Archivado el plan que subía la pena por femicidio a 50 años

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY PARA REFORMAR LA LEY DE PENALIZACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NUMERO 8589, REFORMA AL ARTICULO 21 FEMICIDIO.

FLORIA MARÍA SEGREDA SAGOT Y VARIAS SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS

EXPEDIENTE N° 22.140

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

NOTA: A solicitud de la proponente, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY PARA REFORMAR LA LEY DE PENALIZACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NUMERO 8589, REFORMA AL ARTICULO 21 FEMICIDIO.

Expediente N° 22.140

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El feminicidio es un crimen de odio, entendido como el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. El concepto define un acto de máxima gravedad, en un contexto cultural e institucional de discriminación y género, que suele ser acompañado por un conjunto de acciones de extrema violencia y contenido deshumanizante, como torturas, mutilaciones, quemaduras, ensañamiento y violencia sexual, contra las mujeres y niñas víctimas de este en nuestro país esto es el pan nuestro de cada día ya que a pesar de la dura realidad que se está viviendo por el covid-19, en el que día con día vemos en las noticias mujeres asesinadas cruelmente que son identificadas única mente por unos huesos encontrados algunas que ni si quiera aparecen y otras que son acribilladas a balazos dejando familias totalmente destrozadas e hijos sin madre.

El concepto de femicidio , Diana Russell, promotora inicial del concepto, lo definió como «el asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres, según ella el femicidio representa de acuerdo a Russell, el feminicidio representa el extremo de un continuum de terror antifemenino que incluye una amplia variedad de abusos verbales como físicos, tales como violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente por prostitución), abuso sexual infantil incestuoso o extrafamiliar, golpizas físicas y emocionales

La definición más común de feminicidio es aquella que lo conceptualiza como el asesinato de una mujer por razones de género (Russell, 2008) siendo que en la actualidad cada 10 minutos es asesinada una mujer por motivos de género.

Entre los tipos de feminicidio: se distingue el feminicidio íntimo y feminicidio no íntimo.

Para la modificación de la ley que nos ocupa y que pretende penas más drásticas para el asesinato de las mujeres, se aclara que el homicidio consiste en matar a una persona incurriendo en ciertas circunstancias específicas, dependientes del legislador, tales como la alevosía, el precio, la recompensa, la promesa, el ensañamiento o la premeditación, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido, es también llamado asesinato. Es un tipo de homicidio calificado. Se considera asesinato cuando una persona causa la muerte de otra y lo lleva a cabo con alguno de los tres supuestos (o los tres juntos) de ‘alevosía’ (se realiza a traición y/o cuando se sabe que la víctima no va a poder defenderse), ‘ensañamiento’ (aumentando deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima).

En el asesinato sinónimo de femicidio existe una mayor intensidad del propósito criminal que en el homicidio, habiendo siempre un sujeto y por los medios perjudiciales utilizados de un modo especial o por la inconfundible malicia y peligrosidad que se revela, y los planes y estrategias para lograr consumar posteriormente los asesinatos de las mujeres.

El proyecto objeto de la presente modificación del art 21 de la ley de penalización de la violencia contra las mujeres ,pretende modificar a través de una sanción más drástica frente a la comisión de los ilícitos penales en ellos contenidos, con el fin de proteger -de acuerdo con la exposición de motivos del proyecto- aún más los intereses de las personas más vulnerables de la sociedad las mujeres, mujeres embarazadas, mujeres incapaces, enfermas o ancianas-, cuando sean víctimas de femicidio , esto por cuanto en la actualidad al art 21 no ha hecho ninguna meya en los infractores y se necesita un apena más dura para este tipo de delincuencia.

En virtud de que el grueso de la reforma que se plantea se refiere al aumento de la pena, consideramos oportuno revisar los razonamientos doctrinarios, la jurisprudencia de la Sala Constitucional y los criterios de la Procuraduría General de la República, referentes a las penas y al aumento de éstas y sus implicaciones con la disminución de la criminalidad.

A. Criterios doctrinarios sobre el aumento de penas.

Doctrinariamente, se ha indicado que Costa Rica se ha caracterizado por su tradición civilista y por una política criminal poco definida. En el tema de la prisión preventiva, por ejemplo, se ha pretendido restringir el uso de la misma según lo recomienda el Código Penal tipo para América Latina, aunque paradójicamente a partir de 1994, se han aprobado reformas parciales al Código Penal, como la que aumentó el límite máximo de la pena de prisión de 25 a 50 años, y las reformas que aumentaron las penas de algunos delitos como el homicidio y los delitos sexuales.

B. Criterios jurisprudencial relacionado con la pena.

La creación de los tipos penales y sus respectivas sanciones, constituyen una decisión de política criminal (arts. 9 y 121 de la Constitución Política), esta labor le corresponde en forma exclusiva al Poder Legislativo, como respuesta ante la criminalidad de la sociedad y con el fin de proteger los bienes jurídicos que se podrían afectar con las conductas dañinas. En este sentido se ha pronunciado la Sala Constitucional como se describe a continuación:

“… resulta imposible para los Tribunales de Justicia el cuestionamiento de la pena a imponer o el imponer pena distinta de la fijada en el tipo penal, dado que es la ley la que determina la misma en cada tipo, tanto en lo que respecta a su modalidad (pena privativa de libertad, extrañamiento, multa y la inhabilitación), como lo relativo a su monto, en tanto fija un mínimo y un máximo, dependiendo de las circunstancias en cómo se realizó el delito. En este sentido, debe agregarse que es esta materia de política criminal, en la que el legislador tiene amplias potestades para establecer los parámetros que considere que cumplen con el propósito que justicia su existencia. En todo caso, la Sala advierte que la fijación de los montos de las penas no puede ser arbitraria ni antojadiza, como se indicó anteriormente, y todo depende de la ponderación que el legislador hace de una serie de valores supra legales en los que se debe reflejar ciertos principios y valores supremos, como el de razonabilidad constitucional…" (Sala Constitucional, Voto N° 10543-01, de las catorce horas y cincuenta y seis minutos del diecisiete de octubre del dos mil uno). Dentro de esta facultad del legislador, existen límites impuestos tanto por la Constitución Política como por el derecho internacional, como es el principio de legalidad en materia penal (arts. 28 y 39 Constitucionales y 11 de la Ley General de Administración Pública), que establece que la ley es la única fuente creadora de la sanción o pena.

Al respecto la Sala Constitucional ha indicado:

“IV.- El artículo 39 de la Carta Magna consagra además del debido proceso, el principio de legalidad, cuya ausencia o violación comportan una transgresión del orden constitucional. El principio de legalidad en materia penal sustancial (de fondo) se manifiesta fundamentalmente en la reserva de ley, que determina la exigencia de definición previa y clara de las acciones que constituyen delito, con el objeto de salvaguardar la seguridad jurídica de las personas -fin propio del derecho-. En el campo del derecho penal este principio se relaciona directamente con la tipicidad, que es garantía de cumplimiento de una serie de exigencias en relación con la determinación de las conductas que van a ser prohibidas por el ordenamiento, lo que constituye presupuesto de legitimación de la actividad represiva del Estado (ver Considerando II de la sentencia N (3625-93 de las 15:21 horas del 28 de julio de 1993). En cuanto a los requerimientos que deben reunir los tipos penales para cumplir lo dispuesto en el artículo 39 Constitucional a fin de individualizar las conductas prohibidas, la Sala ha señalado: "I.- El artículo 39 de la Constitución Política recepta el principio de reserva de ley mediante el cual todos los actos gravosos para los ciudadanos, provenientes de autoridades, deben estar acordados en una ley formal. Dicho principio adquiere marcada importancia en materia penal, pues tratándose de delitos y penas la ley es la única fuente creadora. En esta materia es de común aceptación el contenido del aforismo latino "nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege…" (Sala Constitucional, Voto N° 3903-94, de las quince horas cincuenta y un minutos del tres de agosto de mil novecientos noventa y cuatro).

Debido a lo que antecede y con base en el principio de reserva de ley, la ley formal aprobada por los procedimientos ordinarios será la única que podrá imponer límites a los derechos y libertades del ser humano:

• En primer lugar, el principio mismo de "reserva de ley", del cual resulta que solamente mediante ley formal, emanada del poder legislativo por el procedimiento previsto en la Constitución para la emisión de las leyes, es posible regular y, en su caso restringir derechos y libertades fundamentales -todo, por supuesto, en la medida en que la naturaleza y el régimen de éstos lo permita, y dentro de las limitaciones constitucionales aplicables..." (Sala Constitucional, Voto N° 3550-92 de las dieciséis horas del veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos).

En relación con la determinación de los montos de las penas y aumento de los máximos y mínimos, la Sala Constitucional ha determinado que no es competente para su cuestionamiento, ya que es un asunto exclusivo de política criminal que corresponde al Poder Legislativo…”

C) Opiniones Jurídicas de la Procuraduría referentes al tema del aumento de penas.

En la Opinión Jurídica OJ-097-2002 se hizo referencia al aumento de penas como mecanismo de intimidación y se indicó:

“… En lo que atañe al aumento de las penas previstas para los tres delitos de comentario, dicha posibilidad cae en el pleno ejercicio de la política criminal, como resorte exclusivo de la función legislativa. En esa inteligencia, el endurecimiento de las penas sólo tendría que superar los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad para ser aceptada dentro del plexo constitucional.

En este sentido es importante analizar la necesidad del aumento de pena propuesto, dado que el poder punitivo del Estado únicamente se justifica en la medida en que sea indispensable como la única respuesta posible -ultima ratio- para mantener el orden social.

Ello nos conduce a plantear la discusión sobre la idoneidad de la medida pretendida por el proyecto, como mecanismo que procura intimidar a quienes tengan la intención de cometer las conductas delictivas descritas en el proyecto…Finalmente nos referimos a la proporcionalidad de la pena, que obliga a que se pondere la gravedad de la conducta,(…) En este sentido, se afirma que "no puede aplicarse una pena superior a la que merezca la gravedad de la conducta ni a la que sea necesaria para la obtención de la tutela del bien jurídico".(…) En cuanto al aumento de penas, también es importante agregar, que si bien es cierto el incremento en las sanciones penales es una decisión de política criminal, la doctrina ha sostenido que esa medida no disminuye el índice de criminalidad, lo que debe ser tomado en cuenta…”

Cuadro Comparativo de la modificación que se realiza

ARTÍCULO 21.- Femicidio

Se le impondrá pena de prisión de veinte a treinta y cinco años a quien dé muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no. Propuesta de modificación:

artículo 21: Se entiende como femicidio el delito de homicidio calificado, se impondrá una pena de veinte a cincuenta años de prisión a quien de muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, en unió de hecho declarada o no, noviazgo, amigos.

Para la aplicación de la pena, se tendrá que valorar forma en que se cometió el homicidio.

Como se ve, en el artículo 21 propuesto, la conducta según la forma en que se comete el homicidio sufriría un aumento del máximo de la sanción 15 años de prisión.

En el artículo 21 propuesto, además del aumento del monto de la pena, se crean nuevas causas de agravación, tomando en cuenta para la aplicación de la pena, la forma que se utilizó para dar muerte a la mujer ofendida.

La aclaración de cómo se dieron los hechos para la aplicación de la pena es novedoso, no estaba incluido en el artículo vigente.

Al respecto, es claro que el aumento máximo propuesto se encuentra dentro de los límites legales de la pena máxima de 50 años de prisión, que se establece en el artículo 51 del Código Penal y se encuentra acorde con los parámetros que rigen para el concurso material de delitos, según el artículo 76 de ese mismo Código.

Así las cosas, de manera general, hemos de manifestar que si bien lo cierto es que el legislador en el proyecto se pretende mayor severidad en la reacción estatal frente a la comisión del delito de privación de libertad sin ánimo de lucro, los cuales se deben ponderar la proporcionalidad y racionalidad de las penas a imponer, de acuerdo con la doctrina y jurisprudencia constitucional señalada supra.

De acuerdo con lo expuesto, el proyecto de ley propuesto, la determinación de la sanción penal es una cuestión de política criminal que corresponde definir al legislador dentro de los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad.

A pesar de que en Costa Rica existen pocas investigaciones sistemáticas sobre el tema, las estadísticas disponibles reafirman los datos anteriormente presentados. En el año 2000 la Línea "Rompamos el Silencio" del Instituto Nacional de las Mujeres recibió 12.183 llamadas, de las cuales, el 94 por ciento fueron para solicitar apoyo para mujeres afectadas por la violencia. Por otra parte, según datos del Departamento de Planificación del Poder Judicial, en 1999 se recibieron 26,437 solicitudes de medidas de protección por violencia doméstica, 26 por ciento más que las registradas en 1998. En el país, las provincias de San José y Alajuela son las que reportan más denuncias. Asimismo, en el transcurso del año, la Delegación de la Mujer atendió 5,188 casos.

En un estudio realizado por el Programa "Mujer No Estás Sola" de CEFEMINA, con base en cinco mil mujeres que han acudido a sus grupos de apoyo, se comprobó que la gravedad de la agresión recibida frecuentemente las pone en riesgo mortal. Un 15 por ciento de estas mujeres han sido atacadas o amenazadas con armas de fuego, un 31 por ciento con armas blancas; un 24 por ciento han sido atacadas con vidrios o han sufrido quemaduras o daños con otro tipo de instrumentos. Como puede apreciarse, el riesgo de muerte es parte de la vivencia cotidiana de estas mujeres. De hecho, un 58 por ciento manifestó haberse sentido alguna vez en peligro de morir a manos del agresor, a la vez que un 47 por ciento ha sentido deseos o intentado suicidarse como resultado de la violencia ejercida contra ellas. Finalmente, el 48 por ciento de estas mujeres ha tenido que dejar alguna vez la casa por miedo de morir (Carcedo, 1994).

Si personas de cualquier otro grupo social fueran tan sistemáticamente violentadas, amenazadas y hasta asesinadas, por su sola pertenencia a ese determinado grupo, el hecho se denunciaría públicamente como una violación brutal de sus derechos humanos y de su integridad. Sin embargo, en el caso de las mujeres, hasta hace muy poco las muertes han sido presentadas como casos aislados en las páginas de sucesos de los periódicos. Si bien la conciencia social sobre la gravedad del problema ha aumentado, y se han iniciado acciones destinadas que se han prevenido y confrontado, solo en el año 2000, al menos 23 mujeres murieron en Costa Rica debido a la violencia doméstica y la violencia sexual.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

REFORMAR DE LA LEY DE PENALIZACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NUMERO 8589, REFORMA AL ARTICULO 21 FEMICIDIO.

ARTICULO 1- PARA QUE SE MODIFIQUE EL ARTICUALO 21 DE LA LEY 8589 Y SE LEA EN ADELANTE:

Artículo 21- Se entenderá como femicidio el delito como homicidio calificado, se impondrá una pena de veinte a cincuenta años de prisión a quien de muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no, noviazgo, amigos, para la aplicación de la pena, se tendrá que valorar la forma en que se cometió el homicidio.

Rige a partir de su publicación

Floria María Segreda Sagot Melvin Ángeñ Núñez Piña

Eduardo Newton Cruickshank Smith Carlos Luis Avendaño Calvo

Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández Mileidy Alvarado Arias

Diputadas y diputados

20 de agosto de 2020

NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de la Mujer.

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.