Proyecto para castigar crímenes de odio quedó archivado sin ser ley

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

LEY PARA PENALIZAR LOS CRÍMENES DE ODIO, EL DELITO DE DISCRIMINACIÓN RACIAL Y OTRAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

NIELSEN PÉREZ PÉREZ JORGE LUIS FONSECA FONSECA Y VARIAS SEÑORAS DIPUTADAS Y SEÑORES DIPUTADOS

EXPEDIENTE N.° 22.171

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

PROYECTO DE LEY

LEY PARA PENALIZAR LOS CRÍMENES DE ODIO, EL DELITO DE DISCRIMINACIÓN RACIAL Y OTRAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

Expediente N.° 22.171

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Costa Rica se define como una República democrática, pluriétnica y multicultural, con el firme propósito de reconocer la diversidad étnica y cultural que caracterizan al país.

Bajo este marco de acción se han impulsado y ratificado compromisos tanto en declaraciones, convenciones y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, como los siguientes:

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos
• La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
• La Convención Americana de Derechos Humanos
• La Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza
• La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
• El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
• La Convención sobre los Derechos del Niño
• La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer
• La Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales
• La Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas
• La Declaración y Programa de Acción de Beijing
• La Declaración final, programa y plan de acción de la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia
• El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
• La Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, promulgada por la Organización de Estados Americanos
• El Decenio Internacional para los Afrodescendientes del 1º de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2024
• La Agenda de las Naciones Unidas 2030 para el Desarrollo Sostenible
• El Programa de actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes

Desde estos instrumentos internacionales, se señala la importancia de que, como país, asumamos el compromiso de promover un marco de acción de respeto por los derechos humanos, así como de combatir y erradicar todas aquellas manifestaciones de racismo y discriminación racial que puedan presentarse en el plano nacional, regional o internacional.

De esta forma, el Estado costarricense debe promover acciones tendientes a intensificar la lucha contra el racismo y la discriminación, en espacios tales como la educación, la cultura, el trabajo y más recientemente en el deporte.

Sin embargo, las desigualdades estructurales que históricamente han enfrentado las personas afrodescendientes en Costa Rica ponen de manifiesto las brechas persistentes y los grandes pendientes que como nación tenemos para alcanzar la igualdad en todos los planos, y que se evidencian a partir de los datos del último censo del 2011, las cuales limitan el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas afrodescendientes, entre ellos el acceso a la justicia.

En América Latina y el Caribe han sido reconocidas las desigualdades sociales y económicas que enfrentan la población indígena y afrodescendiente. Y los recientes hechos de violencia policial ocurridos en los Estado Unidos y otras partes de la América Latina y el Caribe ponen de manifiesto la situación estructural de violencia a la cual históricamente se ha visto expuesta la población afrodescendiente.

En Brasil se identifica que al 2017 la tasa de homicidios de personas negras creció en 33,1 por ciento, mientras que la tasa de personas no negras creció tan un 3,3 por ciento, el peso de la desigualdad racial en Brasil indica que al 2017 el 75,5 por ciento de víctimas de homicidios eran personas negras, las cuales en su mayoría son personas jóvenes. (Fuente: Atlas de la Violencia 2019. Instituto de Pesquisa Económica Aplicada de Brasil).

Según datos de la Unicef de cada 1000 adolescentes 4 serán asesinados antes de cumplir 19 años, lo que representaría al año 2021 cuarenta y tres mil brasileños entre los 12 y 18 años asesinados. En un país donde, producto del racismo y la discriminación racial, estos pueblos y comunidades carecen en su gran mayoría, de un acceso igualitario a la justicia, entre otros.

El racismo ha generado millones de víctimas a través de la historia, razón por la cual el reciente asesinato de George Floyd que ha consternado al mundo entero no puede ser interpretado como un acto aislado.

Así lo plantea Quince Duncan durante su comparecencia ante la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa el pasado mes de junio, al indicar que “la violencia y la discriminación derivada del racismo son sobre todo y, ante todo, una violación de derechos humanos y como tal, son objeto central de regulación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos para prohibirlas y erradicarlas.”

Con base en los tratados internacionales de derechos humanos, se define racismo como toda teoría que invoque una superioridad o inferioridad intrínseca de grupos raciales o étnicos que dé a unos el derecho de dominar o eliminar a los demás, presuntos inferiores, o que haga juicios de valor basados en una diferencia racial. Estas ideas carecen de fundamento científico y son contrarias a los principios morales y éticos de la humanidad.

Y siempre tomando en cuenta las fuentes dichas, todas las convenciones y tratados al unísono definen la discriminación como: cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Parte.

Asimismo, se entiende por intolerancia el acto o conjunto de actos y manifestaciones que expresan el irrespeto, el rechazo o el desprecio de la dignidad, características, convicciones u opiniones de los seres humanos por ser diferentes o contrarias.

Es importante señalar que una expresión de la discriminación que afecta a una persona o colectivo, como los afrodescendientes es el perfilamiento racial.

En el derecho internacional de los derechos humanos, así como en otras normativas internacionales y regionales existen diferentes definiciones sobre perfilamiento racial. Entre ellas, se pueden destacar las definiciones establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración y Programa de Acción de Durban, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia.

El perfilamiento racial es toda acción realizada por la policía o un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, contra una persona o un colectivo, basada en sus características físicas (como la raza, origen étnico, apariencia, etc.), que pretende justificar una actuación sin un sustento legítimo ni objetivo.

Los elementos constitutivos de este acto son:

a. Trato diferente a una persona o colectivo. b. Basado en aspectos subjetivos (color, raza, etnia, etc.). c. Llevado a cabo por agentes de policía u otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. d. Pretende justificar una actuación de control, vigilancia, investigación o sanción. e. No existe un motivo legítimo basado en un comportamiento individualizado (no hay información válida ni sustentada para dicha acción). Ahora bien, frente a la pregunta de si en nuestro país hay racismo, don Quince Duncan enumera las siguientes situaciones que ofrece una respuesta a esa pregunta:

• Un exdiputado denunció a los chinos que están acaparando los comercios al por menor. Pero no distingue si se trata de “chino ciudadano de la República Popular China”, o de un sino-descendientes, vale decir, costarricenses. Si se refiere a empresas extranjeras chinas, ¿por qué no protesta contra las empresas extranjeras norteamericanas? y si se trata de chinos costarricenses, son ticos y se supone que tienen iguales derechos que el señor exdiputado.

• ¿Y qué hacemos con el texto escolar que asegura que las mujeres negras llegaron a Limón en condición de “prostitutas”? ¿Con todo el prejuicio sexista y racista que tiene esa palabra derogatoria contra las mujeres?

• Otro ejemplo es el del profesional en salud que sale a hablar de que la gente negra es la que más feo huele (bromhidrosis), sin que haya ni una sola evidencia de que esa sea una enfermedad específica de la población negra.

• Y peor todavía, la imagen con que el canal de televisión ilustra el tema, con un varón negro y una mujer tapándose la nariz en su presencia.

Pero, también, hay prácticas discriminatorias institucionalizadas que provocan la desigualdad racial como el caso en que la policía detuvo a unos muchachos negros que venían en un jeep más o menos nuevo. Los detienen, los bajan, los requisan, sobre el supuesto de que toda la gente negra es pobre y si tienen un jeep de esos, tiene que ser mal habido. O robaron o están en drogas.

También hay prejuicios y estereotipos culturales que hacen imposible percibir la realidad:

• Un profesor, tras varios años de trabajar en Limón me dijo que no hay cultura en Limón.

• Se oye aún que la población negra no podía pasar de Turrialba. Pues yo nací en el San Juan de Dios en 1940, y cómo explicar que la familia Curling nunca vivió en Limón.

También hay mitos que son parte de la estructura identitaria construida sobre la base de que Costa Rica es blanca, cuando la única mayoría es mestiza y las minorías son la negra, la oriental, la indígena y la blanca.

La tesis de que no hay racismo en Costa Rica, solo se sostiene si se ignoran las quejas de una persona de gran cultura como lo es Carlos Watson, ante los insultos en los estadios: y, por cierto, por quejarse de que los dirigentes no aplican las normas, lo sancionaron.

Muchos de estos prejuicios racistas, relaciones discriminatorias y estereotipos, se justifican entre grupos como moralmente aceptables y científicamente establecidas.

Por ejemplo, la escuela costarricense enseña que los niños negros rumian “pensamientos más negros que su piel” como en el caso del niño Cocorí y hay una defensa arrogante que lo justifica con el cuento de que era la época, que así eran los negritos limonenses y así son. No se dice que el 80% de la población afrocaribeña sabía leer y escribir, según el censo de 1927, 20 años antes de este libro, mientras que el promedio nacional era del 47%.

Persisten creencias y actos antisociales, y en Costa Rica no parece importar muchos que una niña josefina, llena de talcos todo su cuerpo para ver si la aceptan sus compañeritos de la escuela, ni que una de las maestras, a propósito del incidente comentara que la culpa es de la madre de la niña por ponerle un papá negro.

Y se convierten estos prejuicios en prácticas con consecuencias estructurales, como el cuento de que no se habla inglés en Limón, y para probarlo cerraron las escuelas de inglés, y no les importó la maestra de La Línea que se lanzó al tren cuando le prohibieron enseñar, lo cual había hecho toda su vida. Y vuelven la cara y cambian el tema cuando se plantea el asesinato de indígenas en el pacífico sur del país.

Se podrían seguir documentando más situaciones en Costa Rica, como los que han vivido la exclusión de espacios privados de acceso público como clubes campestres, discoteques o bares por el hecho de ser personas negras o indígenas, en una clara discriminación contraria a la dignidad humana y sin que, a la fecha, existan claros mecanismos de protección y tutela de los derechos de esta población.

Porque aun cuando la Constitución Política establece en su artículo 33 la garantía de igualdad y de no discriminación; aun cuando nuestro país ha ratificado las convenciones de derechos humanos tanto del sistema universal como del sistema interamericano, aun cuando existe un delito en el Código Penal desde 1970 denominado discriminación racial, no cumple a la fecha con la obligación de revisar su legislación para que sancione la discriminación racial en los parámetros que establece el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD), como se demuestra a continuación.

DISCRIMINACIÓN RACIAL

Sistema Universal de Derechos Humanos

Organización Interamericana de Estados Americanos

1965

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, conocida como CERD.

Entrada en vigor: 4 de enero de 1969

2013

Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.

Entrada en vigor: 11 de noviembre de 2017

Ratificada por Costa Rica el 16 enero 1967

Ratificada por Costa Rica el 9 de diciembre de 2016

Sobre los alcances de estos dos instrumentos internacionales, particularmente sobre la conceptualización y los compromisos de sancionar la discriminación racial, que es el objeto de este proyecto de ley, se destacan las siguientes disposiciones:

En la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, se define en su artículo 1.1 lo que entiende por discriminación racial en los siguientes términos:

Artículo 1.1. En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

Y en su artículo 4, el inciso a) se refiere a los compromisos de condenar, prohibir y sancionar manifestaciones concretas de la discriminación racial, a saber:

Artículo 4. Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación, y, con ese fin, teniendo debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los derechos expresamente enunciados en el artículo 5 de la presente Convención, tomarán, entre otras, las siguientes medidas:

a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación;

b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades organizadas de propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten a ella, y reconocerán que la participación en tales organizaciones o en tales actividades constituye un delito penado por la ley;

c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales promuevan la discriminación racial o inciten a ella.

Estas son obligaciones convencionales que deben estar plasmadas en la legislación nacional al menos y debe el Estado costarricense demostrar que despliega una acción dirigida a cumplir con estas disposiciones. Similar a la obligación de debida diligencia en materia de derechos humanos, que en este caso operaría para verificar que el Estado realiza acciones dirigidas a prevenir, prohibir y sancionar la discriminación racial.

No obstante, sobre el cumplimiento de esta Convención, específicamente en materia de legislación penal, el Comité de la CERD ha señalado reiteradamente al Estado costarricense la necesidad de que modifique el tipo penal que sanciona la discriminación y los delitos relacionados con la lucha contra los discursos de odio en el país, con el fin de aplicar una sanción proporcional a la gravedad de la conducta.

A continuación, se presentan las observaciones y recomendaciones del Comité hacia Costa Rica específicamente sobre el cumplimiento del artículo 4 de la CERD en punto con la necesidad de penalizar la discriminación racial, claramente desde el año 1981 a la fecha, en una misma dirección: revisar la sanción, hacer las enmiendas del tipo penal para que se ajuste a los parámetros de la Convención.

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

INFORME OBSERVACIONES SOBRE LA PENALIZACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

Informe sobre el trigésimo sexto período de sesiones Suplemento N.º 18 (A/36/18), 1981 “282. Algunos miembros del Comité tomaron nota de que Costa Rica había progresado en la promulgación de leyes internas para la aplicación, en particular, del artículo 4 de la Convención. Algunos miembros, sin embargo, preguntaron si en Costa Rica operaban organizaciones con fines racistas o si el Gobierno había tomado una posición inequívocamente firme contra ellas. A este respecto, se observó que el artículo 372 del Código Penal de Costa Rica se refiere a organizaciones de carácter internacional y, en consecuencia, no es aplicable a las organizaciones nacionales. Además, aunque el artículo 33 de la Constitución política de Costa Rica dispone que todas las personas son iguales ante la ley y no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana, no se habían tomado medidas para penalizar la infracción a tal disposición. Se señaló asimismo que de conformidad con el artículo 371 del Código Penal toda persona, gerente o director de una institución oficial o privada, administrador de un establecimiento industrial o comercial, que aplicare cualquier medida discriminatoria perjudicial sería sancionado financieramente, y se preguntó qué se entendía por “perjudicial”, qué tipo de perjuicio se suponía, y si se trataba sólo de índole material o también moral.”

Informe sobre el trigésimo séptimo período de sesiones Suplemento N.º 18 (A/37/18), 1982 “439. En relación con el artículo 4 de la Convención, se recalcó que la información suministrada no decía si era posible castigar la discriminación racial en los casos en que la conducta de las personas o grupos de personas que perpetraba el acto no se mencionaba de manera específica en las disposiciones de las leyes. El artículo 371 del Código Penal no correspondía exactamente al artículo 4 de la Convención, y se expresó la esperanza de que Costa Rica hiciera concordar su Código Penal con la Convención.”

Informe sobre el trigésimo séptimo período de sesiones Suplemento N.º 18 (A/37/18), 1982

“446. La delegación de Costa Rica reconoció que el país había logrado pocos avances en lo relativo a la promulgación de leyes específicas para castigar los delitos de discriminación racial. Había poca presión para legislar sobre asuntos sobre los cuales no había queja. Sin embargo, la delegación de Costa Rica comprendía que el país había contraído ciertas obligaciones conforme a la Convención y seguiría exhortando a las autoridades a fomentar la adopción de medidas legislativas en la esfera de la discriminación racial.”

Informe sobre el cuadragésimo séptimo período de sesiones Suplemento N.º 18 (A/47/18),1993 “100. En cuanto al artículo 4 de 1a Convención, los miembros del Comité querían tener más información sobre si la publicación de propaganda racista o la participación en organizaciones racistas eran actividades prohibidas específicamente por la ley y en consecuencia punibles. Observando que las penas previstas en el artículo 385 del Código Penal en relación con la incitación a la violencia racial eran relativamente leves, los miembros querían saber la gravedad que se atribuía a ese delito.”

CERD/C/304/Add.71, 7 de abril de 1999

“7. Aunque toma nota de que en la Ley Nº 4430 de 21 de mayo de 1968 y en la Ley Nº 4466 de 19 de noviembre de 1969 se sanciona con una multa el delito de segregación racial respecto de la admisión de personas de diferente raza en centros públicos o privados, preocupa al Comité que las sanciones financieras previstas no constituyan una medida suficientemente eficaz para prevenir, prohibir y erradicar todas las prácticas de segregación racial, como se estipula en el artículo 3 de la Convención.”

CERD/C/304/Add.71, 7 de abril de 1999 “D. Sugerencias y recomendaciones 14. El Comité recomienda que el Estado Parte tome todas las medidas legislativas pertinentes para procurar que los artículos 2 y 4 de la Convención se reflejen plenamente en el derecho nacional. En particular, el Comité destaca la importancia de prohibir y castigar adecuadamente los actos de segregación y discriminación racial, tanto si son cometidos por particulares como por asociaciones.”

CERD/C/60/CO/3, 20 de marzo 2002.

“C. Motivos de preocupación y recomendaciones 10. Preocupa al Comité que, con arreglo a la legislación del país, la discriminación racial en Costa Rica sólo se considere un delito menor punible con el pago de una multa. Se invita al Estado Parte a que examine la cuestión de si esa pena está proporcionada a la gravedad de los hechos.”

CERD/C/CRI/CO/18 17 de agosto de 2007 “11. El Comité constata con preocupación que la discriminación racial sigue siendo considerada en Costa Rica una infracción menor punible con el pago de una multa, pese a que en 2002 el Comité recomendó que se modificara la legislación penal de tal manera que la pena fuera proporcional a la gravedad de los hechos. El Comité exhorta nuevamente al Estado Parte a que enmiende su legislación penal de tal manera que sea compatible con la Convención. El Estado Parte debería tipificar penalmente cada una de las conductas delictivas señaladas en los párrafos pertinentes del artículo 4 de la Convención, elevando la sanción de manera proporcional a la gravedad de los hechos.”

CERD/C/CRI/CO/19-22 “Tipificación de delitos discriminación racial 19. El Comité constata con preocupación que, a pesar de sus recomendaciones anteriores, no se modificó la legislación sobre los delitos de discriminación racial, la cual sigue siendo considerada en Costa Rica una infracción menor castigada con una multa (art. 4). 20. El Comité reitera su recomendación al Estado parte (A/62/18, párr. 299) de enmendar su legislación penal de tal manera que sea compatible con la Convención a la luz de sus Recomendación general N.º 35 (2013) relativa a la lucha contra el discurso de odio racista, elevando la sanción de las conductas delictivas de manera proporcional a la gravedad de los hechos. El Comité también recomienda al Estadoparte incluir en su legislación penal un agravante por motivos de discriminación racial.”

Elaboración propia para los efectos de este proyecto de ley

En relación con la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, en el artículo 4 de esta convención se establecen los Deberes del Estado en los siguientes términos:

Artículo 4-

Los Estados se comprometen a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, de acuerdo con sus normas constitucionales y con las disposiciones de esta Convención, todos los actos y manifestaciones de racismo, discriminación racial y formas conexas de intolerancia, incluyendo:

i. El apoyo privado o público a actividades racialmente discriminatorias y racistas o que promuevan la intolerancia, incluido su financiamiento.

ii. La publicación, circulación o diseminación, por cualquier forma y/o medio de comunicación, incluida la Internet, de cualquier material racista o racialmente discriminatorio que:

a) defienda, promueva o incite al odio, la discriminación y la intolerancia;

b) apruebe, justifique o defienda actos que constituyan o hayan constituido genocidio o crímenes de lesa humanidad, según se definen en el derecho internacional, o promueva o incite a la realización de tales actos.

iii. La violencia motivada por cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1.

iv. Actos delictivos en los que intencionalmente se elige la propiedad de la víctima debido a cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1.

v. Cualquier acción represiva fundamentada en cualquiera de los criterios enunciados en el artículo 1.1, en vez de basarse en el comportamiento de un individuo o en información objetiva que lo identifique como una persona involucrada en actividades delictivas (…)

Para complementar el alcance de estas disposiciones, necesariamente hay que considerar lo establecido en el artículo 1.1 de la Convención, que define lo que debe entenderse por:

1.1. Discriminación racial es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes. La discriminación racial puede estar basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico.

Y el artículo 11 que se refiere a las circunstancias agravantes de la discriminación racial, en los siguientes términos:

Artículo 11

Los Estados Partes se comprometen a considerar como agravantes aquellos actos que conlleven una discriminación múltiple o actos de intolerancia, es decir, cuando cualquier distinción, exclusión o restricción se base en dos o más de los criterios enunciados en los artículos 1.1 y 1.3 de esta Convención.

Por su parte, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de las Naciones Unidas, que entró en vigor el 9 de diciembre de 1948, de gran relevancia para la humanidad, establece los parámetros de derechos humanos para la penalización de este crimen.

En el artículo 2, establece la definición; el artículo 3 hace referencia a la asociación para cometer genocidio; el artículo 5 la obligación de los Estados de establecer las sanciones penales eficaces para castigar a los perpetradores.

Es necesario citar la Recomendación general N.º 34 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, donde se indica lo siguiente:

VII. Protección contra la incitación al odio y la violencia racial

27. Tomar medidas para evitar la difusión de ideas de superioridad o inferioridad racial, o ideas que traten de justificar la violencia, el odio o la discriminación contra afrodescendientes.

28. Garantizar la protección de la seguridad y la integridad de los afrodescendientes sin discriminación alguna, adoptando medidas destinadas a prevenir los actos de violencia contra ellos que tengan una motivación racial; garantizar la intervención rápida de la policía, los fiscales y el poder judicial para investigar y sancionar estos actos, y asegurar que los autores, sean o no funcionarios públicos, no gocen de impunidad.

VIII. Administración de la justicia

(…)

35. Tomar todas las medidas necesarias para asegurar la igualdad de acceso al sistema judicial de todos los afrodescendientes, entre otras cosas proporcionando asistencia jurídica, facilitando las denuncias individuales o colectivas y alentando a las organizaciones no gubernamentales a defender los derechos de esas personas.

36. Introducir en el derecho penal una disposición según la cual la motivación u objetivo racista en la comisión de un delito constituye una circunstancia agravante que puede dar lugar a una sanción más severa.

37. Lograr que todas las personas que cometan delitos que tengan una motivación racial contra afrodescendientes sean procesadas y que se conceda una indemnización adecuada a las víctimas de esos delitos.

38. Garantizar que las medidas de lucha contra la delincuencia, incluido el terrorismo, no tengan por finalidad o efecto hacer discriminaciones por motivos de raza o de color de la piel.

39. Tomar medidas para impedir el uso ilegal de la fuerza, la tortura, los tratos inhumanos o degradantes, o la discriminación contra afrodescendientes por parte de la policía u otros organismos y funcionarios del orden público, especialmente en situaciones de detención o reclusión, y garantizar que estas personas no sean víctimas de prácticas de caracterización racial o étnica.

(…)

41. Organizar programas de formación de funcionarios públicos y organismos encargados de aplicar la ley para impedir las injusticias basadas en prejuicios contra los afrodescendientes.

Por su parte, la Declaración de Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, Durban 2001, firmada por nuestro país, se pronunció sobre el derecho al acceso de justicia en los siguientes términos:

104. Reafirmamos enérgicamente también que es requisito ineludible de justicia que se dé acceso a la justicia a las víctimas de violaciones de los derechos humanos resultantes del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, especialmente a la luz de su situación vulnerable social, cultural y económicamente, así como asistencia jurídica si procede, y protección y recursos eficaces y apropiados, incluso el derecho a pedir y recibir justa y adecuada indemnización o satisfacción por los daños sufridos de resultas de esa discriminación, de acuerdo con lo consagrado en numerosos instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, en particular la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

Y la Declaración del Decenio Internacional de los Afrodescendientes de las Naciones Unidas, se señala la importancia de reforzar la adopción de medidas y la cooperación a nivel nacional, regional e internacional para lograr que los afrodescendientes disfruten a plenitud de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos y participen plenamente y en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad, en tal sentido, existe la responsabilidad de que se promuevan espacios libres de discriminación que garanticen el pleno desarrollo y disfrute de los derechos humanos de todas las personas sin importar su origen étnico racial.

Sobre la base de estas consideraciones, la diputada y los diputados presentamos este proyecto de ley, a fin de saldar este gran pendiente en materia de derechos humanos y lograr la reforma que la legislación penal requiere para que Costa Rica cumpla con sus compromisos internaciones y proteja la integridad y la dignidad de sus habitantes según los estándares de derechos humanos, estableciéndose claramente en la ley que los crímenes de odio y la discriminación racial son sancionados como delitos con penas proporcionales a la gravedad de los hechos.

De esta manera, se hace la necesaria reforma al Código Penal para el artículo 112 del homicidio calificado, incluya los crímenes de odio, que se define con las categorías protegidas por los derechos humanos de: color de piel, características físicas, raza, etnia, sexo, religión, discapacidad, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, opinión política, origen social, situación económica o condición de salud.

Se definen estas categorías protegidas por el delito de discriminación racial, que están reconocidas por las convenciones internaciones de derechos humanos como motivos de violaciones de derechos humanos.

En la enunciación de estas podría faltar otras, pero las enunciadas son las que mínimo deben ser consideradas en la tipificación de los crímenes de odio y en los delitos contra los derechos humanos. Debe además considerarse el concepto de discriminación múltiple, que permite abordar una situación en la que una persona sufre discriminación por más de un motivo, ejemplo: por razón de sexo y religión, edad y origen étnico, etc. Puede tener lugar cuando se distinguen los efectos específicos; por ejemplo, cuando una mujer de edad avanzada sufre discriminación en el lugar de trabajo por razón de sexo y en el acceso a la asistencia sanitaria por razón de edad.

O bien, cuando es interseccional, donde la discriminación se basa en la combinación de dos o más características. Por ejemplo, una mujer romaní podría ser discriminada al dar a luz en un hospital no solo por ser mujer (categoría sexo), puesto que no todas las mujeres sufren esa discriminación, y no solo por ser de etnia romaní (categoría etnia), puesto que no toda la población romaní se enfrenta a ese problema, sino por la combinación de esas dos características.

Es importante considera que con esta circunstancia calificante del delito de homicidio, se estaría penalizando otras formas de participación criminal (coautores, cómplices e instigadores) y también cuando el delito queda en grado de tentativa.

Además, también se estarían agravando los delitos de lesiones, según lo establece el artículo 126 del Código Penal, al establecer que los tres delitos anteriores que son los delitos de lesiones, se incrementa la pena, de la siguiente manera:

Artículo 126.-Si en el caso de los tres artículos anteriores concurriere alguna de las circunstancias del homicidio calificado, se impondrá prisión de cinco a diez años, si la lesión fuere gravísima; de cuatro a seis años si fuere grave; y de nueve meses a un año, si fuere leve.

De forma tal que los crímenes de odio no solo es el homicidio en su modalidad calificada, sino también cuando la conducta configura uno de los delitos de lesiones, que sería agravada la pena cuando se cometan con motivo de las circunstancias del 112, inciso 11) adicionado.

Ahora bien, para armonizar la normativa, se hace necesario revisar el artículo 123 bis del Código Penal que tipifica el delito de tortura, para que este se ubique en el TÍTULO XVII DELITOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS, SECCIÓN ÚNICA, tomando en cuenta que nuestro país ratificó el 11 de noviembre de 1993, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada en Nueva York, el 10 de diciembre de 1984, que define por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia (…).

Es decir, que el vigente delito de tortura del artículo 123 bis es un compromiso derivado de esta convención, y que se adiciona mediante la Ley N.° 8189, de 18 de diciembre de 2001, tomando elementos de la definición de tortura que la Convención citada.

El delito de tortura fue ubicado en la SECCIÓN III, LESIONES, del título I, De los delitos contra la vida, cuando en buena técnica jurídica, debió ser parte del TÍTULO XVII, DELITOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS. Se traslada a este título bajo el numeral 386 bis y se hacen enmiendas para que se ajuste con las categorías protegidas que se acuñan en el 112 inciso 11) y en el 380, de manera que la reforma sea consistente y armónica.

El tipo penal de discriminación racial plasmado en el actual artículo 380 tiene una formulación deficiente que ha hecho difícil su aplicación además de que contempla una sanción principal de multa que no es proporcional a la gravedad de los hechos. Por ello, se replantea el tipo penal para que, en lugar de sanciones de multa, se imponga una pena de prisión y además contenga una descripción de la conducta con las categorías protegidas por los derechos humanos, acorde con el inciso 11) propuesto al artículo 112.

Con esta reforma, nuestro país cumple viene a establecer una consecuencia derivada de la garantía constitucional del artículo 33 de igualdad y no discriminación contraria a la dignidad humana; establece claramente la responsabilidad penal para el perpetrador de violaciones de derechos humanos y les ofrece a las víctimas mecanismos de denuncia, acceso a la justicia y reparación de los daños ocasionados. Así también, viene a cumplir con los compromisos internacionales contraídos en materia de derechos humanos, frente a los compromisos pendientes ante el Comité de la CERD.

También se plantea una reforma del delito de genocidio para incluya el etnocidio y se ajuste la sanción al más alto rango de penas que hay en la legislación penal, que es de veinte a treinta y cinco años de prisión. También de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada en París el 9 de diciembre de 1948.

Este proyecto de ley incluye la tipificación del delito de difusión de la discriminación, figura novedosa en nuestra legislación que debe ser incorporada para que el sistema penal accione con el fin de erradicar el racismo, la discriminación en todas sus manifestaciones, que han causado tanto daño a la humanidad y que implican conductas que ya en sí mismas son contrarias a los principios democráticos de derechos humanos de igualdad, libertad y dignidad.

Con esta ley, el Estado costarricense les garantiza a las víctimas de los crímenes de odio, de discriminación racial y del racismo, la protección y tutela de sus derechos y libertades y de su dignidad, creando mecanismos para su derecho a la justicia y a la reparación de los daños ocasionados. Así también, se establece la responsabilidad de los perpetradores en las acciones lesivas que implica el racismo y la discriminación en todas sus manifestaciones, de forma tal que se pone un alto a la impunidad, cambiando las prácticas que han prevalecido a la fecha por falta de legislación.

En virtud de los motivos expuestos, presentamos a la valoración del Parlamento el presente proyecto de ley, para su debido estudio y aprobación final por parte de las diputadas y de los señores diputados que integran la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

LEY PARA PENALIZAR LOS CRÍMENES DE ODIO, EL DELITO DE DISCRIMINACIÓN RACIAL Y OTRAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

ARTÍCULO 1- Refórmese el artículo 112 del Código Penal, Ley N.º 4573, de 4 de mayo de 1970, para que se le adicione un inciso 11, y se lea de la siguiente manera:

Homicidio calificado

Artículo 112- Se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años, a quien mate:

(…)

11. A una persona, por causa o en razón de su color de piel, características físicas, raza, etnia, sexo, religión, discapacidad, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, opinión política, origen social, situación económica o condición de salud.

ARTÍCULO 2- Refórmese el artículo 123 bis del Código Penal, Ley N.º 4573, de 4 de mayo de 1970, para que se modifique su numeración y se ubique en el título XVII, Delitos contra los derechos humanos, Sección única, y que en adelante se lea de la siguiente manera:

Tortura

Artículo 386 bis- Será sancionado con pena de prisión de tres a diez años, quien le infrinja a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales, la intimide o coaccione por un acto cometido o que se sospeche que ha cometido, para obtener de ella o un tercero información o confesión; por causa o en razón del color de piel, características físicas, raza, etnia, sexo, religión, discapacidad, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, opinión política, origen social, situación económica o condición de salud.

Si las conductas anteriores son cometidas por una persona funcionaria pública, la pena será de cinco a doce años de prisión e inhabilitación de dos a ocho años para el ejercicio de sus funciones.

ARTÍCULO 3- Refórmense los artículos 380 y 382 del Código Penal, Ley N.º 4573, de 4 de mayo de 1970, para que en adelante se lean de la siguiente manera:

Discriminación racial

Artículo 380-

Será sancionada con una pena de prisión de uno a tres años, siempre que la conducta no constituya un delito con una pena mayor, a quien excluya, segregue o distinga a una persona, por causa o en razón de su color de piel, características físicas, raza, etnia, sexo, religión, discapacidad, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, opinión política, origen social, situación económica o condición de salud, y que tenga como objeto o como resultado, limitarle, restringirle o denegarle el ejercicio de uno o de varios derechos o libertades.

Si las conductas anteriores son cometidas por una persona funcionaria pública, la pena será de tres a cinco años de prisión.

Genocidio y etnocidio

Artículo 382-

Se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años, a quien incurra en conducta o práctica reiterada que perpetre el exterminio parcial o total de un grupo por motivos de nacionalidad, etnia, raza o convicciones religiosas, mediante:

1. matanza de las personas integrantes del grupo;

2. lesiones graves a la integridad física o mental de las personas integrantes del grupo;

3. el sometimiento continuado o la práctica negligente que tengan por efecto relegar a las personas integrantes del grupo a condiciones de existencia que acarren su destrucción física, total o parcial;

4. medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;

5. el traslado por medio de la fuerza o la intimidación, de personas menores de edad del grupo a otros grupos distintos;

6. destrucción sistemática y explícita de las prácticas culturales del grupo.

La persona que se asocie con otras para cometer genocidio será sancionada con una pena de diez a quince años de prisión y se incrementará un tercio si es una persona funcionaria pública o agente policial.

ARTÍCULO 4- Adiciónense dos artículos 380 bis y 380 ter del Código Penal, Ley N.º 4573, de 4 de mayo de 1970, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 380 bis- Difusión de la discriminación racial

Será sancionada con prisión de dos a tres años, quien difunda propaganda por cualquier medio, incluyendo el internet, basada en el concepto de superioridad racial, incite al odio racial, justifique o defienda actos que constituyan o hayan constituido genocidio o crímenes de lesa humanidad, según se definen en el derecho internacional, organice, financie o promueva o incite a otras personas a cometer dichos actos.

No será punible al medio, la publicación de informaciones u opiniones que haga un medio de comunicación colectiva donde se reproduzcan estas manifestaciones siempre que se desprenda expresamente que el medio no promueve a través de esas publicaciones, el uso de la violencia, el odio o la discriminación hacia un grupo determinado.

Artículo 380 ter- Pena de inhabilitación a personas funcionarias públicas

Si el delito de discriminación racial, de genocidio y etnocidio o de difusión de la discriminación racial fuera cometido por una persona funcionaria pública, se impondrá además de las penas consignadas en cada caso, las de inhabilitación absoluta o especial en el tanto que estimen pertinente, de acuerdo con la gravedad del hecho y dentro de los límites fijados para esta pena.

Rige a partir de su publicación.

Nielsen Pérez Pérez

Jorge Luis Fonseca Fonseca Sylvia Patricia Villegas Álvarez

María Vita Monge Granados Dragos Dolanescu Valenciano

Diputadas y diputados

7 de setiembre de 2020

NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos.

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.