# Expediente 22128: Archivado: el plan de rescate de empresas e hipotecas del 2020 - Página: https://elcenso.com/leyes/22128 - Tipo: Proyecto de ley (expediente legislativo) - Título oficial: PROYECTO DE LEY DE RESCATE, RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS E HIPOTECAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN - Publicada: 2020-08-26 - La Gaceta: 214 - Fuente oficial: https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx ## En resumen El proyecto 22128, que proponía fideicomisos y fondos para rescatar empresas y viviendas hipotecadas, se archivó y su plazo de cuatro años venció en agosto de 2024. ## A quién le toca - Empresas privadas no financieras en problemas de pago - Personas con créditos hipotecarios en riesgo de perder su vivienda - Bancos del Estado y el Banco Popular, que debían aplicar la ley - Micro, pequeñas y medianas empresas y pequeños productores agropecuarios ## A quién beneficia - Las empresas en problemas podían acogerse a un fideicomiso para ordenar sus deudas - Los deudores hipotecarios podían seguir viviendo en su casa como inquilinos con opción de compra - Los pequeños productores no tenían que dar la finca como garantía en créditos de hasta cuarenta salarios base - Las empresas nuevas tendrían exención de tributos y cargas sociales el primer año ## Qué cambia - El Fondo de Sostenibilidad se financiaría con el 1% del impuesto a los combustibles - El Inder transferiría el 10% de lo que recibe por impuesto a bebidas alcohólicas al Fondo de Contragarantías - Los bancos del Estado debían destinar al menos el 50% del crédito colocado a los sectores agrícola, industrial, comercial y de servicios - El proyecto no se convirtió en ley: venció su plazo en agosto de 2024 ## Cláusulas a revisar - **Condonación de deuda solo para empresas en recuperación** (15): El artículo 15 permitía a bancos del Estado, Banco Popular, Hacienda, CCSS y Fodesaf condonar intereses corrientes y moratorios, pero solo una vez por empresa. Texto: "Se autoriza a los bancos del Estado, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Ministerio de Hacienda, Caja Costarricense de Seguro Social y Fodesaf a condonar por una única vez, de manera parcial o total, intereses corrientes y moratorios de deudas de empresas en proceso de recuperación" - **El fondo nuevo se paga con el impuesto a los combustibles** (19): El artículo 19 creaba un fondo con el 1% de lo recaudado por el impuesto a los combustibles. El artículo 26 cambiaba el destino de esos recursos. Texto: "Este Fondo estará conformado por el 1% de los montos que se recauden por impuestos a los combustibles de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, N.º 8114." - **El fiduciario puede ampliar el crédito sin límite claro** (11): El artículo 11 obligaba a la empresa a aceptar que el fiduciario amplíe la financiación y la exposición de crédito que técnicamente se estime necesaria. Texto: "Otorgar los poderes al fiduciario para que pueda llevar a cabo todas las acciones para la administración del patrimonio, aceptando que éste podrá ampliar la financiación y, por ende, la exposición de crédito que técnicamente se estime necesaria para la reactivación de la empresa." ## Explicación El proyecto de ley 22128 ya no está en trámite. Se archivó y su plazo de cuatro años venció el 6 de agosto de 2024, según la ficha del expediente [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). ### Qué propone El texto proponía crear procesos para rescatar empresas privadas no financieras y para salvar viviendas hipotecadas de personas. Todo por la vía administrativa, sin llegar a los tribunales ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). La aplicación sería obligatoria para los bancos del Estado y el Banco Popular. Para los bancos privados solo regiría si deciden participar de forma voluntaria ([art. 2](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El proyecto creaba una Red Interinstitucional de Apoyo y Acompañamiento Empresarial. La integraban los bancos del Estado, el Banco Popular, el Sistema de Banca para el Desarrollo, el MAG, el Inder, la CCSS, Hacienda, el MEIC, el MTSS, el IMAS, el INS, Fodesaf, las municipalidades y los bancos privados que quisieran sumarse ([art. 5](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Uno de los mecanismos eran los fideicomisos especiales de rescate. La empresa en problemas trasladaba su patrimonio a un fiduciario, que lo administraba para intentar recuperarla ([art. 7](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El plazo del fideicomiso sería de hasta 5 años, prorrogable por 5 años más ([art. 13](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Los bancos podían dar periodos de gracia de hasta tres años para el pago de capital e intereses ([art. 14](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). También se autorizaba condonar deuda, total o parcial, a las entidades estatales, pero solo una vez por empresa ([art. 15](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Para las viviendas, el texto proponía un Fondo Inmobiliario para Salvamento de Hipotecas. El fondo compraría el inmueble por el valor facial del crédito y lo alquilaría al dueño anterior con opción de compra ([art. 17](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El proyecto también creaba un Fondo de Sostenibilidad para la Recuperación. Se financiaría con el 1% de lo recaudado por el impuesto a los combustibles, según el artículo 5 de la Ley 8114 ([art. 19](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Además, las micro y pequeñas empresas y los pequeños productores agropecuarios no tendrían que dar la finca como garantía para créditos que no superen cuarenta salarios base de la Ley 7337 ([art. 20](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El texto incluía incentivos fiscales para empresas nuevas. El primer año estarían exentas de tributos y cargas sociales. Del segundo al cuarto año pagarían porcentajes menores, y a partir del quinto año pagarían todo ([art. 22](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). ### En qué va el trámite El expediente está archivado. La ficha registra el ingreso a la comisión de Asuntos Económicos el 15 de setiembre de 2020 y un traslado de comisión el 15 de octubre de 2020 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). El plazo cuatrienal venció el 6 de agosto de 2024 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). No hay registro en el dossier de que el proyecto haya llegado a primer debate. ### Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque directo entre el texto y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier. El artículo 50 de la Constitución dice que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza ([Constitución, art. 50](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El artículo 3 del proyecto fijaba como objetivo impulsar la economía nacional y estimular la producción ([art. 3](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Ambos textos apuntan en la misma dirección. El artículo 73 de la Constitución protege los fondos de los seguros sociales y prohíbe usarlos para fines distintos ([Constitución, art. 73](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El artículo 15 del proyecto autorizaba a la CCSS a condonar intereses de deudas de empresas en recuperación ([art. 15](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Queda la duda de si esa condonación toca fondos de seguros sociales, porque el texto no lo aclara. El artículo 85 de la Constitución protege las rentas del fondo especial de Educación Superior ([Constitución, art. 85](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El artículo 26 del proyecto reformaba el destino del impuesto a los combustibles y asignaba un 1% al nuevo Fondo de Sostenibilidad ([art. 26](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El texto del proyecto dice que esos fondos para el Lanamme no afectarán a la Universidad de Costa Rica. ### Qué puede hacer usted Este proyecto ya no se puede discutir en comisión ni en el plenario porque está archivado. Las herramientas de la guía para esa etapa no aplican aquí. Si quiere proponer una idea parecida, la Asamblea tiene un formulario web para presentar propuestas de ley. No hace falta escribir el texto completo, basta con plantear la idea de forma sencilla ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). La Oficina de Iniciativa Popular recibe esas propuestas y las envía a los diputados cada cierto tiempo. Ellos deciden si adoptan alguna ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). También puede usar la iniciativa popular, que exige reunir firmas. El TSE verifica las firmas y traslada el proyecto a la Asamblea, que debe votarlo en un plazo máximo de dos años ([guía, p. 26](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26)). ### Lo que no sabemos El dossier no dice por qué se archivó el proyecto ni si hubo dictamen de comisión. El dossier no incluye el texto completo: falta la parte final de los transitorios. No hay grabaciones de la Asamblea sobre este expediente. ## Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque directo, pero hay dudas sobre el uso de fondos de la CCSS y sobre el destino de rentas protegidas por la Constitución. ## Lo que no sabemos - No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente. ## Fuentes 1. Expediente 22128: PROYECTO DE LEY DE RESCATE, RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS E HIPOTECAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa, 2020-08-26. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx 2. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 3. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf ## Texto oficial completo ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY RESCATE, RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS E HIPOTECAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN ERWEN YANAN MASÍS CASTRO Y OTROS SEÑORES DIPUTADOS Y SEÑORA DIPUTADA EXPEDIENTE N.° 22.128 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES PROYECTO DE LEY RESCATE, RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS E HIPOTECAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Expediente N.° 22.128 ASAMBLEA LEGISLATIVA: Según el Banco Central de Costa Rica, el país se enfrenta a una recesión del 9,2% producto de los desafíos económicos que viene enfrentando desde hace algunas décadas y del shock propiciado por los agentes externos recientes, como la pandemia generada por el covid-19. Esta recesión ha impactado las diferentes actividades comerciales y consigo los diferentes encadenamientos productivos, así queda evidenciado en los datos revelados por el Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda. Esta realidad tiene repercusiones directas sobre los diferentes segmentos productivos y comerciales, lo que ha generado cierres de empresas y, por consiguiente, un alto número de desempleo, que según cifras del INEC llega al 20,1% y un desempleo ampliado del 22,6%. La ruptura de estos encadenamientos productivos tiene un alto nivel de incidencia en operaciones crediticias: aumenta la exposición de un riesgo sistémico y aunada la situación coyuntural que pasa el mundo, en este momento, podría aumentar en los costos para los bancos por procesos de cobro y ejecución de garantías. Lo que para nuestra economía podría ser una situación devastadora. Frente a esta situación y con la necesidad de encontrar soluciones para el resguardo de la actividad productiva del país, es de gran interés dirigir los esfuerzos para evitar el cierre de empresas y, consecuentemente, el impacto sistémico, procurando así la generación de fuentes de empleo, la restauración económica, el desarrollo y el bienestar social. La propuesta es presentar un proyecto para el rescate de las empresas en condiciones de vulnerabilidad, debido a las diferentes situaciones complejas que enfrentan como hacerles frente a sus obligaciones crediticias, flujos de caja negativos, pérdidas en sus utilidades, cuentas por pagar, contribuciones sociales y fiscales u otras situaciones adicionales. También se quiere tener en cuenta a las personas que, derivadas de las condiciones antes mencionadas, corran el riesgo de perder la vivienda, a causa de los incumplimientos en los pagos de los créditos hipotecarios, maximizando así la cantidad de costarricenses que puedan llevar de una mejor manera los problemas financieros que se presentan como resultado de la situación vivida. En tal sentido, el presente proyecto de ley pretende ayudar con la restauración de la economía costarricense y establecer mecanismos de rescate, recuperación y fortalecimiento de las empresas y personas físicas deudoras de créditos bancarios empresariales e hipotecarios, para así no comprometer el futuro de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad, y poder garantizar empleo y vivienda digna y reducir la brecha social. Con las siguientes herramientas financieras se dará flexibilidad al sistema bancario y la oportunidad a las personas y empresas afectadas. Además, promueve la reactivación económica con la formalización de las empresas. a) Creación de fideicomisos especiales de recuperación para propiciar la ayuda empresarial, al someter el patrimonio para el salvamento de estas, donde se podría involucrar inversores para capital de riesgo. b) Creación de fondo especial para la recuperación de las micro y pequeñas empresas, así como el pequeño productor agropecuario, con el fin de dar sostenibilidad a esta parte importante de la economía para que luego de superar la crisis sanitaria puedan mantenerse en operación, generando empleo, tributos y desarrollo. c) Creación y participación de fondos de inversión inmobiliarios para el rescate de viviendas hipotecadas para evitar la ejecución de garantía por parte de las entidades financieras y poder generar contratos de arrendamiento con los deudores, como también tener una opción de compra luego de superar los inconvenientes. d) Conectividad universal de los costarricenses, con el fin de mejorar el acceso a internet para aumentar la productividad y el mejoramiento empresarial, disminuyendo la brecha digital, mediante una mejor infraestructura y modernización del sector. e) Simplificación de trámites municipales, para dinamizar la economía local haciendo más accesible y ágil poder realizar un emprendimiento, sin tener que pasar por un proceso costoso y largo, adicionalmente brindar incentivos para formalizar negocios que se encuentran funcionando fuera del sistema, los cuales repercuten en pérdidas para el estado y generan riesgo social. **LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA** **DECRETA:** RESCATE, RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS E HIPOTECAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN ## TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES ## CAPÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN, OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS ### ARTÍCULO 1- Objeto. Esta ley tiene por objeto regular los procesos especiales de rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas privadas no financieras, así como el salvamento de viviendas hipotecadas de las personas, todo en vía administrativa, cuando se encuentren en una situación económica vulnerable que ponga en riesgo el patrimonio empresarial o familiar, así como la creación de mecanismos de cobertura crediticia alternativos a las garantías sobre bienes inmuebles, dirigidos prioritariamente a los pequeños empresarios. ### ARTÍCULO 2- Ámbito de aplicación. Los procesos y mecanismos establecidos en la presente ley serán de aplicación obligatoria para los integrantes de la Red Interinstitucional de Apoyo y Acompañamiento Empresarial. Para los bancos del Estado y el Banco Popular las disposiciones de esta ley son de aplicación obligatoria, para los bancos privados, únicamente para aquellos que decidan voluntariamente formar parte de la red, en cuyo caso deberán contar con un área especializada en el salvamento de viviendas hipotecadas de las personas y en el rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas en situación de vulnerabilidad. Los mecanismos establecidos en la presente ley aplican para las empresas de todas las actividades económicas, con préstamos para la realización de la actividad comercial, de servicios, industrial o agrícola y las personas físicas con créditos hipotecarios, sobre las que, mediante un estudio técnico, se haya determinado que se encuentran en estado de vulnerabilidad financiera, pero con alta probabilidad de recuperación a partir de la aplicación de uno de los mecanismos establecidos en la presente ley y considerando su situación económica, financiera, empresarial y comercial. El proceso que se regula es un proceso preventivo que permita que las empresas no pierdan los activos que sirven como instrumentos para el desarrollo de la actividad, y que las familias no pierdan sus viviendas, mitigándose además eventualmente el riesgo de quiebra o insolvencia. No podrán considerarse para optar por los mecanismos aquí establecidos aquellas empresas sobre las que al momento de la promulgación de la presente ley ya se haya iniciado un proceso concursal en la vía judicial. ### ARTÍCULO 3- Objetivos de la ley. Los objetivos específicos son: 1- Impulsar la economía nacional mediante el estímulo, el desarrollo o continuidad de las actividades agrícolas, industriales, comerciales y de servicios concebida como determinantes para el progreso del país. 2- Respaldar con acciones afirmativas al sector privado a través de estrategias para el financiamiento de sus actividades, así como para el desarrollo de las capacidades empresariales, cuya finalidad sea la recuperación de las empresas en estado de vulnerabilidad y evitar que las personas pierdan sus viviendas por la ejecución de créditos hipotecarios que no se puedan honrar. Dichas acciones se orientan, especialmente, al fortalecimiento y continuidad de las empresas de los distintos sectores productivos y de servicio que impactan el mercado laboral. 3- Incentivar la creación y uso de modelos de financiamiento y refinanciamiento condicionado, técnicamente viables, bajo modelos prospectivos que, entre otros, permitan evitar en lo posible el cierre de empresas que, por causas coyunturales o situaciones económicas, financieras o de mercado, estén en riesgo de quiebra o insolvencia de los empresarios, pero con objetivas posibilidades de recuperación. 4- Crear las condiciones necesarias para que, los bancos sujetos a esta ley puedan participar activamente en el rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas y personas con créditos hipotecarios en situación de vulnerabilidad. 5- Procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza por medio de la acción continuada para la recuperación de las empresas bajo la lógica del impacto sectorial y sistémico respecto a la producción, servicios y mercado laboral. 6- Impulsar la transformación productiva, la productividad, la innovación y la creación de valor de agregado, como elemento sustantivo del fortalecimiento de las empresas, su rentabilidad y competitividad local e internacional. ### ARTÍCULO 4- Definiciones: a) Empresas en estado de vulnerabilidad: aquellas empresas que vienen presentando pérdidas y problemas con la capacidad de pago ante los bancos y que hayan sido declaradas en esa condición mediante el estudio técnico correspondiente en los términos de la presente ley y su reglamentación. También denominadas empresas fideicomitentes para efectos de los fideicomisos especiales de rescate y recuperación. b) Fideicomisos especiales de recuperación: contratos mediante los cuales la empresa en estado de vulnerabilidad somete su patrimonio a este vehículo de propósito especial, con la finalidad de que éste sea administrado por un fiduciario en los términos definidos en un plan de acción que surge a partir de un estudio técnico y que busca la recuperación y reactivación de la empresa en mención. a) Fondo de Inversión para Capitalización de Empresas: patrimonio separado perteneciente a una pluralidad de inversionistas, administrado por una sociedad administradora de fondos de inversión como un fondo común, en los términos de la normativa reguladora del mercado de valores, el cual invierte en el capital de empresas para su rescate o aceleración, de conformidad con lo establecido en el prospecto. b) Fondo de Inversión Inmobiliario para el Rescate de Hipotecas: patrimonio separado perteneciente a una pluralidad de inversionistas, administrado por una sociedad administradora de fondos de inversión como un fondo común, en los términos de la normativa reguladora del mercado de valores, el cual invierte en inmuebles otorgados como garantía hipotecaria con un contrato de retro-compra, para ser alquilada de forma preferente al dueño anterior del inmueble, el cual será vendido nuevamente al propietario preliminar mediante crédito hipotecario del mismo banco que realizó la transacción original u otro que mejore las condiciones de financiamiento, una vez el arrendatario recupere nuevamente la capacidad de pago y acceso a financiamiento. c) Microempresas: unidades económicas que, medidas mediante los parámetros de la Ley N.° 8262, y su reglamento, se ubican dentro de esta categoría. d) Pymes: pequeñas y medianas empresas definidas en la Ley N.º 8262, y su reglamento. e) Micro y pequeño productor agropecuario: unidad de producción que incluye los procesos de transformación, mercadeo y comercialización que agregan valor a los productos agrícolas, pecuarios, acuícolas, forestales, pesqueros y otros productos del mar, así como la producción y comercialización de insumos, bienes y servicios relacionados con estas actividades. Estas unidades de producción emplean, además de mano de obra familiar, contratación de fuerza laboral ocasional o permanente que genera valor agregado y cuyos ingresos le permiten al productor realizar nuevas inversiones en procura del mejoramiento social y económico de su familia y del medio rural. La definición de estas las realizará el Ministerio de Agricultura y Ganadería vía reglamentaria. f) Refinanciamiento: operación crediticia que permite financiar total o parcialmente el principal o intereses de una operación de crédito, con el producto de otra operación crediticia otorgada por el mismo intermediario financiero. En caso de la cancelación total de la operación crediticia, la nueva operación crediticia es considerada como refinanciada. En el caso de una cancelación parcial, tanto la operación crediticia nueva como la ya existente son consideradas como refinanciadas. ## CAPÍTULO II CREACIÓN Y FUNCIONES DE LA RED INTERINSTITUCIONAL DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL ### ARTÍCULO 5- Creación de la Red Interinstitucional de Apoyo y Acompañamiento Empresarial Créase la Red Interinstitucional de Apoyo y Acompañamiento Empresarial, cuyo objetivo es el rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas en situación de vulnerabilidad. Esta red está integrada por las siguientes entidades de naturaleza financiera y no financiera: cada uno de los bancos del Estado, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), el Sistema de Banca para el Desarrollo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Hacienda (MH), el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de Seguros (INS), Fodesaf, las municipalidades de todo el país y los bancos privados que decidan participar. Los bancos participantes deberán contar con un área especializada en el salvamento de viviendas hipotecadas de las personas y en el rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas en situación de vulnerabilidad. La Red se rige por la presente ley, el reglamento que la desarrollará y la normativa prudencial que emita el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). ### ARTÍCULO 6- Funciones de la Red Interinstitucional de Apoyo Empresarial. Corresponderá a los integrantes de esta red cumplir con las siguientes funciones: 1- Banco del estado, Banco Popular y de Desarrollo Comunal y demás entidades de naturaleza bancaria o financiera que llegasen a participar de la Red: a) Encargados del diseño y ejecución de los procesos de rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas privadas. b) Responsables del diseño y puesta en marcha de los programas de financiamiento y refinanciamiento conforme los términos de esta ley. c) Responsables de la creación de instrumentos financieros para el salvamento de viviendas hipotecadas de las personas. 2- Banco Nacional de Costa Rica: además de su función como banco del Estado en los términos de lo dispuesto en el punto anterior, tendrá las funciones de fiduciario del Fondo de Sostenibilidad para la Recuperación de Pequeños Empresarios y Productores Agropecuarios. 3- INS: diseño y comercialización de seguros orientados al sector agropecuario y la protección de bienes mobiliarios afectados en garantía en operaciones de naturaleza financiera. 4- MAG: suministro de la información oficial de la composición y distribución del sector y subsectores de productores agropecuarios e impulso a la transformación del sector agrícola y pesquero. Será igualmente responsable del diseño e implementación de una estrategia nacional de transformación, innovación y productividad para el sector agrícola nacional, articulando para este fin, el alineamiento estratégico, planes operativos y presupuestos de las instancias bajo su competencia para lograr este propósito. 5- Inder: aporta presupuesto para la creación del Fondo de Contragarantías y del Fondo de Sostenibilidad para Recuperación e impulsará el crédito rural y el desarrollo territorial. 6- CCSS, MTSS, Fodesaf, municipalidades y Ministerio de Hacienda: suministro de la información y condición de los sujetos físicos y jurídicos objeto de estudio para admisibilidad en procesos de recuperación. Asimismo, responsables de diseñar y ejecutar programas específicos de rescate como adecuaciones parciales o totales, inspecciones laborales diferenciadas, arreglos de pago y suspensión de intereses de las obligaciones de las empresas y sujetos en proceso de recuperación cuando se cumplan los presupuestos de la presente ley. 7- MEIC: en el marco de las competencias que le confiere a la Ley N.º 6054 y la Ley N.º 8262 coordinará en conjunto con las instituciones de apoyo al ecosistema empresarial los mecanismos y servicios de apoyo no financiero que desde la institucionalidad del Poder Ejecutivo permitan cumplir con los fines de la presente ley. Se determinará vía decreto los medios para hacer efectiva esta coordinación y los perfiles de las organizaciones públicas, privadas o académicas especializadas que podrán realizar los estudios técnicos. Además, será responsable, conjuntamente con el Micitt de liderar el proceso de digitalización de trámites en los servicios públicos. 8- IMAS: brindar ayuda a los pequeños empresarios y productores agropecuarios que estén en proceso de rescate, recuperación y fortalecimiento ## TÍTULO II MECANISMOS DE RESCATE, RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS ## CAPÍTULO I FIDEICOMISO ESPECIAL DE RESCATE Y RECUPERACIÓN DE EMPRESAS ### ARTÍCULO 7- Mecanismos especiales de rescate y recuperación. Los bancos del Estado y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, así como los bancos privados que decidan someterse a lo dispuesto en esta ley, constituirán una oficina o área funcional especializada para el rescate y la recuperación de las empresas, con especial énfasis y prioridad en las micro, pequeñas y medianas empresas, estas estarán facultadas, de ser necesario, para establecer fideicomisos especiales de rescate y recuperación. Este último caso aplica cuando la situación de vulnerabilidad sea crítica y requiera una intervención como unidad de negocio para lograr su recuperación. Para estos efectos los bancos que participen podrán constituir sociedades fiduciarias, con el fin de facilitar los procesos de recuperación y de poder realizar una mejor separación de los riesgos de dichos procesos y de los riesgos propios de la intermediación financiera. Estas sociedades fiduciarias tendrán como objeto social exclusivo la constitución y administración de los fideicomisos especiales de rescate y recuperación y se constituirán como sociedades anónimas, cuyo objeto exclusivo será la administración de activos en propiedad fiduciaria, según las condiciones de cada fideicomiso. Las operaciones y la contabilidad deberán ser totalmente independientes de la institución a la que pertenezcan y del patrimonio al que administran. Estos fideicomisos son contratos para la administración de patrimonios autónomos conformados por los activos y pasivos de las empresas declaradas en proceso de rescate y recuperación. Los bancos acreedores financiarán la operación de estos fideicomisos cuando así sea necesario, en cuyo caso esos gastos serán aplicados como un financiamiento a largo plazo a la empresa fideicomitente. Dichas instancias pueden proponer acciones tendientes a mitigar o sobrellevar problemas financieros de corto o mediano plazo, y coordinar con el resto de las instituciones de la Red arreglos de pago y otras medidas pertinentes. En el caso de constituirse fideicomisos especiales de rescate y recuperación, la empresa actuará como fideicomitente sometiendo su patrimonio y como fideicomisario. El fiduciario recibirá de la empresa los poderes legales necesarios para la administración y representación del patrimonio fideicomitido durante la vigencia del contrato y no tendrá la limitación establecida por el artículo 649 del Código de Comercio en relación con la diversificación de inversiones, pudiendo invertir libremente en una sola clase de valores, aun en el caso de que se trate de los suyos propios. El fiduciario llevará a cabo todas las acciones necesarias para la recuperación de la empresa, pudiendo generar arreglos de pago con otros acreedores, así como tomando decisiones sobre los créditos bancarios de los bancos obligados por la presente ley, que se ajusten a lo acordado en el plan de rescate, incluyendo sin que se limite a liberación parcial o total de garantías para utilización de los bienes en otros negocios que coadyuven al proceso de recuperación. El fiduciario adoptará las decisiones considerando como prioridad el rescate y la recuperación de la empresa y velando por los intereses de todos los acreedores que se presenten en el proceso de manera equitativa. Cuando la empresa en condición de vulnerabilidad tenga créditos en varios bancos, el banco que promueve el proceso de rescate y recuperación, ya sea de oficio y con el consentimiento de la empresa o a solicitud de esta, coordinará con el resto de bancos del Estado y con BPDC cuando sean acreedores, así como con los bancos privados que hayan decidido someterse a la presente ley, los cuales deberán someter los créditos de la empresa también al patrimonio fideicomitido aplicando las mismas reglas que el banco promovente y mediante aceptación previa del plan de rescate. Los gastos que se generen por el fideicomiso serán cargados al patrimonio fideicometido en los términos que se defina reglamentariamente. Asimismo, los actos producto del traslado de activos al fideicomiso estarán exentos del tributo que pesa sobre la inscripción de documentos o garantías en el Registro Público, así como del pago de honorarios. Para efectos de estos fideicomisos de naturaleza especial aplica de manera supletoria, mientras no contradiga lo dispuesto en esta ley, el Código de Comercio. Los restantes integrantes de la Red diseñaran e implementaran los programas concretos que permitan atender la condición de la empresa sometidas al mecanismo de rescate y recuperación. Dichos programas deben considerar la posibilidad de condonar intereses moratorios o corrientes, suspender el reconocimiento de estos o efectuar arreglos de pago, incluyendo la posibilidad de brindar periodo de gracia, tales que permitan a estas empresas su estabilización financiera conforme el plan derivado del estudio técnico; todo de acuerdo con los parámetros que se definan reglamentariamente. ### ARTÍCULO 8- Fortalecimiento de capital Debido al efecto patrimonial que tiene para el banco el traslado de una cartera de crédito a un fideicomiso, en este caso para el rescate y recuperación de la empresa y, en consecuencia, en procura de recuperar el crédito otorgado, los bancos podrán compensar este efecto capitalizándose con deuda subordinada, o aplicando redescuento con el Banco Central. El Banco Central de Costa Rica podrá aplicar operaciones de redescuento y el Ministerio de Hacienda podrá capitalizar a los bancos del Estado y el Banco Popular por medio de deuda subordinada la que será cancelada conforme acuerdo de Partes. ### ARTÍCULO 9- Declaratoria de la empresa en proceso de recuperación. Cuando exista un estudio técnico que determine la vulnerabilidad de la empresa, así como la viabilidad de su recuperación, el banco, con la aceptación de la empresa deudora, realizará la declaratoria de empresa en proceso de recuperación, procediendo a publicarla en el diario oficial La Gaceta y formalizando, una vez vencido el plazo de 15 días hábiles para que se presenten los acreedores. Los costos de estos estudios técnicos correrán por cuenta del banco. ### ARTÍCULO 10- Estudio técnico. El estudio técnico deberá ser realizado por una firma especializada inscrita ante el MEIC contratada según los procedimientos de contratación aplicables. Deberá contemplar como mínimo un análisis de la vulnerabilidad financiera de la empresa, análisis de la viabilidad económica, financiera, empresarial y comercial para su recuperación, un plan de acción detallado y cualquier otro requisito que se determine por la vía reglamentaria. El plan de acción no es de carácter vinculante para el fiduciario. No obstante, este deberá dejar debidamente justificada cualquier modificación que realice. ### ARTÍCULO 11- Condiciones que deben cumplir las empresas en proceso de recuperación Como parte del proceso de rescate y recuperación, para recibir los beneficios que establece esta ley, las empresas deben cumplir con las siguientes condiciones: i. Aceptar las condiciones técnicas determinadas en el estudio técnico efectuado, el cual formará parte del contrato de fideicomiso, así como cualquier otra condición que el fiduciario considere necesaria en procura del éxito del proceso. ii. Trasladar los activos y pasivos de la empresa deudora al fideicomiso como patrimonio fideicomitido. iii. Otorgar los poderes al fiduciario para que pueda llevar a cabo todas las acciones para la administración del patrimonio, aceptando que éste podrá ampliar la financiación y, por ende, la exposición de crédito que técnicamente se estime necesaria para la reactivación de la empresa. iv. Aceptar la posibilidad incorporar nuevos socios, personas físicas, personas jurídicas, fondos de capital de riesgo u otros que aporten capital a la empresa. Para aplicar esta disposición el fideicomitente deberá aceptarlo y autorizarlo expresamente y podrá ser considerado en cualquier momento dentro del plazo del fideicomiso de ser necesario y conveniente para la empresa. v. Rendir una declaración jurada sobre los juicios y procesos administrativos de cobro pendientes, antes de que se lleve a cabo el estudio técnico. ### ARTÍCULO 12- Publicación de la declaratoria. Una vez que se cuente con la declaratoria de empresa en proceso de recuperación, el banco publicará en el diario oficial La Gaceta un edicto indicando que la empresa ha iniciado el proceso de rescate o reactivación empresarial, a fin de que las partes interesadas se apersonen para hacer valer sus derechos y sean considerados como fideicomisarios del fideicomiso. A partir de la aprobación otorgada por el banco para que una empresa sea sujeta a un proceso de rescate o reactivación empresarial, se suspenderá toda interposición de proceso de cobro judicial y administrativo, indistintamente del acreedor que lo gestione, debiendo todas las partes interesadas acudir al fideicomiso para formar parte del proceso de reestructuración de la empresa. Mientras dure el proceso de recuperación, ningún bien del patrimonio fideicomitido podrá ser embargado ni rematado, ni podrá someterse a la empresa o al fideicomiso a ningún proceso concursal. ### ARTÍCULO 13- Plazo del fideicomiso. El contrato de fideicomiso tendrá el plazo que se defina en el informe del estudio técnico y será por hasta un máximo de 5 años prorrogable hasta por 5 años adicionales. Cumplido el plazo establecido, los créditos vigentes volverán al balance de los bancos, pudiéndose establecer nuevas condiciones mejores a las originales y los activos volverán a propiedad de la empresa. En caso de que no se logre la recuperación de la empresa, una vez trasladado el patrimonio nuevamente a la entidad, el banco procederá a solicitar al juzgado concursal, la liquidación de los activos y pasivos remanentes, conforme a lo establecido en la legislación concursal. ### ARTÍCULO 14- Periodos de gracia. Los bancos podrán otorgar periodos de gracia completa de capital e intereses por un plazo máximo de hasta tres años sujeto al estudio técnico realizado. ### ARTÍCULO 15- Condonación parcial o total. Se autoriza a los bancos del Estado, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Ministerio de Hacienda, Caja Costarricense de Seguro Social y Fodesaf a condonar por una única vez, de manera parcial o total, intereses corrientes y moratorios de deudas de empresas en proceso de recuperación así determinadas por los estudios técnicos pertinentes y que hayan sido adquiridas para la operación de la empresa, de manera que se fortalezca el flujo de caja de la empresa en procura de su viabilidad. Se prohíbe la condonación parcial o total de empresas que en el pasado ha sido objeto de este tipo de beneficios. ### ARTÍCULO 16- Regulación prudencial. El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) debe emitir la regulación atinente a los aspectos jurídicos, contable -financieros y de orden operativo que permitan la entrada en operación de los mecanismos dispuestos en esta ley. Dicha regulación debe tomar en cuenta las características particulares que conlleva el rescate o reactivación de una empresa, además se guiará por los siguientes principios: 1- Reconocimiento de los diferentes modelos de negocio y crediticio de las distintas entidades supervisadas. 2- Reconocimiento de metodologías propias con base en buenas prácticas internacionales. 3- Reconocimiento y promoción de nuevas garantías, avales y seguros como mitigadores. 4- Reconocimiento de prestatarios en situación especial, en intervención administrativa, quiebra, o intervención judicial, así como de la posibilidad de suspensión o condonación de productos (intereses). 5- Flexibilización de institutos como operación especial en apego a la naturaleza y características del plan de inversión o tipo de prestatario. 6- Reconocimiento de diferentes esquemas y condiciones de financiamiento, así como la posibilidad de periodos de gracia para capital o intereses corrientes. ## CAPÍTULO II FONDOS DE INVERSIÓN ### ARTÍCULO 17- Fondo Inmobiliario para Salvamento de Hipotecas. Las sociedades de fondos inversión podrán constituir fondos inmobiliarios para el salvamento de hipotecas, que invertirán mayoritariamente en la compra de propiedades hipotecadas por los bancos acreedores, las cuales cumplen la función de vivienda de los deudores y cuyo crédito se encuentre en cobro administrativo. El fondo de inversión comprará los inmuebles por el valor facial del crédito, suscribiendo con el propietario anterior un contrato de alquiler con opción de compra, estableciendo un plazo razonable para que este recupere su capacidad de pago , en caso de que en el plazo establecido el propietario decida hacer efectiva la opción de compra, el fondo venderá nuevamente inmueble al propietario anterior, sin que pueda cobrar más de un 5% adicional al precio al que adquirió el inmueble, en caso de que la venta sea al propietario anterior. En ese caso, el acreedor original financiará nuevamente la compra de inmueble, sin que la operación original afecte el récord crediticio del deudor ante Sugef. El propietario anterior queda facultado para hacer la operación de crédito de igual forma con otro banco si las condiciones de financiamiento fueran mejores. En caso de que el propietario anterior no logre la capacidad de ser sujeto de crédito nuevamente, el Fondo Inmobiliario podrá vender libremente el inmueble a otro comprador al precio de mercado. El Banco Hipotecario de la Vivienda y las operadoras de fondos de pensión podrán invertir en estos fondos de inversión. Estos fondos se rigen adicionalmente por la reglamentación que al efecto emita el Consejo Nacional de supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y los acuerdos de la Superintendencia General de Valores. ### ARTÍCULO 18- Fondo de Inversión para Capitalización de Empresas. Estos fondos de inversión tienen por objeto invertir en el capital de empresas para su rescate o aceleración, de conformidad con lo establecido en el prospecto y en la normativa especial que los regula. ## CAPÍTULO III DE LAS GARANTÍAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS ### ARTÍCULO 19- Fondo de Sostenibilidad para la Recuperación. Se crea el Fondo de Sostenibilidad para la Recuperación. Dicho fondo de carácter acumulativo tendrá como propósito apoyar a los pequeños productores agropecuarios que se encuentren en proceso de recuperación, siempre y cuando existan recursos disponibles. Este Fondo estará conformado por el 1% de los montos que se recauden por impuestos a los combustibles de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, N.º 8114. El Fondo estará constituido como un fideicomiso administrado por el Banco Nacional de Costa Rica en calidad de fiduciario, y será destinado a coadyuvar en la atención de las obligaciones bancarias de las empresas indicadas. El funcionamiento de este fondo se definirá mediante el reglamento a la presente ley. ### ARTÍCULO 20- Garantías y Fondo de Contragarantías. Las micro y pequeña empresa y los pequeños productores agropecuarios, cuyo requerimiento de financiamiento global, con el Sistema Financiero Nacional y el Sistema de Banca para el Desarrollo, no exceda de cuarenta salarios base establecidos en la Ley N.º 7337, y su respectiva actualización, no deberán otorgar la finca u otras hipotecas como garantía real para la obtención de un crédito con los bancos del Estado ni el BPDC, siempre y cuando se cuente con las garantías que se describen en el presente artículo. Como mitigador de riesgo, los bancos de Estado y el Banco Popular, recibirán de las micro y pequeña empresa y los pequeños productores agropecuarios garantías mobiliarias, las cuales deberán inscribirse en el Registro de Garantías Mobiliarias y deberán estar respaldadas, según corresponda, por un seguro agrícola o de otra índole. Al amparo de lo dispuesto en La Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, N.º 8634, y sus reformas, el Ministerio de Economía Industria y Comercio constituirá un Fondo de Contragarantías con el Fonade para cubrir las primeras pérdidas, para su financiación, el Instituto de Desarrollo Agrario (Inder) transferirá anualmente el 10% de los montos que recibe por impuestos sobre bebidas alcohólicas nacionales y extranjeras, asimismo el Fondo de Sostenibilidad para la Recuperación trasladará 0,25% de los montos trasladados por impuestos a los combustibles de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, N.º 8114. El Fondo de Avales del Fonade, Fodemipye y Fideimas, complementarán la garantía que sea necesaria para avalar las carteras, en las modalidades que técnicamente disponga el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, siempre y cuando exista disponibilidad de recursos. El Fondo se utilizará para cubrir las obligaciones de los micro y pequeños empresarios, así como de los pequeños productores que no hayan podido honrar, luego de ser aplicadas las garantías mobiliarias y los seguros de sus operaciones, durante el período y en las condiciones que se establecerán vía reglamento, y que con la aplicación de la garantía puede ponerse al día. Al aplicar este Fondo, el banco notificará al IMAS para que otorgue al empresario beneficiario de esta disposición una ayuda por el plazo de 3 meses, correspondiente a un salario base por mes, siempre y cuando cuente con los recursos para poder suministrar la ayuda. ## CAPÍTULO IV DE LA CREACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ### ARTÍCULO 21- Simplificación de trámites. El Ministerio de Economía Industria y Comercio en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología diseñarán e implementarán una ventanilla digital única para trámites que incluya las gestiones de todo el sector público costarricense. Todas las instituciones públicas, centralizadas y descentralizadas, así como municipalidades deberán estandarizar y simplificar los trámites, cada requisito debe obedecer a la satisfacción de una necesidad puntual e ineludible para la gestión del servicio público y debe ser proveído digitalmente y en línea por la institución pertinente. Los documentos que no formen parte de las bases de datos de las instituciones serán cargados digitalmente en la plataforma que conformará un expediente digital único, el cual se actualizará cada vez que el administrado realice una gestión en cualquiera de las instituciones públicas del país. Las resoluciones serán en línea, todas aquellas gestiones de trámites recurrentes y estandarizados deberán ser aprobadas por la plataforma en línea ante el cumplimiento de requisitos. Las gestiones que requieran autorizaciones de funcionarios deberán realizarse en un plazo máximo de 24 horas. Las municipalidades emitirán una “patente temporal de funcionamiento” para la pronta apertura de un comercio, por medio de un procedimiento y requisitos simplificados a fin de emitir el mismo de forma inmediata. Brindará un plazo máximo de hasta tres meses para gestionar la Patente de Funcionamiento permanente. ### ARTÍCULO 22- Incentivos para la formalidad. Las nuevas empresas que se constituyan al amparo de esta ley contarán con los siguientes beneficios fiscales: a) Durante el primer año de funcionamiento estará exento del pago de tributos y cargas sociales. b) A partir del segundo año de funcionamiento pagará el 10% del monto que corresponda a cargas sociales. No deberá pagar otros impuestos. c) A partir del tercer año de funcionamiento pagará el 25% del monto que corresponda a cargas sociales y una tarifa del 10% del impuesto sobre la renta. d) A partir del cuarto año de funcionamiento pagará el 25% del monto que corresponda a cargas sociales y una tarifa del 10% del impuesto sobre la renta. e) A partir del quinto año de funcionamiento pagará el 100% de las cargas sociales y los impuestos que le correspondan. ### ARTÍCULO 23- Crédito empresarial y productivo. Los bancos del Estado y el Banco Popular y de Desarrollo deberán constituir una oferta financiera dirigida a financiar todas las actividades empresariales de los sectores: agrícola, industrial, comercial y de servicios, debiendo otorgar anualmente a estos sectores productivos, al menos el 50% del crédito total colocado. Las carteras de crédito que se constituyan, a partir de la entrada en vigor de esta ley, destinadas a financiar todas las actividades empresariales de los sectores: agrícola, industrial, comercial y de servicios, estarán exentas en un 50% de la obligación de encaje mínimo legal. ### ARTÍCULO 24- Equilibrio financiero ante cierre de actividades empresariales. Cuando el Estado en el ámbito de sus competencias ordene el cierre de actividades económicas, las instituciones públicas no podrán cobrar los servicios públicos durante el periodo de cierre y no podrá trasladar estos costos en la facturación futura. ## TÍTULO VI DISPOSICIONES FINALES ## CAPÍTULO I REFORMA DE OTRAS LEYES ### ARTÍCULO 25- Refórmese el párrafo primero del artículo 18 y deróguese el párrafo segundo “Otorgamiento de Avales y Garantías” de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, N.º 8634. En adelante el párrafo primero se leerá de la siguiente manera: ### Artículo 18- Otorgamiento de avales y garantías Para el otorgamiento de avales y garantías se podrán garantizar operaciones financieras en todos los integrantes financieros del SBD, en condiciones y proporciones favorables al adecuado desarrollo de sus actividades y estas operaciones financieras respondan a los objetivos de la presente ley. El monto máximo por garantizar, cuando se trate de avales individuales, en cada operación será hasta por el setenta y cinco por ciento (75%) de esta. En caso de que se presenten desastres naturales, siempre y cuando se acompañen con la declaratoria de emergencia del gobierno, o por disposición del Consejo Rector, por una única vez, el monto máximo a garantizar por operación será hasta el noventa por ciento (90%) para las nuevas operaciones de crédito productivo que tramiten los afectados. La micro y pequeña empresa y los pequeños productores agropecuarios, cuyo requerimiento de financiamiento global, con el Sistema Financiero Nacional y el Sistema de Banca para el Desarrollo, no exceda de cuarenta salarios base establecidos en la Ley N.º 7337, y su respectiva actualización, no deberán otorgar la finca como garantía real para la obtención de un crédito con los bancos del Estado ni el BPDC. Como mitigador de riesgo, los bancos de Estado y el Banco Popular recibirán garantías mobiliarias, las cuales deberán inscribirse en el Registro de Garantías Mobiliarias y deberán estar respaldadas, según corresponda, por un seguro agrícola o de otra índole. ### ARTÍCULO 26- Refórmese el artículo 5 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias N.º 8114. En adelante el párrafo primero se leerá de la siguiente manera: ### Artículo 5- Destino de los recursos. Del producto anual de los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto único sobre los combustibles, un veintiuno como veinticinco por ciento (21,25%) se destinará a favor del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi); un veintidós como veinticinco por ciento (22,25%), un tres por ciento (3%), exclusivamente al pago de servicios ambientales, a favor del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo); un cero coma uno por ciento (0,1%), al pago de beneficios ambientales agropecuarios, a favor del Ministerio de Agricultura y Ganadería para el financiamiento de los sistemas de producción agropecuaria orgánica, un uno por ciento (1%) para el Fondo de Sostenibilidad para la Recuperación de las Micro y Pequeña Empresa y Pequeños Productores Agropecuarios que se encuentren en proceso de recuperación, un uno por ciento (1%) a garantizar la máxima eficiencia de la inversión pública de reconstrucción y conservación óptima de la red vial costarricense, a favor de la Universidad de Costa Rica. Esta suma será girada directamente por la Tesorería Nacional a la Universidad de Costa Rica, que la administrará bajo la modalidad presupuestaria de fondos restringidos vigente en esa entidad universitaria, mediante su Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), el cual velará por que estos recursos se apliquen para garantizar la calidad de la red vial costarricense, de conformidad con el artículo 6 de la presente ley. En virtud del destino específico que obligatoriamente se establece en esta ley para los recursos destinados al Lanamme, se establece que tales fondos no afectarán, de ninguna manera, a la Universidad de Costa Rica, en lo que concierne a la distribución de las rentas que integran el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior, según las normas consagradas en el artículo 85 de la Constitución Política. El destino de este cuarenta y ocho coma seis por ciento (48,6%) tiene carácter específico y obligatorio para el Ministerio de Hacienda, el cual, por intermedio de la Tesorería Nacional, se lo girará directamente a cada una de las instituciones antes citadas. (…). ### ARTÍCULO 27- Refórmense los artículos 85 y 100 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, adicionándose un párrafo final al primer artículo y modificando el párrafo tercero del segundo como se indica: ### Artículo 85- Formas de inversión. (…) La Superintendencia también reglamentará todo lo relacionado con los fondos de inversión para capitalización de empresas. ### Artículo 100- Tributos y exoneraciones Los rendimientos que reciban los fondos de inversión provenientes de la adquisición de títulos valores, que ya estén sujetos al impuesto único sobre intereses referido en el inciso c) del artículo 23 de la Ley N.º 7092, de 21 de abril de 1988, o que estén exentos de dicho impuesto, estarán exceptuados de cualquier otro tributo distinto del impuesto sobre la renta disponible, previsto en la misma ley citada. Los rendimientos percibidos por los fondos de inversión provenientes de títulos valores u otros activos que adquieran y que no estén sujetos al impuesto único sobre intereses arriba citado, quedarán sujetos a un impuesto único y definitivo, con una tarifa del cinco por ciento (5%). La base imponible será el monto total de la renta o los rendimientos acreditados, compensados, percibidos o puestos a disposición del fondo de inversión. Las ganancias de capital generadas por la enajenación, por cualquier título de activos del fondo, estarán sujetas a un impuesto único y definitivo con una tarifa del cinco por ciento (5%). La base imponible será la diferencia entre el valor de enajenación y el valor registrado en la contabilidad a la fecha de dicha transacción. Los Fondos Inmobiliario para Salvamento de Hipotecas están exentos de dicho tributo. (…). ### TRANSITORIO I- Los bancos tendrán un plazo de 9 meses, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, para implementar el área especializada en el rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas en situación de vulnerabilidad. ### TRANSITORIO II- El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) dispondrá de 6 meses plazo, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, para emitir la regulación requerida conforme el artículo 14. ### TRANSITORIO III- El Poder Ejecutivo emitirá en un plazo no mayor de seis meses un Decreto Ejecutivo que reglamente la presente ley y permita la coordinación de la red de apoyo al ecosistema empresarial con servicios de acompañamiento en atención de los fines de la presente ley y determine los requisitos de las organizaciones conforme el inciso 7) del artículo 5 de la presente ley. Rige a partir de su publicación. Erwen Yanan Masís Castro María Vita Monge Granados Welmer Ramos González Óscar Mauricio Cascante Cascante Jorge Luis Fonseca Fonseca Diputados y diputada 24 de agosto de 2020. NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos. Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios. Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/22128). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.