El proyecto de femicidio ampliado ya es la Ley 10022
La propuesta de 2020 para castigar con más pena los asesinatos de mujeres por violencia de género fuera de la pareja se convirtió en la Ley 10022, que amplió la Ley 8589 y reformó el Código Procesal Penal.
Título oficial LEY PARA ESTABLECER EL FEMICIDIO AMPLIADO
A quién le toca
- Mujeres asesinadas por alguien con quien no tenían relación de pareja, como un conocido, familiar o cliente sexual
- Personas imputadas por dar muerte a una mujer en contexto de violencia de género
- Jueces que deben decidir sobre prisión preventiva cuando hay peligro para la víctima o el testigo
A quién beneficia
- Las víctimas de violencia de género fuera de la pareja quedan cubiertas por la Ley 8589
- Los jueces pueden ordenar prisión preventiva cuando hay peligro para la víctima, la persona denunciante o el testigo
- Los casos de femicidio ampliado dejan de tratarse como homicidio simple
Qué cambia
- La pena para el femicidio en otros contextos va de veinte a treinta y cinco años de prisión
- La Ley 8589 amplió su ámbito de aplicación a los supuestos del artículo 21 bis
- El Código Procesal Penal reformó su artículo 239 sobre prisión preventiva
La explicación completa
Qué propone
El proyecto que usted quizá oyó nombrar como "femicidio ampliado" ya no está en discusión: se convirtió en la Ley 10022, vigente desde 2021 1. Lo que propuso el expediente 22158 fue agregar un artículo 111 bis al Código Penal para castigar con prisión de catorce a veinte años a quien dé muerte a una mujer cuando medie violencia de género (art. 111 bis). Ese artículo debía aplicarse solo si la conducta no estaba ya cubierta por el artículo 21 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.
El texto original explicaba el problema así: la ley de 2007 solo castigaba el femicidio cuando existía o había existido una relación de pareja (art. 21). Quedaban fuera casos como el de una mujer asesinada por un conocido, un familiar o un cliente sexual, que el Observatorio de Género del Poder Judicial llama femicidio ampliado 2.
La ley que finalmente se aprobó no copió ese artículo 111 bis. La Ley 10022 agregó un párrafo al artículo 2 y un artículo 21 bis a la Ley 8589 1. El nuevo artículo 21 bis castiga con prisión de veinte a treinta y cinco años a quien dé muerte a una mujer cuando se aproveche de una relación de confianza, amistad, parentesco o poder. También cuando tenga antecedentes de violencia contra la víctima, sea su cliente explotador sexual, tratante o proxeneta, o cuando ocurra en otros supuestos que el texto citado no alcanza a mostrar completos.
La Ley 10022 también reformó el artículo 239 del Código Procesal Penal para que un juez pueda ordenar prisión preventiva cuando exista peligro para la víctima, la persona denunciante o el testigo 1. Y agregó un segundo párrafo a los artículos 22, 23 y 27 de la Ley 8589, sobre maltrato, restricción a la libertad de tránsito y amenazas contra una mujer.
En qué va el trámite
El expediente 22158 ya terminó su trámite: la Ley 10022 está vigente 1. El recorrido fue largo. El proyecto se presentó el 20 de agosto de 2020 y se publicó en La Gaceta el 28 de agosto de 2020 2. Pasó a la Comisión Permanente Especial de la Mujer, que lo dictaminó el 27 de abril de 2021. Llegó al Plenario el 1 de junio de 2021.
El plazo cuatrienal del expediente vencía el 20 de agosto de 2024 2. No hizo falta esperar tanto: la ley quedó vigente en 2021 1.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque directo entre la Ley 10022 y los artículos de la Constitución que están en el dossier. La Constitución protege la vida humana como inviolable Constitución, art. 21, y la ley castiga a quien la quita en un contexto de violencia de género 1.
Hay un punto que conviene mirar. La Constitución reserva a la Asamblea Legislativa la facultad de dictar las leyes Constitución, art. 121, y la Ley 10022 se tramitó por el procedimiento ordinario que exige dos debates y la sanción del Poder Ejecutivo Constitución, art. 124. El dossier no muestra el detalle de esos debates, así que no se puede confirmar aquí cada paso, pero la ley figura como vigente en SINALEVI 1.
Qué puede hacer usted
La ley ya está vigente, así que las herramientas para cambiar su contenido en la Asamblea ya no aplican a este expediente. Lo que sí puede hacer es informarse y usar las vías que quedan.
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Consultar el estado de cualquier proyecto en la corriente legislativa. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea brinda información sobre el estado de tramitación de los proyectos, las órdenes del día y la legislación aprobada guía, p. 27.
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Presentar una propuesta de ley por el formulario web de la Asamblea. No necesita presentar el texto completo: basta con plantear la propuesta de forma sencilla guía, p. 27. Ese mecanismo no garantiza que la propuesta sea acogida, discutida ni votada.
Si lo que busca es denunciar un caso concreto de violencia contra una mujer, la guía no trae un trámite específico para eso. Lo que sí ofrece es el recurso de amparo ante la Sala Constitucional cuando se viola o amenaza un derecho fundamental guía, p. 23.
Lo que no sabemos
- El dossier no incluye el texto completo del artículo 21 bis de la Ley 10022: el inciso d) queda cortado en "d) Cuando l".
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
- El dossier no permite saber cuántas condenas se han dictado con la Ley 10022 desde 2021.
Fuentes
- Ley 10022: Ley para establecer el femicidio ampliado (Vigente)
- Expediente 22158: LEY PARA ESTABLECER EL FEMICIDIO AMPLIADO
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
LEY PARA ESTABLECER EL FEMICIDIO AMPLIADO
PAOLA VIVIANA VEGA RODRÍGUEZ Y OTRAS SEÑORAS DIPUTADAS Y SEÑORES DIPUTADOS
EXPEDIENTE N.° 22.158
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
LEY PARA ESTABLECER EL FEMICIDIO AMPLIADO
Expediente N.° 22.158
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
La prevención de los asesinatos de mujeres en el territorio nacional es un tema que debe ser prioridad en nuestra agenda legislativa, especialmente las muertes de todas las mujeres que fallecen en manos de la violencia de género. La permanencia de actitudes y pensamientos machistas en nuestra sociedad, que resultan en la muerte de decenas de mujeres al año, son una clara alarma de que la legislación costarricense carece de los mecanismos necesarios para prevenir y castigar estos actos.
Según el Observatorio de Género del Poder Judicial con los datos de la Fiscalía Adjunta de Género y de la Subcomisión Interinstitucional de Prevención del Femicidio, para el 2019 hubo 9 femicidios según lo definido en el artículo 21 de la Ley de Penalización de Violencia contra la Mujer, 6 femicidios ampliados de acuerdo lo estipulado en la Convención Belém Do Pará, 18 homicidios no femicidios y 16 homicidios con informe pendiente.
En Costa Rica, la normativa actual no contempla lo que el Observatorio de Género denomina femicidio ampliado, de manera que no existen penas agravadas para los casos donde el asesinato de mujeres a raíz de la violencia de género - cometido por personas más allá de sus relaciones sentimentales actuales o pasadas - sean tomadas en consideración.
Respecto a lo anterior, la legislación internacional mediante la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) es muy clara al definir la violencia contra la mujer como:
Artículo 1-
Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.
De igual manera, respecto a quién puede ejercer dichos actos se explica que:
Artículo 2-
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:
a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.
De la mano con la Convención Belém do Pará, es fundamental mencionar la Convención de la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que establece la necesidad de modificar los patrones socioculturales presentes en la sociedad, con el fin de reducir la violencia contra la mujer. Específicamente en el artículo 5, la Convención establece que:
Artículo 5-
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.
Con base en lo anterior, se evidencia que, según los primeros 2 artículos mencionados, la violencia de género va más allá de lo contemplado por la normativa costarricense actual, donde los agravantes por el asesinato donde media la violencia de género son entendidos únicamente de acuerdo con lo establecido en el inciso a) del artículo 2 de la Convención Belém do Pará, dejando de lado los incisos b) y c) y, por ende, desprotegiendo a todas las mujeres cuyo femicidio es erróneamente entendido como un homicidio simple. Ahora bien, según lo mencionado en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, es necesario que cualquier reforma que se realice para incluir los apartados faltantes estipulen expresamente el agravante de homicidio por violencia de género; esto con el fin de visibilizar la problemática en cuestión y contribuir con la modificación de los patrones socio-culturales que permanecen hasta el día de hoy.
Algunos ejemplos de los casos donde lo que se entiende como femicidio ampliado es considerado como un homicidio simple se puede encontrar en los homicidios donde una mujer es asesinada por una persona con la que se encuentra en una fase previa del noviazgo, un familiar que desee abusarla sexualmente o una trabajadora sexual que es asesinada por su cliente. Todos estos casos mencionados tienen la transversalidad de la violencia de género; sin embargo, no son reconocidos como tal en la legislación actual. Ante esta problemática y con el fin de solventar este vacío en nuestra normativa, el Observatorio de Género del Poder Judicial considera como un femicidio ampliado aquel que fue cometido por un atacante sexual, cliente sexual, amante, hermano, hijo, padre, concuño, exconcuño, yerno, exyerno, hijastro, nieto, padrastro, primo, tío, secuestrador, conocido cercano o por alguien con quien no se tiene ninguna relación. La aplicación de este término en Costa Rica se realiza meramente para fines estadísticos; sin embargo, la ampliación en la comprensión de quién puede cometer violencia de género contra una mujer es necesaria para convertir a Costa Rica en un país justo que busca la erradicación de la violencia de género. Aún nos falta mucho como país para lograr que las mujeres estemos libres de la violencia ejercida por el sistema patriarcal, sin embargo, esto debe ser una motivación para que día a día trabajemos para que este camino sea más corto.
El presente proyecto de ley se plantea con la finalidad de dar un paso adelante en la erradicación de la violencia de género al evidenciar el término de femicidio ampliado dentro de la legislación costarricense. Esta inclusión se plantea mediante la adición de un artículo 111 bis que contemple los escenarios estipulados por la normativa internacional respecto a los asesinatos donde media la violencia de género. Respecto a la pena, se estipula que el femicidio ampliado tendrá una pena de 2 años mayor a la designada para el homicidio simple, ya que se considera necesario agravarlo de acuerdo con lo estipulado en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y en la Convención de la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Con esta propuesta, la Ley de Penalización de Violencia contra la Mujer conservará el significado de femicidio que contiene actualmente y responde al inciso a), artículo 2, de la Convención Belém do Pará, mientras que el Código Penal incluirá las penas en homicidios cuyas características responden a lo que el Observatorio de Género del Poder Judicial entiende como femicidio ampliado y lo que la Convención previamente mencionada indica en el artículo 2, incisos b) y c).
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
LEY PARA ESTABLECER EL FEMICIDIO AMPLIADO
ARTÍCULO ÚNICO- Adición de un artículo 111 bis al Código Penal, Ley N.° 4573, de 4 de mayo de 1970, y sus Reformas
Se adiciona el artículo 111 bis al Código Penal y sus Reformas, que indicará:
Artículo 111 bis- Femicidio ampliado
Se impondrá pena de prisión de catorce a veinte años a quien dé muerte a una mujer cuando medie violencia de género, de conformidad con la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Ley N.º 6968, de 2 de octubre de 1984, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Ley N.º 7499, de 2 de mayo de 1995. Lo anterior, siempre que la conducta no se encuentre prevista en alguna de las circunstancias agravantes del siguiente artículo o del artículo 21 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, Ley N.°8589, de 25 de abril de 2007, y sus reformas.
Rige a partir de su publicación.
Paola Viviana Vega Rodríguez
Nielsen Pérez Pérez Carolina Hidalgo Herrera
Catalina Montero Gómez Laura Guido Pérez
Enrique Sánchez Caballo Víctor Manuel Morales Mora
Luis Ramón Carranza Cascante Welmer Ramos González
Diputadas y diputados
24 de agosto de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de la Mujer.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.