# Expediente 22068: Archivado el proyecto que blindaba el Bono Proteger de embargos - Página: https://elcenso.com/leyes/22068 - Tipo: Proyecto de ley (expediente legislativo) - Título oficial: ADICIÓN DE UN INCISO 8) AL ARTÍCULO 984 DEL CÓDIGO CIVIL (LEY N° 63) Y SUS REFORMAS - Publicada: 2020-07-22 - La Gaceta: 179 - Fuente oficial: https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx ## En resumen El proyecto 22068, que buscaba blindar el Bono COVID-19 frente a embargos, venció su plazo cuatrienal en julio de 2024 sin convertirse en ley. ## A quién le toca - Personas que reciben o recibieron el Bono Proteger - Personas con deudas pendientes que podrían ser embargadas - Familias que dependen del bono para cubrir necesidades básicas ## A quién beneficia - Los beneficiarios del Bono Proteger habrían quedado protegidos de embargos si el proyecto se aprobaba - Los bancos estatales habrían tenido que ofrecer una cuenta exclusiva e inembargable ## Qué cambia - El proyecto no se convirtió en ley y el bono sigue sin protección explícita en el Código Civil - La pensión alimentaria habría sido la única excepción al embargo del bono ## Explicación ### Qué propone El proyecto 22068 ya no está en trámite: venció su plazo cuatrienal el 2 de julio de 2024 y quedó archivado [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). Proponía agregar un inciso 8) al artículo 984 del Código Civil para que ningún acreedor pudiera embargar el Bono Proteger ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El texto definía ese bono como "un beneficio social temporal de la persona beneficiaria, cuando ha sido otorgado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social" ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Agregaba una excepción: la pensión alimentaria sí podría embargarlo, siempre en proporción a la deuda y solo si el obligado alimentario fuera el mismo beneficiario. También creaba una cuenta bancaria exclusiva para el depósito del bono ([art. 2](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). La persona beneficiaria podría abrirla en cualquier entidad del Sistema Financiero Nacional y desde ese momento la cuenta sería inembargable. El banco debía emitir una certificación llamada "Cuenta para el Depósito del Bono Proteger". Los bancos estatales tenían que ofrecer esa opción. Un transitorio ordenaba a las entidades financieras detener las órdenes judiciales sobre esas cuentas durante tres meses, prorrogables por el mismo periodo ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). ### En qué va el trámite El expediente está archivado. La ficha registra la presentación el 2 de julio de 2020 y el envío a la Imprenta Nacional el 16 de julio de 2020 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos recibió el proyecto el 31 de julio de 2020 y lo votó el 8 de setiembre de 2021. El último movimiento fue la remisión a la Secretaría del Directorio el 4 de octubre de 2021 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). El plazo cuatrienal venció el 2 de julio de 2024. Para que fuera ley faltaba el dictamen favorable, el primer debate y el segundo debate en el Plenario. ### Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque directo entre el texto y los artículos constitucionales del dossier. El proyecto citaba el artículo 74 de la Constitución sobre beneficios sociales irrenunciables y el artículo 51 sobre protección a la familia ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El artículo 74 dice que "los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son irrenunciables" ([Constitución, art. 74](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El artículo 51 dice que "la familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado" ([Constitución, art. 51](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El texto del proyecto se apoya en ambos para justificar la inembargabilidad ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Hay una duda sobre el alcance de la excepción de pensión alimentaria. El proyecto permite embargar el bono solo si el obligado alimentario es el beneficiario ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El artículo 51 protege a la familia, y la pensión alimentaria también protege a menores. El texto no explica cómo se resuelve ese cruce. ### Qué puede hacer usted El proyecto está archivado, así que las herramientas de incidencia legislativa ya no aplican a este expediente. Si quiere retomar el tema, puede presentar una propuesta de ley en el formulario web de la Asamblea ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). La Oficina de Iniciativa Popular recopila esas propuestas y las remite a los diputados, aunque no hay garantía de que se discutan. También puede usar la iniciativa popular, que requiere al menos un 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral ([guía, p. 26](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26)). El TSE verifica las firmas y traslada el proyecto a la Asamblea, que debe votarlo en un plazo máximo de dos años. ### Lo que no sabemos El dossier no dice por qué el proyecto no avanzó después de octubre de 2021. El dossier no incluye el texto completo del artículo 984 del Código Civil ni sus incisos anteriores. El dossier no registra si la Comisión de Asuntos Jurídicos emitió un dictamen negativo o positivo. ## Frente a la Constitución El texto se apoya en los artículos 51 y 74 de la Constitución sobre protección a la familia y beneficios sociales irrenunciables. El Censo no encontró un choque directo, pero hay una duda sobre la excepción de pensión alimentaria. ## Qué puede hacer usted - Propuesta de ley en el formulario web de la Asamblea: Rellene el formulario en la página de la Asamblea. No necesita el texto completo, basta con plantear la propuesta. La Oficina de Iniciativa Popular la remite a los diputados. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Iniciativa popular: Reúna al menos el 5% de las firmas del padrón electoral. El TSE verifica las firmas y traslada el proyecto a la Asamblea. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26) ## Lo que no sabemos - No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente. ## Fuentes 1. Expediente 22068: ADICIÓN DE UN INCISO 8) AL ARTÍCULO 984 DEL CÓDIGO CIVIL (LEY N° 63) Y SUS REFORMAS. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa, 2020-07-22. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx 2. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 3. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf ## Texto oficial completo ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY ADICIÓN DE UN INCISO 8) AL ARTÍCULO 984 DEL CÓDIGO CIVIL (LEY N° 63) Y SUS REFORMAS NIDIA LORENA CÉSPEDES CISNEROS DIPUTADA EXPEDIENTE N.° 22.068 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES NOTA: A solicitud de la proponente, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY ADICIÓN DE UN INCISO 8) AL ARTÍCULO 984 DEL CÓDIGO CIVIL (LEY N° 63) Y SUS REFORMAS Expediente N.° 22.068 ASAMBLEA LEGISLATIVA: La pandemia sanitaria del COVID-19, declarada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020 a nivel global, ha tenido un severo impacto económico en el país y, por ende, ha incidido duramente sobre muchas de las planillas del sector privado. Gran cantidad de personas ha visto reducidos sus ingresos económicos de manera drástica. Como resultado, muchas personas trabajadoras que han recibido una reducción de su jornada laboral, que han sido despedidos de sus puestos laborales y a quienes se les ha suspendido su contrato laboral, requieren de una ayuda económica para continuar sosteniéndose financieramente y a sus respectivas familias. Algunas personas han visto sus ingresos reducidos hasta un 50% y otras han tenido una reducción mayor al porcentaje descrito. Una situación sanitaria que ha dado lugar a la incertidumbre y la impaciencia de muchas familias costarricenses. El 16 de marzo del 2020, fue emitido el Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S, que declaró emergencia nacional en todo el territorio nacional a raíz de la situación sanitaria producida por el COVID-19 y entre las acciones que ha impulsado el Poder Ejecutivo para paliar la crisis producida por esta pandemia se encuentra el Bono Proteger. Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Bono Proteger es “una ayuda económica temporal de tres meses que el Gobierno brinda a las personas que perdieron su empleo, se les redujo la jornada, se les suspendió temporalmente el contrato o están siendo afectadas laboralmente por la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19”. El Bono Proteger, tiene como fin dar un alivio económico que permita cubrir necesidades básicas. Es importante destacar que este bono, no corresponde a una ayuda económica por persona, sino por núcleo familiar. Dependiendo de la situación laboral, el monto económico del bono puede corresponder a sesenta y dos mil quinientos colones mensuales, durante tres meses, para personas que han visto su jornada laboral reducida en un 50% o menos. Por el contrario, el beneficio corresponderá a ciento veinticinco mil colones por mes durante tres meses, para las siguientes personas: despedidas, con contrato laboral suspendido, trabajadores independientes afectados, trabajadores informales afectados y para personas a las que se les redujo su jornada en más de un 50%. En el mes de abril, la población comienza a denunciar que el dinero del Bono Proteger está siendo embargado por las obligaciones pendientes con acreedores. Ante esta situación el Gobierno, mediante declaraciones de la Ministra de Trabajo Geaninna Dinarte, hace énfasis en el artículo 984 del Código Civil, para indicar la inembargabilidad del Bono Proteger. Sin embargo, en la práctica, se está recurriendo a la apertura de cuentas de ahorro en el Banco Popular y no se garantiza el resguardo del bono como alivio para cubrir necesidades básicas. Ante esta situación, resulta necesario establecer un nexo de causalidad legal, entre el Bono Proteger y la legislación vigente, ya que, en realidad, esta ayuda económica corresponde a un beneficio social. El Código Civil ya contempla que los beneficios sociales son inembargables, pero no dispone de un marco regulatorio para que esta nueva modalidad de beneficios, se encuentre explícitamente definida en la ley. Esta iniciativa, no pretende incentivar que las personas deshonren sus débitos, sino más bien, a contrario sensu, es de suma importancia proteger a la persona que se encuentra desempleada o ha recibido una reducción importante en sus ingresos; y que, de esa manera, se puedan cubrir las necesidades alimentarias básicas y las de su respectiva familia. Los beneficios sociales, tienen rango constitucional, según lo establece la Carta Magna. El artículo 74 de la Constitución Política señala: Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional. Evidentemente, si una persona se encuentra desempleada, o no tiene ingresos suficientes, requerirá de una ayuda que le permita sufragar su sostenibilidad personal y la de su núcleo familiar, al menos para reponerse de los embates de una situación de emergencia, que para este caso concreto corresponde a la pandemia del COVID-19. Una vez que la persona recibe de parte del Estado un beneficio, la persona no puede renunciar a ese beneficio. Ese, tampoco puede ser objeto de negociaciones particulares. Porque en tesis de principio, la persona debió pasar por un filtro y cumplir con una serie de requisitos, para ser beneficiaria de la ayuda económica. Ese beneficio económico, se destina a atender las necesidades básicas de toda una familia. La Constitución Política señala en su numeral 51: La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente, tendrán derecho a esa protección la madre, el niño y la niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Como se puede apreciar, las órdenes de embargo que se ejecuten durante una situación sanitaria temporal, como la que resulta del COVID-19, pueden ir en detrimento de los derechos fundamentales de las personas que integran un mismo núcleo familiar. Eso es, porque ninguna persona tiene previsto tener que afrontar la emergencia que deriva de una situación sanitaria que se expandió rápidamente a nivel mundial. El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, expresa “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Las personas requieren cubrir sus necesidades humanas básicas. Una persona que tiene órdenes de embargo pendientes y que ha tenido reducción en sus ingresos económicos de manera considerable, en comparación con el monto que recibía anteriormente, muy difícilmente podrá afrontar el pago de recibos de servicios públicos, los alimentos que consume junto con su familia, de transportarse de un lugar a otro, pago de la vivienda, entre otros. Es por eso que se estima estrictamente necesario, proteger a la persona trabajadora, una vez que ha recibido el beneficio del Bono Proteger. Es importante aclarar, que el Bono Proteger, no aplica para personas que necesitan ser subsidiadas mediante el Instituto Mixto de Ayuda Social. Esas familias, recibirán un monto extraordinario de ciento veinticinco mil colones mensuales. El objetivo principal de este proyecto de ley es prohibir explícitamente el embargo del Bono Proteger. Es por eso que los (as) Diputados (as) tenemos la obligación social de legislar, para resguardar los sectores de la sociedad que se encuentran menos favorecidos económicamente y que son más vulnerables ante la crisis sanitaria del COVID-19. Con base en las anteriores consideraciones, presento el presente proyecto de ley para su discusión y futura aprobación. **LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA** **DECRETA:** ADICIÓN DE UN INCISO 8) AL ARTÍCULO 984 DEL CÓDIGO CIVIL (LEY N° 63) Y SUS REFORMAS ### ARTÍCULO 1- Adiciónese un inciso 8) al artículo 984 del Código Civil y un transitorio, para que, en adelante, se lea de la siguiente manera: ### Artículo 984- No pueden perseguirse, por ningún acreedor, y en consecuencia no podrán ser embargados ni secuestrados en forma alguna: […] […] […] […] […] […] […] 8) El Bono Proteger, debido a que éste se constituye en un beneficio social temporal de la persona beneficiaria, cuando ha sido otorgado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Estará destinado a atender las necesidades sociales básicas de la persona y su familia. La pensión alimentaria, será la única excepción que permitirá embargar el Bono Proteger. Este embargo, se aplicará siempre en proporción a la deuda alimentaria. Para tales efectos, el obligado alimentario, deberá ser simultáneamente el beneficiario del bono. ### ARTÍCULO 2- Cuenta exclusiva para el depósito del Bono Proteger. Será facultad de la persona beneficiaria la apertura de una cuenta ante la entidad del Sistema Financiero Nacional de su preferencia, con el propósito de que en ésta pueda recibir el depósito del Bono Proteger, en el tanto se demuestre que fue abierta única y exclusivamente para este fin. A partir del momento de creación de esta cuenta, para todos los efectos legales, operará la inembargabilidad. A solicitud de la persona beneficiaria, la entidad deberá emitir una certificación denominada “Cuenta para el Depósito del Bono Proteger”, donde deberá constar: a) El nombre e identificación de la persona beneficiaria. b) Que la cuenta es inembargable. c) Que la cuenta es temporal. d) Que la cuenta fue abierta solamente para recibir el beneficio. Correrá por cuenta de la persona beneficiaria si recibe una orden del banco, si no se acoge a las disposiciones de este artículo y decide según su propia voluntad, recibir el depósito del Bono Proteger en otra cuenta de ahorros o corrientes distintas a la aquí descrita. Los bancos estatales deberán brindar la opción de la cuenta temporal. ### Transitorio I- Desde de la promulgación de la presente ley, las entidades que pertenezcan al Sistema Financiero Nacional, deberán detener la aplicación de órdenes judiciales giradas sobre cuentas exclusivas para el depósito del Bono Proteger, durante tres meses, prorrogables por el mismo periodo, mientras esté vigente el depósito. Rige a partir de su publicación. Nidia Lorena Céspedes Cisneros Diputada 16 de julio de 2020 NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos. El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura. Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/22068). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.