Ley 9934 ya rebajó la deuda política y prorrogó comités de partidos

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

LEY DE AHORRO PARA LA CAMPAÑA POLÍTICA DE 2022: REDUCCIÓN DE LA DEUDA POLÍTICA Y EL PLAZO PARA RECONOCER GASTO ELECTORAL (ADICIÓN DE CINCO DISPOSICIONES TRANSITORIAS AL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N.° 8765, DE 19 DE AGOSTO DE 2009)

GUSTAVO ALONSO VIALES VILLEGAS DIPUTADO

EXPEDIENTE N.° 22.177

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

PROYECTO DE LEY

LEY DE AHORRO PARA LA CAMPAÑA POLÍTICA DE 2022: REDUCCIÓN DE LA DEUDA POLÍTICA Y EL PLAZO PARA RECONOCER GASTO ELECTORAL (ADICIÓN DE CINCO DISPOSICIONES TRANSITORIAS AL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N.° 8765, DE 19 DE AGOSTO DE 2009)

Expediente N.° 22.177

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La pandemia mundial por Covid-19 ha ocasionado en Costa Rica una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes y cuyas consecuencias han sido valoradas por organismos internacionales como las más profundas del último siglo. Ante ello, el Gobierno de la República emitió el Decreto Ejecutivo N.° 21.227-MP-S, el 16 de marzo del 2020, declarando emergencia nacional.

De esta situación han derivado una serie de medidas sanitarias que tienen como propósito evitar y prevenir contagios, así como la protección de la vida, la seguridad y la salud de las personas. Entre las medidas adoptadas se encuentran fuertes protocolos de restricción en el distanciamiento social, utilización obligatoria de mascarillas y caretas; restricción vehicular y disminución de aforos en los sitios que atienen público. Asimismo, a nivel familiar se han adoptado medidas adicionales como la participación en actividades conjuntas bajo el concepto de burbujas sociales, resultando necesario evitar los intercambios físicos.

A nivel laboral, tanto las instituciones públicas como empresas privadas han implementado el teletrabajo para continuar con sus labores administrativas y operativas, procurando evitar contactos directos mezclando burbujas sociales y previniendo al máximo las relaciones físicas.

En virtud de lo anterior, también los órganos colegiados que forman parte de las jerarquías de los entramados públicos han visto la necesidad de realizar reformas legales y procedimientos internos para garantizar la continuidad de las funciones asignadas por medio de la virtualidad bajo videoconferencias y otros mecanismos donde se respeten las medidas mínimas de distanciamiento de 1.8 metros, uso de equipo de protección obligatorio, lavado de manos, limpieza y desinfección previa.

La Asamblea Legislativa ha adoptado, adicionalmente, algunas medidas para garantizar esa continuidad ininterrumpida en los órganos que requieren, cada cierto tiempo, renovar sus estructuras, designar titulares de plazas vacantes o bien, realizar eventos de participación masiva como asambleas generales y otros, donde el voto es secreto y requiere presencialidad por la naturaleza del acto. Para ello, se han aprobado leyes para prorrogar plazos de nombramientos próximos a vencer o bien, procurar la posibilidad de implementar medidas alternas.

Esta iniciativa se plantea en momentos donde la cantidad de contagios confirmados asciende a más de 42.184 personas, de los cuales casi 25.914 son activos y han fallecido 443 personas.

Los partidos políticos, como organizaciones permanentes de la vida democrática costarricense, no escapan a los efectos de la pandemia, tratándose de la actividad política, ciudadana y participativa, su mayor fortaleza en el sentir de la población. Existen 22 partidos inscritos a escala nacional, 23 a escala provincial y 94 a escala cantonal, para un total de 139 agrupaciones que, en los próximos meses deberán iniciar sus procesos internos de renovación de estructuras, donde cientos de miles de personas militantes deberán reunirse para, por medio de votos secretos, elegir a sus autoridades, tribunales, asambleístas, comités ejecutivos, candidatos a puestos de elección popular, entre otros órganos conforme a sus estatutos. Esto aunado a aquellos que están en proceso de formación o que, en el futuro se vayan a constituir.

Entre dichas estructuras hay partidos políticos cuyos procesos democráticos son abiertos a la participación de toda la ciudadanía, donde cualquier persona mayor de edad y en uso de sus derechos políticos puede acudir a externar su preferencia por uno u otro candidato, de manera que la presencialidad histórica que ha existido en este tipo de procesos como las asambleas distritales no podrá ser posible en los términos que se han definido por años en la vida partidaria, teniendo que adoptarse medidas extraordinarias que garanticen la continuidad de sus órganos sin exponer ni poner en riesgo la vida, la salud y la seguridad la ciudadanía.

En virtud de lo dicho, se fijan para su discusión democrática en este proyecto de ley una serie de disposiciones transitorias para incluir al Código Electoral, con el fin de que se garanticen, electoralmente, las medidas que permitan hacer frente al Covid19 en el ámbito institucional de los partidos políticos y que ajusten a su vez, los procesos electorales venideros en el corto plazo, para lo cual, conforme al artículo 12, inciso m) del Código Electoral, se ha recurrido, en lo que se consideró pertinente, a personeros del Tribunal Supremo de Elecciones para realizar una valoración técnica sobre los aspectos contenidos en esta propuesta, sin que ello implique claro está, su independencia para resolver a la consulta obligatoria que, en el momento procesal oportuno deba elevarse a esa Autoridad Electoral.

SOBRE LA REDUCCIÓN DEL MONTO DEL APORTE ESTATAL PARA LAS ELECCIONES NACIONALES DE 2022 Y MUNICIPALES DE 2024:

La Constitución Política establece, en su artículo 96, lo siguiente con respecto al aporte estatal para sufragar los gastos de los partidos políticos:

“ARTÍCULO 96.- El Estado no podrá deducir nada de las remuneraciones de los servidores públicos para el pago de deudas políticas. El Estado contribuirá a sufragar los gastos de los partidos políticos, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

1.- La contribución será del cero coma diecinueve por ciento (0,19%) del producto interno bruto del año trasanterior a la celebración de la elección para Presidente, Vicepresidentes de la República y Diputados a la Asamblea Legislativa. La ley determinará en qué casos podrá acordarse una reducción de dicho porcentaje.

Este porcentaje se destinará a cubrir los gastos que genere la participación de los partidos políticos en esos procesos electorales, y satisfacer las necesidades de capacitación y organización política. Cada partido político fijará los porcentajes correspondientes a estos rubros.

2.- Tendrán derecho a la contribución estatal, los partidos políticos que participaren en los procesos electorales señalados en este artículo y alcanzaren al menos un cuatro por ciento (4%) de los sufragios válidamente emitidos a escala nacional o los inscritos a escala provincial, que obtuvieren como mínimo ese porcentaje en la provincia o eligieren, por lo menos, un Diputado.

3.- Previo otorgamiento de las cauciones correspondientes, los partidos políticos tendrán derecho a que se les adelante parte de la contribución estatal, según lo determine la ley.

4.- Para recibir el aporte del Estado, los partidos deberán comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

Las contribuciones privadas a los partidos políticos estarán sometidas al principio de publicidad y se regularán por ley.

La ley que establezca los procedimientos, medios de control y las demás regulaciones para la aplicación de este artículo, requerirá, para su aprobación y reforma, el voto de dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa”. (lo subrayado y en negrita no es del original)

Conforme lo ha venido aprobando la Asamblea Legislativa en al menos dos oportunidades: 1) Ley N.° 9168 y, 2) Ley N.° 9407, para las elecciones nacionales de 2014 y 2018, así como las municipales de 2016 y de 2020, el monto del aporte estatal para cubrir los gastos de las campañas, así como los gastos destinados a sus actividades permanentes de capacitación y organización política, se ha reducido al equivalente a un cero coma once por ciento (0,11%) del Producto Interno Bruto (PIB).

En ese sentido y, ante la situación crítica que enfrenta el país en medio de la pandemia por Covid-19 y su preexistente crisis financiera, lo más sensato y razonable para llevar a cabo los siguientes procesos electorales sin detrimento de la inversión democrática que un proceso como estos debe representar, sería adecuar la normativa para que, una vez más, se utilice como base un porcentaje menor, tal como se ha venido haciendo en los comicios previos. En este caso, por el orden del cero coma diez por ciento (0,10%).

En virtud de lo anterior, se plantea un transitorio XII al Código Electoral que contempla la misma normativa que rigió con ocasión de las leyes N.° 9168 y N.° 9407, únicamente variando lo que corresponde para que aplique a los años 2022 (elecciones nacionales) y 2024 (elecciones municipales) y reduciendo el monto en un adicional de menos cero coma cero uno por ciento (-0,01%) del PIB, para un total de cero coma diez por ciento (0,10%).

En términos del impacto financiero, dicha disposición se reflejaría, a modo comparativo en el siguiente cuadro, que contempla el monto del PIB de referencia, el tipo de elección y el porcentaje del PIB que se utilizó, así como los gastos conforme a las resoluciones del TSE.

*Cifras expresadas en millones de colones. *Estimaciones propias con base en datos del BCCR y TSE.

Este transitorio debe contextualizarse a la luz de los subsiguientes, donde se reduce el plazo de la campaña política y los gastos liquidables en casi un mes, lo cual supone que el gasto efectivo será menor también.

El ahorro estimado se presenta en el siguiente cuadro:

*Cifras expresadas en millones de colones. SOBRE EL LAPSO DENTRO DEL QUE SE RECONOCERÁN GASTOS DE CAMPAÑA:

El transitorio XIII planteado en este proyecto al Código Electoral, se dispone que por única vez y en relación con el proceso electoral nacional de 2022 (Elecciones Presidenciales y Legislativas), deberá entenderse, en los términos del inciso a) del artículo 92 de ese Código, que los gastos justificables por la participación de los partidos políticos en los referidos comicios serán aquellos en los que se incurra a partir del primer día natural del mes inmediato siguiente a aquel en el que se lleve a cabo la convocatoria y hasta cuarenta y cinco días naturales después de celebrada la elección.

Actualmente, el artículo 92 del Código Electoral dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 92.- Clasificación de gastos justificables

Los gastos que pueden justificar los partidos políticos para obtener la contribución estatal serán los siguientes:

a) Los generados por su participación en el proceso electoral a partir de la convocatoria y hasta cuarenta y cinco días naturales después de celebrada la elección.

Este período se ampliará en caso de efectuarse una segunda ronda electoral para los partidos que en ella participen, hasta cuarenta y cinco días naturales después de realizada.

b) Los destinados a las actividades permanentes de capacitación y organización política”. (lo subrayado y en negrita no es del original)

Con la propuesta planteada se estaría haciendo una variación a la frase señalada y en negrita, con el fin de que los gastos efectivamente justificables para la campaña del 2022 sean únicamente aquellos que se produzcan hasta un mes posterior a la convocatoria oficial a elecciones, lo cual ocurrirá en la práctica el 03 de octubre de 2021, por lo que los gastos podrán reconocerse, a partir del 03 de noviembre de 2021 y hasta 45 días naturales después de celebrada la elección. Esto último (45 días naturales) tal cual dispone actualmente la normativa (artículo 92 del Código Electoral).

Plazos con la normativa vigente:

Plazos con la transitoriedad propuesta:

Total de días de para reconocimiento de gastos en la normativa vigente: 123 días* Total de días para reconocimiento de gastos en la normativa con el transitorio: 98 días*

*A ambos totales deben reducirse los días de veda electoral legalmente establecidos.

En resumen, el reconocimiento de los gastos electorales, así como el deber de informar de la Tesorería sobre las donaciones, las contribuciones o los aportes que reciba, con ocasión del proceso electoral de 2022, darán inicio el primer día del mes siguiente (1° de noviembre de 2021) a la convocatoria oficial a elecciones (06 de octubre de 2021). Esta última fecha se mantiene incólume con el fin de que el TSE pueda realizar los preparativos y sus gestiones electorales, administrativas, logísticas y operativas sin contratiempo alguno. Esta disposición NO impide que los partidos políticos puedan realizar, desde la convocatoria a elecciones la difusión de propaganda, la realización de actividades en sitios públicos y otras propias de la campaña, sino únicamente limita en plazo la fecha de inicio para el reconocimiento de gastos. Lo anterior, en el marco de la crisis sanitaria y económica, siendo lógico, razonable y necesario que los partidos políticos ajusten su actividad a una comprensión de estas circunstancias sin igual.

SOBRE LA OBLIGACIÓN DE LA TESORERÍA DEL PARTIDO POLÍTICO DE INFORMAR:

Actualmente el artículo 133 del Código Electoral dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 132.- Obligación de informar

El tesorero del partido político estará obligado a informar trimestralmente al TSE, sobre las donaciones, las contribuciones o los aportes que reciba. Sin embargo, durante el período comprendido entre la convocatoria y la fecha de elección, el informe será mensual. En todo caso, cuando un partido político no reciba contribuciones dentro de los períodos señalados estará obligado a informar tal circunstancia. Toda la información contable de los partidos políticos es de acceso público por medio del TSE”. (lo subrayado y en negrita no es del original)

En virtud de la variación dicha, se fija en el transitorio XIV la obligación del tesorero del partido político de informar al TSE sobre las donaciones, las contribuciones o los aportes que reciba, con ocasión del proceso electoral de 2022, mensualmente a partir del primer día natural del mes inmediato siguiente a la convocatoria y hasta la fecha de los comicios.

SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA DE NOMBRAMIENTOS EN LOS COMITÉS EJECUTIVOS DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS:

Ante la emergencia nacional que enfrenta el país por Covid-19 que afecta, se transmite y propaga principalmente por la exposición al contacto físico entre personas, las distintas organizaciones sociales, empresariales e institucionales han tenido que recurrir a ajustes en sus formas de trabajo, razón por la cual, la Asamblea Legislativa ha aprobado o conocido proyectos de ley con el fin de permitirles flexibilidad y posibilidades de prórroga en las designaciones vigentes para garantizar su continuidad y evitar problemas de cuórum estructural y de funcionamiento. Es así como se aprobó la Ley N.° 9866 “AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA EN LOS NOMBRAMIENTOS DE JUNTAS DIRECTIVAS Y OTROS ÓRGANOS EN LAS ORGANIZACIONES CIVILES, LOS CUALES VENCEN EN EL AÑO 2020, PARA QUE ESTE PLAZO SEA EXTENDIDO AL AÑO 2021 DE MANERA AUTOMÁTICA, ANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19”, cuyo fin era prorrogar, hasta por un año adicional, los nombramientos vencidos o por vencer entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2020 en organizaciones tales como: juntas administrativas de las fundaciones, sindicatos, asociaciones de desarrollo, asociaciones cooperativas, condominios, asociaciones solidaristas, federaciones o confederaciones que estuvieran integradas por fundaciones, sindicatos, asociaciones de desarrollo, cooperativas, asociaciones solidaristas y colegios profesionales, las sociedades mercantiles, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal, de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Los delegados del Congreso Nacional Cafetalero, entre otros órganos.

Adicionalmente, se han presentado a la corriente legislativa, otra serie de proyectos en la misma lógica de prórrogas, todos en el marco de la pandemia y, con el fin de evitar contagios y garantizar la continuidad de funcionamiento, administración y operación de los distintos órganos:

Expediente N.° 22.079 AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA DE LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN Y DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA PERSONA JOVEN, LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN, CONSTITUIDOS AL AMPARO DE LA LEY N.° 8261, ANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19.

Expediente N.° 2.099 AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA DE LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS ÓRGANOS CONSTITUIDOS AL AMPARO DE LA LEY N.° 8285 DEL 30 DE MAYO DE 2002, LEY DE CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN ARROCERA, ANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19.

En ese sentido, el presente proyecto plantea un transitorio XV al Código Electoral, con el fin de autorizar a las agrupaciones políticas a prorrogar el nombramiento en los Comités Ejecutivos, siendo que, en las elecciones presidenciales y legislativas por celebrarse en febrero de 2022, solo podrán participar, individualmente o en coalición, los partidos inscritos que, al momento de completar sus procesos de designación de candidaturas, tuvieran sus estructuras internas y autoridades partidarias vigentes (así lo dispone actualmente la ley vigente).

Asimismo, se permitiría que, para llevar a cabo cualquier acto relacionado con el proceso electoral, como lo son la presentación de nóminas de candidatos, la solicitud de inscripción de fiscales y de miembros ante las diversas juntas electorales, los aspectos propios de la gestión de la contribución del Estado, entre otros, se entiendan prorrogadas las designaciones de los miembros de los comités ejecutivos cuyos nombramientos venzan entre la aprobación de esta ley y la culminación de ese proceso electoral, de manera que se puedan adoptar los actos y desarrollar los procesos dirigidos a culminar satisfactoriamente la renovación de las estructuras partidarias, fin para el cual, también, se entiende ampliado el mandato del tribunal de elecciones internas de la respectiva agrupación política.

Se entenderá prorrogado además el mandato de los comités ejecutivos superiores para los actos relacionados con el financiamiento de la agrupación política, tales como la gestión de las liquidaciones de gastos, la fiscalización de los aportes de los militantes, el cumplimiento de obligaciones legales.

Es importante mencionar que esta disposición NO impide que los partidos políticos cuyas estructuras se encuentran vencidas al momento de dictada esta norma, puedan efectivamente completar sus procesos de renovación. Tampoco impide que aquellos donde existan vacantes en algún órgano de sus estructuras, los completen por el resto del periodo y mucho menos limita la posibilidad de que los partidos realicen, conforme a su autonomía interna y disposiciones estatutarias, los procesos de renovación. Sin embargo, es una previsión en el tanto se desconocen en la actualidad los alcances que tendrá eventualmente la pandemia, el plazo por el cual continuará vigente el Decreto de Emergencia Nacional y las disposiciones de distanciamiento para evitar las aglomeraciones en sitios públicos, incluidos los centros de votación, para lo cual incluso es necesario recordar que la jurisprudencia del TSE ha establecido con claridad que los procesos de elección de candidaturas a cargos de elección popular deben realizarse en forma secreta, razón por la cual la virtualidad cotidiana a la que se ha acudido de manera excepcional, no podría ser la respuesta en dichas circunstancias.

SOBRE LA CONVOCATORIA DE ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN AGLOMERACIÓN DE PERSONAS DURANTE 2020

Finalmente, se adiciona un transitorio XVI con el fin de proteger la vida, la seguridad y, sobre todo, la salud de las personas en medio de la situación pandémica que enfrenta el país, para lo cual se establece que, a partir de la entrada en vigencia de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2020, las agrupaciones políticas no podrán realizar actividades que impliquen aglomeraciones de personas. Lo anterior, en el marco de la declaratoria de estado de emergencia nacional dictada mediante Decreto Ejecutivo N.° 42227-MP-S, así como las medidas administrativas sanitarias que adopten las autoridades para ese tipo de eventos. Ante la imposibilidad de eventos masivos, en caso de requerirlos y en lo que respecta a los partidos políticos que se encuentran en proceso de constitución, el plazo de dos años que les asiste para su inscripción, de conformidad con el artículo 60 del Código Electoral, será prorrogado por el mismo plazo que dure esta suspensión luego de la entrada en vigencia de esta ley. Esta disposición no contraviene la posibilidad de que las agrupaciones políticas celebren asambleas inferiores o superiores en forma virtual, respetando las disposiciones que al respecto emita el Tribunal Supremo de Elecciones.

Lo último es consonante con una circular que adoptó el propio Tribunal Supremo de Elecciones ante la emisión del Decreto de Emergencia por Covid-19 y que señalaba a los partidos políticos lo siguiente:

“En atención a las recomendaciones contenidas en el Decreto Ejecutivo n° 42221-S emitido por el Presidente de la República y el Ministro de Salud, publicado en el Alcance N°42 de la Gaceta N°49 del doce de marzo del mismo año y lo dispuesto por el Tribunal Supremo de Elecciones en la sesión extraordinaria n°24-2020, punto 3 en el cual estableció que hasta nuevo aviso, no se llevaran a cabo las giras y desplazamientos de funcionarios electorales, con excepción de aquellas que sean de carácter urgente o esenciales, previa autorización del Consejo de Directores en virtud de la alerta sanitaria por el COVID-19, se comunica a los partidos políticos que se suspende la celebración de asambleas partidarias (inferiores y superior) por el plazo que dure la emergencia. Por esta razón serán canceladas las autorizaciones de fiscalización de las asambleas que ya fueron tramitadas ante el Departamento de Registro de Partidos Políticos.

En lo que respecta a los partidos políticos que se encuentran en proceso de constitución, el plazo de dos años que les asiste para su inscripción, de conformidad con el artículo 60 del Código Electoral, será prorrogado por el mismo plazo en que se suspenda la celebración de las asambleas”.

Dicha disposición fue posteriormente levantada mediante la circular DGRE-003-2020 de 15 de junio de 2020; mediante la cual, el TSE emitió los “Lineamientos para la celebración de las asambleas partidarias de forma virtual”, lo cual se reafirma como posibilidad válida en el proyecto de ley.

Lo pretendido en este transitorio es entonces evitar que puedan ocurrir no solo eventos masivos cuya fiscalización corresponda al TSE (los cuales de por sí ya se encuentran suspendidos), sino también aquellos que, sin necesidad de supervisión de la autoridad electoral, se pretenda realizar a contrapelo de la seguridad y la salud de las personas, lo cual podría devenir en un acto irresponsable y que atente contra la salud pública eventualmente.

Por lo expuesto anteriormente, sometemos a consideración el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

LEY DE AHORRO PARA LA CAMPAÑA POLÍTICA DE 2022: REDUCCIÓN DE LA DEUDA POLÍTICA Y EL PLAZO PARA RECONOCER GASTO ELECTORAL (ADICIÓN DE CINCO DISPOSICIONES TRANSITORIAS AL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N.° 8765, DE 19 DE AGOSTO DE 2009)

ARTÍCULO ÚNICO- Se adicionan cinco disposiciones transitorias al Código Electoral, Ley N.° 8765, de 19 de agosto de 2009, cuyos textos dirán:

Transitorio XII- Monto del aporte estatal para las elecciones nacionales de 2022 y municipales de 2024

Para las elecciones nacionales del año 2022 y los comicios municipales de 2024, para cubrir los gastos de las campañas para elegir presidente, vicepresidentes, diputados y la totalidad de los cargos municipales, así como los gastos destinados a sus actividades permanentes de capacitación y organización política, de conformidad con el artículo 96 de la Constitución Política, los partidos políticos tendrán derecho a recibir una contribución estatal máxima equivalente a un cero coma diez por ciento (0,10%) del Producto Interno Bruto (PIB) del año 2020.

Transitorio XIII- Lapso dentro del que se reconocerán gastos de campaña

Por única vez y en relación con el proceso electoral nacional de 2022, deberá entenderse, en los términos del inciso a) del artículo 92 de este Código, que los gastos justificables por la participación de los partidos políticos en los referidos comicios serán aquellos en los que se incurra a partir del primer día natural del mes inmediato siguiente a aquel en el que se lleve a cabo la convocatoria por parte del TSE y hasta cuarenta y cinco días naturales después de celebrada la elección.

Transitorio XIV- Obligación de informar

La obligación del tesorero del partido político de informar al TSE sobre las donaciones, las contribuciones o los aportes que reciba, con ocasión del proceso electoral de 2022, será mensual a partir del primer día natural del mes inmediato siguiente a la convocatoria y hasta la fecha de los comicios.

Transitorio XV- Prórroga de nombramiento en los comités ejecutivos

En las elecciones presidenciales y legislativas por celebrarse en febrero de 2022, solo podrán participar, individualmente o en coalición, los partidos inscritos que, al momento de completar sus procesos de designación de candidaturas, tuvieran sus estructuras internas y autoridades partidarias vigentes. Para llevar a cabo cualquier acto relacionado con el proceso electoral, como lo son la presentación de nóminas de candidatos, la solicitud de inscripción de fiscales y de miembros ante las diversas juntas electorales, los aspectos propios de la gestión de la contribución del Estado, entre otros, se prorrogan las designaciones de los miembros de los comités ejecutivos cuyos nombramientos venzan entre la aprobación de esta ley y la culminación de ese proceso electoral.

La prórroga de la designación de los integrantes de los comités ejecutivos superiores se mantendrá vigente para adoptar los actos y desarrollar los procesos dirigidos a culminar satisfactoriamente la renovación de las estructuras partidarias, fin para el cual, también, se entiende ampliado el mandato de los miembros de ese órgano y del tribunal de elecciones internas de la respectiva agrupación política.

Se entenderá prorrogado además el mandato de los comités ejecutivos superiores para los actos relacionados con el financiamiento de la agrupación política, tales como la gestión de las liquidaciones de gastos, la fiscalización de los aportes de los militantes, el cumplimiento de obligaciones legales como la publicación del estado financiero del partido, entre otros.

Transitorio XVI- Convocatoria de eventos partidarios que impliquen aglomeración de personas

A partir de la entrada en vigencia de esta ley y hasta el 31 de diciembre de 2020, las agrupaciones políticas no realizarán ningún tipo de convocatoria a actividades partidarias que, por su naturaleza impliquen aglomeración de personas. Lo anterior, en el marco de la declaratoria de estado de emergencia nacional dictada mediante Decreto Ejecutivo N.° 42.227-MP-S, así como las medidas administrativas sanitarias para la atención de actividades de concentración masiva contendidas en el Decreto Ejecutivo N.° 42.221-S. Dichas convocatorias podrán realizarse a partir del 1° de enero de 2021.

En lo que respecta a los partidos políticos que se encuentran en proceso de constitución, el plazo de dos años que les asiste para su inscripción, de conformidad con el artículo 60 del Código Electoral, será prorrogado por el mismo plazo que dure esta suspensión luego de la entrada en vigencia de esta ley.

Las disposiciones contenidas en este transitorio no contravienen la posibilidad de que las agrupaciones políticas celebren asambleas inferiores o superiores en forma virtual, respetando las disposiciones que al respecto emita el Tribunal Supremo de Elecciones.

Rige a partir de su publicación.

Gustavo Alonso Viales Villegas Diputado

15 de setiembre de 2020

NOTAS: Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.