# Expediente 22168: Proyecto para regular el trabajo en las cárceles se archivó en 2022 - Página: https://elcenso.com/leyes/22168 - Tipo: Proyecto de ley (expediente legislativo) - Título oficial: LEY PARA REGULAR EL TRABAJO PENITENCIARIO - Publicada: 2020-09-01 - La Gaceta: 220 - Fuente oficial: https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx ## En resumen El expediente 22168, que proponía reglas para el trabajo penitenciario y la redención de pena, fue archivado con un dictamen negativo en abril de 2022 y ya venció su plazo de cuatro años. ## A quién le toca - Personas privadas de libertad que quisieran descontar pena con trabajo. - Familias de personas privadas de libertad que reciben parte del ingreso del trabajo penitenciario. - Dirección General de Adaptación Social y directores de centros penales. - Instituto Nacional de Criminología y su Departamento Técnico. - Jueces de ejecución de la pena. ## A quién beneficia - El proyecto habría dado un procedimiento claro para autorizar el descuento de pena por trabajo. - Hablaba de remuneración del trabajo penitenciario y de su uso para la familia y las víctimas. - Ordenaba una póliza de indemnización por accidentes de las personas privadas de libertad. - Permitía convenios con entidades públicas y privadas para generar trabajo en los centros penales. ## Qué cambia - Al estar archivado, no cambia ninguna regla vigente sobre trabajo penitenciario. - El artículo 55 del Código Penal sigue siendo la referencia para la redención de pena por trabajo. - El decreto 40849-J de 9 de enero de 2018 sigue regulando el trabajo penitenciario según el propio texto del proyecto. - Un tema parecido tendría que presentarse de nuevo y pasar todo el trámite. ## Cláusulas a revisar - **Convenios con aprobación de un solo jerarca** (9): El artículo 9 permitía al director del centro firmar convenios con personas de derecho público o privado, con o sin ánimo de lucro, con la sola aprobación del director de Adaptación Social. El texto no fijaba criterios, montos ni controles para esos convenios. Texto: "El director de cada centro penal, previa aprobación del director de Adaptación Social podrá celebrar convenios o contratos con personas de derecho público o privado con o sin ánimo de lucro, con el fin exclusivo de garantizar el trabajo de los privados de libertad." - **Póliza obligatoria sin fuente de pago** (8): El artículo 8 ordenaba suscribir una póliza para cubrir indemnizaciones por accidentes, pero el texto no decía de dónde sale el dinero para pagarla. Texto: "En caso de accidente los internos tendrán derecho a las indemnizaciones de ley, para lo cual el director de cada centro penal deberá suscribir una póliza que cubra a la población privada de libertad en situación de riesgo." - **Incentivos sin definir** (13): El artículo 13 decía que el gobierno incentivaría a quienes se vincularan a los programas de trabajo, pero no decía qué tipo de incentivo ni cómo se otorga. Texto: "El gobierno incentivará a aquellas personas físicas o jurídicas que se vinculen a los programas de trabajo en los centros penales." ## Explicación ### Qué propone El proyecto 22168 no es ley. Fue archivado. Proponía una ley para regular el trabajo que hacen las personas privadas de libertad en los centros penales y cómo ese trabajo sirve para descontar la pena. El artículo 1 declaraba el trabajo en los centros penales obligatorio para quienes lo invocaran para descontar la multa o la pena de prisión ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Lo definía como medio terapéutico para la resocialización y prohibía usarlo como sanción disciplinaria. El artículo 2 limitaba la autorización del Instituto de Criminología: solo podía aprobar el descuento de pena a personas vinculadas a los programas del centro penal o a los convenios que este firmara ([art. 2](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). La organización del trabajo (métodos, horarios, higiene y seguridad) quedaba a cargo de la Dirección General de Adaptación Social, en coordinación con el director de cada centro penal ([art. 3](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Solo los trabajos organizados por esa Dirección, directamente o por medio de otras instituciones públicas o empresas privadas, valían para redimir la pena ([art. 4](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El juez de ejecución podía revisar en cualquier momento el trabajo en los centros penales de su jurisdicción y reportar irregularidades al director respectivo en tres días ([art. 6](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El jefe del Departamento Técnico del Instituto Nacional de Criminología debía mantener actualizado el Registro Ocupacional de cada persona privada de libertad, con horas y rendimiento laboral, y su incumplimiento era falta grave ([art. 7](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El artículo 8 ordenaba al director de cada centro penal suscribir una póliza para cubrir indemnizaciones en caso de accidente de las personas privadas de libertad ([art. 8](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El artículo 9 permitía al director del centro, con aprobación del director de Adaptación Social, firmar convenios con personas de derecho público o privado, con o sin ánimo de lucro, para garantizar trabajo ([art. 9](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). También prohibía que las personas privadas de libertad contrataran trabajos con particulares: debían hacerlo con la administración del centro. El artículo 11 decía que el trabajo sería remunerado y que ese dinero se usaría para gastos personales, apoyo alimentario a la familia, resarcir daños a las víctimas y sufragar gastos al salir en libertad ([art. 11](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El artículo 12 prohibía el uso de dinero dentro del centro penal ([art. 12](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El artículo 13 decía que el gobierno incentivaría a personas físicas o jurídicas que se vincularan a los programas de trabajo ([art. 13](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). ### En qué va el trámite El proyecto está archivado. La ficha registra que el 6 de abril de 2022 la Comisión de Asuntos Jurídicos (Área VII) archivó el expediente con un Dictamen Unánime Negativo (Art. 81 BIS) [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). Antes de eso, el proyecto se presentó en el Plenario el 24 de agosto de 2020 y se envió a la Imprenta Nacional el 27 de agosto de 2020 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). La comisión recibió el proyecto el 9 de setiembre de 2020, lo debatió el 15 de setiembre de 2020 y votó el 16 de marzo de 2022. El plazo cuatrienal venció el 24 de agosto de 2024 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). Para que fuera ley faltaba el dictamen afirmativo de comisión, el primer debate, el segundo debate y la sanción del Poder Ejecutivo ([Constitución, art. 124](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). Nada de eso ocurrió. ### Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque directo entre el texto archivado y los artículos de la Constitución que están en el dossier. Hay puntos que merecen mirada. El artículo 56 de la Constitución dice que "El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad" y que el Estado debe procurar ocupación "debidamente remunerada" ([Constitución, art. 56](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto hacía obligatorio el trabajo para quien invocara la redención de pena ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)) y ordenaba remunerarlo ([art. 11](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Esa obligatoriedad condicionada calza con la idea de obligación social del trabajo, aunque el texto no fijaba cómo se determina el monto del salario. El artículo 57 garantiza "un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna" ([Constitución, art. 57](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto decía que el trabajo "será remunerado" pero no fijaba salario mínimo ni jornada ([art. 11](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Queda la duda de cómo se aplicaría ese derecho constitucional dentro de un centro penal. El artículo 58 fija la jornada diurna en ocho horas y la semanal en cuarenta y ocho ([Constitución, art. 58](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto dejaba los horarios en manos de la Dirección General de Adaptación Social y del director del centro ([art. 3](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)), sin remitirse a ese límite. Es una duda, no un choque declarado. El artículo 35 prohíbe juzgar por comisión o tribunal especialmente nombrado ([Constitución, art. 35](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto daba al juez de ejecución la potestad de constatar el trabajo y reportar irregularidades ([art. 6](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)), y al juez competente la de determinar si la formación cumplía requisitos para reducir la pena ([art. 10](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Eso encaja con jueces ya establecidos. ### Qué puede hacer usted Este proyecto ya está archivado y su plazo venció. Las herramientas de la guía sirven para mirar el expediente y, si quiere, empujar un tema parecido por otra vía. 1. Consultar el estado del expediente. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea brinda información sobre el estado de tramitación de los proyectos y las actas de Plenario y Comisión ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). 2. Presentar una propuesta de ley por el formulario web de la Asamblea. La guía explica que no hace falta el texto completo: basta plantear la propuesta de forma sencilla, y la Oficina de Iniciativa Popular la remite a los diputados para que decidan si la adoptan ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). 3. Si quiere una iniciativa con garantía de discusión, la vía es la iniciativa popular: se necesitan firmas equivalentes al cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral y el TSE traslada el proyecto a la Asamblea ([guía, p. 26](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26)) ([guía, p. 30](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=30)). 4. Para temas de trabajo penitenciario, la Contraloría General de la República recibe denuncias sobre manejo irregular de recursos públicos, por teléfono al 2501-8025 o por su portal de denuncia electrónica ([guía, p. 68](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68)). ### Lo que no sabemos - El dossier no dice por qué la Comisión de Asuntos Jurídicos votó un dictamen negativo unánime. - El dossier no incluye el texto del dictamen ni las razones que dio la comisión. - El dossier no dice si hubo audiencias o comparecencias de la Dirección General de Adaptación Social o del Instituto Nacional de Criminología. - El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente. ## Frente a la Constitución El texto archivado no muestra un choque directo con la Constitución del dossier, pero deja sin precisar salario mínimo, jornada y límites del trabajo obligatorio que la Constitución protege. ## Qué puede hacer usted - Consultar el estado del expediente en la Oficina de Iniciativa Popular: Pedir información sobre el estado de tramitación del expediente 22168 y las actas de la Comisión de Asuntos Jurídicos. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Presentar una propuesta de ley por el formulario web de la Asamblea: Llenar el formulario en la página de la Asamblea con la propuesta planteada de forma sencilla. La Oficina de Iniciativa Popular la remite a los diputados. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Iniciativa popular: Reunir firmas del cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral y presentarlas al TSE, que traslada el proyecto a la Asamblea. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26) - Denuncia ante la Contraloría General de la República: Llamar al 2501-8025 (Área de Denuncias e Investigaciones) o usar el portal de denuncia electrónica. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68) ## Lo que no sabemos - No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente. ## Fuentes 1. Expediente 22168: LEY PARA REGULAR EL TRABAJO PENITENCIARIO. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa, 2020-09-01. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx 2. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 3. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf ## Texto oficial completo ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY LEY PARA REGULAR EL TRABAJO PENITENCIARIO DRAGOS DOLANESCU VALENCIANO DIPUTADO EXPEDIENTE N.° 22.168 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES PROYECTO DE LEY LEY PARA REGULAR EL TRABAJO PENITENCIARIO Expediente N.° 22.168 ASAMBLEA LEGISLATIVA: El tema del trabajo penitenciario ha sido recurrente en las diferentes legislaturas, esto debido a la importancia que reviste para la sociedad como uno de los elementos fundamentales en el tratamiento del interno especialmente en el proceso de resocialización; no obstante, muchas de estas iniciativas han sido archivadas. El derecho al trabajo es un derecho fundamental, que se encuentra establecido ampliamente en el derecho internacional y en el ordenamiento jurídico costarricense, derecho que no pierden las personas privadas de libertad. Al respecto, el artículo 55 del Código Penal hace una mención general al trabajo penitenciario señalando los requisitos para su determinación e indicando claramente que este no constituye una relación laboral, a saber: ### ARTÍCULO 55- El Instituto de Criminología, previo estudio de los caracteres sicológicos, siquiátricos y sociales del interno, podrá autorizar al condenado que haya cumplido por lo menos la mitad de la condena, o al indicado, para que descuente o abone la multa o la pena de prisión que le reste por cumplir o que se le llegue a imponer, mediante el trabajo en favor de la Administración Pública, de las instituciones autónomas del Estado o de la empresa privada. Para tal efecto, un día de trabajo ordinario equivale a un día multa y cada dos días de trabajo ordinario equivalen a un día de prisión. Las labores de toda índole, que se realicen en el centro de adaptación social y fuera del computarán en igual forma. El salario respectivo se abonará total o parcialmente para satisfacer la multa impuesta. El interno gozará de los beneficios que el Estado y sus instituciones otorguen a los trabajadores, aunque no existirá relación laboral entre el empleador y el empleado interno. Según el diccionario del Poder Judicial el trabajo penitenciario se define como el trabajo realizado por los privados de libertad dentro de un centro penal o fuera de él. En Costa Rica este concepto abarca actividades de formación técnica y profesional, prestación de servicios auxiliares, trabajos artesanales, de producción intelectual, literaria, artística, así como el realizado en actividades de dirigencia u organización permanente de actividades destinadas a la población penal y la prestación de servicios laborales a empresas o instituciones públicas, privadas, a proyectos institucionales o por cuenta propia. Uno de los principales fines del trabajo penitenciario es que las personas privadas de libertad continúen siendo personas productivas a pesar de su condición y además pueden acceder a un incentivo económico con el que pueden adquirir bienes de uso personal, como ropa o comestibles e incluso puedan enviarle parte o el total de estos recursos a sus familiares, lo que puede representar un gran aporte para estas personas y que, a su vez, los privados de libertad sientan un estímulo al estar contribuyendo con el bienestar de sus familias. El voto número 05084, de la Sala Constitucional, indica que el llamado trabajo penitenciario resulta ser de una naturaleza diversa de la que realizan los llamados trabajadores libres, y su diferencia radica en las condiciones y situación del sujeto que lo lleva a cabo, esto lo convierte en una forma de tratamiento y que por la finalidad que tiene y como un requisito para que sea eficaz debe asemejarse lo más posible al trabajo que realizan normalmente las personas para vivir. Además, otro beneficio importante con que cuentan las personas privadas de libertad es que mediante la realización de trabajo penitenciario podrán descontar días de la pena que le falta por cumplir; en el entendido que este tipo de beneficio debe ser autorizado por el Instituto de Criminología, previo estudio de los caracteres sicológicos, siquiátricos y sociales del interno, que haya cumplido por lo menos la mitad de la condena, o al indiciado, mediante el trabajo a favor de la Administración Pública, de las instituciones autónomas del Estado o de la empresa privada. Por otro lado, la Sentencia N.º 5084-96 de la Sala Segunda de Justicia señala que lo que se pretende con el trabajo penitenciario es un tratamiento rehabilitador, un aprendizaje de hábitos y conductas socialmente aceptables, evitando de esta manera el deterioro que produce el ocio de una vida de encierro, por lo que es importante que los privados de libertad lleven a cabo una actividad que les permita lograr ese objetivo, por lo que no puede ser de manera impositiva, ya que es importante que el trabajo penitenciario logre ser terapéutico para la persona privada de libertad. De igual manera, el trabajo penitenciario es importante como parte de las políticas de reinserción de las personas privadas de libertad a la sociedad, pues le permite mediante la experiencias laborales que llevará a cabo, desarrollar una serie de capacidades formativas e informativas que le pueden ser útiles para cuando sea parte del mercado laboral al cumplir su pena, ya que al fomentar valores pro laborales y a la vez consolidar su formación le permitirá adquirir oficio o acceder a oportunidades de empleabilidad fuera del centro penitenciario. Con respecto a la regulación del trabajo penitenciario, es importante señalar que actualmente el decreto número 40849-J de 9 de enero de 2018 establece una serie de normas que regulan este tipo de trabajo: ### Artículo 9- Principio de inserción y atención de calidad. La administración penitenciaria buscará la inserción social de las personas privadas de libertad. Para ello, tomará las medidas necesarias a efecto de poder ofrecerles a las personas educación, cultura, formación profesional, trabajo, salud, deporte, arte y cualquier otra que tenga el mismo fin. ### Artículo 47- Área de Formación para el Trabajo. Es la responsable de planear, coordinar, dirigir y supervisar los procesos formativos y productivos que se ejecutan en la unidad, así como de coordinar lo correspondiente para la correcta ejecución de los procesos productivos acordados con empresas privadas. ### Artículo 133- Principio general. Toda persona privada de libertad goza de los mismos derechos y garantías individuales, sociales, culturales, económicas y políticas, de los que son titulares los habitantes de la República, salvo aquellos que sean incompatibles con la modalidad de ejecución de la pena o custodia en que se encuentre. Sus condiciones de vida deberán tener como referencia la vida en libertad bajo un principio de normalidad, procurando reducir al máximo los efectos negativos y de deterioro de los distintos grados de privación de libertad. Pese a la anterior regulación, es de especial interés para este legislador la búsqueda de espacios de diálogo entre los diferentes actores involucrados como la administración penitenciaria, la administración de justicia, la empresa privada, los defensores y las víctimas, entre otras, con el fin de determinar, no solo las diferentes modalidades sino también su aplicación dentro de los centros penitenciarios. Por tanto, consideramos que el trabajo penitenciario deberá ser proporcionado por la administración penitenciaria, a través de la implementación de los talleres laborales de los establecimientos penitenciarios, por los propios medios del interno o de sus familiares o por entidades públicas y/o privadas a través de la DGAS. Lo anterior se logra otorgando a la Dirección General de Adaptación Social, como órgano rector del sistema penitenciario, la responsabilidad de suscribir convenios de cooperación interinstitucional con entidades públicas y privadas que hagan posible el cumplimiento de los objetivos de este proyecto de ley. Es importante resaltar que el trabajo penitenciario representa muchos beneficios al interno dentro de los cuales podemos destacar: 1- Posibilidad de aprender una opción laboral que pueda desarrollar cuando obtenga su libertad. 2- Mantenerse ocupado desarrollando su creatividad e ingenio en el trabajo que desarrolla, buscando su perfeccionamiento. 3- Obtener ingresos económicos para él y sus familiares. 4- La redención de la pena por el trabajo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 del Código Penal. Asimismo, vale la pena destacar las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, que en su numeral 71 establece lo siguiente: 1) El trabajo penitenciario no deberá tener carácter aflictivo. 2) Todos los condenados serán sometidos a la obligación de trabajar habida cuenta de su aptitud física y mental, según la determine el médico. 3) Se proporcionará a los reclusos un trabajo productivo, suficiente para ocuparlos durante la duración normal de una jornada de trabajo. 4) En la medida de lo posible, ese trabajo deberá contribuir por su naturaleza a mantener o aumentar la capacidad del recluso para ganar honradamente su vida después de su liberación. 5) Se dará formación profesional en algún oficio útil a los reclusos que estén en condiciones de aprovecharla, particularmente a los jóvenes. 6) Dentro de los límites compatibles con una selección profesional racional y con las exigencias de la administración y la disciplina penitenciarias, los reclusos podrán escoger la clase de trabajo que deseen realizar. Sobre el mismo tema, continúa señalando su numeral 72: 1) La organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán asemejarse lo más posible a los que se aplican a un trabajo similar fuera del establecimiento, a fin de preparar a los reclusos para las condiciones normales del trabajo libre. 2) Sin embargo, el interés de los reclusos y de su formación profesional no deberán quedar subordinados al deseo de lograr beneficios pecuniarios de una industria penitenciaria. En síntesis, la presente iniciativa plantea dotar a la administración penitenciaria y a la administración de justicia de un instrumento normativo que permita la aplicación correcta del beneficio establecido en el artículo 55 del Código Penal, por tanto, se propone: - Dispone la obligación de las personas privadas de libertad, que invoquen el trabajo penitenciario como beneficio para descontar la pena, estableciendo su permanencia en algún programa del centro penal. - Establece la responsabilidad de la Dirección de Adaptación Social en la organización del trabajo penitenciario, en coordinación de los directores de los centros penales. - Señala la que potestad del juez de ejecución podrá constatar la aplicación del trabajo penitenciario, indicando las irregularidades si existieran. - Contempla como falta grave en el ejercicio del cargo del jefe del Departamento Técnico del Instituto Nacional de Criminología la omisión de mantener actualizado el expediente de Registro Ocupacional de cada privado de libertad. - Propone que el director de cada centro penal suscriba una póliza que cubra a la población privada de libertad en situación de riesgo en caso de indemnizaciones. - Indica la potestad de los directores de los centros penales para celebrar convenios con personas de derecho público o privado con o sin ánimo de lucro. - Plantea la suscripción de convenios de capacitación y preparación para un trabajo independiente, e incluso sentar las bases para una reinserción social en condición de empresario. Por los motivos y razones expuestos, se somete a conocimiento y aprobación de las señoras diputadas y los señores diputados el presente proyecto de ley. **LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA** **DECRETA:** LEY PARA REGULAR EL TRABAJO PENITENCIARIO ### ARTÍCULO 1- El trabajo en los centros penales es obligatorio para las personas privadas de libertad, que lo invoquen para descontar o abonar la multa o pena de prisión. Será considerado como medio terapéutico adecuado a los fines de la resocialización. No tendrá carácter aflictivo ni podrá ser aplicado como sanción disciplinaria. Se organizará atendiendo las aptitudes y capacidades de los internos, permitiéndoles dentro de lo posible escoger entre las diferentes opciones que presente la Dirección General de Adaptación Social, siempre que sean compatibles con la seguridad del centro penal. ### ARTÍCULO 2- El Instituto de Criminología solo podrá autorizar el descuento o abono de la multa o pena de prisión, a aquellas personas privadas de libertad que se encuentren vinculadas a los programas del centro penal o a los convenios suscritos por este. ### ARTÍCULO 3- La organización del trabajo penitenciario, sus métodos, horarios, medidas preventivas, de higiene y seguridad serán responsabilidad de la Dirección General de Adaptación Social, en coordinación con el director del centro penal, quien fijará los planes y establecerá los programas de los trabajos por realizarse. ### ARTÍCULO 4- Los trabajos organizados por la Dirección General de Adaptación Social, sea directamente, por medio de otras instituciones públicas o empresas privadas serán los únicos válidos para redimir la pena. ### ARTÍCULO 5- La Dirección General de Adaptación Social procurará los medios necesarios para crear en los centros penales fuentes de trabajo, industriales, agropecuarias o artesanales. ### ARTÍCULO 6- El juez de ejecución podrá constatar en cualquier momento el trabajo que se esté llevando a cabo en los centros penales de su jurisdicción, si encontrara alguna irregularidad lo pondrá en conocimiento del director respectivo dentro de los tres días siguientes. ### ARTÍCULO 7- El jefe del Departamento Técnico del Instituto Nacional de Criminología será el responsable de mantener actualizado en el expediente el Registro Ocupacional de la persona privada de libertad, en el cual se deberá consignar la trayectoria laboral y educativa realizada por la persona recluida en los períodos de prisión preventiva y en los de ejecución de sentencia condenatoria. Dicho registro será actualizado diariamente, indicando como mínimo las horas y el rendimiento laboral. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave en el ejercicio de su cargo. ### ARTÍCULO 8- En caso de accidente los internos tendrán derecho a las indemnizaciones de ley, para lo cual el director de cada centro penal deberá suscribir una póliza que cubra a la población privada de libertad en situación de riesgo. ### ARTÍCULO 9- El director de cada centro penal, previa aprobación del director de Adaptación Social podrá celebrar convenios o contratos con personas de derecho público o privado con o sin ánimo de lucro, con el fin exclusivo de garantizar el trabajo de los privados de libertad. Asimismo, se podrán iniciar programas o suscribir convenios de capacitación y preparación para un trabajo independiente, e incluso sentar las bases para una reinserción social en condición de empresario. Las personas privadas de libertad no podrán contratar trabajos con particulares. Estos deberán hacerlo con la administración de cada centro penal. ### ARTÍCULO 10- Se entenderá por trabajo el que realicen las personas privadas de libertad dentro o fuera del centro, en programas del centro penal o por convenio con empresas públicas o privadas en las modalidades siguientes: a) La prestación de servicios laborales a empresas o instituciones públicas, empresas privadas, o en proyectos del centro penal. b) Las de dirigencia u organización permanente de actividades orientadas a la formación profesional o técnica a la población penal. c) Las artesanales, de producción intelectual, literaria y artística. El juez competente determinará si la formación profesional o técnica y la formación académica realizada por una persona privada de libertad, cumple con los requisitos exigidos para efecto de conceder la reducción de la pena. Las prestaciones de servicios auxiliares comunes del centro serán tomadas como trabajo para la aplicación del artículo 55 del Código Penal, siempre que constituya una labor continua y permanente por las personas privadas de libertad. ### ARTÍCULO 11- El trabajo del interno será remunerado. Dicha remuneración se aplicará para su autosostenimiento, para que atienda los auxilios alimentarios de su entorno familiar, para resarcir los daños civiles provocados a sus víctimas y para sufragar los gastos de su nueva vida al ser puesto en libertad. ### ARTÍCULO 12- Se prohíbe el uso de dinero en el centro penal. La Dirección General de Adaptación Social reglamentará las modalidades de pago de bienes y servicios internos en los centros de reclusión. ### ARTÍCULO 13- El gobierno incentivará a aquellas personas físicas o jurídicas que se vinculen a los programas de trabajo en los centros penales. Rige a partir de su publicación. Dragos Dolanescu Valenciano Diputado 27 de agosto de 2020 NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos. Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios. Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/22168). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.