# Expediente 22160: Proyecto de bonos temáticos ya es la Ley 10051 - Página: https://elcenso.com/leyes/22160 - Tipo: Proyecto de ley (expediente legislativo) - Título oficial: LEY PARA POTENCIAR EL FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE EL USO DE VALORES DE OFERTA PÚBLICA TEMÁTICOS - Publicada: 2020-09-01 - La Gaceta: 220 - Fuente oficial: https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx ## En resumen El expediente 22160 se convirtió en la Ley 10051, que promueve bonos verdes, sociales y sostenibles para financiar proyectos ambientales y sociales en Costa Rica. ## A quién le toca - Empresas que quieran financiar proyectos ambientales o sociales con bonos temáticos - Fondos de pensiones, aseguradoras y fondos de inversión que deban invertir un 2% de su cartera en estos valores - Cooperativas que ahora pueden hacer oferta pública de valores - Personas que inviertan en bonos verdes, sociales o sostenibles ## A quién beneficia - Las empresas con proyectos elegibles reciben un crédito fiscal del 50% del impuesto sobre la renta pagado por esas utilidades - Las entidades financieras que apoyen estos proyectos podrían tener una reducción del encaje mínimo legal de dos puntos porcentuales - Las cooperativas pueden captar recursos mediante oferta pública de valores - Los proyectos elegibles reciben trámite expedito y tarifas reducidas a la mitad en varias instituciones ## Qué cambia - Los fondos de estos bonos deben mantenerse en una cuenta separada para rastrear su uso - Los emisores deben someter sus proyectos a verificación externa antes y después de emitir los bonos - Si un emisor incumple y pierde la certificación, debe asumir la diferencia en impuestos para no perjudicar a los inversionistas - El Poder Ejecutivo debía reglamentar la ley en 90 días ## Cláusulas a revisar - **Crédito fiscal del 50% para empresas con proyectos elegibles** (5): El proyecto proponía un crédito fiscal del 50% del impuesto pagado por esas utilidades, aplicable a cualquier impuesto en el año siguiente. Texto: "Aquellas empresas que deban pagar impuesto sobre la renta por las utilidades generadas por proyectos financiados a través de valores de oferta pública temáticos, recibirán un crédito fiscal en el año subsecuente que corresponderá al 50% del impuesto efectivamente cancelado por concepto de dichas utilidades, aplicable a cualquier impuesto en el año subsecuente." - **Reducción del encaje mínimo legal para entidades financieras** (4): El proyecto proponía reducir el encaje mínimo legal en al menos dos puntos porcentuales para esas entidades. El encaje es un respaldo que los bancos deben mantener. Texto: "Reducir el Encaje Mínimo Legal (EML) como mínimo en dos puntos porcentuales del Encaje Mínimo Legal establecido por la Junta Directiva del Banco Central, para aquellas entidades financieras que apoyen el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) mediante la emisión de Valores de Oferta Pública Temáticos." - **Facultad al Poder Ejecutivo para financiar servidumbres en parques nacionales** (10): El proyecto facultaba al Poder Ejecutivo a financiar con bonos temáticos servidumbres legales o derechos de desarrollo en fincas dentro de parques nacionales, reservas biológicas o refugios de vida silvestre que no hayan sido compradas, donadas o expropiadas. Texto: "En aquellos casos de fincas o partes de fincas particulares ubicadas dentro de la delimitación oficial de un Parque Nacional, Reserva Biológica o Refugio de Vida Silvestre que no hayan sido compradas, donadas o expropiadas, se faculta al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, a financiar mediante Valores de Oferta Pública Temáticos las servidumbres legales o los mecanismos de derechos de desarrollo sostenible necesarios para la protección ecológica" ## Explicación El expediente 22160 ya no está en trámite: se convirtió en la Ley 10051, publicada el 14 de octubre de 2021 [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=95390¶m2=127331¶m3=1). El proyecto proponía regular los valores de oferta pública temáticos, conocidos como bonos verdes, sociales y sostenibles ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). ### Qué propone El proyecto buscaba crear un marco para que empresas y gobiernos se financien con bonos temáticos y destinen ese dinero a proyectos ambientales o sociales ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Definía una lista de actividades elegibles, como energías renovables, transporte limpio, agua potable y vivienda asequible ([art. 2](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). También proponía que los fondos se guardaran en una cuenta separada para que se pueda rastrear su uso ([art. 9](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Y creaba un sistema de verificación con expertos independientes que revisarían los proyectos antes y después de emitir los bonos ([art. 6](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El texto incluía incentivos. Las empresas que paguen impuesto sobre la renta por utilidades de proyectos financiados con estos bonos recibirían un crédito fiscal del 50% del impuesto pagado ([art. 5](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Además, pedía que los fondos de pensiones, aseguradoras y fondos de inversión invirtieran al menos un 2% de su cartera en estos valores, si hay disponibilidad ([art. 4](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El proyecto también proponía reducir el encaje mínimo legal en dos puntos porcentuales para las entidades financieras que apoyen estos proyectos ([art. 4](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Y ordenaba dar trámite expedito y cobrar la mitad de las tarifas en instituciones como SETENA, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, SENARA, A y A, ASADAS y municipalidades. Además, reformaba la Ley de Asociaciones Cooperativas para permitirles hacer oferta pública de valores ([art. 11](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). La ley que resultó, la 10051, mantiene el objeto de promover el financiamiento con valores temáticos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan Nacional de Descarbonización [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=95390¶m2=127331¶m3=1). ### En qué va el trámite El proyecto se presentó el 20 de agosto de 2020 y venció su plazo cuatrienal el 20 de agosto de 2024 [\[2\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). Pasó a la Comisión Permanente Especial de Ambiente, que votó el 17 de febrero de 2021 y lo remitió a la Secretaría del Directorio el 9 de marzo de 2021. Ya no está en trámite: se convirtió en la Ley 10051, vigente desde el 14 de octubre de 2021 [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=95390¶m2=127331¶m3=1). ### Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque directo entre el texto del proyecto y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier. El artículo 50 ordena al Estado procurar el mayor bienestar y garantizar un ambiente sano ([Constitución, art. 50](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)), y el proyecto apuntaba a financiar proyectos ambientales y sociales ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El artículo 121 dice que corresponde a la Asamblea Legislativa dictar las leyes ([Constitución, art. 121](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)), y el proyecto siguió el trámite legislativo ordinario [\[2\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). Una posible duda surge con el artículo 4, que pedía a las superintendencias proponer ajustes normativos para que los inversionistas institucionales destinaran un mínimo del 2% de su cartera a estos valores ([art. 4](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). La Constitución no detalla cómo se regulan las inversiones de fondos de pensiones, así que no se puede afirmar que haya conflicto. El Censo no encontró choque. ### Qué puede hacer usted La ley ya está vigente, así que las herramientas de participación para proyectos en trámite no aplican igual. Pero usted puede informarse sobre el mercado de valores. Puede presentar consultas a la Sugeval por correo a correo@sugeval.fi.cr, por fax al 2243-4646 o en sus oficinas ([guía, p. 113](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=113)). El documento debe explicar el tema concreto y su criterio técnico. También puede participar en consultas públicas sobre normativa de la Sugeval cuando se publiquen en La Gaceta ([guía, p. 113](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=113)). Si detecta un manejo irregular de fondos públicos relacionados con estos proyectos, puede denunciar ante la Contraloría General de la República en Sabana Sur, llamar al 2501-8000 o al 2501-8025, o escribir a contraloria.general@cgrcr.go.cr ([guía, p. 68](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68)). ### Lo que no sabemos El dossier no dice cuántos bonos temáticos se han emitido bajo la Ley 10051 ni a qué proyectos se destinaron los fondos. No se sabe si el crédito fiscal del 50% y la reducción del encaje mínimo legal se implementaron en la práctica. No hay grabaciones de la Asamblea sobre este expediente. ## Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque directo entre el proyecto y los artículos constitucionales del dossier. El texto buscaba financiar proyectos ambientales y sociales, en línea con el artículo 50, y siguió el trámite legislativo del artículo 121. ## Qué puede hacer usted - Presentar consultas a la Sugeval: Envíe un documento con el tema concreto y su criterio técnico al correo correo@sugeval.fi.cr, al fax 2243-4646 o directamente en las oficinas de la Sugeval (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=113) - Participar en consultas públicas de la Sugeval: Revise La Gaceta y envíe sus observaciones según lo que indique la consulta (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=113) - Denunciar ante la Contraloría General de la República: Vaya a la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones en Sabana Sur, llame al 2501-8000 o al 2501-8025, o escriba a contraloria.general@cgrcr.go.cr (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68) ## Lo que no sabemos - No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente. ## Fuentes 1. Ley 10051: Ley para potenciar el financiamiento y la inversión para el desarrollo sostenible, mediante el uso de valores de oferta pública temáticos (Vigente). SINALEVI, Procuraduría General de la República, 14/10/2021. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=95390¶m2=127331¶m3=1 2. Expediente 22160: LEY PARA POTENCIAR EL FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE EL USO DE VALORES DE OFERTA PÚBLICA TEMÁTICOS. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa, 2020-09-01. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx 3. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 4. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf ## Texto oficial completo ASAMBLEA LEGISLATIVA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY LEY PARA POTENCIAR EL FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE EL USO DE VALORES DE OFERTA PÚBLICA TEMÁTICOS VARIAS SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS EXPEDIENTE N° 22.160 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES NOTA: A solicitud de parte interesada, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY LEY PARA POTENCIAR EL FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE EL USO DE VALORES DE OFERTA PÚBLICA TEMÁTICOS Expediente N° 22.160 ASAMBLEA LEGISLATIVA: El calentamiento global ha sido documentado científicamente como un problema mundial grave que justifica la adopción de políticas para mitigarlo y adaptarse a sus efectos. El papel que ha desarrollado Costa Rica ha sido destacable y de reconocimiento internacional trabajando tenazmente en distintas acciones involucradas en la mitigación de gases de efecto invernadero y en el desarrollo de capacidades de adaptación para hacer frente a sus consecuencias, para lo cual realiza esfuerzos continuos; tales como la adhesión de acuerdos internacionales sobre cambio climático como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto; la realización y actualización de Inventarios Nacionales de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, la emisión de políticas públicas en beneficio del ambiente, entre otros. Es más, Costa Rica tiene una política nacional de pago por servicios ambientales y un Plan Nacional de Descarbonización que se han convertido en referentes internacionales. Nuestro país se comprometió mundialmente en el 2007 a la luz del Convenio Marco de Naciones Unidas con la meta de que, para el cumplimiento de su bicentenario en el 2021, sería carbono neutral; meta que también es perseguida por Noruega, Nueva Zelanda e Islandia. El concepto de carbono neutralidad al que Costa Rica se ha comprometido apunta a compensar las emisiones de Gases con Efecto Invernadero (GEI) que libera el país en su conjunto, con dosis equivalentes de oxígeno, de manera que no se contribuya en nada con el calentamiento global y los fenómenos asociados. Para efectos de alcanzar este objetivo, Costa Rica debe apoyarse en un desarrollo de mercado adecuado para promover este cambio de modelo dentro del marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático; con el fin de impactar en nuestros hábitos de consumo, la forma de producción agroindustrial y en general nuestro estilo de vida. Si bien es cierto que Costa Rica genera una mínima proporción de las emisiones globales de Gases con Efecto Invernadero (GEI), también lo es que es sumamente vulnerable a los efectos del cambio climático, por razones geográficas, económicas, ambientales y sociales. El 22 de abril del 2016 en las oficinas centrales de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, se dió la firma inédita del Acuerdo de París, siendo ésta la mayor cantidad de naciones que lo hacen sobre un acuerdo multilateral, el día de su apertura para recolección de firmas. Por su parte, el 12 de diciembre del año 2015, en París, Francia, en la vigésima primera Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y, después de dos décadas del diseño del Protocolo de Kioto, se introduce un modelo para contrarrestar los efectos del cambio climático. En ellas se refuerzan los compromisos internacionales adquiridos por Costa Rica. Adicionalmente, en septiembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas que la suscribieron, entre ellos Costa Rica. La Agenda 2030 presenta una oportunidad histórica para América Latina y el Caribe, ya que promueve temas altamente prioritarios para la región, como la erradicación de la pobreza extrema, educación de calidad, la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades sostenibles y cambio climático, entre otros. Esta agenda regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos años y al adoptarla, Costa Rica y los demás países miembro, se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables. Sin embargo, para que nuestro país pueda cumplir tanto con el Acuerdo de París como con la Agenda 2030, se requiere de una inversión monetaria importante que deberá provenir de diversas fuentes de fondeo, dado que los recursos públicos no son suficientes, por lo que la inversión privada se torna crucial. En este sentido, los mercados de capitales de los distintos países están jugando un papel crucial, ya que pueden canalizar gran cantidad de recursos para financiar proyectos, actividades y obras que le permitan a Costa Rica avanzar hacia un desarrollo económico más inclusivo y comprometido con cuidar el medio ambiente. Los mercados de capitales han creado diversos instrumentos destinados a financiar exclusivamente proyectos que contribuyan con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y con la mitigación y adaptación al cambio climático. Estos instrumentos suelen ser llamados “valores temáticos” y se rigen por ciertos Principios aceptados a nivel internacional que buscan darles transparencia, confianza e integridad ante los inversionistas. El cumplimiento de estos principios es fundamental para asegurar que el uso de los fondos efectivamente se destine a proyectos con beneficios ambientales y sociales. Dentro de los valores temáticos más utilizados a nivel internacional están los bonos verdes, bonos sociales y bonos sostenibles. De conformidad con la International Capital Market Association (ICMA), un bono verde es un instrumento de deuda en el que los fondos recaudados se aplicarán exclusivamente para financiar o re-financiar, sea en parte o en su totalidad, proyectos que generen un impacto ambiental positivo, que debe ser medido. Ejemplo de estos proyectos son los relacionados con energías renovables, construcción sostenible, gestión sostenible del agua, manejo de residuos, agricultura y ganadería sostenible, transporte limpio, etc. Estos se ajustan a los lineamientos y/o componentes de los Green Bond Principles (GBP) emitidos por ICMA; o bien, cualquier otra metodología de acreditación y/o verificación que constate que se trate de un proyecto potencialmente elegible. Por su parte, los bonos sociales se definen como un instrumento de deuda mediante el cual se obtiene capital exclusivamente para financiar o refinanciar, parcial o totalmente, proyectos que aborden o mitiguen un determinado problema social; o bien que genere beneficios sociales positivos, para un determinado grupo de la población, estos beneficios deben ser evaluados y cuantificados. Entre los ejemplos usuales se encuentran los siguientes: a) infraestructura básica asequible: agua potable, alcantarillado, saneamiento y transporte; b) acceso a servicios básicos: salud, educación, asistencia sanitaria; c) financiación y servicios financieros a grupos vulnerables: vivienda asequible, generación de empleo y seguridad alimentaria. Finalmente, la ICMA define los bonos sostenibles, como un instrumento de deuda para financiar o refinanciar parcial o totalmente, proyectos que generen tanto beneficios ambientales como sociales. Los principios de bonos verdes, bonos sociales y bonos sostenibles de ICMA han ayudado a estandarizar el mercado de estos instrumentos, proporcionando un marco de referencia general, el proceso para la evaluación y selección de proyectos, la gestión de los ingresos y la presentación de informes. A nivel local, la Bolsa Nacional de Valores ha puesto a disposición de Costa Rica estos instrumentos de financiamiento, y ha emitido Estándares que son el marco de referencia local para todas las empresas que estén interesadas en financiarse por medio de estos valores temáticos. Estos instrumentos pueden ser utilizados por gobiernos, bancos multilaterales, bancos comerciales, entidades gubernamentales, empresas privadas e incluso vehículos de propósito especial. Si bien su introducción en Costa Rica es reciente, bonos verdes (2018), y bonos sociales y sostenibles (2019), a nivel internacional los bonos verdes existen desde hace más de una década. El Banco Mundial emitió los primeros bonos a finales de la década de 2000, y el mercado ha crecido de forma exponencial constituyéndose más en un patrón que en una moda. Según las estimaciones de la Iniciativa de Bonos Climáticos, una organización sin ánimo de lucro líder en la materia, para la emisión total en 2019 se previó un volumen de 250.000 millones de dólares americanos, frente a los 3.500 millones del año 2012. De este modo este tipo de instrumentos proporcionan un medio para que las empresas y los gobiernos financien proyectos destinados a luchar contra el cambio climático. También se adaptan bien a los inversores que buscan reforzar sus credenciales medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). La realidad del mercado mundial de bonos temáticos ha demostrado que los bonos verdes son los más comunes. Si bien los bonos sociales y los bonos sostenibles son instrumentos que han estado presentes desde hace un tiempo atrás, lo cierto del caso es que alcanzaron un mayor grado de exposición hasta el año 2018 con emisores e inversores que empezaron a adoptar políticas y estrategias asociadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En efecto, ese año fue testigo del crecimiento del emergente mercado de bonos asociados a los ODS en los cuales usualmente se busca separar los criterios de elegibilidad ambiental de lo social, lo cual ha permitido a los emisores clasificar los bonos como verdes, sociales o sostenibles dependiendo de la actividad, obra o proyecto a la que se destinarán los fondos; lo cual, le facilita a aquellos inversionistas con mandatos específicos de inversión responsable a que identifiquen con mayor precisión los bonos que cumplan con su criterio de inversión. Es importante señalar que la emisión de bonos sociales ha aumentado de forma importante durante COVID-19 ya que es un medio de fondeo que están utilizando los países y empresas para hacerle frente a la pandemia. A nivel de Latinoamérica, 10 países ya están utilizando los bonos temáticos para avanzar con sus ODS y estrategias de cambio climático; tal es el caso de Colombia, Brasil, Perú, Panamá, Chile y Guatemala. Chile fue el primer país en la región en realizar dos emisiones de eurobonos verdes, una en dólares y otra en euros, las cuales tuvieron una sobredemanda que le permitió al país obtener la tasa de fondeo más baja en su historia. Adicionalmente, el pasado mes de abril el Gobierno de Guatemala realizó una colocación de eurobonos por $1200 millones, donde el primer tramo ($500 millones) correspondió a un bono social, cuyo objetivo es destinar los recursos a actividades que permitan responder a los consecuencias de COVID.-19, logrando la tasa de colocación más baja de la historia de Guatemala en un bono a 30 años. En todos los casos señalados ha existido una sobredemanda por estos instrumentos a nivel internacional, lo que ha permitido colocar a tasas favorables. Actualmente no existe suficiente oferta de proyectos verdes y sociales para suplir las necesidades de los inversionistas internacionales, por lo que existe una gran oportunidad para que Costa Rica pueda atraer esa inversión extranjera hacia el país. Ahora bien, siendo que Costa Rica se ubica en una zona es que especialmente expuesta a los impactos del cambio climático, con afectaciones tales como reducción del potencial agrícola; dificultades para suministro de agua a poblaciones e inundaciones en planicies costeras; incremento en intensidad y frecuencia de tormentas, inundaciones y huracanes; así como mayor incidencia de incendios y pérdida de biodiversidad; no queda duda alguna que el cambio climático es una prioridad. De este modo, la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) prioriza la mitigación, adaptación, métrica, tecnología, educación y financiamiento, todo con el objetivo común de la integración de la política de cambio climático de acuerdo con la competitividad a largo plazo del país y la estrategia de desarrollo sostenible. Sin embargo, existen muchos otros retos-país que superan la temática del cambio climático, por lo que los beneficios de estos instrumentos no pueden ni deben limitarse a esta tipología de actividades, obras o proyectos; sino que también son una herramienta útil para materializar el Pacto Nacional por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reto en el cual el Sistema de las Naciones Unidas acompaña al país como promotor, partícipe y testigo. Es de suma importancia establecer incentivos para atraer a Costa Rica inversión extrajera directa que contribuya a fondear las actividades, obras y proyectos necesarios para recuperarnos de la pandemia, y para avanzar en el cumplimiento de los ODS y Plan Nacional de Descarbonización. De acuerdo con un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, más de $20 billones o bien una cuarta parte de todos los activos gestionados profesionalmente a nivel mundial siguen estrategias en donde los temas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) son estratégicos y se estima que ese monto siga creciendo en la medida que las nuevas generaciones muestran cada vez más preocupación por contribuir con el cambio climático y el bienestar de la sociedad. Hoy más que nunca se torna crucial impulsar acciones para reactivar la economía costarricense, pensando no sólo en el progreso económico sino también en el progreso social y ambiental. COVID-19 no sólo está generando consecuencias económicas, sino que además pone en riesgo la capacidad que tenemos como sociedad para cumplir con los ODS en el 2030; lo que en términos prácticos significa que el bienestar y progreso social de nuestra sociedad está en riesgo no sólo de estancarse si no de empeorar. De ahí la importancia de que el sector público y sector privado empecemos a trabajar de forma conjunta, no sólo en la contención y mitigación de la pandemia, sino en plantear y materializar propuestas con una perspectiva de mediano plazo, enfocada en el progreso económico, social y ambiental, y esto es precisamente la razón de ser de los Valores de Oferta Pública Temáticos. **LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA** **DECRETA:** LEY PARA POTENCIAR EL FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE EL USO DE VALORES DE OFERTA PÚBLICA TEMÁTICOS ### ARTÍCULO 1- Objeto La presente ley tiene por objeto establecer las regulaciones generales para promover el financiamiento e inversión mediante el uso de Valores de Oferta Pública Temáticos en actividades, obras y proyectos tendientes a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Este marco operativo general, se relaciona con la planificación, coordinación y seguimiento de las actividades, relacionados con la conceptualización, emisión y fiscalización de Valores de Oferta Pública Temáticos para el financiamiento e inversión de actividades, obras y proyectos elegibles en el territorio nacional. ### ARTÍCULO 2- Definiciones Para el propósito de esta ley, los términos más importantes serán usados con los significados siguientes: 1- Actividades, obras y proyectos elegibles: Se considerará una “actividad, obra o proyecto elegibles” al que genera beneficios ambientales, sociales o ambos, los cuales deben ser evaluados y cuantificados bajo estándares nacionales e internacionales oficialmente reconocidos por las Bolsas de Valores y no podrán afectar significativamente ninguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A continuación, se muestra una lista no exhaustiva de categorías de actividades, obras, y proyectos elegibles: 1.1 Con beneficios ambientales: a) Agricultura/Bioenergía/Forestación/Cadena de abastecimiento de alimentos: Desarrollo de agricultura verde: producción de agricultura orgánica, agricultura sostenible y ecológica. Proyectos sobre cadenas de abastecimiento de alimento. Desarrollo de proyectos de forestación y reforestación. Construcción, operación y mantenimiento de proyectos de generación de energía con biomasa y biocombustibles. Protección de naturaleza, restauración ecológica y prevención de desastres incluyendo restauración de ecosistemas y prevención y erosión de suelos. b) Conservación de ecosistemas y su biodiversidad: protección de ambientes costeros, marinos y de cuencas, incluyendo con ellos actividades, obras y proyectos relacionados con servidumbres ecológicas y/o derechos de desarrollo transferibles; c) Eficiencia energética: edificación sostenible, almacenamiento de energía, calefacción urbana, redes inteligentes, equipo e instalaciones para reducir el uso de energía y emisiones contaminantes. Puede incluir cogeneración, reciclaje y uso de calor residual. d) Energías renovables: Energías renovables, incluyendo construcción, operación y mantenimiento de proyectos solares, eólicos, geotérmicos, mareomotrices e hidroeléctricos. Proyectos de transmisión para energía renovable. Rehabilitación de plantas de energía y transmisión para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo smart-grid. Producción de equipos para generación de energía renovable y eficiencia energética. e) Gestión sostenible de recursos naturales y uso de la tierra: agricultura y cría de animales sostenible, pesca, acuicultura; actividad forestal sostenible. f) Gestión sostenible del agua: infraestructura de potabilización y distribución de agua potable, incluyendo proyectos rurales. Irrigación en pequeña escala y conservación de recursos hídricos. Mejoras en eficiencia en distribución de agua potable urbana. Revitalización de ríos y restauración de hábitat. Conservación de ecosistemas marinos, incluyendo la restauración de manglares y ambientes costeros. Prevención, adaptación y control de sequías e inundaciones; g) Manejo de residuos/captura de metano: Manejo de residuos con captura de metano y/o generación de energía. Tratamiento de aguas residuales con captura de metano y/o generación de energía. h) Prevención y control de la contaminación: tratamiento de aguas residuales, control de gases de efecto invernadero, descontaminación de aguas y suelos, prevención y reducción de residuos, reciclaje. i) Transporte limpio: Proyectos ferroviarios, incluyendo construcción, compra de equipos y mejoras tecnológicas. Proyectos de movilidad con motores eléctricos, incluyendo estaciones de servicios para vehículos eléctricos. Transporte ferroviario urbano, incluyendo tren ligero, metro, monorriel, tranvía, etc. Mejoras en eficiencia energética de los sistemas de transporte. j) Otros que contribuyan con la mitigación y adaptación al cambio climático y otras problemáticas ambientales. Con beneficios sociales: a) Infraestructura básica asequible: Agua potable; Alcantarillado; Saneamiento; Transporte. b) Acceso a servicios básicos: i. Salud: ii. Educación; iii. Asistencia sanitaria; iv. Financiación y servicios financieros a grupos vulnerables. c) Vivienda asequible. d) Generación de empleo. e) Seguridad alimentaria. f) Fortalecimiento y avance socioeconómico. g) Mitigación de impacto de Pandemia Covid-19 y otras similares. 2) Acuerdo de París: Primer pacto global adoptado 12 de diciembre del 2015 por las Naciones Unidas que establece medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que atribuyen al cambio climático. Países dentro del acuerdo presentan un plan individual para reducir emisiones y apoyar a los demás a aumentar esfuerzos. 3) Adaptación: Ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. 4) Agenda 2030: Plan de acción aprobado por las Naciones Unidas apoyando a las personas, el ambiente y la propiedad, fortaleciendo la paz y el acceso a justicia. La agenda plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental con el propósito de erradicar la pobreza y lograr un desarrollo sostenible. 5) Bolsas de Valores: Entidades autorizadas para la organización de los mercados secundarios de acuerdo con lo establecido en la Ley 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores. 6) Calentamiento global: Aumento gradual, observado o proyectado, de la temperatura global en superficie, como una de las consecuencias del forzamiento radiactivo provocado por las emisiones antropogénicas. 7) Cambio climático: Variación del estado del clima mediante pruebas estadísticas que persiste durante largos períodos de tiempo. Es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. 8) Desarrollo sostenible: Desarrollo que atiende las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Se trata de progreso económico más progreso social y ambiental. 9) Emisores: Persona jurídica que busca financiarse mediante la emisión de un instrumento de deuda o capital. 10) Gases de efecto invernadero: Gases integrantes de la atmósfera, de origen natural y antropogénico, que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de ondas del espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera, y las nubes. Esta propiedad causa el efecto invernadero. El vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano 186 Cambio climático 2001 Informe de síntesis IPCC Tercer Informe de Evaluación (CH4), y ozono (O3) son los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre. Además existe en la atmósfera una serie de gases de efecto invernadero totalmente producidos por el hombre, como los halocarbonos y otras sustancias que contienen cloro y bromuro, de las que se ocupa el Protocolo de Montreal. Además del CO2, N2O, y CH4, el Protocolo de Kyoto aborda otros gases de efecto invernadero, como el hexafluoruro de azufre (SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC), y los perfluorocarbonos (PFC). 11) Hecho Relevante: La obligada comunicación de los Emisores de Valores de la existencia de factores, hechos o decisiones que puedan influir, de modo sensible, en el precio de sus valores, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores y sus Reglamentos. 12) Informes de verificación: Informes donde se expone el análisis técnico y la opinión del verificador acerca de una “actividad, obra y/o proyecto elegible”. En dicho informe se abarca la totalidad de los impactos de forma cualitativa y cuantitativa, incluyendo con ello al informe final de verificación previo a la emisión del bono sostenible y los informes anuales de cumplimiento. 13) Inversionista: Persona física o jurídica que invierte en instrumentos financieros con la finalidad de obtener una ganancia económica. Quienes aportan recursos para el financiamiento de “actividades, obras y proyectos elegibles” mediante la compra de “Valores de Oferta Pública Temáticos”. 14) Mitigación: Intervención antropogénica para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero. 15) NDC: Contribuciones determinadas a nivel nacional dentro del Acuerdo de París que representan los esfuerzos de cada país para reducir emisiones nacionales y adaptarse al cambio climático. El Acuerdo de París solicita a cada país que describa y comunique sus acciones climáticas posteriores a 2020 y deben aplicar medidas internas de mitigación para alcanzar los objetivos de dichas contribuciones. 16) Oferta Pública de Valores Temáticos: Valores de Oferta Pública que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores y con esta Ley. Se entenderá por Oferta Pública de Valores lo definido en el Artículo 2 de la Ley 7732. 17) Objetivos de Desarrollo Sostenible: Iniciativa impulsada por Naciones Unidas para dar continuidad a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se encuentra constituida por 17 objetivos y 169 metas propuestos como continuación de los ODM incluyendo nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz, y la justicia, entre otras prioridades. 18) Smart Grid: Sistema de transmisión y distribución de electricidad que incorpora elementos de ingeniería tradicional y de vanguardia, tecnología de monitorización, tecnología de la información y comunicaciones para proporcionar un mejor desempeño de la red y apoyar una amplia gama de servicios adicionales para los consumidores. 19) Valores de Oferta Pública Temáticos: Son Valores de Oferta Pública que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores y además, con los requisitos de esta Ley en virtud de lo cual los recursos captados serán destinados para el financiamiento total o parcial o refinanciamiento de actividades, obras y proyectos elegibles; sean éstos nuevos o existentes. Estos valores deberán someterse a una verificación externa, cuyo Informe Final de Verificación formará parte de la documentación soporte de la emisión, y se encontrarán sujetos a informes de cumplimiento anuales, durante el plazo de vigencia de la emisión. Podrán ser emitidos por gobiernos, bancos multilaterales, entidades del Sistema Bancario Nacional, todo tipo de entidades gubernamentales sean éstas de la Administración central o descentralizada, empresas privadas, figuras de propósitos especiales como fideicomisos de captación e incluso las carteras de crédito enfocadas en actividades, obras y proyectos elegibles. 20) Verificación externa: Proceso de revisión de un tercero independiente e imparcial, experto en la materia de sostenibilidad, que acredite si una(s) actividad(es), obra(s) o proyecto(s) pueden considerarse elegibles bajo los estándares internacionales aplicables al caso, y en particular y de conformidad con la normativa y el modelo aplicable por las Bolsas de Valores en las cuales se estarían registrando las emisiones objeto de esta Ley. 21) Verificador: Tercero experto independiente e imparcial que acreditará si una(s) actividad(es), ora(s) o proyecto(s) califica como elegible. ### ARTÍCULO 3- Lineamientos generales para la implementación de esta Ley El Estado costarricense, a través del Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el Ministerio de Educación Pública serán responsables de coadyuvar, en forma concurrente y en el marco de sus competencias, para la implementación de las siguientes acciones: 1- Propiciar la implementación de Valores de Oferta Pública Temáticos por parte de los distintos sectores productivos del país. 2- Desarrollar e impulsar la adecuación y concreción de obras de infraestructura susceptibles de ser financiados mediante Valores de Oferta Pública Temáticos. 3- Otorgar incentivos a emisores e inversionistas de Valores de Oferta Pública Temáticos para fomentar el financiamiento e inversión en actividades, obras y proyectos elegibles. ### ARTÍCULO 4- Acciones para potenciar el financiamiento e inversión para el desarrollo sostenible mediante el uso de Valores de Oferta Pública Temáticos 1- Las Superintendencia General de Valores, Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia General de Entidades Financieras y la Superintendencia de Seguros, encargadas de la regulación de los fondos de pensión, fondos de inversión y aseguradoras, según corresponda, deberán proponer los ajustes normativos al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, para que los inversionistas institucionales puedan destinar un determinado porcentaje de su portafolio de inversión hacia Valores de Oferta Pública Temáticos y así contribuyan con el financiamiento del desarrollo sostenible de Costa Rica, invirtiendo en Valores de Oferta Pública Temáticos, un mínimo del dos por ciento de sus carteras de inversión, siempre y cuando haya disponibilidad. 2- Los emisores de valores temáticos, calificados como pequeñas o medianas empresas, que no puedan cumplir con los requisitos establecidos reglamentariamente para realizar oferta pública de valores, gozarán de un marco regulatorio diferenciado con un régimen de inscripción simplificado de autorización para que puedan accesar a los mercados de valores a través de la Oferta Pública de Valores Temáticos, de acuerdo con los requisitos que establezca el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, buscando el equilibrio entre la transparencia y el derecho al acceso del financiamiento a través de los mercados de valores de los potenciales emisores de valores. 3- Reducir el Encaje Mínimo Legal (EML) como mínimo en dos puntos porcentuales del Encaje Mínimo Legal establecido por la Junta Directiva del Banco Central, para aquellas entidades financieras que apoyen el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) mediante la emisión de Valores de Oferta Pública Temáticos. 4- Dados los objetivos y fines de esta Ley, el SETENA, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, SENARA, A y A, ASADAS, y la Dirección de Aguas/Minae, las Municipalidades y cualquier otra institución pública o privada involucrada en el proceso de autorización de las actividades, obras y proyectos elegibles, deberán dar trámite expedito a las actividades, obras y proyectos elegibles, aplicando la mitad de las tarifas establecidas. Asimismo, los abogados y notarios involucrados en el proceso deberán aplicar la mitad de los honorarios profesionales establecidos por colegio profesional correspondiente. 5- El proceso de autorización de Valores de Oferta Pública Temáticos será prioritario para la Superintendencia General de Valores, y deberán atenderse en un plazo menor al establecido para los valores ordinarios de oferta pública, para lo cual el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, adoptará las modificaciones reglamenterias necesarias para lograr dicho propósito. 6- Las Organizaciones Cooperativas, independientemente del giro de la actividad que desarrollen, estarán facultadas para captar recursos a través de la oferta pública de valores, de conformidad con los requisitos establecidos en la Ley Reguladora del Mercado de Valores, incluyendo para el financiamiento de actividades, obras y proyectos elegibles mediante la emisión de Valores de Oferta Pública Temáticos. ### ARTÍCULO 5- Otros Incentivos Con el fin de promover la inversión extranjera y el uso e implementación de los Valores de Oferta Pública Temáticos, y sin perjuicio de otros beneficios incorporados en esta Ley, se establece: a) Aquellas empresas que deban pagar impuesto sobre la renta por las utilidades generadas por proyectos financiados a través de valores de oferta pública temáticos, recibirán un crédito fiscal en el año subsecuente que corresponderá al 50% del impuesto efectivamente cancelado por concepto de dichas utilidades, aplicable a cualquier impuesto en el año subsecuente. Los valores de Oferta Pública emitidos al amparo del artículo 10 de la Ley 7732, ley Reguladora del Mercado de Valores, que además cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley, gozarán de los beneficios establecidos en este Artículo. ### ARTÍCULO 6- Sistema de verificación. El sistema de verificación de cumplimiento comprenderá dos etapas, siendo la primera de ellas una etapa de verificación previa a la emisión de Valores de Oferta Pública Temáticos que será realizada por parte terceros independientes expertos que estarán debidamente identificados en una lista que para estos efectos publicarán las Bolsas de Valores y la cual será puesta al conocimiento del público en general. Todas las emisiones de Valores de Oferta Pública Temáticos que cumplan con el estándar emitido por las Bolsas de Valores serán clasificadas en los sistemas transaccionales de las Bolsas de Valores mediante el diferenciador definido por las propias Bolsas, que permita identificarlas como emisiones de Valores Temáticos. La segunda etapa está constituida por informes anuales de cumplimiento que deberán ser efectuados por terceros independientes expertos, para efectos de comprobar que la emisión continúa en cumplimiento con el estándar usado originalmente para certificar la emisión, por lo que para mantener dicha clasificación, será obligatorio cumplir con los informes anuales y que éstos certifiquen que se continúa en cumplimiento con los estándares aplicables. ### ARTÍCULO 7- Terceros independientes expertos. El emisor deberá someter la actividad, obra o proyecto elegible a una verificación externa realizada por un tercero independiente experto que verifique el cumplimiento del estándar aplicable y para lo cual deberán de utilizarse métodos cualitativos y cuantitativos que calcularán, de manera tangible y específica, los beneficios ambientales, sociales, económicos, ecológicos y/o culturales producto de las actividades, obras y proyectos elegibles. Estas verificaciones de cumplimiento deberán ser llevadas a cabo por un tercero independiente experto en alguno de los siguientes grupos, publicados como tales por las Bolsas de Valores, a saber: a) Empresas acreditadas por la Entidad Costarricense de Acreditación bajo la norma ISO 14065. b) Calificadoras de riesgo que cuenten con una metodología específica para evaluar los Valores de Oferta Pública Temáticos. c) Certificadores internacionales que han sido autorizadas por el Climate Bond Initiative o cualquier otra autoridad internacional de reconocida experiencia. d) Las empresas que cumplan con las verificaciones que exigen los principios de Bonos Temáticos publicados por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA). ### ARTÍCULO 8- Pérdida de certificación de Valores de Oferta Pública Temáticos Aquellos emisores que hayan incumplido con la obligación de destinar los fondos captados de forma exclusiva para el financiamiento o refinanciamiento de una actividad, obra o proyecto elegible, según fueron detallados en el prospecto de la emisión, perderán la certificación y, a su vez, deberán emitir un hecho relevante a todo el mercado comunicando dicha situación, sumado a que como causa inmediata se perderán los incentivos generados mediante esta Ley, siendo el emisor quien deberá asumir el costo o carga financiera de los impuestos a cancelar en virtud de la pérdida de dichos beneficios. Específicamente, el emisor deberá asumir la diferencia en los impuestos sobre los rendimientos a pagar a los inversionistas, de tal forma que estos no sean perjudicados. ### ARTÍCULO 9- Transparencia y manejo de fondos. Para aumentar la credibilidad del mercado, así como la transparencia y la trazabilidad en la utilización de los Valores de Oferta Pública Temáticos, los fondos obtenidos por el emisor deben mantenerse en una subcuenta o cuenta separada, además su registro contable deber ser separado de forma que permita vincular los recursos provenientes de la emisión con los desembolsos y usos en las actividades, obras o proyectos elegibles financiados con la emisión. Dicha medida brindará mayor trazabilidad a la utilización de los fondos, ya que al estar separados de los recursos corrientes de la entidad emisora, se podrán identificar los movimientos de la subcuenta de forma clara y transparente. ### ARTÍCULO 10- Conservación de ecosistemas y su biodiversidad. En aquellos casos de fincas o partes de fincas particulares ubicadas dentro de la delimitación oficial de un Parque Nacional, Reserva Biológica o Refugio de Vida Silvestre que no hayan sido compradas, donadas o expropiadas, se faculta al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, a financiar mediante Valores de Oferta Pública Temáticos las servidumbres legales o los mecanismos de derechos de desarrollo sostenible necesarios para la protección ecológica, para cuya implementación y ejecución se podrán suscribir convenios, acuerdos, recibir donaciones y realizar cualquier otro tipo de negocio jurídico con organizaciones y entidades públicas o privadas, nacionales e internacionales. ### ARTÍCULO 11- Disposiciones derogatorias y de reforma. Se disponen las siguientes reformas a la Ley de Asociaciones Cooperativas y la Ley de Asociaciones Cooperativas de Crédito: a) Refórmase y adiciónese un párrafo final al Artículo 4 De la Ley No. 4179 cuyo texto dirá: “Las Cooperativas, independientemente de su naturaleza, podrán realizar Oferta Pública de Valores, y si cumplen con los requisitos de la LEY PARA POTENCIAR EL FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE EL USO DE VALORES DE OFERTA PÚBLICA TEMÁTICOS, gozarán también los beneficios de la misma”. b) Refórmase el inciso c) del Artículo 16 de la Ley No. 7391 cuyo texto dirá: “Efectuar inversiones, en títulos valores emitidos por instituciones financieras del Estado, empresas reguladas por las Leyes Nos. 1644 del 26 de setiembre de 1953, 5044 del 7 de setiembre de 1972 y la 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores, pertenecientes al sistema financiero costarricense. ### ARTÍCULO 12- El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en un plazo de noventa días a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. La ausencia de reglamento no impedirá su aplicación. DISPOSICIONES TRANSITORIAS ### TRANSITORIO I- Las Bolsas de Valores en un plazo máximo de tres meses pondrán en funcionamiento un proceso de registro de terceros expertos independientes y publicarán la lista oficial de verificadores. ### TRANSITORIO II- El Poder Ejecutivo y el Banco Central, implementarán en un plazo no mayor a 6 meses los incentivos y beneficios indicados en el artículo 5 de esta Ley. Hasta tanto no se oficialicen estos incentivos y beneficios, las actividades, obras y proyectos elegibles no podrán gozar de estos beneficios. ### TRANSITORIO III- Los Valores de Oferta Pública Temáticos emitidos antes de la vigencia de la presente Ley, se regirán por la legislación vigente en ese momento. El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero deberá reglamentar en un plazo de seis meses a partir de la vigencia de la presente Ley, el proceso diferenciado de autorización de oferta pública para pequeñas y medianas empresas de acuerdo con esta Ley. ### TRANSITORIO IV- En un plazo de seis meses a partir de la publicación de esta Ley, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero modificará la normativa de fondos de pensiones, aseguradoras y fondos de inversión, para que, en las políticas de inversión de estos participantes, se incluya que un determinado porcentaje de portafolio debe estar invertido en Valores de Oferta Pública Temáticos, en concordancia con el Artículo 4, cláusula 1 de esta Ley. ### TRANSITORIO V- Los fondos de pensiones, aseguradoras y fondos de inversión dispondrán de un plazo de dos años para cumplir con el porcentaje de inversión definido en el artículo 4 de esta Ley. Este último plazo podrá ser prorrogado mientras no exista la suficiente oferta de este tipo de valores. Rige a partir de su publicación. Paola Viviana Vega Rodríguez Ana Karine Niño Gutiérrez Paola Alexandra Valladares Rosado Mileidy Alvarado Arias Luis Fernando Chacón Monge Erwen Yanan Masís Castro José María Villalta Flórez-Estrada Diputadas y diputados 26 de agosto de 2020 NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Ambiente. El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura. Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/22160). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.