Archivado el proyecto que daba tregua de un año a deudores de la ARESEP
El expediente 22064, que proponía una moratoria de un año en los intereses de mora y cambios en el canon de la ARESEP, venció en 2024 sin convertirse en ley.
Título oficial REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 31, 82 Y ADICIÓN DEL TRANSITORIO VIII Y TRANSITORIO IX DE LA LEY N.° 7593, DE 09 DE AGOSTO DE 1996, LEY DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y SUS REFORMAS ANTERIORMENTE DENOMINADO REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 31, 82 Y ADICIÓN DEL TRANSITORIO VIII Y TRANSITORIO IX DE LA LEY N.° 7593, DE 09 DE AGOSTO DE 1996, LEY DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y SUS REFORMAS
Atención: El proyecto proponía una moratoria de un año en los intereses de mora del artículo 39 y un cambio en el reparto del canon entre regulados, temas que afectan la tarifa que paga la gente.
La letra pequeña
Encontramos 2 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
El título habla de todos, pero la ventaja cae sobre un grupo pequeño.
A quién le sirve: Prestadores de servicios públicos regulados que debían intereses de mora.
El transitorio VIII daba un año sin pagar intereses de mora y prorrateaba la deuda hasta en 24 meses. El beneficio era para quienes debían esos intereses, no para los usuarios.
Se establece una moratoria por un período de un año contado desde la entrada en vigencia de la presente ley del pago de los intereses previstos en el párrafo primero del artículo 39 de esta ley.
2, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Los prestadores de servicios públicos regulados por la ARESEP, que pagan el canon y los intereses de mora.
- Los usuarios de servicios públicos, porque el canon se financia con la tarifa.
- Los operadores de transporte público remunerado de personas, mencionados como sector afectado por la pandemia.
A quién beneficia
- Los prestadores de servicios públicos habrían tenido un año sin pagar intereses de mora del artículo 39.
- Las sumas adeudadas por intereses se habrían prorrateado hasta en 24 meses después de la moratoria.
- Los costos indirectos e inversiones se habrían repartido entre todos los regulados.
Qué cambia
- El proyecto no es ley: venció el 1 de julio de 2024.
- El artículo 39 sigue vigente con el interés de mora del cuatro por ciento (4%) por mes o fracción.
- El control de la Contraloría sobre los cánones del artículo 82 no cambiaba con el texto propuesto.
La explicación completa
El expediente 22064 ya no está en trámite. Venció su plazo cuatrienal el 1 de julio de 2024 y nunca llegó a ser ley 1.
Qué propone
El proyecto proponía cambiar tres partes de la Ley 7593, la ley que creó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 1.
Primero, cambiaba el inciso b) del artículo 31. Ese inciso trata de cómo la ARESEP reconoce los costos de financiar proyectos de servicios públicos (art. 1). El texto nuevo pedía que los plazos de financiamiento fueran "consistentes con la vida útil de la obra o equipo" y que los costos "no sean desproporcionados o excesivos". También pedía que el impacto en la tarifa se repartiera a lo largo de la vida útil del proyecto.
Segundo, cambiaba el artículo 82, que trata del canon. El canon es un cargo anual que pagan los prestadores de servicios públicos y que se financia con la tarifa (art. 1). El texto nuevo decía que el canon lo pagan "los prestadores de los servicios públicos" y que se destina a financiar la actividad regulatoria. Además, agregaba que los costos indirectos, las inversiones, las indemnizaciones judiciales y los estudios iniciales se repartirían entre todos los regulados.
Tercero, agregaba un transitorio VIII. Ese transitorio establecía una moratoria de un año en el pago de los intereses del artículo 39 (art. 2). El artículo 39 fija un interés moratorio del cuatro por ciento (4%) por cada mes o fracción de mes de atraso. Las sumas adeudadas por ese concepto se prorratearían hasta en 24 meses después de vencida la moratoria.
El proyecto citaba la pandemia del COVID 19 como motivo. Decía que la emergencia nacional había disminuido el volumen de pasajeros del transporte público remunerado de personas 1.
En qué va el trámite
El proyecto está archivado. Su plazo cuatrienal venció el 1 de julio de 2024 1.
El último paso registrado fue el 3 de diciembre de 2020. Ese día la Comisión de Asuntos Económicos (Área V) remitió el expediente a la Secretaría del Directorio 1. La comisión había votado y dictaminado el 18 de noviembre de 2020.
El proyecto nunca llegó al primer debate en el Plenario. Para ser ley le faltaba el debate en Plenario, la aprobación en dos debates y la firma del Poder Ejecutivo 1.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque claro entre el texto y los artículos de la Constitución que están en el dossier.
El artículo 121 dice que le corresponde a la Asamblea Legislativa "Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica" Constitución, art. 121. El proyecto era una reforma de ley ordinaria presentada por un diputado, así que calza con esa atribución 1.
El artículo 184 dice que la Contraloría debe "Examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las Municipalidades e instituciones autónomas, y fiscalizar su ejecución y liquidación" Constitución, art. 184. El artículo 82 vigente mantiene ese control de la Contraloría sobre los cánones 3. El texto propuesto no tocaba los incisos c) y d) del artículo 82, que son los que dan esa potestad a la Contraloría (art. 1).
El artículo 176 pide que la gestión pública se conduzca "de forma sostenible, transparente y responsable" Constitución, art. 176. El proyecto hablaba de evitar "sobrecostos" y de un "adecuado impacto tarifario" 1. Eso va en la misma dirección, aunque el texto no lo dice con esas palabras.
Qué puede hacer usted
El proyecto ya venció, así que las herramientas para incidir en su trámite no sirven de mucho. Pero hay opciones si le preocupa el tema de las tarifas y los cánones.
Puede presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República si sospecha un manejo irregular de fondos públicos. Se puede hacer en persona en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal de denuncia electrónica o por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr guía, p. 68.
Puede participar en las consultas públicas de la ARESEP sobre fijaciones tarifarias. La guía describe esos mecanismos de participación ciudadana en servicios públicos guía, p. 91.
Puede usar el formulario web de la Asamblea Legislativa para plantear una propuesta de ley. La guía aclara que esas propuestas no tienen garantía de ser discutidas ni votadas guía, p. 27.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué el proyecto no avanzó después de setiembre de 2020.
El dossier no incluye el texto completo del artículo 31 vigente, solo un fragmento.
El dossier no dice cuánto dinero habría representado la moratoria para los operadores.
El dossier no tiene grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El Censo no encontró un choque claro entre el texto propuesto y los artículos constitucionales del dossier. El proyecto era una reforma de ley ordinaria y respetaba el control de la Contraloría sobre los cánones.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones"
Esta ley, art. 1"Se reforman el inciso b) del artículo 31 y el párrafo primero y los incisos a) y b) del artículo 82 de la Ley N.° 7593"
Sin choque aparente La Constitución le da a la Asamblea la potestad de reformar leyes. El proyecto era justamente una reforma de ley presentada por un diputado.
Constitución, art. 184"Examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las Municipalidades e instituciones autónomas, y fiscalizar su ejecución y liquidación"
Esta ley, art. 1"Los artículos se mantienen igual en lo no reformado."
Sin choque aparente El texto propuesto no tocaba los incisos c) y d) del artículo 82, que son los que dan a la Contraloría la potestad de aprobar o improbar los cánones. Esa potestad se mantenía.
Constitución, art. 176"La gestión pública se conducirá de forma sostenible, transparente y responsable"
Esta ley, art. 1"los costos no sean desproporcionados o excesivos, cuyo financiamiento guarde un adecuado impacto tarifario a lo largo de la vida útil"
Sin choque aparente El proyecto buscaba evitar sobrecostos y repartir el impacto tarifario. Eso va en la misma dirección que el principio de gestión sostenible, aunque el texto no usa esas palabras.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 22064: REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 31, 82 Y ADICIÓN DEL TRANSITORIO VIII Y TRANSITORIO IX DE LA LEY N.° 7593, DE 09 DE AGOSTO DE 1996, LEY DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y SUS REFORMAS ANTERIORMENTE DENOMINADO REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 31, 82 Y ADICIÓN DEL TRANSITORIO VIII Y TRANSITORIO IX DE LA LEY N.° 7593, DE 09 DE AGOSTO DE 1996, LEY DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y SUS REFORMAS
- Constitución Política (texto vigente)
- Ley 8823: Reforma varias leyes sobre la participación de la Contraloría General de la República para la simplificación y el Fortalecimiento de la Gestión Pública (Vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 31 Y 82 Y ADICIÓN DEL TRANSITORIO VIII DE LA LEY N.° 7593, DE 09 DE AGOSTO DE 1996, LEY DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y SUS REFORMAS
LUIS RAMÓN CARRANZA CASCANTE DIPUTADO
EXPEDIENTE N.° 22.064
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 31 Y 82 Y ADICIÓN DEL TRANSITORIO VIII DE LA LEY N.° 7593, DE 09 DE AGOSTO DE 1996, LEY DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y SUS REFORMAS
Expediente N.° 22.064
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
La Autoridad Reguladora ha identificado deficiencias en la estructuración y ejecución de proyectos que se traducen en sobrecostos y, consecuentemente, en la pretensión de las empresas reguladas de que los mismos sean reconocidos en plazos mucho menores a la vida útil de los activos, proyectos, maquinaria y equipo, impactando vía tarifa a los usuarios, su bienestar, al igual que la competitividad de los sectores productivos.
Actualmente, el artículo 31, inciso b) de la Ley N.° 7593, de 09 de agosto de 1996, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus Reformas, expresa lo siguiente:
Artículo 31- Fijación de tarifas y precios.
b) El reconocimiento de los esquemas de costos de los distintos mecanismos de contratación de financiamiento de proyectos, sus formas especiales de pago y sus costos; efectivos; entre ellos, pero no limitados a esquemas tipo B: (construya y opere, o construya, opere y transfiera, BOO), así como arrendamientos operativos y/o arrendamientos financieros y cualesquiera otros que sean reglamentados.
Por otra parte, el artículo 82 de la Ley N.° 7593, de 09 de agosto de 1996, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus Reformas, señala lo siguiente:
Artículo 82.- Cálculos del canon
Por cada actividad regulada, la Autoridad Reguladora cobrará un canon consistente en un cargo anual, que se determinará de la siguiente manera:
a) La Autoridad Reguladora calculará el canon de cada actividad de acuerdo con el principio de servicio al costo y deberá establecer un sistema de costeo apropiado para cada actividad regulada.
b) Cuando la regulación por actividad involucre varias empresas, la distribución del canon seguirá criterios de proporcionalidad y equidad.
c) Dentro de la primera quincena del mes de abril de cada año, la Autoridad Reguladora presentará el proyecto de cánones para el año siguiente, con su respectiva justificación técnica, ante la Contraloría General de la República, para que lo apruebe o impruebe. Recibido el proyecto, la Contraloría dará audiencia, por un plazo de diez (10) días hábiles, a las empresas reguladas a fin de que expongan sus observaciones al proyecto de cánones. Transcurrido el plazo, se aplicará el silencio positivo.
d) El proyecto de cánones deberá aprobarse o improbarse a más tardar el último día hábil del mes de julio del mismo año.
Según los procedimientos aquí indicados, esa Autoridad someterá a la Contraloría General de la República, para su aprobación, los cánones por nuevos servicios públicos establecidos por la Asamblea Legislativa.
La Autoridad Reguladora determinará los medios y los procedimientos adecuados para recaudar los cánones a que se refiere esta ley.
La Autoridad Reguladora estará sujeta al cumplimiento de los principios establecidos en el título II de la Ley N.º 8131, Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, y a proporcionar la información requerida por el Ministerio de Hacienda para sus estudios. En lo demás, se le exceptúa de los alcances y la aplicación de esa ley. En su fiscalización, estará sujeta únicamente a las disposiciones de la Contraloría General de la República.
(Así reformado por el artículo 47° de la Ley N.° 8823, de 5 de mayo de 2010)
(Así adicionado por el artículo 41 aparte j) de la Ley N. ° 8660, de 8 de agosto de 2008. Antes de la adición correspondía al artículo 59).
En lo que interesa, el artículo 39 de la Ley N.° 7593, de 09 de agosto de 1996, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus Reformas, expresa lo siguiente:
Articulo 39.- Intereses moratorios
En caso de falta de pago de los cánones y las tasas establecidos en la presente ley, se aplicarán los intereses calculados de conformidad con el artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Adicionalmente, se aplicará una multa por concepto de mora, consistente en un cuatro por ciento (4%) por cada mes o fracción de mes que haya transcurrido desde la fecha en que debió satisfacerse la obligación hasta la fecha del pago efectivo del tributo. Esta sanción se calculará sobre la suma sin pagar a tiempo.
Si la mora es superior a tres (3) meses, será causal de caducidad de la concesión o el permiso, en los casos en que la concesión o el permiso hayan sido otorgados mediante acto administrativo.
En esos casos, la competencia para declarar la caducidad de la concesión, licencia, autorización o permiso corresponde a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, previo cumplimiento del debido proceso. En este supuesto, la Autoridad Reguladora notificará a la respectiva administración concedente, la apertura del procedimiento, así como el acto final, a efectos de que se ejecute el acto administrativo en lo que le competa.
(Así reformado por el artículo 41 aparte i) de la Ley N.° 8660, de, 8 de agosto de 2008).
La pandemia del COVID 19 ha generado la declaratoria de emergencia nacional por el Poder Ejecutivo y ha obligado a las personas a permanecer en sus casas, prohibir las reuniones masivas, actividades sociales, el cierre de centros sociales de reunión, incrementar el teletrabajo y promover la comunicación virtual; con el consiguiente impacto en la economía, específicamente en el servicio público de transporte público remunerado de personas, en donde se ha visto disminuido el volumen de pasajeros de manera significativa.
Se procura que la reforma guarde el equilibrio entre lo estructural y lo coyuntural, de manera que una decisión que se toma en un momento de crisis, temporal, que afecta específicamente a un sector regulado no produzca efectos en el largo plazo que luego causen desequilibrios financieros o económicos en tiempos de normalidad para el logro de los objetivos públicos y la satisfacción del interés general.
Es atención a lo anterior se propone el siguiente proyecto de ley y se solicita al Plenario legislativo su aprobación.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 31 Y 82 Y ADICIÓN DEL TRANSITORIO VIII DE LA LEY N.° 7593, DE 09 DE AGOSTO DE 1996, LEY DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y SUS REFORMAS
ARTÍCULO 1- Se reforman el inciso b) del artículo 31 y el párrafo primero y los incisos a) y b) del artículo 82 de la Ley N.° 7593, de 09 de agosto de 1996, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus Reformas. Los artículos se mantienen igual en lo no reformado.
Artículo 31- Fijación de tarifas y precios
(…)
Reconocer el financiamiento de los proyectos necesarios para la prestación de los servicios públicos, mediante esquemas con plazos que sean consistentes con la vida útil de la obra o equipo, los costos no sean desproporcionados o excesivos, cuyo financiamiento guarde un adecuado impacto tarifario a lo largo de la vida útil y sean acordes con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan sectorial correspondiente.
Artículo 82- La Autoridad Reguladora cobrará un canon consistente en un cargo anual, que pagarán los prestadores de los servicios públicos y se financiará mediante la tarifa, destinado a financiar la actividad regulatoria y la administrativa que la hace posible. La Aresep determinará el canon de la siguiente manera:
a) La Autoridad Reguladora calculará el canon de acuerdo con el principio de servicio al costo, para lo cual deberá establecer un sistema de costeo apropiado.
b) La Autoridad Reguladora distribuirá el canon atendiendo criterios de proporcionalidad y equidad. Los costos indirectos, las inversiones, las indemnizaciones judiciales y los estudios iniciales para la regulación de nuevos servicios se distribuirán entre todos los regulados observando siempre los criterios de proporcionalidad y equidad, que reglamentará la Autoridad Reguladora.
ARTÍCULO 2- Se adiciona un transitorio VIII a las disposiciones transitorias del capítulo XIII disposiciones finales de la Ley N.° 7593, de 09 de agosto de 1996, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sus reformas, en relación con la aplicación de los intereses moratorios de cuatro por ciento (4%) y de los intereses calculados de conformidad con el artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, establecidos en el artículo 39 de esta ley, que exprese lo siguiente:
Transitorio VIII- Se establece una moratoria por un período de un año contado desde la entrada en vigencia de la presente ley del pago de los intereses previstos en el párrafo primero del artículo 39 de esta ley. Las sumas adeudas por ese concepto se prorratearán hasta 24 meses siguientes al vencimiento del período de la moratoria.
Rige a partir de su publicación.
Luis Ramón Carranza Cascante Diputado
16 de julio de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.