# Expediente 22070: Proyecto para personas en situación de calle quedó archivado y venció en 2024 - Página: https://elcenso.com/leyes/22070 - Tipo: Proyecto de ley (expediente legislativo) - Título oficial: LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE, EN EL CONTEXTO DELA PANDEMIA DEL COVID-19 - Publicada: 2020-07-23 - La Gaceta: 180 - Fuente oficial: https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx ## En resumen El expediente 22070 proponía crear un sistema nacional coordinado por el IMAS para atender a personas en situación de calle, pero nunca se votó en el plenario y su plazo de cuatro años venció el 2 de julio de 2024. ## A quién le toca - Personas en situación de calle que habrían sido atendidas por el sistema nacional - Organizaciones no gubernamentales que brindan servicios a personas en situación de calle - Municipalidades que habrían participado en las redes locales - Instituciones públicas que habrían integrado el Consejo Nacional ## A quién beneficia - El IMAS habría coordinado el sistema y presidido el Consejo Nacional - Las organizaciones no gubernamentales acreditadas habrían tenido un representante en el Consejo - Las instituciones integrantes habrían podido recibir donaciones y partidas presupuestarias ## Qué cambia - El proyecto no es ley y no crea ninguna obligación para el Estado - El plazo cuatrienal venció el 2 de julio de 2024 - La atención a personas en situación de calle sigue sin un sistema nacional creado por ley - El expediente 22070 quedó archivado sin debate en el plenario ## Explicación El proyecto de ley 22070 está archivado y su plazo venció. La Asamblea Legislativa nunca lo votó en el plenario, así que no es ley y no cambia nada para nadie [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). ### Qué propone El proyecto proponía crear el Sistema Nacional para la Protección Social de las Personas en Situación de Calle. Ese sistema sería una instancia de coordinación entre el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Poder Ejecutivo, las instituciones descentralizadas, las municipalidades y las organizaciones de bienestar social ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). La coordinación quedaría a cargo del IMAS, según el texto, "en el contexto de la pandemia del COVID-19" ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El proyecto definía a las personas en situación de calle como aquellas "sin distinción alguna, con ausencia de un hogar o residencia habitual" que además viven en dependencia total o parcial y se movilizan de territorio en territorio ([art. 2](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El sistema tendría 18 grupos de instituciones y organizaciones. Entre ellas el IMAS, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, la Defensoría de los Habitantes y las organizaciones no gubernamentales registradas ([art. 3](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Se crearía un Consejo Nacional como órgano superior, presidido por el IMAS. Sus miembros no cobrarían dietas y durarían cuatro años en el cargo ([art. 7](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El Consejo se reuniría cada dos meses. Entre sus funciones estaría aprobar el plan anual del sistema en la primera quincena de enero y rendir un informe semestral a la Contraloría General de la República sobre el uso de los recursos ([art. 8](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El proyecto también creaba una Secretaría Técnica coordinada por el Área de Acción Social del IMAS ([art. 10](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)) y redes locales de prevención y atención ([art. 12](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Sobre el dinero, el texto autorizaba a las instituciones a incluir en sus planes anuales las acciones necesarias. El sistema podría recibir donaciones y partidas del presupuesto nacional ([art. 13](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El Poder Ejecutivo tendría que reglamentar la ley dos meses después de su publicación en La Gaceta ([art. 14](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). ### En qué va el trámite El expediente 22070 está archivado. La Asamblea recibió el proyecto el 2 de julio de 2020 y lo envió a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales (Área II) [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). La comisión votó y dictaminó el 8 de marzo de 2022. El 14 de marzo de 2022 remitió el expediente a la Secretaría del Directorio [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). Después de eso, el trámite no avanzó al plenario. El plazo cuatrienal venció el 2 de julio de 2024 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). Para que un proyecto sea ley, la Constitución exige dos debates en días distintos no consecutivos, la aprobación de la Asamblea y la sanción del Poder Ejecutivo ([Constitución, art. 124](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). Este proyecto no llegó a ninguno de esos pasos. ### Lo que se dijo en la Asamblea En ese video se explica que ese otro proyecto buscaba crear un sistema nacional para la protección de personas en situación de calle o de abandono. Según la narración, la iniciativa "dio el primer paso" al ser dictaminada en la comisión de gobierno ([video, 00:00:09](https://www.youtube.com/watch?v=38XveHKrxWs&t=9s)). El resto del video trata sobre un proyecto distinto, el 20.715, relacionado con trasplantes de córnea ([video, 00:00:55](https://www.youtube.com/watch?v=38XveHKrxWs&t=55s)). ### Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque directo entre lo que proponía el expediente 22070 y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier. El artículo 50 de la Constitución dice que "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país" ([Constitución, art. 50](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto buscaba atender a una población en exclusión social, lo cual calza con ese mandato ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El artículo 33 establece que "Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana" ([Constitución, art. 33](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto citaba ese artículo en su exposición de motivos para justificar un trato diferenciado hacia las personas en situación de calle. El artículo 51 ordena protección especial del Estado para la familia, la madre, el niño y la niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad ([Constitución, art. 51](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto incluía al Conapam y al Conapdis entre sus integrantes ([art. 3](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Una posible duda surge con el artículo 121, que da a la Asamblea la atribución exclusiva de dictar las leyes ([Constitución, art. 121](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto dejaba en manos del Poder Ejecutivo la reglamentación de la ley ([art. 14](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)), lo cual es una facultad normal del Ejecutivo según el artículo 140 ([Constitución, art. 140](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). Otra duda menor: el artículo 124 exige dos debates para convertir un proyecto en ley ([Constitución, art. 124](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El expediente 22070 no llegó a ese paso, pero eso es un asunto de trámite, no de contenido. ### Qué puede hacer usted Este proyecto ya no está en discusión. No hay comisión ni plenario donde incidir sobre el expediente 22070. Si le interesa el tema, puede presentar una propuesta de ley nueva. La Asamblea tiene un formulario web para que la población presente sus ideas. No hace falta escribir el texto completo, basta con plantear la propuesta de forma sencilla ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). También puede solicitar una audiencia ciudadana con diputados para plantear la situación de las personas en situación de calle ([guía, p. 42](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=42)). Otra vía es la iniciativa popular. Requiere reunir al menos un 5% de las firmas del padrón electoral. El Tribunal Supremo de Elecciones verifica el porcentaje antes de trasladar el proyecto a la Asamblea ([guía, p. 26](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26)). Si lo que quiere es fiscalizar el uso de recursos públicos en programas sociales, puede presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República. Se puede hacer en persona en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o por el portal institucional ([guía, p. 68](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68)). ### Lo que no sabemos El dossier no dice por qué el expediente 22070 no pasó del dictamen de comisión al plenario. El dossier no incluye el texto del dictamen que emitió la Comisión de Asuntos Sociales el 8 de marzo de 2022. El dossier no permite saber cuántas personas en situación de calle había en Costa Rica cuando se presentó el proyecto. ## Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque directo entre el expediente 22070 y los artículos constitucionales del dossier. El proyecto calzaba con los mandatos de bienestar e igualdad, y su trámite quedó incompleto por vencimiento del plazo, no por objeción constitucional. ## Qué puede hacer usted - Formulario web de propuestas de ley: Rellenar el formulario en la página de la Asamblea Legislativa. No hace falta presentar el texto completo, basta con plantear la propuesta de forma sencilla. La Oficina de Iniciativa Popular recopila las iniciativas y las remite a los diputados. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Audiencia ciudadana: Solicitar una audiencia para realizar consultas, pedir información o presentar una situación. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=42) - Iniciativa popular: Reunir al menos un 5% de las firmas del padrón electoral. El TSE verifica el porcentaje y traslada el proyecto a la Asamblea, que debe votarlo en un plazo máximo de dos años. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26) - Denuncia ante la Contraloría General de la República: Presentar la denuncia en persona en la sede de la Contraloría en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o por el portal institucional. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68) ## Fuentes 1. Expediente 22070: LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE, EN EL CONTEXTO DELA PANDEMIA DEL COVID-19. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa, 2020-07-23. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx 2. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 3. DICTAMINAN LEY PARA CREAR SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS DE LA CALLE. Asamblea Legislativa Costa Rica, 2018-04-18. https://www.youtube.com/watch?v=38XveHKrxWs 4. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf ## Texto oficial completo ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 SHIRLEY DÍAZ MEJÍA DIPUTADA EXPEDIENTE N.° 22.070 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES PROYECTO DE LEY LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE, EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 Expediente N.° 22.070 ASAMBLEA LEGISLATIVA: El presente proyecto de ley lleva como propósito la creación del Sistema Nacional para la Protección Social de las Personas en Situación de Calle, que se encargará de generar acciones gubernamentales y no gubernamentales de forma articulada y oportuna, así como sostenibles en el tiempo para la atención y protección de las personas en situación de calle. En relación a los derechos y garantías sociales de los habitantes de nuestro país, la Constitución Política en su artículo 50 dispone: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza…”. Igualmente, en su artículo 33.- indica: “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad Humana.” El derecho a la igualdad no es un derecho absoluto, puesto que en determinadas circunstancias conlleva un trato desigual a personas que no se encuentran en igualdad de condiciones y permite también otorgar un trato diferente cuando esta desigualdad está fundada en un criterio objetivo. En ese sentido, tal y como lo ha manifestado la Procuraduría General de la República, “(…) lo que se prohíbe en este caso es la discriminación, entendida como el trato desigual otorgado a dos personas que se encuentran en idénticas condiciones y que no se encuentra fundamentado en un criterio objetivo”. (OJ-073-2018 de 24 de julio de 2018) La Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos uno, dos y siete establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos; y deben ser tratados sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Por tanto, todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los artículos 11 y 24 reconoce el derecho a la honra, la igualdad y la dignidad de las personas. Igualmente, en nuestro país tenemos la política nacional de atención integral para personas en situación de abandono y situación de calle 2016-2026, que fue emitida mediante la Directriz N.° 048-P, de 27 de julio de 2016. Estableciendo como uno de sus objetivos principales el desarrollo de redes de atención para habitantes de calle locales. Además, en el Decreto Ejecutivo 41456-MP-MDHIS, se crea el Día Nacional de la Inclusión de la Persona en Situación de Calle. Todo ello nos permite tener una gran cantidad de antecedentes, en los cuales se enmarca esta iniciativa de ley de tanta necesidad para esta población. Por otra parte, la Defensoría de los Habitantes tiene dentro de su atribución general promocionar y divulgar los derechos de los habitantes, dentro de los cuales entra por supuesto, la población objeto de este proyecto de ley como lo es la “población de calle”. Sobre el particular, se anota lo siguiente: “ARTÍCULO 1.- Atribución general La Defensoría de los Habitantes de la República es el órgano encargado de proteger los derechos y los intereses de los habitantes. Este órgano velará porque el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, la justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, los tratados, los pactos suscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho. Además, deberá promocionar y divulgar los derechos de los habitantes”. (Así reformado por el artículo 2 de la ley N.°7423, de 18 de julio de 1994). Además, de este mandato tan claro que tiene nuestra Defensoría de los Habitantes, es menester indicar también en esta exposición de motivos, lo que anota la política nacional de atención integral para personas en situación de abandono y de calle, específicamente en el concepto de “situación de calle” que sobre esto expone: Personas en situación de calle “Personas hombres y mujeres o grupos familiares, sin distinción de género, condición de discapacidad, condición de adicción, condición migratoria, etnia, diversidad sexual, y/o religión, con ausencia de un hogar o residencia habitual, que además se encuentran en situación de dependencia total o parcial, que se movilizan y deambulan de territorio en territorio según las posibilidades de subsistencia que le genere el medio”. (Política Nacional Atención Integral para personas en situación de abandono y en situación de Calle. 2016-2026) Esta política cuenta con un plan de acción de tres ejes tanto para las personas en situación de abandono, en situación de calle, que comprende la prevención y protección de derechos, el fortalecimiento institucional y los derechos a mejorar la calidad de vida, por ello es de tanto interés tenerla como referente en este proyecto de ley. La política nacional de atención integral para las personas en situación de abandono y en situación de calle, tiene una visión nacional con una gestión local, mediante la cual el Estado costarricense trata de garantizar los derechos de las personas que habitan el territorio nacional y proteger a la población que no cuenta con redes de apoyo. Bajo estas argumentaciones jurídicas expuestas anteriormente, podemos manifestar que el Estado social y democrático de derecho que tiene nuestro país, debe garantizar los derechos de las personas en situación de calle que habitan el territorio, bajo un enfoque de derechos humanos y eliminando toda forma de discriminación, así como proteger a esta población, misma que no cuenta con redes de apoyo efectivas, mediante acciones públicas y privadas dirigidas a promover el mejoramiento de su calidad de vida. La caracterización de las personas en situación de calle, revela la situación de personas jóvenes, adultas y adultas mayores, generalmente con enfermedades crónicas y dependencia funcional; inmigrantes en situación irregular, personas con discapacidad y personas que consumen sustancias psicoactivas, entre otros; que se constituyen en grupos poblacionales excluidos, y por ende, relegados a una situación de pobreza que los posterga y discrimina. Este escenario refleja, principalmente, la ruptura del vínculo de las personas tanto con sus redes de apoyo, así como de los mecanismos de solidaridad organizacional y comunitaria, lo que provoca un contexto de vulnerabilidad, donde la situación de calle, representan el problema más serio. La salud, en este tipo de población incorpora una categoría determinante en materia de exclusión social, en tanto algunas patologías como: las enfermedades mentales, la adicción, las enfermedades altamente complejas y las infectocontagiosas, son fuente de estigma, prejuicios o discriminación por parte de la sociedad, lo cual inhibe o limita la interacción social de las personas, disminuyendo las alternativas institucionales de reubicación o tratamiento residencial o ambulatorio. Esto, aunado a la marginalización por parte de sus familias o redes de apoyo. Todo esto aunado a la actual pandemia que sufre hoy el país con el COVID-19 desde el 06 de marzo del presente año. La realidad indica que existe un sector de población desprotegido, donde se evidencian vacíos legales en materia de políticas sociales y públicas, que sin duda lesionan los derechos humanos de estas personas, cuya vulnerabilidad se acrecienta día con día. Existen múltiples causas que pueden ser asociadas al fenómeno, tales como: la pobreza, el desempleo, el incremento de la violencia intrafamiliar, adicciones al alcohol u otras drogas, la exclusión social, entre otros. Lo cual provoca que algunas personas residan en las calles, inclusive desde muy temprana edad. La situación de calle representa una de las mayores manifestaciones de exclusión social presentes en la actualidad, cuyos efectos no discriminan ningún grupo poblacional, al ser fenómenos multifactoriales y dinámicos, por tanto, complejos como la realidad misma. Costa Rica ha desarrollado varias acciones para la atención de personas en situación de situación de calle a lo largo de los años y existen algunos proyectos de ley en la corriente legislativa que tratan directa o indirectamente este problema medular de la sociedad costarricense. No obstante, mi deseo es que en este contexto de pandemia nacional todas las entidades públicas y los actores privados y las ONGS que ya hoy trabajan en este tema, se puedan unir para juntos dinamizar este sector y darle una atención más sostenida en el tiempo. A partir de julio de 2016, Costa Rica cuenta con una política nacional para la atención a las personas en situación de abandono y situación de calle, de carácter interinstitucional e intersectorial, la cual es producto del esfuerzo conjunto que involucra a las instituciones gubernamentales, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, así como empresa privada, para responder a las necesidades de estas poblaciones. Sin embargo, hoy vemos muchas deficiencias, que se ven más visibles, ahora que lamentablemente estamos sufriendo la pandemia del COVID-19, de ahí la importancia que reviste poder darle mayor atención a esta población de calle, a través de un sistema nacional que agrupe todos los esfuerzos. Para ello, es indispensable la aprobación de una ley de la República que garantice la articulación, el ordenamiento y la ejecución de procesos coordinados entre los diversos actores, donde confluyan programas y proyectos, que respondan a las necesidades de las poblaciones en situación de calle, como al problema de fragmentación interinstitucional presente en el abordaje de estas situaciones. Por lo expuesto, se somete a consideración de todos los señores diputados y señoras diputadas el siguiente proyecto de ley. **LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA** **DECRETA:** LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE, EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 ### ARTÍCULO 1- Objeto de la ley Esta ley tiene por objeto crear el Sistema Nacional para la Protección Social de las Personas en Situación de Calle, como instancia de deliberación, concertación, coordinación, articulación y seguimiento entre el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Poder Ejecutivo, las instituciones descentralizadas del Estado, las municipalidades y las organizaciones de bienestar social relacionadas y aquellas de carácter no gubernamental. Este Sistema contará con un Consejo Nacional cuya coordinación estará a cargo del Instituto Mixto de Ayuda Social, en el contexto de la pandemia del COVID-19. ### ARTÍCULO 2- Definiciones: Para efectos de la presente ley se definen los siguientes conceptos: Personas en situación de calle: Las personas en situación de calle, personas o grupos familiares, sin distinción alguna, con ausencia de un hogar o residencia habitual, que además se encuentran en situación de dependencia total o parcial, que se movilizan y deambulan de territorio en territorio según las posibilidades de subsistencia que le genere el medio. ### ARTÍCULO 3- Creación del Sistema Nacional para la Protección Social de las Personas en Situación de Calle y Situación de Abandono. Serán integrantes del Sistema Nacional para la Protección Social de las Personas en Situación de Calle y Situación de Abandono, los siguientes órganos e instituciones: a) El Instituto Mixto de Ayuda Social. b) El Consejo Nacional para la Persona Adulta Mayor (Conapam). c) El Consejo Nacional para la Persona con Discapacidad (Conapdis). d) El Ministerio de Educación Pública (MEP). e) El Ministerio de Justicia y Paz (MJ). f) El Ministerio de Salud Pública (MS). g) El Ministerio de Seguridad Pública (MSP). h) El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). i) La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). j) El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). k) El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu). l) El Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). m) El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). n) La Dirección General de Migración y Extranjería (DGMyE). ñ) La Junta de Protección Social (JPS). o) Universidades públicas. p) La Defensoría de los Habitantes. q) Las organizaciones no gubernamentales que brindan servicios a personas en situación de calle debidamente registradas y acreditadas ante los entes estatales correspondientes y declarados de bienestar social por el IMAS. ### ARTÍCULO 4- Objetivos del Sistema El Sistema Nacional para la Protección Social de las Personas en Situación de Calle tendrá como objetivos: generar acciones, planes, políticas y programas gubernamentales de manera articulada, sistemática y para la prevención, atención y protección de las personas en situación de calle. ### ARTÍCULO 5- Competencias del Sistema Nacional para la Protección Social de las Personas en Situación de Calle El Sistema Nacional para la Protección Social de las Personas en Situación de Calle tendrá las siguientes competencias: a) Implementar acciones interinstitucionales e intersectoriales para la prevención de la habitabilidad en calle y de las problemáticas asociadas a este fenómeno. b) Fortalecer la atención e inclusión social de las personas en situación de calle, tomando en cuenta sus necesidades, intereses y especificidades, e impulsando la articulación y corresponsabilidad social entre las instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones que son parte del Sistema, municipalidades y empresa privada, mediante la prestación de servicios estatales, privados o mixtos de carácter especializado en esta materia, para atender a estas personas, así como la creación de espacios para la inserción sociolaboral de la población en calle. c) Promover el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas en situación de calle, favoreciendo el acceso a servicios, la generación de oportunidades y el establecimiento de espacios de participación. d) Velar por una adecuada asignación de los recursos para que el Estado actúe con la debida eficiencia y eficacia en garantizar la integridad y protección de las personas en situación de calle. e) Promover la creación y consolidación de redes interinstitucionales y comunitarias con la participación y liderazgo de las municipalidades para la implementación de los planes de acción estipulados en la política nacional para la atención a las personas en situación de calle a nivel local. f) Elaborar y gestionar propuestas jurídicas para mejorar el cumplimiento de las políticas, nacionales e internacionales, de protección de los derechos de las personas en situación de calle. g) Gestionar y promover, mediante la cooperación internacional, el intercambio de capacitaciones y conocimientos en esta materia, para la ejecución de programas dirigidos a proteger los derechos de las personas en situación de calle. h) Celebrar convenios y contratos con personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, nacionales y extranjeras con la finalidad de robustecer las acciones de atención para las personas en situación de calle. i) Promover un adecuado uso de los medios de comunicación que permita contribuir a erradicar las situaciones de habitabilidad en calle de nuestra sociedad. j) Cualesquiera otras que se consideren necesarias para el cumplimiento de los objetivos generales del Sistema. ### ARTÍCULO 6- Organizaciones no gubernamentales que brindan servicios a personas en situación de calle Podrán acreditarse ante el Sistema Nacional para la Protección Social de las Personas en Situación de Calle, las organizaciones privadas sin fines de lucro declaradas de bienestar social por el IMAS, que desarrollen programas y servicios para la prevención, atención y protección de las personas en situación de calle. El registro de las organizaciones privadas sin fines de lucro declaradas de bienestar social por el IMAS que conforman el Sistema Nacional, está a cargo del Área de Acción Social y Administración de Instituciones y Servicios de Bienestar Social del IMAS, de acuerdo con lo que establece el artículo 26 de la Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), N.° 4760, de 04 de mayo de 1971, y para los efectos legales tendrá el carácter de dependencia administrativa de aquel, la Dirección Nacional de Bienestar Social del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social a la que se refiere el capítulo V del Decreto Ejecutivo N.º 1508-TBS, de 16 de febrero de 1971. ### ARTÍCULO 7- Creación del Consejo Nacional del Sistema Se crea el Consejo Nacional para la Protección Social de las Personas en Situación de Calle, coordinado por el Instituto Mixto de Ayuda Social, será el órgano superior del Sistema Nacional, en el contexto de la pandemia del COVID-19. El Consejo Nacional estará conformado por el jerarca o su representante acreditado por la institución u organización respectiva, quienes no percibirán dietas por su labor desempeñada. Las decisiones se tomarán por consenso y en caso de no existir acuerdo, se decidirá por mayoría absoluta de los votos presentes. Los miembros durarán en el cargo cuatro años y podrán ser reelectos. Este órgano estará conformado por: a) El Instituto Mixto de Ayuda Social, quien preside. b) El Consejo Nacional para la Persona Adulta Mayor. c) El Consejo Nacional para la Persona con Discapacidad. d) El Ministerio de Salud Pública. e) La Caja Costarricense de Seguro Social. f) El Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia. g) La Junta de Protección Social. h) Un representante de las organizaciones no gubernamentales que brindan servicios a personas en situación de calle. Los representantes de las organizaciones privadas serán designados por las respectivas juntas directivas de esas organizaciones; se nombrarán por un periodo de dos años y podrán ser reelegidos consecutivamente por una sola vez. Al menos deberán tener un mínimo de tres años de experiencia en prevención, atención y protección de las personas en situación de calle. Por acuerdo del Consejo Nacional, se podrá convocar a los jerarcas o representantes para asuntos específicos en el tema de protección social de las personas en situación de calle, a las siguientes instituciones: 1- El Instituto Nacional de Aprendizaje. 2- El Instituto Nacional de las Mujeres. 3- El Ministerio de Seguridad Pública. 4- El Ministerio de Educación Pública. 5- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 6- La Dirección General de Migración y Extranjería. 7- El Instituto Costarricense sobre Drogas. 8- Universidades públicas. 9- Defensoría de los Habitantes 10- Ministerio de Justicia y Paz. ### ARTÍCULO 8- Organización y funciones del Consejo Nacional El Consejo Nacional se reunirá cada dos meses, para cumplir con las siguientes funciones: a) Aprobar el plan anual del Sistema durante la primera quincena de enero de cada año. b) Rendir un informe anual a la institución rectora en materia social, así como al Mideplán durante la primera quincena del mes de enero del año siguiente, sobre el avance de la ejecución de los planes de acción contemplados en la política nacional para la atención a las personas en situación de calle. c) Rendir información fidedigna, real, transparente y completa, a todas las personas físicas o jurídicas que lo requieran, sobre el estado de situación de las personas en situación de calle, con la participación activa y efectiva de las municipalidades vinculadas en la implementación de los planes de acción, para la atención a las personas en situación de calle. d) Rendir un Informe de Rendición de Cuentas de forma semestral a la Contraloría General de la República, sobre el uso eficiente y efectivo de los recursos otorgados tanto a ONGs como al Estado para atender la población objeto de esta iniciativa de ley. ### ARTÍCULO 9- Responsabilidades administrativas y sanciones Los funcionarios de los órganos y las instituciones contempladas en el artículo 3 de la presente ley, están autorizadas a participar activamente en el Sistema y de cumplir las funciones enunciadas en el artículo 5 de esta ley. El incumplimiento de las obligaciones de esta ley hará que a los funcionarios se le impute la responsabilidad administrativa respectiva conforme al debido proceso, así como el apercibimiento o amonestación por escrito en el caso de ausencia injustificada. La ausencia injustificada en más de tres sesiones consecutivas autorizará al Consejo a sustituir la persona representante de la institución pública, o de la organización no gubernamental. ### ARTÍCULO 10- Constitución de la Secretaría Técnica El Sistema Nacional para la Protección Social de las Personas en Situación de Calle, desarrollará sus objetivos y funciones mediante una Secretaría Técnica encargada de darle seguimiento a los acuerdos tomados por el Consejo. Estará coordinada por el Área de Acción Social y Administración de Instituciones de Bienestar Social que es la unidad competente del Instituto Mixto de Ayuda Social; sus funciones se establecerán en el reglamento de esta ley. ### ARTÍCULO 11- Conformación de la Secretaría La Secretaría estará integrada por una persona representante de cada una de las instituciones públicas estipuladas en el artículo 7 de esta ley; quienes serán nombradas por el jerarca de cada institución, de acuerdo con sus funciones, experiencia y conocimiento sobre la materia específica de esta ley. Las personas integrantes de la Secretaría Técnica serán nombradas por un periodo de dos años y podrán ser reelegidas. ### ARTÍCULO 12- Conformación de las redes locales Las redes locales de prevención, atención y protección de las personas en situación de calle estarán conformadas, de manera obligatoria, por representantes de las instituciones gubernamentales que tengan presencia local y, de manera voluntaria, por representantes de las organizaciones no gubernamentales que brindan servicios a personas en situación de calle y actores civiles que deseen integrarse. ### ARTÍCULO 13- Autorizaciones y patrimonio Se autoriza a las instituciones integrantes del Sistema a incluir, en sus respectivos planes anuales operativos, las acciones necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones que les sean definidas por esta ley y demás leyes específicas en la materia., el Sistema podrá contar con los siguientes recursos adicionales: a) Las donaciones de bienes o recursos provenientes de las instituciones públicas o privadas, nacionales e internacionales, así como de instituciones y organizaciones no gubernamentales, personas físicas o jurídicas. b) Las partidas que anualmente podrán asignar las instituciones indicadas en esta ley, en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. ### ARTÍCULO 14- Reglamentación El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley, dos meses después de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Rige a partir de su publicación. Shirley Díaz Mejía Diputada 20 de julio de 2020 NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales. Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios. Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/22070). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.