# Expediente 22157: Proyecto de pensión para unión de hecho ya es la Ley 10228 - Página: https://elcenso.com/leyes/22157 - Tipo: Proyecto de ley (expediente legislativo) - Título oficial: INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DEL ARTÍCULO 245 DEL CÓDIGO DE FAMILIA, LEY N° 5476 DE 21 DE DICIEMBRE DE 1973 Y DE LA LEY N° 7532 DE 8 DE AGOSTO DE 1995 - Publicada: 2020-09-08 - La Gaceta: 225 - Fuente oficial: https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx ## En resumen La Ley 10228 permite probar la unión de hecho directamente en el juzgado de pensiones alimentarias y en el sucesorio, sin un juicio previo de familia. ## A quién le toca - Personas que viven en unión de hecho y cobran pensión alimentaria - Personas cuya pareja falleció sin testamento y reclaman herencia - Mujeres que asumen trabajo doméstico no remunerado y dependen de la pensión ## A quién beneficia - Ya no hay que tramitar dos juicios para cobrar pensión alimentaria - La unión de hecho se prueba en el mismo juzgado de pensiones - La herencia se reclama en el mismo proceso sucesorio ## Qué cambia - Menos tiempo y gastos en honorarios de abogados y albaceas - El acceso a la justicia depende de probar la unión de hecho en un solo proceso - La ley rige desde su publicación el 5 de mayo de 2022 ## Explicación El proyecto que interpretaba el artículo 245 del Código de Familia ya no está en trámite: se convirtió en la Ley 10228, publicada el 5 de mayo de 2022 [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=97079¶m2=130572¶m3=1). ### Qué propone La Ley 10228 ordena que la unión de hecho se pruebe en el mismo juzgado donde se cobra la pensión alimentaria [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=97079¶m2=130572¶m3=1). Antes había que ir primero a un Juzgado de Familia a que reconociera la unión y después al de Pensiones ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El artículo 1 de la ley dice que la constatación "debe realizarse directamente en el respectivo juzgado de pensiones alimentarias, sin necesidad de tramitar previamente otro proceso". El artículo 2 hace lo mismo para los derechos sucesorios [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=97079¶m2=130572¶m3=1). La unión de hecho se prueba en el mismo proceso sucesorio, sin juicio previo de familia ([art. 2](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). La ley aclara que la Ley 7532 "no modificó la jurisdicción competente para constatar la existencia de la unión de hecho" para efectos de la herencia. El texto original del proyecto, presentado por el diputado José María Villalta Florez-Estrada, decía lo mismo en sus artículos 1 y 2 ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)) ([art. 2](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). La diferencia está en el artículo 2: el proyecto hablaba de "retomar el espíritu original" de los legisladores de 1995. La ley aprobada lo redactó como una aclaración de que la Ley 7532 no cambió la jurisdicción competente [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=97079¶m2=130572¶m3=1). El artículo 245 del Código de Familia define la unión de hecho como "pública. notoria, única y estable, por más de dos años, entre dos personas que posean aptitud legal para contraer matrimonio" [\[3\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=970¶m2=145496¶m3=1). Esa unión "surtirá todos los efectos patrimoniales propios del matrimonio formalizado legalmente". ### En qué va el trámite El expediente 22157 se archivó y su contenido se convirtió en la Ley 10228, vigente desde el 5 de mayo de 2022 [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=97079¶m2=130572¶m3=1). El trámite legislativo del proyecto terminó: la ficha registra recepción en la Secretaría del Directorio el 17 de marzo de 2022 [\[2\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). El proyecto tenía plazo cuatrienal hasta el 19 de agosto de 2024 [\[2\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). No hizo falta esperar: la ley se publicó antes [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=97079¶m2=130572¶m3=1). ### Lo que se dijo en la Asamblea La grabación V1 resume el contenido de la ley sin identificar a un orador con nombre ([video, 00:00:09](https://www.youtube.com/watch?v=ZlMW564CQMk&t=9s)). Dice que los diputados establecieron que la unión de hecho "debe realizarse en el juzgado de pensiones alimentarias sin necesidad de un proceso previo en el juzgado de familia" ([video, 00:00:21](https://www.youtube.com/watch?v=ZlMW564CQMk&t=21s)). La grabación V2 registra el primer debate del expediente 22157 el 18 de abril de 2022 ([video, 02:15:20](https://www.youtube.com/watch?v=4BcslHwsiXs&t=8120s)). El secretario anuncia la discusión del "expediente 22 mil 157" y de la "interpretación auténtica del artículo 245 del código de familia" ([video, 02:15:24](https://www.youtube.com/watch?v=4BcslHwsiXs&t=8124s)). La votación dio "40 votos a favor cero en contra" y quedó "aprobado en primer debate" ([video, 02:20:02](https://www.youtube.com/watch?v=4BcslHwsiXs&t=8402s)). En esa misma sesión, el diputado José María Villalta Florez-Estrada habló de otro tema: el presupuesto y la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social ([video, 01:06:49](https://www.youtube.com/watch?v=4BcslHwsiXs&t=4009s)). Dijo que la interpretación del Ministerio de Hacienda "es una interpretación equivocada que violenta la letra y el espíritu del artículo 177 y el artículo 73 de la constitución política" ([video, 01:07:36](https://www.youtube.com/watch?v=4BcslHwsiXs&t=4056s)). Esa intervención no trata sobre la unión de hecho. ### Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque directo entre la Ley 10228 y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier. La Constitución faculta a la Asamblea Legislativa para "dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica" ([Constitución, art. 121](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). La Ley 10228 es exactamente eso: una interpretación auténtica [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=97079¶m2=130572¶m3=1). El artículo 33 dice que "Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana" ([Constitución, art. 33](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto argumentaba que exigir dos juicios discriminaba por estado civil ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). La ley elimina ese doble trámite [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=97079¶m2=130572¶m3=1). El artículo 10 permite a la Sala Constitucional declarar la inconstitucionalidad de las normas ([Constitución, art. 10](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). Cualquier duda sobre la Ley 10228 tendría que resolverse ahí, no en este artículo. ### Qué puede hacer usted La ley ya está vigente, así que las herramientas de participación para cambiar su texto durante el trámite ya no aplican [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=97079¶m2=130572¶m3=1). Si usted vive en unión de hecho y necesita pensión alimentaria, puede pedirla directamente en el Juzgado de Pensiones Alimentarias [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=97079¶m2=130572¶m3=1). No tiene que ir primero a un Juzgado de Familia ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Si su compañero o compañera falleció sin testamento, puede reclamar la herencia en el mismo proceso sucesorio [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=97079¶m2=130572¶m3=1). Ahí mismo se prueba la unión de hecho ([art. 2](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Si cree que una norma viola sus derechos, puede presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional ([guía, p. 23](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=23)). El artículo 38 de la Ley de Jurisdicción Constitucional pide expresar "con la mayor claridad posible, el hecho o la omisión que lo motiva, el derecho que se considera violado o amenazado". También puede presentar una acción de inconstitucionalidad contra leyes que infrinjan la Constitución ([guía, p. 24](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=24)). El artículo 75 pide que exista "un asunto pendiente de resolver ante los tribunales". ### Lo que no sabemos El dossier no dice cuántas personas usaron el doble trámite antes de la ley. El dossier no incluye el texto completo del artículo 572 del Código Civil. El dossier no registra la votación en segundo debate del expediente 22157. El dossier no dice si la Sala Constitucional revisó la Ley 10228. ## Frente a la Constitución La Ley 10228 es una interpretación auténtica que la Constitución permite a la Asamblea. El Censo no encontró choque directo con los artículos del dossier. ## Qué puede hacer usted - Recurso de amparo: Exprese con claridad el hecho, el derecho violado, el nombre del órgano y las pruebas. No requiere autenticación. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=23) - Acción de inconstitucionalidad: Debe existir un asunto pendiente ante los tribunales, salvo intereses difusos. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=24) ## Fuentes 1. Ley 10228: Interpretación auténtica del artículo 245 de la Ley 5476 Código de Familia y la ley 7532, adición del título VII al código de familia para regular la unión de hecho (Vigente). SINALEVI, Procuraduría General de la República, 05/05/2022. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=97079¶m2=130572¶m3=1 2. Expediente 22157: INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DEL ARTÍCULO 245 DEL CÓDIGO DE FAMILIA, LEY N° 5476 DE 21 DE DICIEMBRE DE 1973 Y DE LA LEY N° 7532 DE 8 DE AGOSTO DE 1995. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa, 2020-09-08. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx 3. Ley 5476: Código de Familia (Vigente). SINALEVI, Procuraduría General de la República, 21/12/1973. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=970¶m2=145496¶m3=1 4. Realizan interpretación auténtica del Código de Familia. Asamblea Legislativa Costa Rica, 2022-04-19. https://www.youtube.com/watch?v=ZlMW564CQMk 5. Plenario Legislativo, sesión extraordinaria #69, lunes 18 de abril 2022. Asamblea Legislativa Costa Rica, 2022-04-19. https://www.youtube.com/watch?v=4BcslHwsiXs 6. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 7. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf ## Texto oficial completo ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DEL ARTÍCULO 245 DEL CÓDIGO DE FAMILIA, LEY N° 5476 DE 21 DE DICIEMBRE DE 1973 Y DE LA LEY N° 7532 DE 8 DE AGOSTO DE 1995. JOSÉ MARÍA VILLALTA FLÓREZ-ESTRADA DIPUTADO EXPEDIENTE N° 22.157 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES NOTA: A solicitud del proponente, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DEL ARTÍCULO 245 DEL CÓDIGO DE FAMILIA, LEY N° 5476 DE 21 DE DICIEMBRE DE 1973 Y DE LA LEY N° 7532 DE 8 DE AGOSTO DE 1995. Expediente N°22.157 ASAMBLEA LEGISLATIVA: El reconocimiento de efectos jurídicos a las uniones de hecho públicas, notorias, únicas y estables, constituidas por dos personas con aptitud para contraer matrimonio, constituyó un progreso significativo en la lucha constante por el reconocimiento y la protección, sin discriminación contraria a la dignidad humana, de los derechos humanos de todas las personas y de todos los tipos de familia que existen en nuestro país. En palabras de la Sala Constitucional “la unión de hecho es una opción de convivencia voluntaria diversa al matrimonio, a la que acuden muchas personas y con respecto a la cual no hay razón para ignorarla en el plano jurídico o negarle toda posibilidad de surtir efectos jurídicos válidos mediante regulaciones adecuadas” (Voto N° 2129-94). Este proceso de reconocimiento fue desarrollándose de forma paulatina y gradual, primero a través de pequeños cambios normativos y reglamentarios y decisiones jurisprudenciales, hasta que se consolidó con la promulgación de Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer (N° 7142 de 3 de marzo de 1990) y la Adición de un Título VII al Código de Familia denominado “De la Unión de Hecho” (Ley N° 7532 de 8 de agosto de 1995). Sin embargo, después de la aprobación de estas reformas, se han realizado diversas interpretaciones que han colocado a las personas que conviven en unión de hecho en una situación de desventaja al reclamar derechos como la pensión alimentaria para una de las personas convivientes o el reconocimiento de derechos sucesorios para la persona conviviente supérstite, en caso de fallecimiento de su compañero o compañera. Estas interpretaciones lesionan injustificadamente el derecho de acceso a la justicia de las personas que han formado una familia a través de la unión de hecho, afectando especialmente a quienes se encuentran en condición de pobreza o vulnerabilidad. De seguido analizaremos por separado ambos casos. 1.- Derecho a la pensión alimentaria. El artículo 245 adicionado al Código de Familia mediante la Ley N° 7532 reconoció el derecho de las personas que conviven o han convivido en unión de hecho a reclamarse alimentos entre si, como consecuencia de las obligaciones de cooperación y mutuo auxilio derivadas de estas uniones, de la misma manera que existe esta obligación entre quienes se encuentran unidos por un vínculo matrimonial. El derecho de alimentos puede reclamarse al finalizar la unión, cuando las personas convivientes se separan, o incluso mientras la unión subsiste, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Familia. Para reclamar este derecho es un requisito fundamental demostrar la existencia de la unión de hecho, que ésta sea reconocida por la autoridad jurisdiccional competente. Dice el artículo 245 anteriormente citado: “Artículo 245.- Después de reconocida la unión, los convivientes podrán solicitarse pensión alimenticia. Cuando la convivencia termine por un acto unilateral injustificado de uno de los convivientes, el otro podrá pedir para sí, una pensión alimenticia a cargo del primero, siempre que carezca de medios propios para subsistir.” Es innegable el avance en materia de igualdad y justicia social que esta norma conlleva. Si dos personas conviven en unión de hecho, han formado un hogar y hacen vida en común compartiendo las tareas y responsabilidades del hogar, como las labores domésticas y la crianza de los hijos e hijas es injustificable que una de las personas convivientes se desentienda de su obligación de alimentos, cuando su compañero o compañera carece de medios propios para subsistir. Cuando esta situación ocurre, usualmente son perjudicadas las mujeres que de forma predominante asumen el trabajo doméstico no remunerado y a menudo no pueden procurarse otra fuente de ingresos, no porque no quieran, sino porque dichas exigencias y limitaciones derivadas de ese trabajo no reconocido socialmente no se lo permiten. No obstante, en la práctica, se ha dificultado el acceso a la justicia para las personas convivientes en unión de hecho que se encuentran en situaciones como la descrita. El criterio que ha prevalecido en los juzgados de pensiones alimentarias de nuestro país es que, para que una persona conviviente en unión de hecho pueda reclamar su derecho al pago de una pensión alimentaria por parte de su compañero o compañera, primero debe tramitar el reconocimiento de dicha unión ante un Juzgado de Familia. Esto implica la tramitación de dos procesos judiciales. En primer lugar, el proceso de conocimiento ante el respectivo Juzgado de Familia para probar la existencia de la unión de hecho y que esta sea reconocida y, posteriormente, una vez declarado en firme dicho reconocimiento, el proceso ante el Juzgado de Pensiones Alimentarias para reclamar el derecho a alimentos. Evidentemente, este doble trámite dificulta en sobremanera el acceso a la justicia para las personas convenientes en unión de hecho que reclaman su derecho a los alimentos. En el mejor de los casos, la interposición del primer juicio implicará un atraso considerable en la satisfacción de la pretensión de alimentos, una posibilidad que no puede permitirse quien realmente los necesita. Pero en el peor escenario, y el más probable cuando se trata de personas de escasos recursos y mujeres jefas de hogar en condición de pobreza y vulnerabilidad, es la denegación total de este derecho. Esas personas que acuden a los juzgados de pensiones alimentarias sin contar con patrocinio letrado y con escaso conocimiento de la legislación difícilmente pueden esperar a cumplir con la engorrosa e innecesaria duplicidad de procesos judiciales. Sobre esta problemática y la afectación que conlleva para los derechos fundamentales de las personas más vulnerables, nos advierte el Juez de Familia, Mauricio Chacón Jiménez: “Es amplia la opinión que considera que para poder gestionar el cobro de alimentos en una relación de convivencia, se tiene que acudir primero ante el Juez o la Jueza de Familia, para que, por medio de un proceso abreviado, se reconozca judicialmente la unión de hecho. Solo después de estar reconocida en esta sede la unión de hecho, sería procedente acudir ante el Juez o la Jueza de Pensiones Alimentarias para poder gestionar los alimentos. Lo grave es que una gestión en este sentido no solo tardará mucho tiempo en ser resuelta, sino que se podría apostar a que no se acudiría a ella sino en los casos en que la relación de convivencia ya ha terminado. Con esta forma de abordar el acceso a la justicia de las personas que están unidas en una relación de convivencia para reclamar el auxilio alimentario, es decir, para poder llegar a adquirir bienes o servicios de primera necesidad, dudo al máximo que estemos cumpliendo con nuestro deber de brindar una justicia pronta, cumplida y sin denegación.” (“Propuestas para la tutela judicial efectiva de los derechos alimentarios y sucesorios en la unión de hecho en Costa Rica”, I Congreso Centroamericano y del Caribe de Derecho de Familia, 2014. Revista de IUDEX, Número 2 , Año 2014) Del análisis de las actas del expediente legislativo que originó la adición del artículo 245 al Código de Familia (Ley N° 7532) no se desprende en ninguna parte que haya sido voluntad de la Asamblea Legislativa establecer este doble trámite jurisdiccional. Por el contrario, la motivación de esta reforma era el reconocimiento de derechos personales como la pensión alimentaria a las parejas que conviven en unión de hecho, sin discriminación. De hecho, al consultar con exlegisladores que tramitaron y aprobaron la Ley N° 7532 hemos podido constatar que su intención nunca fue impedir que la constatación de la existencia de la unión de hecho pueda hacerse en el mismo proceso donde se reclama la pensión alimentaria. Tampoco existe justificación objetiva y razonable para la interpretación que exige un doble trámite jurisdiccional para que las personas convivientes en unión de hecho puedan obtener la tutela de su derecho a los alimentos. En nuestro país otras instituciones admiten que la existencia de la unión de hecho sea probada en el mismo procedimiento donde se reclama el reconocimiento de un derecho derivado de esta unión, incluso en sede administrativa. Este es el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social, cuando una persona asegurada solicita el beneficio de aseguramiento familiar para su compañera o compañero. Lo mismo ocurre con el trámite de múltiples beneficios sociales como los subsidios de la vivienda. En todos estos casos, se debe demostrar la existencia del vínculo, pero no se exige a las personas solicitantes acudir previamente a un proceso judicial de conocimiento. Esta exigencia constituye un trato discriminatorio basado en el estado civil en el acceso a la justicia y a derechos sociales básicos como la alimentación, en perjuicio de las personas que conviven en unión de hecho, que contraviene instrumentos internacionales de derechos humanos que el Estado costarricense ha suscrito, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas. Según esta Convención, se considera discriminación contra las mujeres “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.” (Artículo 1) De ahí surge la necesidad de la presente iniciativa. A través de este proyecto de ley se pretende, en primer lugar, interpretar auténticamente el artículo 245 del Código de Familia, con el objetivo de precisar que, para efectos del derecho a la pensión alimentaria contemplado en dicho artículo, el reconocimiento de la unión de hecho debe realizarse en el mismo proceso ante el juzgado respectivo de pensiones alimentarias sin necesidad de interponer otro proceso con dicha finalidad en la jurisdicción de familia. 2.- Derechos sucesorios. Mediante la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, N° 7142, se adicionó un inciso al artículo 572 del Código Civil para reconocer el derecho a heredar de la compañera o el compañero que convivía en unión de hecho con una persona fallecida. Sin duda, esta reforma significó un paso sustantivo en materia de igualdad de derechos y justicia social para muchas familias constituidas mediante uniones de hecho. Antes de la misma, la persona conviviente supérstite podía perder todos sus derechos hereditarios y los bienes adquiridos con el esfuerzo común si estos bienes estaban inscritos a nombre de su compañero o compañera fallecida, salvo que él o ella hubieran realizado un testamento. Inicialmente, la constatación de la existencia de la unión de hecho en estos casos se realizaba en el mismo proceso sucesorio, lo que es lógico y razonable aplicando los principios de economía y celeridad procesal si se considera que dicha constatación en estos procesos se realiza únicamente para determinar si el compañero o compañera supérstite tiene o no la condición de heredera legítima y que los requisitos para el reconocimiento de la unión de hecho contenidos en el artículo 572 del Código Civil, son exactamente los mismos del numeral 242 del Código de Familia. Así las cosas, no tiene ningún sentido obligar a las personas usuarias a incoar un proceso de reconocimiento de la unión de hecho ante un Juzgado de Familia para después tener que interponer otro y acudir al juicio sucesorio, con los costos de tiempo y recursos económicos que conlleva entablar ambos procesos. Sin embargo, con posterioridad a la entrada en vigencia de Ley N° 7532 que adicionó el capítulo relativo a la unión de hecho al Código de Familia, los tribunales de justicia en las jurisdicciones civil y familiar han interpretado que el reconocimiento de la unión de hecho debe realizarse previamente en la jurisdicción de familia. (Ver, por ejemplo, Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 614-2014 de las 10:30 horas del 20 de junio de 2014) Esta interpretación trae consigo complicaciones importantes para las personas convivientes en unión de hecho que desean reclamar sus derechos hereditarios ante el fallecimiento de su compañero o compañera. Deben asumir dos procesos judiciales en dos jurisdicciones distintas, con los tiempos que cada uno de estos procesos conllevan y los gastos adicionales asociados, como el pago de los honorarios del albacea que, a menudo, debe nombrarse para que represente a la sucesión en el proceso de familia. Todo ello, a pesar de que, en estos casos, el único interés que tiene el reconocimiento de la unión de hecho es precisamente para efectos del proceso sucesorio. En este sentido, es importante destacar que la interpretación anteriormente descrita tampoco es conforme con la voluntad de las y los legisladores que aprobaron la Ley N° 7532 para incorporar la regulación de la unión de hecho en el Código de Familia. Por el contrario, dicho cuerpo normativo incluyó un artículo 246 que expresamente disponía que, para efectos del reclamo de derechos hereditarias de personas convivientes supérstites, el reconocimiento de la unión de hecho se realizaría “dentro del juicio sucesorio correspondiente”. Este artículo 246 reconocía derechos patrimoniales a las uniones de hecho en las que, una de las personas convivientes se encontraba impedida para contraer matrimonio por existir un vínculo anterior. Por este motivo, fue anulado por la Sala Constitucional que, en una decisión dividida y bastante discutible, estimó que era contrario a la protección constitucional del matrimonio (Voto N° 3858-99 de 25 de mayo de 1999). Sin embargo, la vía prevista por las y los legisladores que aprobaron la Ley N° 7532 para el reconocimiento de las uniones de hecho para efectos de reclamar los derechos hereditarios de la persona conviviente supérstite (dentro del mismo proceso sucesorio) no fue objeto de impugnación ni fue objetada por la Sala Constitucional. De hecho, la necesidad de realizar este reconocimiento puede producirse en todos los casos de uniones de hecho cuando fallece una de las personas convivientes sin dejar testamento. No solo en uniones de hecho donde una de las personas convivientes está impedida para contraer matrimonio. Pero, al quedar sin efecto el artículo 246 del Código de Familia, se generó un vacío normativo ya que esta norma era la única que expresamente hacía referencia a este tema. Lamentablemente, este vacío normativo fue resuelto con una interpretación contraria a la voluntad originaria de las y los legisladores, que, además está lejos de ser la más favorable para las partes y la que mejor permite cumplir el principio constitucional de justicia pronta y cumplida. Por eso, mediante este proyecto de ley de interpretación auténtica también se pretende retomar el espíritu original de las y los legisladores que aprobaron la Ley N° 7532, a fin de aclarar que el reconocimiento de la unión de hecho, específicamente para efectos de los derechos hereditarios de la persona conviviente supérstite debe realizarse dentro del mismo proceso sucesorio, sin necesidad de incoar otro proceso con este fin ante la jurisdicción de familia. En virtud de las consideraciones expuestas, someto a conocimiento de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley para su estudio y pronta aprobación por parte de los señores diputados y las señoras diputadas. **LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA** **DECRETA:** INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DEL ARTÍCULO 245 DEL CÓDIGO DE FAMILIA, LEY N° 5476 DE 21 DE DICIEMBRE DE 1973 Y DE LA LEY N° 7532 DE 8 DE AGOSTO DE 1995. ### ARTÍCULO 1- Se interpreta auténticamente el artículo 245 del Código de Familia, Ley N° 5476 de 21 de diciembre de 1973 y sus reformas, adicionado mediante el artículo 1 de la Ley N° 7532 de 8 de agosto de 1995 en el sentido de que, para efectos de los procesos relativos a obligaciones alimentarias entre personas convivientes, la constatación de la existencia de la unión de hecho debe realizarse directamente en el respectivo Juzgado de Pensiones Alimentarias, sin necesidad de tramitar previamente otro proceso para realizar dicha constatación ante un Juzgado de Familia. ### ARTÍCULO 2- Se interpreta auténticamente la Ley N° 7532, “Adición a Código de Familia para regular la unión de hecho” de 8 de agosto de 1995, en el sentido de que la constatación de la existencia de la unión de hecho para efectos del reconocimiento de derechos sucesorios a la persona conviviente supérstite, según lo dispuesto en el artículo 572, inciso 1) del Código de Civil, reformado por la Ley N° 7142, “Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer”, de 8 de marzo de 1990, debe realizarse en el mismo proceso sucesorio, sin necesidad de incoar previamente otro proceso para tal efecto ante un Juzgado de Familia. Rige a partir de su publicación. José María Villalta Florez-Estrada Diputado 1° de setiembre de 2020 NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos. El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura. Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/22157). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.