# Expediente 22071: Proyecto para jubilar a adultos mayores durante la pandemia quedó archivado - Página: https://elcenso.com/leyes/22071 - Tipo: Proyecto de ley (expediente legislativo) - Título oficial: SOLIDARIDAD POR PARTE DEL ESTADO EN CUMPLIMIENTO DEL MANDATO CONSTITUCIONAL DE VELAR POR EL BIENESTAR SOCIAL DE TODAS LAS PERSONAS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA SU JUBILACIÓN Y PERMANENECEN TRABAJANDO CON EL RIESGO PERSONAL, FAMILIAR Y POBLACIONAL POR LA PANDEMÍA COVID-19 - Publicada: 2020-07-23 - La Gaceta: 180 - Fuente oficial: https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx ## En resumen El expediente 22071, que obligaba a trabajadores en edad de jubilarse a pensionarse en 90 días y daba una bonificación por cesantía, fue archivado en 2022 y venció en 2024. ## A quién le toca - Trabajadores adultos y adultos mayores que ya cumplían los requisitos para pensionarse y seguían laborando en el sector público o privado. - Patronos del sector privado que tendrían que firmar convenios de liquidación con sus trabajadores en edad de jubilación. - El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que habría tenido que supervisar el cumplimiento. ## A quién beneficia - Quienes se jubilaran bajo la ley habrían recibido una bonificación de tres meses de salario adicionales al cálculo de su pensión, según el artículo 5. - El Estado habría reducido el gasto en remuneraciones y destinado la mitad a contratar nuevo personal y la otra mitad a pagar deuda. - Los altos funcionarios quedaban excluidos de la obligación de jubilarse. ## Qué cambia - El proyecto no es ley y no tiene efecto sobre nadie. - El expediente se archivó el 20 de abril de 2022 y el plazo cuatrienal venció el 2 de julio de 2024. - Para retomar el tema habría que presentar un proyecto nuevo desde cero. ## Cláusulas a revisar - **Excepción para altos funcionarios** (Transitorio II): El Transitorio II exceptuaba de la obligación de jubilarse en 90 días a quienes ocuparan cargos de elección popular o alta jerarquía institucional. El resto de trabajadores en edad de jubilarse sí quedaba obligado. Texto: "Se exceptúa del alcance de lo establecido en el artículo 1 todo aquel funcionario público que al momento de aprobación de esta ley estén ocupando cargos de elección popular o elección parlamentaria de alta jerarquía institucional a nivel de Presidencia de la República, diputados, diputadas, magistrados, magistradas, alcaldes, alcaldesas, ministros, viceministros, superintendentes, contralor general de la República, presidencias ejecutivas u otros con las mismas condiciones de jerarquía." - **Bonificación de cesantía sin fuente de financiamiento clara** (5): El artículo 5 creaba una bonificación de tres anualidades adicionales en cesantía para quienes se jubilaran bajo la ley. El texto solo dice que la institución deberá hacer modificaciones presupuestarias, sin explicar de dónde saldría el dinero. Texto: "los trabajadores y/o servidores públicos que se acojan a su jubilación según lo establecido en el artículo 1 de esta ley tendrán una bonificación adicional al equivalente al monto de tres anualidades adicionales en el reconocimiento y pago por concepto de cesantía, para lo cual la institución y/o entidad pública deberá realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes para su contenido en el presupuesto institucional." - **Supervisión sin mecanismo definido** (2): El artículo 2 le da al jerarca del Ministerio de Trabajo la responsabilidad de supervisar el cumplimiento del artículo 1, pero no define cómo lo hará ni qué pasa si un patrono no cumple. Texto: "El jerarca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será el responsable de supervisar el cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior por parte del empleador conocido como las instituciones, entidades u órganos del sector público y empresas o patronos del sector privado." ## Explicación El proyecto de ley 22071 ya no está en trámite. La Asamblea Legislativa lo archivó y su plazo de cuatro años venció el 2 de julio de 2024. Nunca llegó a ser ley. ### Qué propone El proyecto obligaba a todo trabajador adulto o adulto mayor que ya cumplía los requisitos para pensionarse a iniciar el trámite de su jubilación en un plazo máximo de 90 días naturales ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Aplicaba tanto al sector público como al privado. En el sector privado, el patrono y el trabajador podían firmar un convenio para programar la liquidación, con el aval del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El jerarca del Ministerio de Trabajo sería el encargado de supervisar que se cumpliera ([art. 2](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El dinero que el Estado ahorrara en salarios por esas jubilaciones iría a la caja única del Ministerio de Hacienda ([art. 3](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). La mitad de ese ahorro se usaría para contratar nuevas plazas, solo si se justificaba técnicamente que la institución se debilitaría sin ellas ([art. 4](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). La otra mitad se usaría para pagar deuda interna. Además, quien se jubilara bajo esta ley recibiría una bonificación extra: el equivalente a tres anualidades adicionales en el pago de cesantía ([art. 5](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El proyecto exceptuaba de la obligación a quienes ocuparan cargos de elección popular o alta jerarquía: Presidente de la República, diputados, magistrados, alcaldes, ministros, viceministros, superintendentes, contralor general y presidencias ejecutivas ([art. Transitorio II](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). ### En qué va el trámite El proyecto está archivado. La diputada Shirley Díaz Mejía lo presentó el 2 de julio de 2020, en plena pandemia de covid-19 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos lo recibió el 31 de julio de 2020 y lo votó el 8 de setiembre de 2021 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). Ese día emitió un dictamen unánime negativo. El expediente se archivó el 20 de abril de 2022 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). El plazo cuatrienal venció el 2 de julio de 2024. Para que un proyecto archivado vuelva a discutirse, tendría que presentarse de nuevo desde cero. ### Lo que se dijo en la Asamblea No hay grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente. El dossier no permite saber qué argumentos usaron los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos para rechazarlo. ### Frente a la Constitución El proyecto citaba el artículo 50 de la Constitución, que dice que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país ([Constitución, art. 50](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). También citaba el artículo 73, que establece los seguros sociales para proteger a los trabajadores contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine ([Constitución, art. 73](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El texto del proyecto decía que el derecho a la jubilación es un derecho fundamental derivado de los artículos 50, 73 y 74 de la Constitución, según el Dictamen 324-2002 de la Procuraduría General de la República ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El Censo no encontró un choque directo entre el texto y la Constitución. Sin embargo, hay una duda sobre el artículo 1: el proyecto obligaba a jubilarse en 90 días, pero también decía que se respetaba el derecho de todo trabajador a acogerse en forma voluntaria a la jubilación ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El texto no aclara cómo se combinan la obligación y la voluntariedad. Otra duda surge con el artículo 5: la bonificación de tres anualidades adicionales en cesantía no aparece en la Ley 7983, que regula la protección al trabajador [\[3\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=43957¶m2=145867¶m3=1). El proyecto la creaba como un pago extra, pero no explicaba de dónde saldría el dinero más allá de decir que la institución haría modificaciones presupuestarias ([art. 5](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). ### Qué puede hacer usted Este proyecto ya está archivado y su plazo venció. Las herramientas de participación para proyectos en trámite no aplican aquí. Si le interesa un tema parecido, puede presentar una propuesta de ley nueva. La Asamblea tiene un formulario web para que cualquier persona plantee una idea, aunque no tiene garantía de que se discuta o se vote ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). También puede acudir a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa, que brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar proyectos ([guía, p. 26](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26)). Si cree que una ley vigente viola sus derechos, puede presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional ([guía, p. 23](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=23)). ### Lo que no sabemos Qué argumentos usaron los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos para emitir el dictamen negativo. Cuántas personas habrían resultado afectadas por la obligación de jubilarse en 90 días. De dónde saldría el dinero para pagar la bonificación de tres anualidades adicionales en cesantía. ## Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque directo entre el texto y la Constitución, pero hay dudas sobre la obligación de jubilarse en 90 días frente al derecho a la jubilación voluntaria, y sobre el origen del dinero para la bonificación de cesantía. ## Qué puede hacer usted - Presentar una propuesta de ley nueva mediante el formulario web de la Asamblea Legislativa: Rellene el formulario en la página de la Asamblea. No necesita presentar el texto completo, basta con plantear la propuesta de forma sencilla. La Oficina de Iniciativa Popular la recopila y la remite a los diputados para que decidan si la adoptan. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Acudir a la Oficina de Iniciativa Popular para asesoramiento técnico gratuito: La Oficina brinda asesoramiento técnico gratuito para la redacción de proyectos y en los procedimientos por seguir. La Defensoría de los Habitantes también ofrece estos servicios en sus oficinas en todo el país. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26) - Presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional: Exprese con claridad el hecho o la omisión que lo motiva, el derecho que considera violado, el nombre del servidor público o del órgano autor y las pruebas. No necesita citar la norma constitucional infringida. Puede presentarlo por memorial, telegrama u otro medio escrito. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=23) ## Lo que no sabemos - No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente. ## Fuentes 1. Expediente 22071: SOLIDARIDAD POR PARTE DEL ESTADO EN CUMPLIMIENTO DEL MANDATO CONSTITUCIONAL DE VELAR POR EL BIENESTAR SOCIAL DE TODAS LAS PERSONAS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA SU JUBILACIÓN Y PERMANENECEN TRABAJANDO CON EL RIESGO PERSONAL, FAMILIAR Y POBLACIONAL POR LA PANDEMÍA COVID-19. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa, 2020-07-23. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx 2. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 3. Ley 7983: Ley de Protección al Trabajador (Vigente). SINALEVI, Procuraduría General de la República, 16/02/2000. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=43957¶m2=145867¶m3=1 4. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf ## Texto oficial completo ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY SOLIDARIDAD POR PARTE DEL ESTADO EN CUMPLIMIENTO DEL MANDATO CONSTITUCIONAL DE VELAR POR EL BIENESTAR SOCIAL DE TODAS LAS PERSONAS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA SU JUBILACIÓN Y PERMANENECEN TRABAJANDO CON EL RIESGO PERSONAL, FAMILIAR Y POBLACIONAL POR LA PANDEMIA COVID-19 SHIRLEY DÍAZ MEJÍA DIPUTADA EXPEDIENTE N.° 22.071 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES PROYECTO DE LEY SOLIDARIDAD POR PARTE DEL ESTADO EN CUMPLIMIENTO DEL MANDATO CONSTITUCIONAL DE VELAR POR EL BIENESTAR SOCIAL DE TODAS LAS PERSONAS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA SU JUBILACIÓN Y PERMANENECEN TRABAJANDO CON EL RIESGO PERSONAL, FAMILIAR Y POBLACIONAL POR LA PANDEMIA COVID-19 Expediente N.° 22.071 ASAMBLEA LEGISLATIVA: El país se encuentra en un estado de emergencia por los momentos difíciles que estamos atravesando con la llegada de la pandemia denominada covid-19, lo cual ha significado una tarea digna de reconocer por parte de las autoridades del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, con recomendaciones directas, claras y específicas para que el pueblo se una en colaboración y evite la propagación a niveles que podrían ser inmanejables, la principal recomendación es el no salir de nuestras casas solo en casos estrictamente necesarios por el nivel de contagio que podría darse por las aglomeraciones de personas, por lo que se ha coordinado con la fuerza pública el cierre de negocios y eventos masivos e inclusive hasta de los centros de esparcimiento como medida de prevención, aunado a ello se han emitido directrices presidenciales de restricción vehicular en forma severa, pero necesarias. El principal objetivo radica en velar en primera instancia por el sector poblacional: “adultos y adultos mayores” y personas que presentan cuadros de riesgos por el padecimiento de enfermedades crónicas o de alto riesgo, siendo estos sectores los más vulnerables de contagio y eventuales consecuencias mortales en contra de la salud, por la llegada en forma tempestiva a nivel mundial y a lo interno del país de esta pandemia covid-19. El estado de emergencia que estamos viviendo ha llegado a tales magnitudes a nivel mundial que se ha salido de todo contexto de proyección y protección por parte de los mandatarios que lideran los países a nivel mundial, en donde la pandemia en mención ha llegado a causar miles de muertes principalmente en los sectores poblacionales como los señalados anteriormente “adultos, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o de altísimo riesgo por su padecimiento”. Costa Rica ha sido en el pasado y seguirá siendo un país reconocido a nivel internacional por los logros obtenidos en el transcurso del tiempo, es de mucho orgullo tener presente la abolición del ejército desde el primero de diciembre de 1.948, el contar con diversas instituciones de gran reconocimiento a nivel mundial como por ejemplo la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social a partir del primero de noviembre de 1941, aunado a ello, el nivel de solidarismo que ha existido y existirá entre todos sus habitantes, como virtud de gran y trascendental envergadura. La salud es totalmente inviolable, es un derecho constitucional que las máximas autoridades tienen el deber de proteger a toda costa, pese al eventual costo en términos monetarios al que se podría enfrentar. Es digno de reconocer las acciones que se están realizando por las máximas autoridades de este país, empleándose el lema: “NO SALGA DE CASA, SU VIDA Y LA DE LOS DEMÁS PODRÍA TENER CONSECUENCIAS MORTALES CON LA LLEGADA DE LA PANDEMIA COVID-19”, aplaudo esta medida y otras que se han venido tomando para evitar en primera instancia una propagación masiva que podría tener consecuencias mortales de gran escala. COMPORTAMIENTO DE LA POBLACIÓN INFECTADA CON EL VIRUS COVID-19 EN COSTA RICA AL 21 DE JUNIO DE 2020 El Ministerio de Salud ha venido dándole seguimiento al comportamiento de esta pandemia covid-19 desde meses atrás, comunicando a todo el pueblo costarricense por los diferentes medios de prensa nacional el estado actual, avances y niveles de controles que vengan a fortalecer la lucha frontal y mitigación de sus efectos para evitar mayores niveles de propagación por medio de contagios a nivel de masas. Es de suma importancia tener presente que esta emergencia es catalogada de altísimo riesgo a nivel local y mundial. Según la información en poder de este Ministerio, al 21 de junio del presente año se registran un total de 2.213 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 92 años, para un total de 979 mujeres y 1.234 hombres. De estos se registran lamentablemente un total de 12 fallecimientos, 3 mujeres y 9 hombres, con un rango de edad entre los 26 a 87 años. Es decir, el 100% de las personas que han fallecido a esta fecha corresponde a adultos y adultos mayores. Se contabilizan casos positivos en 77 cantones, clasificándose por edad de la siguiente forma: CLASIFICACIÓN POR EDAD NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS RELACIÓN (%) ADULTOS 1.792 80.98% ADULTOS MAYORES 103 4.65% MENORES DE EDAD 318 14.37% TOTAL. 2.213 100.00% Fuente: Comunicado de prensa Ministerio de Salud. Como se observa, del total de 2.213 casos un porcentaje muy alto, prácticamente el 85%, corresponde a personas adultas y adultas mayores y el remanente 15% a personas menores de edad. Gráficamente: Tal y como se indicó anteriormente, es responsabilidad de todos en forma conjunta tomar las medidas necesarias y con carácter de urgencia para velar por la integridad de la salud de la población en cumplimiento con lo establecido en nuestra Constitución Política. De conformidad con los temas abordados en términos generales desde una óptica de solidarismo y responsabilidad a lo interno del país, es importante señalar que es un deber del Poder Ejecutivo, diputadas y diputados de la República proponer iniciativas con carácter de urgencia por medio de proyectos de ley en varias direcciones en apoyo directo a la parte económica poblacional para el abastecimiento básico, pero también, y de mayor relevancia en estos momentos, el velar por los efectos que podría causar en términos mortales esta pandemia en contra de la salud de toda persona adulta y adulta mayor. “La salud no tiene precio, respetémonos a nosotros mismos y a los demás”. Con el objeto de medir en términos generales qué porcentaje de la población laboral activa se encuentra prestando sus servicios en el sector público, nos dimos a la tarea de extraer de una pequeña muestra sobre la cantidad de personas que se mantienen trabajando en este sector y que podrían cumplir con el requisito para el disfrute de su jubilación en tiempos de emergencia nacional. COMPOSICIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Del esquema anterior se desprende que el sector público está compuesto por: el sector público no financiero representado por el Gobierno central, Gobierno de la República, instituciones descentralizadas y gobiernos locales, Gobierno central y órganos desconcentrados. Empresas públicas no financieras, empresas públicas no financieras nacionales y empresas públicas no financieras municipales. Además, el sector público financiero, instituciones públicas financieras, instituciones públicas financieras bancarias, instituciones públicas financieras no bancarias e instituciones públicas financieras de rectoría y supervisión. A continuación se presenta una pequeña muestra del comportamiento de la partida presupuestaria “Remuneraciones” de algunas instituciones públicas, en relación con el monto del presupuesto institucional, con el objeto de visualizar el gasto por este concepto, tomando como base el presupuesto ordinario para el año 2020 analizado en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios. MUESTREO: COMPORTAMIENTO DEL MONTO DEL PRESUPUESTO TOTAL INSTITUCIONAL Y EL MONTO QUE CORRESPONDE A REMUNERACIONES PERÍODO 2020 (EN MILLONES DE COLONES) INSTITUCIÓN MONTO DEL PRESUPUESTO 2020 PARTIDA REMUNERACIONES 2020: % % DEL GASTO POR REMUNERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO TOTAL Ministerio de Educación Pública 2.670.018,0 1.589.765,3 59.54% Poder Judicial 472.677,0 388.701,5 82.20% Asamblea Legislativa 48.128,0 27.683,0 57.52% Ministerio de Agricultura y Ganadería. 40.536,0 18.970,9 46,80% Fuente: información obtenida Comisión Permanente Asuntos Hacendarios. Del cuadro anterior se desprende que el presupuesto del Ministerio de Educación Pública para el año 2020 alcanzó el monto de 2.670.018.0 millones de colones (2.6 billones de colones), de los cuales un 59.54% corresponde a la partida de “remuneraciones”. Gráficamente: Fuente: información obtenida de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. Por su parte, el presupuesto del Poder Judicial para el año 2020 alcanzó el monto de 472.677.0 millones de colones, de los cuales un 82.20.%, es decir, 388.701.5 millones, corresponde a la partida de “remuneraciones”. Gráficamente: Fuente: información obtenida de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. El presupuesto de la Asamblea Legislativa para el año 2020 alcanzó el monto de 48.128.0 millones de colones, de los cuales un 57.52%, es decir 27.683.0 millones, corresponde a la partida de “remuneraciones”. Por su parte, el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería para el año 2020 fue por el orden de los 40.536.0 millones, de los cuales un 46.80%, es decir 18.970.9 millones, corresponde a la partida “remuneraciones”. Gráficamente: Fuente: información obtenida de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. Es de suma importancia tener presente que la partida “remuneraciones” la componen las siguientes subpartidas presupuestarias: sueldos para cargos fijos, retribución por años servidos, restricción al ejercicio liberal de la profesión, dietas, contribución patronal al seguro de salud, otros incentivos salariales, salario escolar, contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS, contribución patronal a otros fondos, gastos de representación personal y aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral. De la información anterior se desprende que, del monto del presupuesto institucional, un porcentaje muy alto corresponde al gasto que realiza el Estado por concepto del pago de “remuneraciones”. Con el objetivo de medir de alguna forma por medio de una pequeña muestra el número de personas “adultas y adultas mayores” que cumplen con los requisitos para el disfrute de su pensión y que se encuentran laborando en las diversas instituciones del Estado y en el sector laboral privado, nos dimos la tarea de obtener una muestra tomando como base el sector público, según se indica a continuación: MUESTREO: ESTIMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO Y QUE PODRÍAN CUMPLIR CON SUS DERECHOS PARA SU JUBILACIÓN AÑO 2020 (millones de colones) INSTITUCIÓN N.° DE FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN CON SU DERECHO A JUBILACION TOTAL, MONTO EROGACIÓN MENSUAL TOTAL, MONTO EROGACIÓN ANUAL Contraloría Gral. de la Rep. 10 26.608.642,00 374.071.447.20 Def. de los Hab. de la Rep. 15 30.996.247.00 371.954.964.00 M. de Agricultura y Ganad. 148 233.015.228.50 2.796.182.742.00 Ministerio de Salud 23 51.837.177.00 622.046.124.00 Ministerio de Trabajo y Seg. Social 39 60.341.324.50 724.095.894.00 Ministerio de Cultura y Juventud 33 32.062.241.00 384.746.892.00 Ministerio de Planif. Nal. y Pol Econ. 10 19.661.584.50 242.453.935.46 Ministerio de Ciencia y Tecnología 1 1.422.788.00 17.073.456.00 Instituto Nacional de Seguros 17 78.333.865.00 940.006.385.00 Municipalidad de San José 226 196.529.416.69 2.358.353.000.00 Municipalidad de Alajuela 32 32.716.763.85 392.601.166.10 Total general 554 763.525.275.00 9.223.586.005.00 Fuente: elaboración propia, datos suministrados por los departamentos de auditoría institucionales. De conformidad con la información que consigna el cuadro anterior, es de suma importancia rescatar que tan solo con una pequeña muestra de 11 instituciones públicas se encuentran laborando un total de 554 funcionarios(as), que posiblemente cumplen con su derecho a una jubilación, lo cual representa un número muy considerable respecto a los efectos que podría ocasionar la pandemia covid-19, tanto a nivel personal como poblacional. Además, representa un gasto por concepto del pago de sueldos mensuales por el orden de los 763.5 millones de colones y un gasto anual por el orden de los 9.223.5 millones de colones. Es importante señalar que las instituciones: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Cultura y Juventud, Municipalidad de San José, Municipalidad de Alajuela y el Instituto Nacional de Seguros señalaron que toda esta población cumple con la edad para su jubilación, pero desconocen si cumplen con el requisito de las cuotas según el régimen al que corresponden. Es menester tener presente que el comentario anterior se refiere a una pequeña muestra de los resultados que se podrían obtener si se analiza en términos reales el 100% de la población de las instituciones públicas y del sector privado que cumplen con su derecho a la jubilación, pero continúan integrando la fuerza laboral de este país. Gráficamente: De conformidad con lo anterior, se somete a consideración de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley que tiene como objetivo único y por una única vez, el velar por la salud de la población costarricense en riesgo latente por el contagio de la pandemia covid-19 y sus consecuencias en el corto, mediano y largo plazos, que podría resultar con efectos mortales para el sector “adulto” y “adulto mayor” que cumple con los requisitos para su jubilación, pero continúa laborando poniendo en riesgo latente su salud y la de su entorno a nivel familiar y allegados, así como de la población en general. Adicionalmente, el cumplimiento por parte del Estado costarricense de velar por lo establecido en la Constitución Política respecto al bienestar social del país en general. Aunado a ello, medidas orientadas a mitigar el efecto del desempleo a nivel país que muestra cifras alarmantes con repercusiones directas en los hogares costarricenses y opciones para contrarrestar el efecto del déficit fiscal, respecto a la brecha acelerada entre los ingresos y gastos que muestran cifras alarmantes de previo y posterior al estado de emergencia nacional por la pandemia covid-19. **LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA** **DECRETA:** SOLIDARIDAD POR PARTE DEL ESTADO EN CUMPLIMIENTO DEL MANDATO CONSTITUCIONAL DE VELAR POR EL BIENESTAR SOCIAL DE TODAS LAS PERSONAS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA SU JUBILACIÓN Y PERMANENECEN TRABAJANDO CON EL RIESGO PERSONAL, FAMILIAR Y POBLACIONAL POR LA PANDEMIA COVID-19 ### ARTÍCULO 1- Para que se autorice por una única vez que todo aquel trabajador(a) y/o servidor(a) público y del sector privado “adulto” y “adulto mayor” que cumple con los requisitos para el disfrute de su jubilación y que permanece trabajando, programe con sus empleadores, patronos, institución, entidad, órgano o dependencia estatal y empresas privadas lo correspondiente al trámite para el disfrute de su pensión, en un periodo máximo de 90 días naturales. Por los efectos negativos directos que ha venido experimentando el sector privado con la llegada de esta pandemia, se autoriza la emisión de un convenio entre el patrono y el trabajador por mutuo acuerdo y en un plazo máximo de 90 días naturales, la programación de la liquidación correspondiente según lo establecido en la legislación vigente, el cual deberá contar con el aval del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación que cobija el derecho al que tiene todo trabajador(a) de acogerse en forma voluntaria al disfrute de la jubilación, independientemente del régimen de pensiones al que es contribuyente según lo establecido en la Constitución Política y demás legislación atinente. El Estado, como responsable directo defensor de la población en general en estos momentos críticos de emergencia, deberá velar por el cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política, anteponiendo ante todo el derecho que tiene toda persona a la salud y a la vida. El capítulo V, artículo 50, de la Constitución Política establece: (…) El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país (…) Toda persona tiene derecho a un ambiente sano. (…). El artículo 73 constitucional: (…) Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a estos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte (…) ### Artículo 139, inciso 4). Son deberes y atribuciones exclusivas de quién ejerce la Presidencia de la República: (…) proponer las medidas que juzgue de importancia para la buena marcha del Gobierno, y el progreso y bienestar de la Nación. Por su parte, el Dictamen 324-2002, de 03/12/2002, Derecho a la jubilación, la Procuraduría General de la República: (…) 1.- El derecho a la jubilación es un derecho fundamental que forma parte al derecho a la seguridad social, derivado de los artículos 50, 73 y 74 de la Constitución Política. ### ARTÍCULO 2- El jerarca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será el responsable de supervisar el cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior por parte del empleador conocido como las instituciones, entidades u órganos del sector público y empresas o patronos del sector privado. ### ARTÍCULO 3- El 100% del monto total de los recursos económicos obtenidos producto de la disminución en el gasto corriente por concepto de la partida presupuestaria “remuneraciones” y subpartidas componentes, según lo establecido en el artículo 1, para el caso de las instituciones y/o entidades y órganos públicos, deberá ser transferido a caja única del Ministerio de Hacienda y serán empleados únicamente con el destino específico que se indica en el artículo siguiente. ### ARTÍCULO 4- Un 50% del total de los recursos económicos obtenidos según lo establecido en el artículo 3 deberá ser empleado por las instituciones, entidades y órganos estatales en la contratación de nuevas plazas, siempre y cuando se justifique técnicamente que serían debilitados en su accionar por el trámite y aprobación de la jubilación de los trabajadores y/o servidores públicos, desde una óptica de costo/beneficio y valor agregado en el uso de los recursos públicos, de conformidad con lo establecido en la Ley N.° 9635, Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, y por el comportamiento del déficit fiscal a la alza en los últimos años y al incremento severo inmediato, en el corto, mediano y largo plazos, por los efectos de la pandemia covid-19. El restante 50% será utilizado para el pago de la amortización a la deuda interna como medida urgente para mitigar el efecto en el gasto financiero por concepto del pago de intereses y disminuir la brecha existente entre los ingresos y gastos reflejados en el déficit fiscal de previo y por los efectos negativos directos que se sumaran en consecuencia de la pandemia covid-19. ### ARTÍCULO 5- Sin perjuicio de lo establecido en el alcance de la Ley N.° 7983, Ley de Protección al Trabajador, de 16 de febrero del 2000, y sus reformas, y su reglamento, los trabajadores y/o servidores públicos que se acojan a su jubilación según lo establecido en el artículo 1 de esta ley tendrán una bonificación adicional al equivalente al monto de tres anualidades adicionales en el reconocimiento y pago por concepto de cesantía, para lo cual la institución y/o entidad pública deberá realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes para su contenido en el presupuesto institucional. ### TRANSITORIO I- Para efectos de la aplicación de lo establecido en el artículo 1, precitado, todo funcionario(a) y/o servidor(a) público deberá disfrutar del número de días de vacaciones a su favor previo al cese por jubilación. ### TRANSITORIO II- Se exceptúa del alcance de lo establecido en el artículo 1 todo aquel funcionario público que al momento de aprobación de esta ley estén ocupando cargos de elección popular o elección parlamentaria de alta jerarquía institucional a nivel de Presidencia de la República, diputados, diputadas, magistrados, magistradas, alcaldes, alcaldesas, ministros, viceministros, superintendentes, contralor general de la República, presidencias ejecutivas u otros con las mismas condiciones de jerarquía. Rige a partir de su publicación. Shirley Díaz Mejía Diputada 20 de julio de 2020 NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos. Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios. Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/22071). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.