Archivado: el proyecto que rebajaba la patente de licores
El expediente 22.159, que proponía recalcular la patente municipal de licores cuando el negocio estuviera cerrado, venció su plazo y quedó archivado en 2024.
Título oficial LEY PARA AUTORIZAR EL RECALCULO DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES PARA LA COMERCIALIZACION DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, ANTE SITUACIONES QUE AMERITEN LA SUSPENSIÓN DE LA EXPLOTACION DE LA ACTIVIDAD
Atención: El proyecto habría bajado el cobro de la patente de licores a los dueños de licencias clase B y frenado dos trimestres de cobro en 2020, pero venció sin dictamen y nunca se votó.
La letra pequeña
Encontramos 2 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
El título habla de todos, pero la ventaja cae sobre un grupo pequeño.
A quién le sirve: Dueños de licencias clase B, B1 y B2
El recálculo cubría solo las licencias para vender bebidas con contenido alcohólico. El propio texto reconoce que otros comercios también sufrieron cierres y no recibían el beneficio.
Si bien, actualmente la afectación se ha dado en mayor medida para los titulares de licencias clase B, es claro que no han sido los únicos afectados
1, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Los dueños de licencias clase B, B1 y B2 para vender licores, que tenían que pagar la patente con el negocio cerrado
- Las municipalidades, que cobran la patente de licores y verían reducido ese ingreso
- Los concejos municipales, que debían aprobar cada recálculo
A quién beneficia
- Los licenciatarios clase B habrían podido pedir una patente proporcional al tiempo de cierre
- El transitorio IV habría frenado el cobro de dos trimestres de 2020 mientras no hubiera reglamento
Qué cambia
- El proyecto no llegó a ser ley, así que las patentes de licores siguen cobrándose como antes
- La Ley 9848 sigue vigente con su moratoria de hasta tres trimestres
- El expediente quedó cerrado y haría falta presentar uno nuevo para retomar el tema
La explicación completa
El expediente 22.159 ya no está en trámite. Venció su plazo de cuatro años el 20 de agosto de 2024 y la Asamblea lo archivó ese mismo día 1.
Qué propone
El proyecto proponía agregar un artículo 10 bis a la Ley 9047 para que las municipalidades pudieran recalcular la tarifa de las licencias de licores (art. 1). El recálculo requería acuerdo del concejo municipal y una solicitud del licenciatario.
El recálculo aplicaba en tres casos. Primero, cuando una medida sanitaria obligatoria ordenara cerrar el negocio más de 20 días seguidos o 30 días sueltos en un mismo trimestre (art. 1). Segundo, cuando una calamidad o conmoción pública causara un cierre de más de 20 días seguidos o 60 días sueltos en un trimestre. Tercero, cuando una orden sanitaria por emergencia nacional mostrara una caída de más del 50% de los ingresos y del aforo en un trimestre.
El texto decía que el recálculo debía tomar en cuenta el tiempo de suspensión y la afectación por el cierre (art. 1).
El proyecto también proponía un transitorio IV. Las municipalidades debían publicar el reglamento en 15 días después de que rigiera la ley (art. 2). Mientras no tuvieran reglamento, no podían cobrar las licencias clase B del segundo y tercer trimestre de 2020.
El diputado Pablo Heriberto Abarca Mora presentó el proyecto el 27 de agosto de 2020 (art. 1). El texto dice que la Ley 9848 aprobó una moratoria de hasta tres trimestres para el impuesto por venta de licores 2. Pero el proyecto señalaba que esa ley no tomó en cuenta que las licencias clase B seguían sin poder operar.
En qué va el trámite
El expediente está archivado. La Asamblea recibió el proyecto el 20 de agosto de 2020 y lo publicó en La Gaceta el 1 de setiembre de 2020 1.
El 11 de setiembre de 2020 entró a la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo 1. Ahí se quedó. El 20 de agosto de 2024 venció el plazo cuatrienal del artículo 119 y la Asamblea archivó el expediente.
Para que fuera ley faltaba el dictamen de la comisión, el primer debate y el segundo debate en el Plenario. Nada de eso ocurrió.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque claro entre el texto y la Constitución del dossier. El proyecto daba a las municipalidades la potestad de recalcular un tributo local, y eso calza con la autonomía municipal del artículo 169 Constitución, art. 169.
El artículo 169 dice que "la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal" Constitución, art. 169. El proyecto dejaba el recálculo en manos del concejo municipal, previa solicitud del licenciatario (art. 1).
El artículo 170 dice que "las corporaciones municipales son autónomas" Constitución, art. 170. El proyecto no obligaba a las municipalidades a recalcular. Las habilitaba. Eso respeta la autonomía.
Queda una duda sobre el transitorio IV. El texto ordenaba no cobrar las licencias clase B de dos trimestres de 2020 mientras no hubiera reglamento (art. 2). Eso toca la recaudación municipal, y el artículo 175 somete los presupuestos municipales a la aprobación de la Contraloría General Constitución, art. 175. El dossier no permite saber si la Contraloría tendría que pronunciarse sobre ese efecto.
Qué puede hacer usted
El expediente está archivado, así que no hay comisión ni debate donde incidir. La guía de participación ciudadana describe herramientas para otras etapas guía, p. 28.
Puede pedir información sobre el estado de un proyecto a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea. Esa oficina brinda "información inmediata acerca del estado de la tramitación de los proyectos de ley" guía, p. 27.
Puede presentar una propuesta de ley por el formulario web de la Asamblea. La guía advierte que esas propuestas no tienen garantía de ser acogidas, discutidas ni votadas guía, p. 27.
Puede llevar el tema a su concejo municipal. El recálculo de patentes es una decisión local, y el artículo 169 pone los intereses locales a cargo del Gobierno Municipal Constitución, art. 169.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué la comisión nunca dictaminó el proyecto.
El dossier no dice si alguna municipalidad aplicó un recálculo de patentes por su cuenta.
El dossier no dice cuántos licenciatarios clase B había en el país en 2020.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El proyecto habilitaba a las municipalidades a recalcular un tributo local, y eso calza con la autonomía municipal. Queda una duda sobre el efecto del transitorio IV en la recaudación y el control de la Contraloría.
Constitución, art. 169"La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley."
Esta ley, art. 1"La municipalidad, previo acuerdo del concejo municipal, podrá recalcular la tarifa a cobrar por las licencias para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, a solicitud del licenciatario"
Sin choque aparente El proyecto deja el recálculo en manos del concejo municipal, que es el cuerpo que la Constitución pone a cargo de los intereses locales. Calza.
Constitución, art. 170"Las corporaciones municipales son autónomas."
Esta ley, art. 1"La municipalidad, previo acuerdo del concejo municipal, podrá recalcular la tarifa a cobrar por las licencias para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, a solicitud del licenciatario"
Sin choque aparente El proyecto no obliga a recalcular. Da la potestad y cada municipalidad decide. Eso respeta la autonomía municipal.
Constitución, art. 175"Las Municipalidades dictarán sus presupuestos ordinarios o extraordinarios, los cuales necesitarán para entrar en vigencia, la aprobación de la Contraloría General que fiscalizará su ejecución."
Esta ley, art. 2"Mientras se emite la reglamentación respectiva en cada cantón, las municipalidades no aplicarán el cobro de las licencias clase B para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, correspondientes al segundo y tercer trimestre del año 2020 hasta tanto no se cuente con la reglamentación de esta ley."
Hay dudas El transitorio frena un cobro municipal y eso afecta la recaudación que entra al presupuesto. El dossier no permite saber si la Contraloría tendría que aprobar ese efecto. Es una duda, no un choque comprobado.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 22159: LEY PARA AUTORIZAR EL RECALCULO DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES PARA LA COMERCIALIZACION DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, ANTE SITUACIONES QUE AMERITEN LA SUSPENSIÓN DE LA EXPLOTACION DE LA ACTIVIDAD
- Ley 9848: Ley para apoyar al contribuyente local, y reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia del covid-19 (Vigente)
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
LEY PARA AUTORIZAR EL RECÁLCULO DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, ANTE SITUACIONES QUE AMERITEN LA SUSPENSIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE LA ACTIVIDAD
PABLO HERIBERTO ABARCA MORA DIPUTADA
EXPEDIENTE N.° 22.159
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
LEY PARA AUTORIZAR EL RECÁLCULO DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, ANTE SITUACIONES QUE AMERITEN LA SUSPENSIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Expediente N.º 22.159
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
En este año 2020 la pandemia del covid y la obligatoria Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria y la enfermedad covid 19, DE- 42227-MP-S, de 16 de marzo de 2020, cambió por completo la dinámica social y económica, y ha ocasionado un gran impacto en la economía.
Por ejemplo, uno de los sectores que ha sufrido una paralización casi total de su actividad económica son los patentados para comercialización de bebidas alcohólicas, cuyas licencias corresponden a la clase B, según la Ley 9047, “Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”, de 25 de junio de 2012, y sus reformas, establecimientos que se han debido cerrar desde que iniciaron las medidas sanitarias de restricción por la pandemia.
Sin embargo, pese a las restricciones para la operación de los negocios y la limitación a la explotación de la actividad comercial, estos patentados han debido continuar cancelando una licencia a las municipalidades, a pesar de tener sus negocios cerrados en acatamiento de las medidas sanitarias, como si estuvieran haciendo una explotación normal de su patente.
Esta evidente restricción para la operación de los establecimientos comerciales que cuentan con licencia clase B (incluidas las categorías B1 y B2) para la comercialización de bebidas alcohólicas, sin duda es una situación extraordinaria, que requiere una medida extraordinaria, y que la regulación respecto a este tipo de licencias se actualice de forma tal que el cobro de la patente sea justo y equitativo, sobre todo en un momento en que los ingresos por la explotación de esta se encuentran en cero, a diferencia de otros tipos de comercios que actualmente sí pueden explotar sus licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico, algunos con mayor amplitud que otros, lo que ocasiona una gran desigualdad.
En un momento de incertidumbre económica como la que vive nuestro país por los efectos de la pandemia y las medidas que han debido tomarse para resguardar la salud pública, es necesario ajustar la regulación de forma tal que la afectación también en lo económico sea menor para los comerciantes, y mitigar de alguna forma las implicaciones en la economía. Día a día es más notorio como sigue en aumento la cantidad de comercios que han debido cerrar su operación del todo, como cientos, ya de miles de comerciantes van cerrando sus negocios a raíz de las consecuencias económicas, teniendo que devolver sus patentes a las municipalidades, arrastrando deudas que en la mayoría de los casos no podrán cancelar, y sumando a la lista de personas desempleadas, y en condiciones económicas muy adversas.
Si bien, actualmente la afectación se ha dado en mayor medida para los titulares de licencias clase B, es claro que no han sido los únicos afectados y la disminución de ingresos y cierres se han dado en todas las actividades comerciales, la promulgación de restricciones vehiculares y limitación del aforo a un 50% cuando se ha permitido operar, ha generado que muchos comercios y que las empresas hayan visto reducidos sus ingresos significativamente; sin embargo, las obligaciones tributarias y por concepto de licencias municipales persisten.
Es necesario brindar oportunidades y herramientas que permitan a los gobiernos locales generar alternativas para ayudar a todos los comercios y establecimientos del sector productivo, el reajuste de precios por concepto de licencias es una de estas herramientas, la afectación se ha dado en todos los ámbitos y el pago de una licencia de comercialización mientras ha estado detenida la actividad es una injusticia.
Es por ello que el presente proyecto de ley propone una habilitación a las municipalidades para que puedan actualizar los montos a pagar por el concepto de la licencia municipal para comercialización de bebidas con contenido alcohólico a los negocios, que se han visto afectados y que no han podido explotar sus licencias durante el tiempo de cierre, siendo que el monto a pagar sea proporcional a la posibilidad de explotación debido a que la situación ha sido por causas ajenas a quienes desarrollan la actividad comercial.
La reforma planteada surge de la necesidad señalada y del vacío encontrado en la Ley N.º 9848, “Ley para Apoyar al Contribuyente Local y Reforzar la Gestión Financiera de las Municipalidades, ante la Emergencia Nacional por la Pandemia del Covid-19”, de 20 de mayo de 2020, en la cual si bien se aprobó una moratoria hasta por un máximo de tres trimestres en el pago por concepto del impuesto por venta de bebidas con contenido alcohólico, por ejemplo, en el caso de las licencias clase B no se consideró que la actividad comercial se encuentra a la fecha sin posibilidad de explotación y que en otros tipos de licencias también se han aplicado cierres por periodos considerables de tiempo, que tienen una gran repercusión en las finanzas de esos comerciantes.
Considerando, además, que a la fecha existe un retraso en la mayoría de las municipalidades en la aplicación de las medidas autorizadas en la Ley N.º 9848, y en algunos casos una limitación en la aplicación de la moratoria, siendo que los concejos municipales solamente aprobaron su extensión únicamente por un trimestre, y ha sido muy difícil el acceso para los licenciatarios a los beneficios de dicha ley, así como a la posibilidad de acceder a arreglos de pago con los gobiernos locales, pues los embarga una gran incertidumbre con relación en la continuidad de sus negocios.
Asimismo, es necesario dejar claro que conocemos la importancia para las municipalidades de la recaudación de tributos para el cumplimiento de las funciones y responsabilidades que tienen los gobiernos locales; sin embargo, ante una situación de excepcionalidad como la ocasionada por el covid 19, resulta necesario cuestionarse qué es más importante y a qué le podrían sacar mejor provecho las autoridades municipales, al cierre definitivo de negocios o a la posibilidad de que se recalculen patentes para que se facilite la recaudación.
Por las razones expuestas, someto a consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
LEY PARA AUTORIZAR EL RECÁLCULO DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, ANTE SITUACIONES QUE AMERITEN LA SUSPENSIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE LA ACTIVIDAD
ARTÍCULO 1- Adiciónese un artículo 10 bis a la Ley N.º .9047, Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 2012, y sus reformas, que en adelante se lea de la siguiente manera:
Artículo 10 bis- Recálculo de tarifas
La municipalidad, previo acuerdo del concejo municipal, podrá recalcular la tarifa a cobrar por las licencias para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, a solicitud del licenciatario, en los siguientes casos:
a) Cuando se impongan medidas sanitarias de acatamiento obligatorio que ordenen la suspensión de la explotación de la actividad y el cierre de negocios por un periodo mayor a 20 días consecutivos o 30 días discontinuos, dentro de un mismo trimestre.
b) Cuando por motivos de calamidad y conmoción pública se dé el cierre de negocios por un periodo mayor a 20 días consecutivos o 60 días discontinuo, dentro de un mismo trimestre.
c) Cuando producto de una orden sanitaria, a raíz de una emergencia nacional declarada, se demuestre una afectación de más del cincuenta por ciento (50%) de los ingresos y la disminución del aforo en la actividad comercial para la cual se cuenta con la licencia para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, en un mismo trimestre.
El recálculo de la tarifa de cobro por la licencia municipal deberá considerar el período de suspensión de la actividad y la afectación producida a raíz del cierre de los establecimientos.
ARTÍCULO 2- Adiciónese un transitorio nuevo a la Ley N.º 9047, Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 2012, y sus reformas, que en adelante se lea de la siguiente manera:
Transitorio IV- Las municipalidades emitirán y publicarán el reglamento de esta ley en un plazo de quince días posteriores a la entrada en vigencia. Mientras se emite la reglamentación respectiva en cada cantón, las municipalidades no aplicarán el cobro de las licencias clase B para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, correspondientes al segundo y tercer trimestre del año 2020 hasta tanto no se cuente con la reglamentación de esta ley.
Rige a partir de su publicación.
Pablo Heriberto Abarca Mora Diputado
27 de agosto de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.