Proyecto para topar salarios públicos se archivó sin ser ley
El expediente 22091, que proponía que ningún jerarca público ganara más que el presidente, venció su plazo cuatrienal en 2024 y quedó archivado sin aprobarse.
Título oficial LEY CONTRA EL EXCESO DE LOS SALARIOS DE LOS ALTOS JERARCAS DEL SECTOR PÚBLICO Y EN RÉGIMEN DE COMPETENCIA
A quién le toca
- Altos jerarcas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial
- Gerentes y directivos de instituciones que operan en competencia
- Miembros de juntas directivas de instituciones públicas
- Funcionarios en misión diplomática en el exterior, que quedaban excluidos
A quién beneficia
- Ninguno directo: el proyecto está archivado y no cambió ningún salario
- Si se hubiera aprobado, habría topado los salarios más altos del sector público
Qué cambia
- El expediente venció su plazo cuatrienal el 20 de julio de 2024
- La Comisión de Asuntos Jurídicos emitió dictamen el 2 de marzo de 2022
- El proyecto nunca llegó al debate en el Plenario
La explicación completa
El proyecto de ley 22091 quedó archivado y nunca llegó a ser ley. Su plazo de cuatro años venció el 20 de julio de 2024 1. La diputada Franggi Nicolás Solano lo presentó el 20 de julio de 2020.
Qué propone
El proyecto proponía poner un techo a los salarios de los altos cargos del sector público. Ese techo sería el salario del presidente de la República (art. 42).
El artículo 26 definía a quién le aplicaba la ley. Incluía al Poder Ejecutivo, sus dependencias, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (art. 26). También cubría a las instituciones autónomas, las empresas públicas y las municipalidades.
El artículo 42 fijaba el límite. Ningún jerarca, titular subordinado ni funcionario de esas instituciones podría ganar más de veinte salarios base mensuales de la categoría más baja (art. 42). Prohibía los gastos de representación. Dejaba fuera a los funcionarios en misión diplomática en el exterior.
El artículo 43 ponía un tope aparte a los miembros de juntas directivas. No podrían superar diez salarios base mensuales (art. 43). Tampoco podrían cobrar viáticos junto con dietas. Quien participara en sociedades o subsidiarias solo podría integrar tres juntas y dos comités.
El artículo 44 aplicaba el mismo techo de veinte salarios base a quienes trabajan en instituciones que operan en competencia (art. 44).
El texto citaba la Ley 9635, de diciembre de 2018, que ya había fijado un límite para altos cargos (art. 42). Según el proyecto, esa ley estableció que esos cargos ganarían el ochenta por ciento del salario del presidente.
En qué va el trámite
El expediente está archivado. El trámite registra una presentación el 20 de julio de 2020 y un envío a imprenta el 28 de julio de 2020 1.
La Comisión de Asuntos Jurídicos recibió el proyecto el 4 de agosto de 2020 1. La comisión votó y emitió dictamen el 2 de marzo de 2022. Luego lo remitió a la Secretaría del Directorio el 9 de marzo de 2022.
El plazo cuatrienal venció el 20 de julio de 2024 1. Para que fuera ley faltaba el debate en el Plenario y la aprobación en dos debates. Eso no ocurrió.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque claro entre el texto y los artículos de la Constitución que están en el dossier. El artículo 121 dice que a la Asamblea Legislativa le corresponde dictar las leyes Constitución, art. 121. Fijar topes salariales por ley entra en esa atribución.
Hay una duda sobre el artículo 57. Ese artículo dice que todo trabajador tiene derecho a un salario mínimo que le procure bienestar y existencia digna Constitución, art. 57. El proyecto pone un techo, no un piso. No parece contradecir ese derecho.
Otra duda surge con el artículo 33, que prohíbe la discriminación contraria a la dignidad humana Constitución, art. 33. El proyecto trata distinto a los funcionarios en misión diplomática, a quienes excluye del límite (art. 42). El texto justifica esa excepción por los costos de vivir en el exterior.
Qué puede hacer usted
Este proyecto ya no se puede discutir porque está archivado. Las herramientas de la guía sirven para pedir información o vigilar el gasto público.
Puede pedir información sobre el estado de cualquier proyecto a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa guía, p. 27. Esa oficina da información sobre la tramitación de los proyectos y las órdenes del día.
Puede presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República si sospecha un manejo irregular de fondos públicos guía, p. 68. La denuncia se presenta en la plataforma de servicios en Sabana Sur o por el portal institucional.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué el proyecto no avanzó después del dictamen de 2022.
El dossier no incluye el texto del dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
El dossier no tiene grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.
Fuentes
- Expediente 22091: LEY CONTRA EL EXCESO DE LOS SALARIOS DE LOS ALTOS JERARCAS DEL SECTOR PÚBLICO Y EN RÉGIMEN DE COMPETENCIA
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
LEY CONTRA EL EXCESO DE LOS SALARIOS DE LOS ALTOS JERARCAS DEL SECTOR PÚBLICO Y EN RÉGIMEN DE COMPETENCIA
FRANGGI NICOLÁS SOLANO DIPUTADA
EXPEDIENTE N.° 22.091
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
LEY CONTRA EL EXCESO DE LOS SALARIOS DE LOS ALTOS JERARCAS DEL SECTOR PÚBLICO Y EN RÉGIMEN DE COMPETENCIA
Expediente N.° 22.091
ASAMBLEA LEGISLATIVA: En medio de la peor crisis fiscal en la historia de nuestro país, cuando se prevé que el déficit del gobierno para el próximo año ronde el diez por ciento del producto interno bruto (PIB), nos enfrentamos a un escenario en que resulta urgente llevar a cabo acciones que permitan acabar con todos aquellos gastos de más o desproporcionados, que día con día ocurren en el aparato estatal, los cuales, sin duda aumentan la estrechez financiera por la que atraviesa el país.
Si bien reconocemos el enorme aporte de los funcionarios públicos que dirigen empresas públicas en régimen de competencia al desarrollo del país, con la prestación de un elenco generoso de servicios a disposición de nuestra ciudadanía, es necesario reconocer que algunos, unos pocos, se han servido con cuchara grande en materia de remuneraciones. Mientras la gran mayoría de los costarricenses, incluidos naturalmente la inmensa mayoría de los empleados públicos, disfruta de su salario para atender sus necesidades cotidianas y, en el mejor de los casos, ejercer una modesta capacidad de ahorro, existe una casta de enquistados jerarcas en el aparato público que se han recetado remuneraciones multimillonarias, varias de ellas de más de una decena de millones de colones, convirtiendo su salario en una ofensa pública por su falta de correspondencia con las condiciones del país y por su posterior efecto perverso, en la aparición de pensiones de lujo que desmesuradamente inciden en la desigual distribución de la riqueza.
Paralelamente, tenemos una enorme desproporción entre los niveles de responsabilidad por los cuales se remunera a estos funcionarios, verdaderamente opulentos, a los cuales se les encomienda dirigir un departamento, una empresa pública, un ente regulador, una superintendencia o un banco, por lo que reciben salarios uno, dos, tres, cuatro y hasta diez millones por encima del salario del presidente de la República. Llegados a este punto cabe preguntarse respecto al desempeño de la dirección del Estado costarricense como un todo ¿Quién ha sido designado por los ciudadanos para tener la más importante responsabilidad en la conducción de los asuntos públicos sino es el presidente? Y, ¿acaso no consideramos los costarricenses que el presidente está bien remunerado? Si la respuesta a ambas interrogantes es positiva, no podemos seguir tolerando que el Estado pague las sumas, ridículamente altas que hoy asigna como estipendio, a esa casta de privilegiados a la que he hecho referencia y que no por ser pocos, resultan menos indignantes sus inmerecidas carretadas de dinero. Un argumento simplista para justificar estas remuneraciones ha sido el alegar que en el sector privado estos funcionarios serían mejor remunerados si le pusiéramos un límite a su sangría presupuestaria, por lo tanto, tendríamos una fuga hacia ese sector privado. Para quienes utilizan esa absurda justificación para mantener dichos privilegios, vale recordarles que existen estudios que muestran como las remuneraciones del sector profesional en el sector público superan en un 30% las del sector privado y solo una ínfima parte de esos trabajadores podrían alcanzar un salario igual o superior al del presidente de la República.
Es también motivo de escándalo, como algunos grupos se indignan por el salario escolar, producto de un aumento diferido de los salarios de los empleados públicos, pero han guardado silencio cuando a un gerente de un banco público le remuneraban con 10 millones o más por sus servicios.
Que no se malentienda, en este proyecto no se aboga por salarios de hambre en altas jerarquías, pues reconoce la importancia de su rol en el quehacer en diversas dependencias del Estado, pero si aboga por terminar de aplicar un raciocinio y proporcionalidad, en las remuneraciones de absolutamente todos los cargos de jerarquía en el sector público. Muchas de ellas en las cuales aún, hoy por hoy, reciben salarios muy por encima del ya muy cómodo salario que recibe un presidente de la República en nuestro país.
El presidente de la República, según informa Casa Presidencial, gana actualmente, la suma que correspondería al tope máximo, el cuál sería de seis millones, quinientos seis mil doscientos cincuenta colones, habría que agregar decir de la deducción de cuatrocientos setenta y nueve mil trescientos colones que anunció el lunes cuatro de mayo, correspondientes a la renuncia a un diez por ciento de su salario, el cual legalmente no ha sido modificado y puede revocar en cualquier momento.
Con la presente propuesta de ley, ese salario presidencial se convertiría, finalmente, en el parámetro tope para fijar el límite superior de la remuneración en absolutamente todo el sector y la función pública en nuestro país, extendiendo la regulación que se aplicó en la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de diciembre pasado, a todos los salarios que hayan quedado fuera de ella. El salario del presidente resulta más que suficiente para vivir con decoro. Más que eso es francamente ofensivo, opulento, desmedido y desproporcionado.
Resulta chocante escuchar como algunos jerarcas del sector público, con ingresos superiores a los seis millones trescientos mil colones se consideran de “clase media”, en momentos en que el promedio de ingresos de la población con mayor ingreso, entiéndase el 20 por ciento que conforma el grupo de los costarricenses más ricos, es de dos millones seiscientos treinta y cuatro mil colones. O sea, que quien gane seis millones o más, reciben tres veces el ingreso promedio familiar del 20% más rico.
Lamentablemente, esta desproporción de salarios aún persiste en algunos jerarcas de la función pública, la cual bajo ninguna circunstancia debería ser permitida y mucho menos tolerado en momentos de tanta carencia económica como la actual. De igual forma, el país deberá avanzar en otra ley que alcance a todos los puestos de elección por voto directo o por voto delegado al Poder Legislativo.
En definitiva, una remuneración digna es una aspiración a la que todo costarricense puede y debe aspirar. Pero las remuneraciones desproporcionadas, fuera de cualquier parámetro, a costillas de los recursos de las y los costarricenses, superiores a la del primer mandatario, que ya es muy buena, resultan inaceptables para la conciencia social y son el producto de una cadena de decisiones burocráticas, clientelistas e interesadas que, nada tienen que ver con una vida digna y sí con un sistema de privilegios y abusos que desmoralizan a la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos.
En esa dirección, se propone eliminar el privilegio de remunerar a gerentes y directores de la banca pública, como si sus responsabilidades fueran superiores o más importantes que las del presidente de la República. En la brega contra una faceta de lo que García de Enterría llamó “la lucha contra las inmunidades del poder”, en materia salarial, la Ley 9635 estipuló que los altos cargos públicos serían remunerados con el ochenta por ciento del salario del primer mandatario, veinte salarios base de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública. Esta iniciativa viene a extender esa misma remuneración a gerentes bancarios, de telecomunicaciones y cualquier otro alto cargo público.
Se mantiene la excepción del personal en misión diplomática en el exterior, en virtud de las especiales circunstancias en que se desarrolla esta actividad, sometida a costos propios de los países de destino de dichos funcionarios, entendiendo que esta excepción se limita al período durante el cual se realizan funciones ante el Estado u organización acreditante.
Realmente, no se puede entender como un ministro pueda ganar hasta tres veces menos que un gerente bancario o menos que un asesor de una presidencia ejecutiva.
Los distintos argumentos sobre corrupción o captura del regulador, de alguna manera están presentes también en los casos de los ministros de Estado y otros funcionarios cuyas remuneraciones sí se encuentran sometidas al límite ya consignado en la ley. La lucha contra las distintas formas de corrupción no se desarrolla exclusivamente en el ámbito de la retribución salarial, así como tampoco es cierto que el sector privado esté repleto de opciones salariales de montos superiores al fijado. Además, la estabilidad de la función en ciertos cargos designados y la posibilidad de reelegirse en ellos ofrece un incentivo del que se carece en otros espacios laborales. Finalmente, se cree en el principio de que ser honrado no es una opción sino una obligación para el servidor público y, lamentablemente, tanto están sujetos a intentos de corrupción los ministros como los reguladores u otros funcionarios con poder de decisión, por lo que no se encuentra argumento válido alguno que justifique estas desproporciones salariales.
Coincido en que debemos continuar blindando a nuestras autoridades públicas de prácticas deshonestas, pero no creo que eso se logre permitiéndoles ganar sumas exorbitantes, mayores que hasta el mismo presidente de la República, como si este no estuviera sometido a más presiones y tentaciones o no tuviera más poder y responsabilidades en la toma de decisiones.
Por las razones precedentes someto a sus señorías el presente proyecto de ley y se les solicita respetuosamente su voto afirmativo.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
LEY CONTRA EL EXCESO DE LOS SALARIOS DE LOS ALTOS JERARCAS DEL SECTOR PÚBLICO Y EN RÉGIMEN DE COMPETENCIA
ARTÍCULO ÚNICO- Se reforman los artículos 26, 42, 43 y 44 del capítulo III, Modificación de la Ley N.° 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública, de 9 de octubre de 1957, de la ley N.º 9635, Fortalecimiento de las finanzas públicas, de 4 de diciembre del 2018, cuyo texto será el siguiente:
Artículo 26- Aplicación
Las disposiciones del presente capítulo y de los siguientes se aplicarán a:
1- La Administración central, entendida como el Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como todos los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, y las dependencias y los órganos auxiliares de estos.
2- La Administración descentralizada: autónomas y semiautónomas, todas las empresas públicas estatales y no estatales, municipalidades y empresas municipales.
Artículo 42- Límite a las remuneraciones totales en la función pública
La remuneración total de aquellos servidores cuya designación sea por elección popular, y los designados por estos, así como los jerarcas, los titulares subordinados y cualquier otro funcionario del ámbito institucional de aplicación, contemplado en el artículo 26 de la presente ley, no podrá superar por mes el equivalente a veinte salarios base mensual de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública, salvo lo indicado en el artículo 41 sobre la remuneración del presidente. Quedan prohibidos los gastos de representación.
Se excluye de esta norma los funcionarios que estén en misión diplomática en el exterior.
Artículo 43- Remuneración de los miembros de las juntas directivas
Los miembros de las juntas directivas no podrán superar por mes el equivalente a diez salarios base mensual de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública. Será improcedente el pago de viáticos conjuntamente con dietas.
En el caso de la participación en sociedades o subsidiarias, únicamente se autoriza integrar un máximo de tres juntas y dos comités y su remuneración máxima total será de veinte salarios base mensual de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública.
Artículo 44- Límite a las remuneraciones totales de las instituciones y los órganos que operen en competencia
La remuneración total de los funcionarios y los directivos que brindan sus servicios en las instituciones u órganos que operen en competencia no podrá superar el equivalente a veinte salarios base mensual de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública.
TRANSITORIO ÚNICO- Las aplicaciones de las anteriores disposiciones quedan sometidas a lo estipulado en el transitorio XXV de la Ley N.° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 4 de diciembre de 2018.
Rige a partir de su publicación.
Franggi Nicolás Solano Diputada
28 de julio de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.