Proyecto de objeción de conciencia se archivó sin ser ley
El expediente 22186, que proponía reconocer la objeción de conciencia como derecho irrenunciable en todo el territorio, venció su plazo cuatrienal el 3 de setiembre de 2024 y quedó archivado sin llegar al Plenario.
Título oficial LEY DE OBJECIÓN Y LIBERTAD DE CONCIENCIA
Atención: El proyecto definía la objeción de conciencia de forma muy amplia, incluida la afectación a la salud del objetor, y dejaba las limitaciones a 'razones de emergencia o de interés público' sin detallar quién las califica.
La letra pequeña
Encontramos 3 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
El permiso está escrito en palabras tan amplias que casi no tiene límite.
A quién le sirve: Estado y objetores
El artículo 7 permite limitar la objeción por 'razones de emergencia o de interés público' sin decir quién declara esa emergencia ni con qué votación o control.
La regulación de la objeción de conciencia es reserva de ley y solo se podrán imponer limitaciones a la objeción de conciencia por razones de emergencia o de interés público.
7, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Cualquier persona que habita en Costa Rica, porque el proyecto se aplicaba en todo el territorio nacional
- Trabajadores en relación de subordinación, que habrían tenido que informar a su jefatura su condición de objetor
- Padres y madres, a quienes el proyecto reconocía el derecho a educar a sus hijos según su conciencia
- Universidades y entidades autónomas públicas o privadas, que no habrían podido impedir actos o publicaciones sobre conciencia
A quién beneficia
- El objetor no podría ser perseguido, discriminado ni perjudicado por su objeción
- La objeción se declaraba irrenunciable
- Toda persona podría expresar sus convicciones sin censura previa ni represalias
- Se abría el recurso de amparo ante la Sala Constitucional por violación del derecho a la objeción
Qué cambia
- El proyecto no es ley: está archivado y su plazo cuatrienal venció el 3 de setiembre de 2024
- No hubo primer debate en el Plenario según el trámite registrado
- La definición amplia de objeción incluía razones ideológicas y de salud del objetor
- El artículo 7 dejaba las limitaciones a la objeción en manos de 'razones de emergencia o de interés público' sin detallar quién las califica
La explicación completa
Qué propone
El proyecto de ley 22186 proponía crear una ley para proteger la objeción de conciencia: el derecho de una persona a negarse a cumplir algo que la ley le ordena cuando eso choca con sus creencias. El texto lo define como el rechazo a cumplir algo prescrito por la ley porque sus efectos se consideran contrarios a la libertad de pensamiento, la libertad científica, las convicciones ideológicas, los valores, la libertad religiosa o la conciencia (art. 2).
El artículo 1 decía que la ley buscaba proteger la objeción de conciencia como derecho humano fundamental garantizado por la Constitución, la legislación y los instrumentos internacionales (art. 1). El artículo 3 fijaba que se aplicaría en todo el territorio nacional y a todas las personas que habitan en él, tanto en el ámbito público como en el privado (art. 3).
El artículo 4 proponía que la objeción fuera irrenunciable y que el objetor no pudiera imponer a otros su propia conciencia (art. 4). El artículo 5 prohibía perseguir, discriminar o perjudicar a alguien por su objeción, y también usarla como criterio de selección de personal o en cuestionarios, listas o informes (art. 5).
El artículo 6 pedía que, en una situación de subordinación, el objetor informara a su jefatura inmediata su condición y las actividades para las que objeta (art. 6). El artículo 7 decía que la regulación de la objeción es reserva de ley y que solo se podrían imponer limitaciones por razones de emergencia o de interés público (art. 7).
El artículo 8 proponía que los padres pudieran educar a sus hijos de acuerdo con sus conciencias, sin interferencia de terceros ni del Estado (art. 8). El artículo 10 decía que la conciencia forma parte de la vida privada y que el Estado no puede exigir la manifestación pública ni privada de convicciones morales, ideológicas o religiosas (art. 10).
El artículo 12 proponía que todas las personas pudieran expresar sus convicciones morales, éticas, ideológicas y religiosas sin censura previa y sin temor a represalias, en lo público y en lo privado (art. 12). El artículo 13 decía que ni las universidades ni ninguna entidad autónoma pública o privada podía impedir actos, exposiciones, congresos, conferencias o publicaciones que limitaran la libertad de pensamiento, conciencia o expresión (art. 13).
El artículo 14 proponía que toda persona tuviera derecho al recurso de amparo ante la Sala Constitucional cuando se violara su derecho a la objeción de conciencia, siempre que respetara la moral, las buenas costumbres y el orden de la legislación vigente (art. 14).
En qué va el trámite
El proyecto está archivado. Venció su plazo cuatrienal el 3 de setiembre de 2024, cuatro años después de que inició su trámite el 3 de setiembre de 2020 1.
El expediente entró a la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos (Área I) el 22 de setiembre de 2020 y se discutió en comisión el 29 de setiembre de 2020 1. La comisión emitió dictamen y votó el 27 de octubre de 2021, y el 24 de febrero de 2022 remitió el expediente a la Secretaría del Directorio.
No hay registro en el dossier de que el proyecto haya llegado al Plenario para primer debate. Para convertirse en ley, todo proyecto debe pasar dos debates en días distintos no consecutivos, obtener la aprobación de la Asamblea y la sanción del Poder Ejecutivo, y publicarse en La Gaceta Constitución, art. 124. Nada de eso ocurrió según el trámite registrado 1.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque directo entre el texto del proyecto y los artículos de la Constitución incluidos en este expediente. Hay puntos que conviene mirar con cuidado.
El artículo 2 del proyecto define la objeción de conciencia de forma amplia: abarca abstenerse de cumplir algo prescrito por la ley por convicciones ideológicas, religiosas o de conciencia, o cuando el cumplimiento afecte la salud del objetor (art. 2). La Constitución protege la libertad de conciencia y el artículo 2 del proyecto la invoca, pero la Constitución también dice que "Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley" Constitución, art. 28. Esa frase pone un límite: la objeción no podría amparar actos que perjudiquen a terceros. El artículo 4 del proyecto ya decía que el objetor no impondría a otros su conciencia (art. 4), lo que calza con ese límite.
El artículo 7 del proyecto dice que solo se podrían imponer limitaciones a la objeción "por razones de emergencia o de interés público" (art. 7). La Constitución permite suspender ciertos derechos y garantías en caso de evidente necesidad pública, por votación de dos tercios de los diputados y hasta por treinta días Constitución, art. 121. La redacción del artículo 7 deja abierta la duda de quién califica la emergencia o el interés público y con qué control.
El artículo 14 del proyecto remite al recurso de amparo ante la Sala Constitucional (art. 14). La Constitución ya garantiza ese recurso para mantener o restablecer el goce de los derechos consagrados en ella y en los instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables Constitución, art. 48. El texto del proyecto calza con esa garantía.
El artículo 8 del proyecto dice que el Estado no podrá interferir en la libertad de la formación de conciencia de los hijos (art. 8). La Constitución no contiene en este dossier un artículo específico sobre educación religiosa de los hijos, por lo que el Censo no puede comparar ese punto con una norma constitucional concreta.
Qué puede hacer usted
Este proyecto ya está archivado y venció su plazo, así que las herramientas para incidir en su trámite legislativo ya no aplican. Lo que sí puede hacer es informarse sobre el estado de cualquier proyecto en la corriente legislativa. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda información inmediata sobre el estado de tramitación de los proyectos de ley, las órdenes del día, la legislación aprobada y las actas del Plenario y de las comisiones guía, p. 27.
También puede presentar una propuesta de ley por la vía del formulario web de la Asamblea. Ese mecanismo no garantiza que la propuesta sea acogida, discutida ni votada, pero la Oficina de Iniciativa Popular recopila las iniciativas y las remite a los diputados para que decidan si las adoptan guía, p. 27.
Si en el futuro un proyecto similar vuelve a la corriente legislativa, la guía describe dos momentos para incidir: durante la discusión en la comisión permanente, mediante entrevistas con los diputados y argumentos de fondo guía, p. 29, y durante el primer debate en el Plenario, aportando información, propuestas y visitas a los diputados.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué el proyecto no avanzó del dictamen de comisión al Plenario.
El dossier no incluye el texto del dictamen que emitió la Comisión de Derechos Humanos el 27 de octubre de 2021.
El dossier no registra si hubo mociones o votos en contra dentro de la comisión.
El dossier no contiene grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.
La Constitución y esta ley, lado a ladoHay dudas
El Censo no encontró un choque directo entre el proyecto y los artículos constitucionales del dossier, pero hay dudas sobre el alcance amplio de la objeción y sobre quién califica la emergencia o el interés público para limitarla.
Constitución, art. 28"Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley."
Esta ley, art. 2"Se entiende por objeción de conciencia el derecho de toda persona de abstenerse de cumplir algo prescrito por la ley, ya que los efectos de su cumplimiento los considera contrarios a la libertad de pensamiento, libertad científica, convicciones ideológicas, sus más altos valores, principios, libertad religiosa o conciencia."
Hay dudas La Constitución protege las acciones privadas que no dañen a terceros. El proyecto define la objeción de forma muy amplia, por convicciones ideológicas o de conciencia. El artículo 4 del proyecto ya ponía el límite de no imponer la conciencia a otros, lo que reduce la duda.
Constitución, art. 121"Suspender por votación no menor de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, en caso de evidente necesidad pública, los derechos y garantías individuales consignados en los artículos 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 y 37 de esta Constitución."
Esta ley, art. 7"La regulación de la objeción de conciencia es reserva de ley y solo se podrán imponer limitaciones a la objeción de conciencia por razones de emergencia o de interés público."
Hay dudas La Constitución exige dos tercios de los diputados y una necesidad pública evidente para suspender ciertos derechos. El artículo 7 del proyecto habla de 'emergencia o interés público' sin decir quién lo declara ni con qué votación. Eso deja una duda sobre el control.
Constitución, art. 48"Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la República."
Esta ley, art. 14"Toda persona tiene el derecho al recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuando sea violado su derecho a la objeción de conciencia, perseguido por causa de esta o limitado a expresar sus convicciones o creencias, siempre y cuando respete la moral, las buenas costumbres y el orden de la legislación vigente."
Sin choque aparente El proyecto repite una garantía que la Constitución ya reconoce: el recurso de amparo para proteger derechos fundamentales. Calza con el artículo 48.
Constitución, art. 33"Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana."
Esta ley, art. 5"Nadie puede ser perseguido, discriminado ni sufrir perjuicio alguno por su objeción de conciencia, ni esta puede ser criterio de selección de personal ni parte de cuestionario alguno, listas o informes que puedan conducir a un daño o discriminación al objetor."
Sin choque aparente El proyecto prohíbe discriminar al objetor, lo que va en la misma línea del artículo 33 sobre igualdad ante la ley. No hay choque.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 22186: LEY DE OBJECIÓN Y LIBERTAD DE CONCIENCIA
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
LEY DE OBJECIÓN Y LIBERTAD DE CONCIENCIA
SHIRLEY DÍAZ MEJÍAS DIPUTADA
EXPEDIENTE N.° 22.186
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
LEY DE OBJECIÓN Y LIBERTAD DE CONCIENCIA
Expediente N.° 22.186
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
La objeción de conciencia es el rechazo a cumplir algo prescrito por la ley, ya que los efectos de su cumplimiento se consideran contrarios a las propias convicciones ideológicas, morales o religiosas. Esta consiste en el rechazo del individuo, por razones de conciencia, a someterse a una conducta que, en principio, se le podría exigir jurídicamente (bien porque la obligación derive directamente de una norma o porque lo haga de un contrato).
La objeción realiza el principio de la libertad de conciencia y garantiza una libertad de opinión coherente con las acciones, cuando las obligaciones de la ley inciden sobre las convicciones arraigadas y profundas de la persona.
La finalidad, entonces, de este proyecto es garantizar el respeto a que cada ciudadano sea respetado en su dignidad y fuero interno, cuando objete una situación que, aunque jurídicamente establecida, su puesta en práctica se oponga a su conciencia.
La objeción de conciencia constituye un pilar para el ejercicio individual y colectivo de la democracia, la libertad, la independencia y la pluriculturalidad, establecidos en el artículo 1 de la Constitución Política de Costa Rica.
Definiciones
Objeción de conciencia
Se entiende por objeción de conciencia al derecho de toda persona de abstenerse de cumplir algo prescrito por la ley, ya que los efectos de su cumplimiento los considera contrarios a la libertad de pensamiento, libertad científica, convicciones ideológicas, sus más altos valores, principios, libertad religiosa o conciencia. O cuando, en virtud de obedecer una norma, jerarquía o acto legal o administrativo de cualquier naturaleza, resultare afectada en cualquier forma la salud del objetor.
Libertad de conciencia
La libertad es un componente fundamental del ser humano, es el origen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, da significado a la existencia y específica y caracteriza el obrar del hombre. El concepto de libertad de conciencia hace referencia a la libertad de cada persona de obrar de acuerdo con sus convicciones y su autodeterminación. Así, la libertad de conciencia tiene un valor ajeno a las leyes, por lo tanto, el orden jurídico no puede ni formar ni regular la conciencia.
Objetor de conciencia
Toda persona que rechace el cumplimiento de un mandato o actividad requerida o solicitada por una autoridad o un tercero, cuando considere que hay una incompatibilidad entre lo requerido o solicitado y sus creencias y convicciones religiosas, morales e ideológicas.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), firmada en San José, Costa Rica, en noviembre de 1969, establece en su artículo 12, Libertad de conciencia y de religión, que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión”. Más claramente, el artículo 6, 3b de la CADH menciona la exención por razones de conciencia y el derecho de toda persona a la libertad de conciencia. Incluso en casos de tiempos de guerra o de emergencia, el artículo 27,2 menciona que la libertad de conciencia no se podrá suspender.
La Declaración sobre la Eliminación de todas las Formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la religión o las convicciones, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 25 de noviembre de 1981, en su resolución 36/55, en sus artículos primero y segundo, establece el derecho a la libertad de conciencia y el derecho a no ser discriminado por sus convicciones, como se puede ver a continuación:
Artículo 1.1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 1.2. Nadie será objeto de coacción que pueda menoscabar su libertad de tener una religión o convicciones de su elección. 1.3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias convicciones estará sujeta únicamente a las limitaciones que prescriba la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás.
Artículo 2.1. Nadie será objeto de discriminación por motivos de religión o convicciones por parte de ningún Estado, institución, grupo de personas o particulares.
Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado en el seno de la Organización de Naciones Unidas, en su artículo 18, reconoce y especifica aún más lo establecido por el Pacto de San José:
-
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.
-
Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.
-
La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.
-
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Asimismo, nuestra Constitución Política establece en su artículo 2 que “nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley”.
Por su parte, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su última revisión de 2010, establece en su artículo 9, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, lo siguiente:
-
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos.
-
La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás
En la jurisprudencia internacional existen también abundantes sentencias que garantizan el ejercicio de la libertad de conciencia. Así, por ejemplo, el Pleno del Tribunal Constitucional Español, en junio del 2015, revocó la sentencia impuesta en contra de un farmacéutico por la no dispensación de anticonceptivos, por lo que se decidió, entre otros, “1º Declarar que ha sido vulnerado su derecho a la objeción de conciencia, vinculado al derecho fundamental a la libertad ideológica”.
El artículo 16.1 de la Constitución Española, en similitud con nuestra propia constitución, dice así: “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”. Además, en sus consideraciones, llama la atención que el Tribunal estima que, aunque una ley de aborto no incluya la objeción de conciencia, el derecho a invocar esta:
Existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1 CE y, como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales.
En ese mismo sentido, es preciso destacar el reconocimiento que hace la Resolución 77 de 22 de abril de 1998, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre el derecho de objeción de conciencia derivado de las libertades religiosas, donde se dispuso este derecho en el contexto del servicio militar. Esta resolución fue confirmada por las resoluciones 2000/34 de 20 de abril de 2000, 2002/45 de 23 de abril de 2002 y 2004/35 de 19 de abril de 2004.
En concordancia con todo lo expuesto anteriormente, se considera de vital importancia contar con una legislación que específicamente delimite el ejercicio del derecho humano fundamental a ejercer la objeción de conciencia fundamentado no solo en los valores y creencias del objetor, sino también en la evidencia que pueda surgir en un área de conocimiento en particular.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de los señores diputados y las señoras diputadas el siguiente proyecto de ley.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
LEY DE OBJECIÓN Y LIBERTAD DE CONCIENCIA
ARTÍCULO 1- Objeto de la ley
La presente ley tiene por objeto proteger el ejercicio de la objeción de conciencia como un derecho humano fundamental garantizado y tutelado por la Constitución Política, así como la legislación y los instrumentos internacionales aplicables.
ARTÍCULO 2- Definiciones
2.1 Objeción de conciencia
Se entiende por objeción de conciencia el derecho de toda persona de abstenerse de cumplir algo prescrito por la ley, ya que los efectos de su cumplimiento los considera contrarios a la libertad de pensamiento, libertad científica, convicciones ideológicas, sus más altos valores, principios, libertad religiosa o conciencia. O cuando, en virtud de obedecer una norma, jerarquía o acto legal o administrativo de cualquier naturaleza, resultare afectada en cualquier forma la salud del objetor.
2.2 Objetor de conciencia
Toda persona que rechace el cumplimiento de un mandato o actividad requerida o solicitada por una autoridad o un tercero, cuando considere que hay una incompatibilidad entre lo requerido o solicitado y sus creencias y convicciones religiosas, morales e ideológicas.
2.3 Libertad de consciencia
Toda persona, sin discriminación alguna, tiene derecho a pensar libremente, siendo este un derecho humano fundamental, y de expresar su pensamiento de forma libre y responsable, indistintamente de su posición social, ubicación geográfica o si lo hace en las esferas públicas o en su vida privada, respetando el ordenamiento jurídico existente en la República de Costa Rica.
ARTÍCULO 3- Ámbito de aplicación y alcance
El ámbito de aplicación de esta ley será todo el territorio nacional y se aplicará a todas las personas que habitan en este. La objeción de conciencia podrá ser ejercida tanto en el ámbito público como en el privado.
ARTÍCULO 4- El objetor de conciencia no impondrá a otros su propia conciencia y, en ningún caso, se le podrá imponer que renuncie a la objeción de conciencia, por lo tanto, es irrenunciable.
ARTÍCULO 5- Nadie puede ser perseguido, discriminado ni sufrir perjuicio alguno por su objeción de conciencia, ni esta puede ser criterio de selección de personal ni parte de cuestionario alguno, listas o informes que puedan conducir a un daño o discriminación al objetor.
ARTÍCULO 6- Cuando el objetor ejerza la objeción de conciencia en una situación de subordinación deberá informar a su jefatura inmediata su condición de objetor, así como las actividades para las cuales realiza la objeción.
ARTÍCULO 7- La regulación de la objeción de conciencia es reserva de ley y solo se podrán imponer limitaciones a la objeción de conciencia por razones de emergencia o de interés público.
ARTÍCULO 8- Los padres podrán educar a sus hijos de acuerdo con sus conciencias, sin que terceros puedan interferir, incluyendo el Estado, el cual no podrá interferir en la libertad de la formación de conciencia.
ARTÍCULO 9- El estado promoverá la objeción de conciencia como pilar para el respeto multiétnico y pluricultural de la República. Siendo las juramentaciones basadas en esta pluriculturalidad.
ARTÍCULO 10- La conciencia forma parte de la vida privada, por lo tanto, está fuera de la ley y el Estado no puede exigir, por medio alguno, la manifestación pública ni privada de las convicciones morales, ideológicas, religiosas o de cualquier otra índole.
ARTÍCULO 11- No se podrá obligar a ninguna persona, en el ejercicio de sus funciones, a negar las creencias fundamentales que le asisten, o a ejercer algún acto que atente contra su conciencia
ARTÍCULO 12- En el ejercicio de su libertad de conciencia, todas las personas pueden expresar, por cualquier medio, sea escrito o digital, verbal o mediante cualquier otra forma de comunicación, sus convicciones morales, éticas, ideológicas y religiosas sin censura previa y sin temor de represalias, directas o indirectas, por parte de las autoridades públicas ni en el ámbito privado, sean estas personas físicas o jurídicas.
ARTÍCULO 13- La libertad de expresión forma parte de la libertad de conciencia, por lo que ni en lo público ni en lo privado se podrán impedir actos que, de forma alguna, impidan el libre ejercicio de este derecho. Ni las universidades ni ninguna entidad autónoma pública ni privada podrá impedir la realización de actos, exposiciones, congresos, conferencias o publicaciones escritas que limiten la libertad de pensamiento, conciencia o expresión.
ARTÍCULO 14- Toda persona tiene el derecho al recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuando sea violado su derecho a la objeción de conciencia, perseguido por causa de esta o limitado a expresar sus convicciones o creencias, siempre y cuando respete la moral, las buenas costumbres y el orden de la legislación vigente.
Rige a partir de su publicación.
Shirley Díaz Mejías Diputada
15 de setiembre de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.