# Expediente 22088: Archivado el plan que limitaba comisiones de los magistrados - Página: https://elcenso.com/leyes/22088 - Tipo: Proyecto de ley (expediente legislativo) - Título oficial: REFORMA DEL INCISO 18 Y ADICIÓN DE UN NUEVO INCISO 22 AL ARTÍCULO 59 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, LEY NO. 8 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1937 Y SUS REFORMAS (ANTERIORMENTE DENOMINADO) REFORMA PARCIAL AL ARTÍCULO 59 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL - Publicada: 2020-08-05 - La Gaceta: 193 - Fuente oficial: https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx ## En resumen El expediente 22088, que proponía que los magistrados dedicaran máximo un día por semana a comisiones, venció su plazo cuatrienal el 16 de julio de 2024 y quedó archivado. ## A quién le toca - A las personas que tienen casos en la Corte Suprema y esperan que los magistrados resuelvan más rápido. - A los magistrados de la Corte Suprema, que habrían tenido un límite de un día por semana para comisiones. - A la Corte Plena y al Consejo Superior, que habrían tenido que reorganizar sus comisiones. ## A quién beneficia - Ninguno directo: el proyecto está archivado y no cambió ninguna norma. - Si se hubiera aprobado, habría dado más tiempo de los magistrados a resolver casos. ## Qué cambia - El expediente 22088 venció el 16 de julio de 2024 y quedó archivado. - La Ley Orgánica del Poder Judicial sigue igual: no hay límite de un día por semana para comisiones. - Para retomar el tema habría que presentar un proyecto nuevo. ## Explicación ### Qué propone El proyecto 22088 ya no está en trámite: venció su plazo cuatrienal el 16 de julio de 2024 y quedó archivado [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). Lo que proponía era reformar el artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los magistrados de la Corte Suprema dedicaran la mayor parte de su tiempo a resolver casos y no a comisiones administrativas ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El texto reformaba el inciso 18 de ese artículo. La Corte Suprema seguiría decidiendo cuáles comisiones son permanentes y quiénes las integran, pero los magistrados "en ningún caso podrán desatender la labor del conocimiento de las causas en sus despachos" ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Además, para el trabajo en comisiones "el magistrado no podrá dedicar más de un día efectivo de labores, los restantes días deberá dedicarlos a la tramitación de los expedientes que tuviere asignados". El proyecto también agregaba un inciso 22 nuevo. La Corte tendría que "garantizar que los magistrados se dediquen, prioritariamente, a la labor jurisdiccional, por encima de cualquier otra actividad administrativa o de representación" (Censo: el texto dice "por encima de cualquier otra actividad administrativa o de representación", y el dossier lo reproduce así) [S1]. El resto de los incisos del artículo 59 se renumeraba ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). La exposición de motivos citaba el informe del Estado de la Justicia de 2020. Según ese informe, en 2018 había 41 comisiones activas que dependían directamente de la Corte, 16 del Consejo Superior, 17 del Consejo de la Judicatura y 17 comisiones autónomas ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). También registraba "casos de magistrados y magistradas que participan hasta en diez comisiones simultáneamente". ### En qué va el trámite El expediente está archivado y su plazo cuatrienal venció el 16 de julio de 2024 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). La última gestión registrada fue el 5 de abril de 2022, cuando la Comisión de Asuntos Jurídicos (Área VII) remitió el expediente a la Secretaría del Directorio. Antes, el 29 de marzo de 2022, esa comisión votó y emitió dictamen [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). El proyecto se presentó el 16 de julio de 2020 y se publicó en La Gaceta el 5 de agosto de 2020, en el número 193. Para que un proyecto sea ley hacen falta dos debates en días distintos no consecutivos, la aprobación de la Asamblea y la sanción del Poder Ejecutivo, además de la publicación en La Gaceta ([Constitución, art. 124](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). Este proyecto no llegó al primer debate: se quedó en comisión y luego venció. ### Lo que se dijo en la Asamblea No hay grabaciones de la Asamblea sobre este expediente en el dossier. La investigación no encontró videos que lo mencionen. ### Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque directo entre lo que proponía el texto y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier. El proyecto buscaba hacer efectivo el principio de justicia pronta y cumplida, que la propia exposición de motivos llama "deber constitucional esencial" ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El artículo 124 de la Constitución regula cómo se convierte un proyecto en ley: dos debates, aprobación legislativa, sanción del Ejecutivo y publicación en La Gaceta ([Constitución, art. 124](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El expediente 22088 no completó esos pasos y venció por plazo, así que no hay norma que revisar. Una duda posible: el texto fijaba un límite de un día por semana para el trabajo en comisiones ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)), pero no definía qué pasa si una comisión necesita más tiempo ni quién controla ese límite. El dossier no aclara ese punto. ### Qué puede hacer usted Este proyecto ya está archivado, así que las herramientas para incidir en su trámite no aplican. Si le interesa el tema, puede usar estas vías para pedir información o proponer algo nuevo. 1. Consultar el estado de cualquier proyecto en el sistema de la Asamblea. La guía indica que el Departamento de Archivo anota y numera los proyectos y que la Oficina de Iniciativa Popular brinda "información inmediata acerca del estado de la tramitación de los proyectos de ley" ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). 2. Presentar una propuesta de ley por el formulario web de la Asamblea. La guía explica que "no es necesario presentar el texto propuesto de forma completa, pues basta con plantear de forma sencilla la propuesta" ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). Esa vía no garantiza que la propuesta sea discutida ni votada. 3. Si quiere una iniciativa con garantía de trámite, la vía es la iniciativa popular, que exige firmas y verificación del Tribunal Supremo de Elecciones ([guía, p. 26](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26)). ### Lo que no sabemos - No sabemos por qué la comisión emitió dictamen en marzo de 2022 y el proyecto no pasó al plenario. - No sabemos si el dictamen fue positivo o negativo: el dossier no incluye el texto del dictamen. - No sabemos cuántos diputados apoyaban o se oponían al proyecto. - No sabemos si hubo mociones o audiencias en la comisión sobre este expediente. ## Frente a la Constitución El Censo no encontró choque entre el texto archivado y los artículos constitucionales del dossier. El proyecto no llegó a ser ley y venció por plazo. ## Qué puede hacer usted - Consultar el estado de un proyecto en la Asamblea: Pedir información a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea, que da información inmediata sobre el estado de tramitación de los proyectos de ley. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Presentar una propuesta de ley por formulario web: Rellenar el formulario en la página de la Asamblea. No hace falta el texto completo: basta con plantear la propuesta de forma sencilla. No hay garantía de que sea discutida ni votada. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Iniciativa popular: Reunir las firmas requeridas y presentarlas al Tribunal Supremo de Elecciones, que verifica el porcentaje. Luego el TSE traslada el proyecto a la Asamblea. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26) ## Lo que no sabemos - No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente. ## Fuentes 1. Expediente 22088: REFORMA DEL INCISO 18 Y ADICIÓN DE UN NUEVO INCISO 22 AL ARTÍCULO 59 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, LEY NO. 8 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1937 Y SUS REFORMAS (ANTERIORMENTE DENOMINADO) REFORMA PARCIAL AL ARTÍCULO 59 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa, 2020-08-05. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx 2. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 3. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf ## Texto oficial completo ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY REFORMA PARCIAL DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL YORLENY LEÓN MARCHENA DIPUTADA EXPEDIENTE N.° 22.088 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES PROYECTO DE LEY REFORMA PARCIAL DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Expediente N.° 22.088 ASAMBLEA LEGISLATIVA: Las tareas administrativas significan una parte importante del tiempo de quienes imparten justicia en nuestro país, si se consideran desde las cuestiones de la gestión del personal, como procesos disciplinarios, calificaciones de desempeño y de ingreso, nombramientos, permisos, vacaciones, etc.; las cuestiones de recursos: solicitudes de nuevos materiales o de reparación de los bienes existentes dirigidas al nivel central; la elaboración de documentos para el control en otros niveles: estados semanales, mensuales, bimestrales, elaboración de estadísticas, entre muchos otros. La falta de delegación de las funciones administrativas conlleva una falta de control efectivo sobre las tareas administrativas, pero al mismo tiempo un incremento de la ineficiencia para garantizar una justicia pronta. La persona que administra justicia, y particularmente quienes ocupan los cargos de las distintas magistraturas del país, no pueden por sí mismos realizar un adecuado trabajo jurisdiccional y, por otro lado, desempeñar satisfactoriamente su rol gerencial; la excesiva carga de trabajo, habitual en nuestro sistema de justicia, se los impedirá. La regulación de las cargas de trabajo de las y los Magistrados es una cuestión que lleva debatiéndose bastante tiempo en algunos foros especializados, en la misma Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa y en las principales escuelas de Derecho del país. Su conflictividad y reciente judicialización han merecido la atención de la opinión pública, porque este no es solo un problema de jueces y magistrados, afecta la esencia misma del sistema judicial costarricense. La percepción negativa que tienen los ciudadanos en general de nuestro sistema de justicia, no es del todo infundada. La problemática de la falta de eficiencia del aparato judicial para resolver los conflictos jurídicos que le son sometidos, es verdadera, y esta situación en muchos casos ha hecho nugatorio el derecho reclamado por su postergación en el tiempo, este sentimiento de insatisfacción aumenta cuando los asuntos llegan a los despachos de los máximos jerarcas del Poder Judicial, que al mismo tiempo son quienes podrían resolver de forma definitiva las controversias. Como es de conocimiento general la enorme prolongación de los procesos en el tiempo, no es extraño que muchos ciudadanos se abstengan de acudir al órgano judicial en procura de solucionar sus conflictos, pues esa percepción negativa que tienen acerca de la lentitud y complejidad de los trámites actúa como un repelente natural. Hoy por hoy, la sideral duración de los procesos ha hecho reaparecer la antigua preocupación de J. Bentham, cuando escribía que una justicia demorada es una justicia negada: justice delayed is justice denied; o como solía decir Devis Echandía: Una justicia lenta, es una injusticia grave. El reciente informe del Estado de la Justicia de 2020 confirma al país que el área administrativa del Poder Judicial ha crecido en las últimas décadas, con la creación de entes especializados en los que la Corte delega algunas de sus competencias (página 143 de dicho informe). No obstante, la desconcentración de funciones no se ha dado de manera efectiva, ya que gran parte del tiempo y los recursos de la Corte Plena se dedican a temas administrativos no estratégicos y el Consejo Superior se encuentra sobrecargado. Frente al aspecto de la racionalización de la administración de justicia, si se analiza el funcionamiento de los órganos judiciales en recientes años, nos encontraremos con una paradoja. De un lado, los ciudadanos han sido testigos de la creación normativa de una serie de instituciones tendientes a descongestionar y racionalizar la administración de justicia a través de mecanismos alternativos y equivalentes jurisdiccionales, y, de otro, se ha evidenciado una permanente insatisfacción de los ciudadanos por la ineficiencia del órgano judicial en la solución de los conflictos jurídicos que le son sometidos, lo que ha puesto en entredicho su legitimidad. Aunado a lo anterior, y a los problemas que devienen de la misma naturaleza de la práctica judicial, debe tenerse muy en cuenta que las y los magistrados invierten buena parte del tiempo en las actividades administrativas de las distintas comisiones, relegando, en muchas ocasiones, la tarea de resolver a un segundo plano, y causando con ello serios retrasos en la actividad primordial por la que fueron nombrados: la jurisdiccional. El mismo informe del Estado de la Justicia ya mencionado lo confirma, y manifiesta: Según los datos de 2018, hay 41 comisiones activas que dependen directamente de la Corte, 16 que dependen del Consejo Superior, 17 del Consejo de la Judicatura y 17 comisiones autónomas. Aunque no hay un listado de las personas que integran cada comisión, se registran casos de magistrados y magistradas que participan hasta en diez comisiones simultáneamente. Sobre la recarga particular del Consejo Superior mencionada líneas más arriba, el informe señala: Entre las funciones que demandan una mayor cantidad de tiempo por parte del Consejo Superior se mencionan, entre otras, la participación de sus miembros en diferentes comisiones a nivel institucional. En el 2015, por ejemplo, se participó en un total 37 comisiones de trabajo; para el 2018 se reportó una leve disminución, pues se pasó a 33 espacios de trabajo, pero se mantiene una concentración en los temas de gestión institucional... Por lo anterior, es innegable que la existencia del Consejo Superior ha contribuido a diligenciar las labores administrativas, pero los resultados han sido insuficientes. El crecimiento del número de comisiones consume tiempo y recursos de la Corte, en detrimento de su función primordial, y por esta razón es necesaria una reforma tendiente a crear un equilibrio, que garantice que la labor estratégica de la administración esté situada en el primer lugar de las prioridades. Esta reforma propone que las y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia tengan que dedicarse, prioritariamente, al ejercicio de la labor jurisdiccional para la que fueron nombrados, de forma tal que coloquen en primer plano de su trabajo la administración de justicia en el sentido más estricto, que, para tal caso, corresponde al conocimiento de las causas que deben resolver como jueces y juezas de máximo grado. En razón de lo anterior, en procura de resguardar el principio de justicia pronta y cumplida como un deber constitucional esencial del sistema de justicia, se presenta el siguiente proyecto de ley. **LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA** **DECRETA:** REFORMA PARCIAL DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL ### ARTÍCULO 1- Refórmese el inciso 18) y el inciso 22) del artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente, corriéndose la numeración, para que se lea de la siguiente forma:… ### Artículo 59- Corresponde a la Corte Suprema de Justicia: 18) Disponer cuáles comisiones de trabajo serán permanentes y designar a los magistrados y magistradas que las integrarán, quienes en ningún caso podrán desatender la labor del conocimiento de las causas en sus despachos, a las que deberán dedicar la mayor parte del tiempo efectivo de trabajo. Para la labor en dichas comisiones, el magistrado no podrá dedicar más de un día efectivo de labores, los restantes días deberá dedicarlos a la tramitación de los expedientes que tuviere asignados. 19) Incorporar al presupuesto del Poder Judicial, mediante modificación interna, todo el dinero que pueda percibir por liquidación o inejecución de contratos, intereses, daños y perjuicios, y por el cobro de los servicios de fotocopiado de documentos, microfilmación y similares. Este dinero será depositado en las cuentas bancarias del Poder Judicial. 20) Fijar los días y las horas de servicio de las oficinas judiciales y publicar el aviso respectivo en el Boletín Judicial. 21) Emitir las directrices sobre los alcances de las normas, cuando se estime necesario para hacer efectivo el principio constitucional de justicia pronta y cumplida. 22) Garantizar que los magistrados se dediquen, prioritariamente, a la labor jurisdiccional, por encima de cualquier otra actividad administrativa o de representación. 23) Las demás que señalan la Constitución Política y las leyes. Rige a partir de su publicación. Yorleny León Marchena Diputada 29 de julio de 2020 NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos. Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios. Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/22088). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.