucional, venció su plazo cuatrienal el 30 de junio de 2024 y no se convirtió en ley. ## A quién le toca - A cualquier persona cuyos datos personales manejan empresas o instituciones públicas - A quienes usan servicios financieros o de salud, donde se guardan datos sensibles - A los contribuyentes cuyos datos revisa Hacienda ## A quién beneficia - El proyecto no beneficia a nadie con nombre propio en el dossier - Buscaba dar rango constitucional a la protección de datos personales ## Qué cambia - El artículo 24 sigue igual: habla de intimidad y secreto de comunicaciones, no de datos personales - La protección de datos queda en manos de leyes ordinarias y de la Sala Constitucional - Una reforma constitucional necesita 38 votos y este proyecto no llegó a ese debate ## Cláusulas a revisar - **Acceso de Hacienda y Contraloría a datos personales** (único): El texto dejaba en una ley especial los casos en que esos órganos acceden a datos personales para fines tributarios y de fiscalización. Texto: "Una ley especial, aprobada por dos tercios del total de los Diputados, fijará los casos en que los funcionarios competentes del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República podrán revisar los sistemas de contabilidad y sus soportes, o acceder a datos personales para fines tributarios y para fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos" - **Excepción general en el primer párrafo** (único): El primer párrafo permitía limitar los derechos por ley especial. Una diputada advirtió que no fijaba el tipo de mayoría. Texto: "Mediante ley especial podrán adoptarse limitaciones a estos derechos para salvaguardar la seguridad nacional, la seguridad pública, la protección de la salud pública, la protección de los derechos y las libertades de terceros, así como por cuestiones de interés público." ## Explicación El proyecto de reforma al artículo 24 de la Constitución Política está archivado. Venció su plazo de cuatro años el 30 de junio de 2024 sin que la Asamblea lo aprobara [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). ### Qué propone El texto proponía cambiar el artículo 24 de la Constitución para garantizar el derecho a la vida privada y a la protección de los datos personales ([art. único](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Hoy ese artículo solo habla de intimidad, libertad y secreto de las comunicaciones ([Constitución, art. 24](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). La reforma también proponía que una ley especial pudiera poner límites a esos derechos. Esos límites serían para cuidar la seguridad pública, la salud o los derechos de terceros, entre otros fines ([art. único](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El texto proponía que los documentos privados, los datos personales sensibles y las comunicaciones quedaran protegidos. Para revisarlos, un juez necesitaría una ley aprobada por dos tercios de los diputados ([art. único](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). También proponía que el Ministerio de Hacienda y la Contraloría pudieran revisar datos personales para fines tributarios y de fiscalización. Esa revisión necesitaría una ley especial aprobada por dos tercios del total de los diputados ([art. único](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). ### En qué va el trámite El proyecto no avanzó. La ficha del expediente fija el vencimiento cuatrienal el 30 de junio de 2024 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). El último paso registrado fue la votación en la Comisión Especial N.° 22063, el 22 de agosto de 2022 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). La comisión dictaminó y pidió al plenario continuar con el procedimiento ([video, 00:00:09](https://www.youtube.com/watch?v=698_l4snEW8&t=9s)). Una reforma constitucional necesita 38 votos en la Asamblea, según el video sobre mayorías ([video, 00:01:09](https://www.youtube.com/watch?v=JFifiARyrSk&t=69s)). El proyecto no llegó a ese debate final. ### Lo que se dijo en la Asamblea En la comisión, un diputado de la fracción frenteamplista dijo que está de acuerdo con incluir la protección de datos en la Constitución. Pero preguntó si se limita a datos sensibles y si es adecuado poner una excepción general en el primer párrafo ([video, 00:00:46](https://www.youtube.com/watch?v=698_l4snEW8&t=46s)). Ese diputado explicó que el artículo actual tiene cobertura absoluta y luego excepciones para casos específicos, como investigaciones judiciales o la Contraloría ([video, 00:01:16](https://www.youtube.com/watch?v=698_l4snEW8&t=76s)). Una diputada de Liberación Nacional dijo que no le hace feliz que el primer párrafo solo diga "por ley" y no fije el tipo de mayoría. El segundo párrafo sí pide mayoría calificada ([video, 00:01:38](https://www.youtube.com/watch?v=698_l4snEW8&t=98s)). El experto en derecho Alfredo Chirinos dijo a los diputados que el texto debe ser sucinto. Pidió referirse claramente a la vida privada y a los datos personales ([video, 00:00:23](https://www.youtube.com/watch?v=v42bG9Ya2J8&t=23s)). Chirinos también pidió que cualquier limitación a esos derechos quede en leyes especiales con votación calificada ([video, 00:00:50](https://www.youtube.com/watch?v=v42bG9Ya2J8&t=50s)). Agustín Méndez García, director general del Registro Nacional, dijo que los datos que manejan son públicos o no según la ley, porque tienen un objetivo específico ([video, 00:01:01](https://www.youtube.com/watch?v=v42bG9Ya2J8&t=61s)). Un diputado de Liberación Nacional dijo que es apropiado modernizar los conceptos y que el texto tiene oportunidades de mejora en las limitaciones ([video, 00:01:59](https://www.youtube.com/watch?v=v42bG9Ya2J8&t=119s)). ### Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque directo entre el texto propuesto y los artículos de la Constitución en el dossier. La reforma buscaba cambiar el propio artículo 24 ([Constitución, art. 24](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El artículo 121 dice que a la Asamblea le toca dictar y reformar las leyes ([Constitución, art. 121](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). Una reforma constitucional sigue el trámite del artículo 195, que no está en el dossier. El artículo 48 garantiza el recurso de amparo para proteger derechos fundamentales ([Constitución, art. 48](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El texto proponía que la Sala Constitucional controlara la protección de datos, según la exposición de motivos ([art. único](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El artículo 105 permite reformas parciales de la Constitución por referéndum ([Constitución, art. 105](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El dossier no dice si este proyecto se sometió a esa vía. ### Qué puede hacer usted Este proyecto ya venció. Las herramientas de la guía sirven para mirar el tema o para impulsar una iniciativa nueva. Puede pedir información sobre el estado de cualquier proyecto a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea. Esa oficina da información sobre la tramitación y las órdenes del día ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). Puede presentar una propuesta de ley por el formulario web de la Asamblea. No necesita el texto completo, basta con plantear la idea ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). Si reúne al menos un 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón, puede pedir un referéndum para una reforma parcial de la Constitución ([guía, p. 30](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=30)). También puede presentar una acción de inconstitucionalidad contra una ley que infrinja la Constitución ([guía, p. 24](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=24)). ### Lo que no sabemos El dossier no dice por qué el proyecto no se votó antes del vencimiento. El dossier no incluye el texto del artículo 195 de la Constitución sobre reformas parciales. El dossier no dice cuántos votos obtuvo el dictamen en la comisión. ## Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque directo entre el texto propuesto y los artículos de la Constitución en el dossier. La reforma buscaba cambiar el propio artículo 24. ## Qué puede hacer usted - Pedir información a la Oficina de Iniciativa Popular: Solicite el estado de tramitación, órdenes del día y actas de Plenario y Comisión (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Presentar una propuesta de ley por formulario web: Llene el formulario en la página de la Asamblea; no necesita el texto completo (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Referéndum para reforma parcial de la Constitución: Convoque el referéndum con las firmas requeridas ante el TSE (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=30) - Acción de inconstitucionalidad: Preséntela ante la Sala Constitucional según la Ley de Jurisdicción Constitucional (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=24) ## Fuentes 1. Expediente 22063: REFORMA AL ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa, 2020-06-30. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx 2. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 3. Diputados dictaminan proyecto de reforma del artículo 24 de la Constitución Política. Asamblea Legislativa Costa Rica, 2022-08-23. https://www.youtube.com/watch?v=698_l4snEW8 4. 29 o 38 votos la diferencia que define las leyes. Asamblea Legislativa Costa Rica, 2026-05-13. https://www.youtube.com/watch?v=JFifiARyrSk 5. Experto señala que texto de la reforma constitucional debe ser sucinto. Asamblea Legislativa Costa Rica, 2022-08-18. https://www.youtube.com/watch?v=v42bG9Ya2J8 6. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf ## Texto oficial completo ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY REFORMA AL ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA SILVIA VANESSA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ Y OTRAS SEÑORAS DIPUTADAS Y SEÑORES DIPUTADOS EXPEDIENTE N.° 22.063 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES NOTA: A solicitud de la parte interesada, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY REFORMA AL ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Expediente N.° 22.063 ASAMBLEA LEGISLATIVA: 1- Regulación internacional respecto a la protección de datos personales El derecho a la protección de datos personales no se encuentra expresamente reconocido en los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, principalmente por el momento en cual fueron promulgados, en donde la tecnología no resultaba un pilar indispensable de nuestra sociedad. Desde 1949, dichos instrumentos han acuñado el derecho al respeto de la vida privada, y la prohibición expresa que este derecho no puede ser sujeto a injerencias arbitrarias. Este derecho sí ha tenido un extensivo tratamiento en los convenios internacionales de derechos humanos, consagrado así en instrumentos del Sistema Universal como en los sistemas regionales europeo e interamericano. En los instrumentos con un alcance global, el derecho a la vida privada se encuentra el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el artículo 14 de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990 y el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Asimismo, el derecho a la vida privada también se encuentra en el ámbito interamericano, en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el ámbito europeo, por medio del artículo 8 del Convenio para la Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales. La Unión Europea es el único sistema regional que recoge expresamente el derecho al tratamiento de datos personales, en el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) como en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esa última carta lo regula de manera separada del derecho a la vida privada (previsto en el artículo 7 de la propia Carta), contrario a los demás instrumentos internacionales. En el sistema africano, mediante su Convención Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, no regula propiamente el derecho a la vida privada, ni el derecho a la protección de datos personales. El único instrumento internacional que ha regulado específicamente la materia ha sido el Convenio 108, para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, más conocido como Convenio 108 del Consejo de Europa, el cual se aprobó el 28 de enero de 1981, y, pese a ser un instrumento jurídico de la Unión Europea, se encuentra abierto a adhesión por parte de estados extracomunitarios. Dicho convenio establece en su artículo 1 que tiene por objeto proteger el derecho de las personas al tratamiento automatizado de sus datos personales. El objetivo del Convenio es procurar un balance entre la protección a los datos personales de los ciudadanos, pero también considerando la necesidad del libre flujo de datos personales entre países, por lo que fija unos mínimos de protección que deben ser garantizados por los estados a la hora de adherirse al mismo: a) Los datos deben ser obtenidos de manera leal y legítima. b) Deben ser tratados para finalidades determinadas y no para otras que resulten incompatibles. c) Deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los fines que se persiguen con su tratamiento. d) Deben ser exactos, con el derecho de rectificarlos por parte de su titular. e) Deben ser conservados de forma que permitan identificar a su titular durante el plazo de conservación, que no debe exceder la finalidad para la cual fueron recogidos. A la fecha, el Convenio cuenta con dos protocolos. El primero fue aprobado en el 2001, y se enfoca en las autoridades de control en materia de protección de datos personales. El segundo, aprobado en 2018, consiste en una actualización normativa del Convenio tendiente a facilitar el flujo transfronterizo de datos, pero con respecto a las garantías mínimas de los titulares de datos personales. Este último protocolo es conocido como Convenio 108+. 2- La evolución progresiva de los instrumentos de derechos humanos Los tratados internacionales de derechos humanos tienen sus particularidades respecto a su interpretación. Se ha determinado que son instrumentos vivos, en cuanto a la forma en que se lee su contenido y en cuanto a cuál es los alcances de sus estipulaciones. La Convención de Viena sobre la Interpretación de los Tratados, es el instrumento internacional que regula cómo se interpretan los tratados internacionales, incluidos los tratados de derechos humanos. Sin embargo, dada la naturaleza de los derechos humanos y su posición en el derecho internacional, existen ciertas particularidades que hay que tomar en cuenta para interpretarlos. Un tratado internacional y uno de derechos humanos, empiezan a diferenciarse por la naturaleza de las obligaciones que contienen esos documentos. Los tratados tradicionales establecen concesiones y obligaciones recíprocas, con reglas de interpretación bastante restrictivas, mientras los que regulan los derechos humanos incorporan obligaciones únicamente a los Estados, enfocados normalmente en regulaciones generales con un amplio margen de interpretación. Otro elemento esencial para la interpretación de los tratados de derechos humanos es el contexto de sus disposiciones. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos indica que la Convención debe leerse como un instrumento completo, y la Comisión Africana de Derechos Humanos dice que su Convención Africana debe ser interpretado de manera holística, para determinar el contenido de sus obligaciones. Además del contexto, es necesario determinar el objeto y propósito del tratado, además de su eficacia, que son considerados elementos esenciales para la interpretación de las obligaciones contenidas en los tratados de derechos humanos. Igualmente, como se ha dicho, los tratados de derechos humanos son “instrumentos vivos”, en el sentido que la interpretación de sus disposiciones puede variar en el tiempo, inclusive si esto genera obligaciones y costos adicionales a los Estados para procurar su cumplimiento. La Corte Interamericana ha dejado claro el uso de una interpretación extensiva, y aquella que proteja más a las personas, desde sus primeros casos. En el caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia, la Corte determinó que: “Asimismo, la Corte ha señalado, al igual que la Corte Europea de Derechos Humanos, que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Tal interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación consagradas en el artículo 29 de la Convención Americana, así como las establecidas por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. En este sentido, al interpretar la Convención debe siempre elegirse la alternativa más favorable para la tutela de los derechos protegidos por dicho tratado, según el principio de la norma más favorable al ser humano.”(el resaltado no figura en el original) En el caso Blake v. Guatemala, esta idea de interpretación basada en la protección al ser humano fue reforzada: “Este Tribunal considera que el artículo 8.1 de la Convención debe interpretarse de manera amplia de modo que dicha interpretación se apoye tanto en el texto literal de esa norma como en su espíritu, y debe ser apreciado de acuerdo con el artículo 29, inciso c) de la Convención, según el cual ninguna disposición de la misma puede interpretarse con exclusión de otros derechos y garantías inherentes al ser humano o que se deriven de la forma democrática representativa de gobierno.” Entonces, la interpretación de las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos debe hacerse de manera extensiva, aplicando las disposiciones en el contexto de las regulaciones, verificando el objeto y propósito del tratado, y considerando su aplicación a la evolución de los tiempos. 3- El derecho a la protección de datos dentro del derecho a la vida privada El derecho a la protección de datos personales, como hemos visto, no tiene una regulación específica a nivel internacional (salvo en dos tratados europeos). Sin embargo, hay que recordar que los tratados transcritos no utilizan el término “privacidad” o “intimidad”, sino el derecho a “una vida privada”. El Derecho a la Intimidad o a la Privacidad, en sentido estricto, se entiende como el que permite que un ciudadano mantenga determinados ámbitos de su vida como privados, lejos de la injerencia de terceros y, sobre todo, del propio Estado. Este Derecho constituye, en palabras del magistrado estadounidense Louis Brandeis, padre del concepto anglosajón del “Derecho a la Privacidad”, el derecho a ser dejado en paz, que, decía dicho juez es: “el más extenso de los derechos y el derecho más atesorado por un pueblo libre." Sin embargo, se ha entendido que el Derecho a la Protección de Datos Personales en realidad abarca más allá, porque no se aplica solo a los datos personales que un ciudadano desea mantener para sí, en su fuero más íntimo, sino en realidad se aplica incluso a aquellos datos en los cuales puedan ser considerados públicos por cualquier motivo. Le garantiza al ciudadano el derecho a imponer a terceros obligaciones de hacer o no hacer con respecto a sus datos personales. Ese margen de protección más amplio podría no verse cubierto por los instrumentos internacionales de derechos humanos ya citados, que sólo, en apariencia, regulan el derecho a la “vida privada”, pudiendo entenderse únicamente bajo su concepción clásica de privacidad o al de la intimidad. A pesar de esto, según las normas interpretativas que deben tener ese tipo de tratados y que ya fueron mencionadas, entendiendo su carácter de “instrumentos vivos”, deben interpretarse sus protecciones y obligaciones a la luz de los tiempos actuales, sin permitir que sus protecciones se desfasen por una interpretación restrictiva de sus obligaciones. Como se ha indicado, los instrumentos internacionales que sí tienen aplicación en Costa Rica regulan la protección no sólo de la intimidad y privacidad, sino que utilizan el término “vida privada”, nomenclatura con un margen más amplio de protección. Históricamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) interpretó en sus inicios que la protección a la vida privada es una obligación de no hacer para los Estados. Inicialmente, este derecho humano se veía únicamente como el derecho a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, cuando no había consentimiento para ello, o que no haya autorización legal para su violación. La Corte también ha mantenido un fuerte estándar internacional para establecer limitaciones a la vida privada de las personas, así debe: (a) establecerse mediante una ley debidamente promulgada por la Asamblea Legislativa, (b) la restricción debe tener un propósito legítimo, en este caso la protección del derecho a la protección de datos personales y (c) las restricciones, además, deben ser necesarias en una sociedad democrática, en el entendido que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo, de entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse la que restrinja en menor escala el derecho protegido y sea proporcional al interés que la justifica. En caso de que las regulaciones atinentes a la violación de la vida privada de las personas no cumplan este estándar, se consideran una violación de la obligación de los Estados para la protección de este derecho. Ahora bien, la Corte ha evolucionado el derecho a la vida privada como el simple derecho a la no violación del domicilio o de la correspondencia, cuando la evolución tecnológica así lo ameritó, englobando los principios interpretativos previamente indicados: “La fluidez informativa que existe hoy en día coloca al derecho a la vida privada de las personas en una situación de mayor riesgo debido a las nuevas herramientas tecnológicas y su utilización cada vez más frecuente. Este progreso, en especial cuando se trata de interceptaciones y grabaciones telefónicas, no significa que las personas deban quedar en una situación de vulnerabilidad frente al Estado o a los particulares. De allí que el Estado debe asumir un compromiso, aún mayor, con el fin de adecuar a los tiempos actuales las fórmulas tradicionales de protección del derecho a la vida privada.” Por lo anterior, se ha determinado que “(…) el concepto de vida privada es un término amplio no susceptible de definiciones exhaustivas”, interpretación que el sistema interamericano acuñó del sistema europeo. El sistema europeo de derechos humanos sí ha tenido más posibilidad de desarrollar esa interpretación amplia del derecho a la vida privada (regulado casi con exactitud entre la Convención Americana en su artículo 11, y la Convención Europea en su artículo 8). En el caso Niemietz contra Alemania, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no consideró "ni posible ni necesario buscar la definición exhaustiva de la noción de «vida privada»", estableciendo que el derecho a la vida privada no puede reducirse a "un «círculo íntimo» donde cada uno puede llevar su vida personal como quiera, y separarla totalmente del mundo exterior a este círculo. El respeto a la vida privada debe incluir también, en cierta medida, el derecho de los individuos para establecer y desarrollar relaciones con sus semejantes". Por lo que, el TEDH ya ha interiorizado una noción amplia del derecho a la vida privada, por lo que no sólo existe una obligación de tutelar el derecho a la intimidad, entendida como aquella protección que se ostenta para el fuero más íntimo, sino que también incluye la información personal que, sin tener ese carácter secreto, tenga incidencia en el derecho a la protección de la vida privada. Esto incluye el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y considerar que el manejo de ciertos datos debe tener una protección particular, tales como la identidad de género, el nombre, la orientación sexual, la vida sexual, y la información médica, que son elementos protegidos por el derecho a la vida privada. El Tribunal, además, ha determinado que el almacenamiento de esa información recae las mismas obligaciones contenidas en el artículo 8 de la Convención Europea. Estas últimas categorías, son las que tradicionalmente la protección de datos personales considera datos “sensibles”, y que tienen normativa especial respectivo al consentimiento, tratamiento, medidas de seguridad y transferencia que le pueden dar a esos datos personales. También, el Tribunal de Estrasburgo ha incluido en el ámbito de aplicación del artículo 8, referida a la vida privada de los ciudadanos europeos, la recogida y la conservación sistemáticas de informaciones por parte de los servicios de seguridad sobre ciertos individuos, y la grabación de voces, la vigilancia por GPS, la grabación y el uso de las imágenes de vídeo, la conservación de informaciones de una persona, aun si la misma no contenía ningún elemento sensible y probablemente nunca fue consultada, estableciendo de manera expresa que "toda información relativa a una persona física identificada o identificable” ostenta de protección, e inclusive determinados datos de naturaleza pública "cuando, de manera sistemática, se recogen y se almacenan en ficheros llevados por los poderes públicos". La jurisprudencia europea ha interpretado de manera extensiva su artículo 8 para englobar la protección de datos en su marco de derechos humanos, una solución que parecería sensato que la propia Corte-IDH aplique a nivel regional, cuando resuelva un caso de tratamiento indebido de datos personales, utilizando el artículo 11 de la Convención Americana. Por lo anterior, es claro que el régimen de protección internacional confiere una importancia especial al tratamiento de datos personales, no sólo limitados a los datos íntimos o privados, sino también a aquellos que sean públicos. Por lo anterior, en aplicación de una interpretación evolutiva del término “vida privada”, existe una obligación internacional de los Estados de proteger los datos personales de sus ciudadanos, indistintamente si la información es privada o pública. La consecuencia más lógica de reconocer el derecho a la protección de datos como un derecho humano, es darle el máximo rango de protección a nivel interno, que sería incorporarlo como un derecho autónomo en la Constitución Política. 4- El derecho a la protección de datos en la Constitución Política costarricense Tradicionalmente, en Costa Rica se ha comprendido que el fundamento del Derecho a la Protección de Datos es un derivado de las garantías constitucionales, las cuales conforman el conjunto de derechos vinculados con el Derecho a la Intimidad, consagrado en los artículos 23, 24 y 28 de la Constitución Política. Sin embargo, a diferencia de los tratados internacionales sobre la materia, dichos instrumentos utilizan el término “vida privada”, el cual ha sido interpretado de manera más extensiva que términos similares como el de “privacidad” o “intimidad”. Nuestra norma constitucional mantiene conceptos distintos. El artículo 23 tutela la clásica protección contra la violación de domicilio. El artículo 24 habla del concepto “intimidad” y el “secreto de las comunicaciones”, elementos clásicos del derecho a la “vida privada”, pero que no acuñan la totalidad de la protección derivada de dicho concepto. La Sala Constitucional si se ha abocado a interpretar, con base las normas internacionales, que nuestra regulación también engloba, en alguna medida, la intimidad con el derecho a la Protección de Datos Personales: “El Derecho a la Intimidad implica reconocer y aceptar el derecho fundamental de toda persona física o jurídica a conocer lo que conste sobre ella, sus bienes o derechos en cualquier registro o archivo, de toda naturaleza, incluso mecánica, electrónica o informatizada, sea público o privado; así como la finalidad a que esa información se destine y, en su caso, a que se rectifique, actualice, complemente o suprima, cuando el sujeto considera que la misma es incorrecta, inexacta o que implique discriminación. Lo mismo que a no ser utilizada o divulgada indebidamente y se respete su legítima confidencialidad. El fin de este derecho consiste en que cualquier persona tenga la posibilidad de defenderse contra calificaciones sospechosas incluidas en registros que sin darle derecho a rectificarlas o contradecirlas podrían llegar a causarle un grave perjuicio”. A pesar de esta protección internacional, por las discrepancias de términos entre las obligaciones contenidas en los tratados internacionales, y el articulado de la Constitución Política costarricense, con la finalidad de garantizar el Derecho a la Protección de Datos Personales al más alto nivel, Costa Rica debería incluir el Derecho a la Protección de Datos Personales en su Constitución Política, así además sigue la tendencia internacional en la materia. Algunos ejemplos de países Iberoamericanos en los cuales se garantiza el Derecho a la Protección de Datos Personales, en algunos casos relacionado con el denominado derecho al habeas data: Colombia Art. 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar, y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. Ecuador Art. 94. Toda persona tendrá derecho a acceder a los documentos, bancos de datos e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, así como a conocer el uso que se haga de ellos y su propósito. Guatemala Art. 31. Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales, y la finalidad a que se dedica esta información, así como a corrección, rectificación y actualización. Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las autoridades electorales y partidos políticos. Nicaragua Art. 26. Toda persona tiene derecho: a su vida privada y la de su familia; a la inviolabilidad de su domicilio, su correspondencia y sus comunicaciones de todo tipo… A conocer toda la información que sobre ella hayan registrado las autoridades estatales, así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad tiene esa información. España Art. 18 inciso 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Perú Art. 2.6. Toda persona tiene derecho… a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Argentina Art. 43. Toda persona podrá interponer esta acción (habeas data) para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registro o bancos de datos públicos o privados, destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. El objetivo que se persigue con esta reforma, además de incluir la protección de datos como derecho fundamental en la norma de máxima jerarquía del ordenamiento jurídico, es modificar el concepto de intimidad por el de vida privada, que como ha quedado acreditado en estos antecedentes es un concepto más amplio y que sigue el estándar de los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos. Además, garantizar el control directo de la Sala Constitucional sobre el Derecho de Protección de Datos con respecto a la legislación y el resto del ordenamiento jurídico, como garante de las protecciones a los derechos fundamentales, en los términos previstos en la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se propone a la Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley, para su estudio y aprobación por parte de los señores diputados y las señoras diputadas. **LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA** **DECRETA:** REFORMA AL ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA ### ARTÍCULO ÚNICO- Refórmese el artículo 24 de la Constitución Política para que en lo sucesivo de lea de la siguiente manera: ### Artículo 24- Se garantiza el derecho a la vida privada, a la protección de los datos personales, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Mediante ley especial podrán adoptarse limitaciones a estos derechos para salvaguardar la seguridad nacional, la seguridad pública, la protección de la salud pública, la protección de los derechos y las libertades de terceros, así como por cuestiones de interés público. Son inviolables los documentos privados, los datos personales sensibles y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República. Sin embargo, la ley, cuya aprobación y reforma requerirá los votos de dos tercios de los Diputados de la Asamblea Legislativa, fijará en qué casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar el secuestro, registro o examen de los documentos privados, o datos personales sensibles, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento. Igualmente, la ley determinará en cuáles casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en cuya investigación podrá autorizarse el uso de esta potestad excepcional y durante cuánto tiempo. Asimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que incurrirán los funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción. Las resoluciones judiciales amparadas a esta norma deberán ser razonadas y podrán ejecutarse de inmediato. Su aplicación y control serán responsabilidad indelegable de la autoridad judicial. Una ley especial, aprobada por dos tercios del total de los Diputados, fijará los casos en que los funcionarios competentes del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República podrán revisar los sistemas de contabilidad y sus soportes, o acceder a datos personales para fines tributarios y para fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos, y cuáles otros órganos de la Administración Pública podrán revisar los documentos o acceder a datos personales que esa ley señale en relación con el cumplimiento de sus competencias de regulación y vigilancia para conseguir fines públicos. Asimismo, indicará en qué casos procede esa revisión. No producirán efectos legales, la correspondencia que fuere sustraída ni la información obtenida como resultado de la intervención ilegal de cualquier comunicación. Rige a partir de su publicación. Silvia Vanessa Hernández Sánchez Luis Fernando Chacón Monge Ana Lucía Delgado Orozco Gustavo Alonso Viales Villegas Luis Antonio Aiza Campos Paola Alexandra Valladares Rosado Yorleni León Marchena Carlos Ricardo Benavides Jiménez Jorge Luis Fonseca Fonseca Wagner Alberto Jiménez Zúñiga Ana Karine Niño Gutiérrez Diputados y diputadas 14 de julio de 2020 NOTAS: El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura. Este proyecto ingresó al orden del día de Plenario el 2 de julio de 2020. Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/22063). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.