Archivado el plan que quería endurecer la salida de cárceles
El proyecto 22.197, que proponía impedir beneficios carcelarios a condenados por delitos graves y obligar a trabajar a los presos, fue archivado en marzo de 2022 con dictamen negativo unánime.
Título oficial COMBATE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE EL AUMENTO DE RIGUROSIDAD EN LAS REGLAS PARA LA LIBERACIÓN DE PERSONAS EN EL SISTEMA PENITENCIARIO
La letra pequeña
Encontramos 2 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
El permiso está escrito en palabras tan amplias que casi no tiene límite.
A quién le sirve: Administración penitenciaria
El artículo 4 facultaba a la Administración para hacer contrataciones de emergencia por hacinamiento, sin fijar monto ni control previo en el texto.
En esos casos, la Administración estará facultada para realizar contrataciones de emergencia, que garanticen el adecuado número de espacios requeridos, según establece la Ley de Contratación Administrativa
4, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Personas con condena por delitos graves que esperaban un beneficio carcelario
- Personas privadas de libertad que tendrían que trabajar para cubrir su manutención
- Familias que dependen de la salida anticipada de un familiar preso
A quién beneficia
- Ninguno: el proyecto está archivado y no cambió ninguna ley
Qué cambia
- El Código Penal sigue igual en sus artículos 51 y 55
- La libertad condicional sigue rigiéndose por las reglas actuales
- El hacinamiento carcelario no tiene la solución que proponía el artículo 4
La explicación completa
Qué propone
El proyecto 22.197 ya no está en discusión: la Comisión de Seguridad y Narcotráfico lo archivó el 17 de marzo de 2022 con un dictamen unánime negativo 1. Lo que sigue es lo que habría cambiado si se aprobaba.
El texto proponía impedir la salida anticipada de la cárcel en seis casos concretos. No habría libertad condicional ni cambio a un programa de menor contención para quien tenga condena mayor a tres años por delitos contra la vida o la integridad física (art. 3). Tampoco para condenas mayores a tres años por delitos sexuales, por trata de personas, o por crimen organizado según la Ley 8754 y la Ley 9481.
La lista seguía con dos candados más. No habría beneficio sin un criterio favorable expreso del Instituto Nacional de Criminología (art. 3). Y quedaban fuera quienes tengan condena por los delitos del artículo 58 de la Ley 7786, sobre estupefacientes y legitimación de capitales.
El proyecto también proponía que la falta de espacios en las cárceles no sirviera para liberar gente en masa. La Administración tendría que resolver el hacinamiento con contrataciones de emergencia, incluso construyendo infraestructura o administrando directamente la reclusión (art. 4).
Otra pieza: el deber de trabajar de las personas privadas de libertad. Salvo por salud o seguridad, todo interno tendría que trabajar para colaborar con los gastos de su manutención (art. 5) (art. 7).
Y un cambio en la cuenta del tiempo. El mes carcelario pasaría a equivaler a treinta días naturales y el año a trescientos sesenta y cinco días naturales (art. 7). Hoy el Código Penal no fija esa equivalencia en su artículo 51 2.
En qué va el trámite
El expediente está archivado. La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico votó el 10 de marzo de 2022 y emitió un dictamen unánime negativo 1. El archivo se registró el 17 de marzo de 2022.
El proyecto se presentó el 7 de setiembre de 2020 y se publicó en La Gaceta el 21 de setiembre de 2020 1. Su plazo cuatrienal venció el 7 de setiembre de 2024.
Para que fuera ley faltaba el debate en el Plenario y la votación final. Nunca llegó ahí.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque directo entre el texto y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier. La mayoría de los artículos constitucionales disponibles tratan educación, presupuesto y elecciones, no régimen penitenciario.
Hay una duda sobre el artículo 21, que dice que "La vida humana es inviolable" Constitución, art. 21. El proyecto no toca ese derecho. Regula cuándo alguien sale de la cárcel, no la vida de nadie.
Otra duda aparece con el deber de trabajar del artículo 5 (art. 5). La Constitución no tiene en el dossier un artículo que prohíba el trabajo obligatorio en prisión, así que no se puede afirmar ni negar un choque. El Censo no lo encontró.
Qué puede hacer usted
El proyecto está archivado, así que las herramientas de participación para una ley en discusión no aplican igual. Aun así, la guía ofrece caminos.
Puede pedir información sobre el expediente a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea, que brinda información sobre el estado de tramitación de los proyectos guía, p. 27.
Puede presentar una propuesta de ley nueva con el formulario web de la Asamblea. La guía aclara que esas propuestas no tienen garantía de ser discutidas ni votadas guía, p. 27.
Si quiere que un tema así vuelva a discutirse, la vía es la iniciativa popular: reunir firmas y llevar el proyecto al Tribunal Supremo de Elecciones guía, p. 26.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué la comisión votó en contra del proyecto.
El dossier no incluye el texto del dictamen negativo ni sus argumentos.
El dossier no tiene grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El Censo no encontró un choque directo entre el proyecto archivado y los artículos constitucionales del dossier. Los artículos disponibles no regulan la materia penitenciaria.
Constitución, art. 21"La vida humana es inviolable."
Esta ley, art. 3"Cuando se trate de condena con pena superior a tres años, por haber cometido algún delito contra la vida o la integridad física."
Sin choque aparente El proyecto limita beneficios a quien ya fue condenado por delitos contra la vida. No toca el derecho a la vida de nadie.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 22197: COMBATE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE EL AUMENTO DE RIGUROSIDAD EN LAS REGLAS PARA LA LIBERACIÓN DE PERSONAS EN EL SISTEMA PENITENCIARIO
- Ley 4573: Código Penal (Vigente)
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
COMBATE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE EL AUMENTO DE RIGUROSIDAD EN LAS REGLAS PARA LA LIBERACIÓN DE PERSONAS EN EL SISTEMA PENITENCIARIO
CARLOS LUIS AVENDAÑO CALVO DIPUTADO
EXPEDIENTE N.º 22.197
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
COMBATE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE EL AUMENTO DE RIGUROSIDAD EN LAS REGLAS PARA LA LIBERACIÓN DE PERSONAS EN EL SISTEMA PENITENCIARIO
Expediente N.º 22.197
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
El año pasado, el país cerró con la cifra más alta de homicidios en la historia, al registrar 10.6 homicidios por cada 100.000 habitantes, dato que según la Organización Mundial de la Salud es reflejo de una “epidemia” de inseguridad por tercer año consecutivo.
Adicional a este comportamiento, el Segundo Informe Estado de la Justicia revela que ha existido un importante incremento en el encarcelamiento de personas, producto también de un crecimiento en los robos:
Entre 2005 y 2008, de las sentencias dictadas por los tribunales penales la mitad o menos fueron condenatorias. Esa proporción empezó a crecer a partir de 2009, hasta alcanzar en 2015 casi dos terceras partes de los fallos emitidos en procesos ordinarios y más del 80% en los tribunales de flagrancia. En diez años se produjo un incremento de dieciocho puntos porcentuales, lo que en términos absolutos representa 5.200 personas condenadas más que en 2005. Ahora bien, no todas las personas que reciben una condena son privadas de libertad, pues también se aplican sanciones como días multa, medidas de seguridad, ejecución condicional, penas alternas, entre otras. En promedio, la proporción de condenatorias que sí implican prisión efectiva fue de 66% en los procesos ordinarios entre 2005 y 2015, y de 52% en los de flagrancia en el período 2008-2015; en estos últimos, como se verá, se usan con más frecuencia las sanciones alternativas. El número de personas ingresadas en algún centro penitenciario se duplicó, al pasar de 2.371 en 2005, a 5.433 en 2015. Mientras tanto, la capacidad del sistema se mantuvo relativamente estable, lo que produjo un crecimiento récord de la sobrepoblación.
(…) El crecimiento de las condenatorias está asociado directamente a los delitos contra la propiedad, que son el principal motivo de las sentencias de prisión efectiva. De las personas que se encontraban en un centro penitenciario a mediados de 2016, el 39% ingresó por esa causa. En promedio descontaban penas de seis años, y el 85% había sido condenado por robo agravado.
Frente a esta situación de claro incremento de la criminalidad y la delincuencia es comprensible que la ciudadanía se preocupe. De acuerdo con el Informe de resultados de la Encuesta de Opinión Sociopolítica realizada en abril de 2019 por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, la inseguridad ocupa el segundo puesto entre los principales problemas para los ciudadanos, solo por debajo del desempleo.
En la misma dirección apunta la encuesta de CID Gallup para el Grupo Extra, según la cual el 42% de los ciudadanos considera que la delincuencia ha aumentado y 51% estima que sigue igual, frente apenas un 7% que observa mejoría en la situación. Todo esto ha empeorado con la política de liberación de personas en el sistema carcelario que impulsó la Administración Solís Rivera en el cuatrienio pasado.
Si bien existe una sobrepoblación carcelaria importante y tanto el Comité contra la Tortura como el Comité de Derechos Humanos, ambos de la Organización de Naciones Unidas, además de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han llamado la atención al país por esta situación, lo cierto es que la forma en que se han dado beneficios carcelarios a personas que, posteriormente, han reincidido en la comisión de delitos aumenta la sensación de inseguridad ciudadana y la deslegitimación propia de la acción estatal.
En nada ayudaron las declaraciones que dio en 2016 el entonces presidente Luis Guillermo Solís Rivera, cuando argumentó, luego de que un reo con el beneficio del régimen de confianza abusó sexualmente de una joven de 25 años, que “una golondrina no hace verano” para referirse a que se trataba de un caso aislado y que no había nada que temer. A partir de entonces se popularizó el concepto de “golondrina” referente a la persona que salía del sistema penitenciario e incurría nuevamente en delitos.
La realidad ha demostrado lo equivocado que estaba su política de liberación pues hasta la fecha se han presentado gran cantidad de casos de personas con beneficios carcelarios que han participado en asaltos, agresiones, homicidios y demás delitos, afectando la vida y propiedad de miles de ciudadanos honestos.
Gracias a la falta de criterios técnicos y estudios serios que justifiquen la liberación de personas, unos 5.975 reos han sido liberados sin que existan criterios profesionales que respalden su salida del régimen institucional, según datos de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística.
Esto ha provocado que los costarricenses tengamos miedo a salir de nuestras casas, mientras el Poder Ejecutivo parece estar más preocupado en que los privados de libertad practiquen yoga que en defender los derechos de las víctimas. En la Administración pasada, el propio ministro de Seguridad, Gustavo Mata Vega, alzó la voz en varias ocasiones por cuanto la Fuerza Pública realizaba una gran labor para proteger a los ciudadanos y detener a los sospechosos de delinquir, pero el Ministerio de Justicia y los Tribunales se traían abajo sus esfuerzos al liberarlos, favoreciendo muchas veces la impunidad.
Ya los costarricenses no aguantamos esta alcahuetería. Estamos cansados de que el gobierno le dé la espalda a las personas honestas y esforzadas y, más bien, privilegie a quienes no han sido capaces de respetar los derechos de los demás. Es hora de dejar de comprometer la seguridad de la gente honesta por privilegiar delincuentes.
Por tal motivo, este proyecto de ley busca hacer más rigurosa la liberación de reos, al impedir su salida anticipada cuando existan condenas por delitos contra la vida, agresiones sexuales o crimen organizado. Además, plantea el deber de que todos los privados de libertad –salvo aquellos que por razones de salud o seguridad se encuentren imposibilitados– trabajen como método de rehabilitación y como una forma de aportar a los gastos de manutención en que tiene que incurrir el Estado costarricense por su estadía en prisión. También estipula que el año carcelario se contabilizará como de 365 días, en lugar de los ocho meses que actualmente representa y que permite a muchos de ellos no cumplir el tiempo íntegro que dispone el Código Penal por el delito cometido.
Procuramos que, al convertirse esta iniciativa en ley de la República, existan condiciones más claras para regular la liberación de personas del sistema penitenciario, evitando la creatividad judicial o administrativa, la falta de criterios, la arbitrariedad y, sobre todo, la inseguridad que genera a los ciudadanos tanto por el sentimiento de impunidad como por el hecho de saber que la persona que violentó sus derechos anda libre y tranquila por las calles.
Es cierto que hay que combatir el hacinamiento, hay que respetar los derechos de las personas privadas de libertad y procurar que se puedan integrar apropiadamente a la sociedad, dándoles oportunidades para que mejoren su situación. Pero también hay que asegurar que las personas que gocen del beneficio de liberación anticipada sean aquellas que de verdad lo merecen, sobre la base de reglas claras y análisis serios que demuestren la idoneidad del candidato y garanticen la seguridad de los ciudadanos.
En razón de todo lo expuesto, se somete a consideración de los diputados y diputadas el siguiente proyecto de ley.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLLICA DE COSTA RICA DECRETA:
COMBATE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE EL AUMENTO DE RIGUROSIDAD EN LAS REGLAS PARA LA LIBERACIÓN DE PERSONAS EN EL SISTEMA PENITENCIARIO
ARTÍCULO 1- Pena de prisión
La pena de prisión consiste en la restricción a la libertad ambulatoria. Esta limitación podrá darse según lo dispuesto por el Código Penal, las características del hecho, el tipo de delito, el bien jurídico violentado, la condición de vulnerabilidad de la víctima.
ARTÍCULO 2- Contabilización del tiempo para efectos de la pena de privación de libertad
El tiempo establecido en la pena de prisión para cada caso en el Código Penal se contabilizará de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 del Código Penal, Ley N.° 4573, de 04 de mayo de 1970, y sus reformas.
Cuando una misma persona tenga pendientes varias penas por distintos delitos, o se encuentre descontando una y se le impusiera una nueva por otro hecho, de oficio el juzgado de ejecución de la pena realizará una unificación de estas, según lo dispuesto por los artículos 76 del Código Penal y 54 del Código Procesal Penal. Sobre el monto total resultante se calcularán los eventuales beneficios o descuentos, y no antes ni de forma separada; y se revocará inmediatamente cualquier beneficio que en razón de la nueva liquidación no proceda.
ARTÍCULO 3- Descuento de la pena de privación de libertad en el sistema penitenciario
Las personas con sentencia firme, condenadas a una pena de prisión, descontarán la sanción siempre en el programa institucional. Sin embargo, procederá el cambio de programa a uno de menor contención física, el otorgamiento del beneficio de libertad condicional o la aplicación de programas extraordinarios, excepto en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de condena con pena superior a tres años, por haber cometido algún delito contra la vida o la integridad física.
b) Cuando se trate de condena con pena superior a tres años, por haber cometido algún delito sexual.
c) Cuando se trate de condena con pena superior a tres años, por haber cometido el delito de trata de personas.
d) Cuando se trate de condena por delito doloso, con pena superior a tres años, por delitos tipificados como crimen organizado, según lo dispuesto por la Ley contra la Delincuencia Organizada, Ley N.° 8754, de 22 de julio de 2009, y sus reformas, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica, Ley N.° 9481, de 13 de setiembre de 2017.
e) Cuando no exista criterio favorable expreso del Instituto Nacional de Criminología o de la instancia correspondiente que disponga el ordenamiento jurídico vigente que pruebe que el privado de libertad tiene las condiciones que favorezcan su reinserción a la sociedad.
f) Cuando se trate de condena por los delitos previstos en el artículo 58 de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, Ley N.° 7786, de 30 de abril de 1998, y sus reformas.
ARTÍCULO 4- Impedimento de liberación por falta de espacios en el sistema penitenciario
La falta de espacios carcelarios, o las condiciones de hacinamiento son responsabilidad absoluta de la Administración y no podrán ser causa para programas de liberación masiva o anticipada de privados de libertad, o para su traslado a otros centros o programas. En esos casos, la Administración estará facultada para realizar contrataciones de emergencia, que garanticen el adecuado número de espacios requeridos, según establece la Ley de Contratación Administrativa, ya sea para la construcción de infraestructura o incluso para la administración directa de la reclusión de las personas que se encuentran en esas condiciones.
ARTÍCULO 5- Deber de trabajar de las personas privadas de libertad para resarcir su daño a la sociedad y facilitar la inserción social
Es deber de las personas privadas de libertad tratar de resarcir los gastos incurridos por el Estado en su manutención, con el fin de reparar el daño que le han causado a la sociedad y como una forma de facilitar su reinserción mediante la adquisición de conocimientos y/o destrezas que le permitan incorporarse al mercado laboral a su salida. El Poder Ejecutivo establecerá los reglamentos y programas correspondientes para generar opciones que permitan ese resarcimiento.
ARTÍCULO 6- Convenios para acompañamiento de la ejecución de la pena y la reinserción social
El Ministerio de Justicia y Paz tendrá el deber de promover convenios de cooperación con organizaciones no gubernamentales, asociaciones comunales, empresas, instituciones educativas y cualquier otra figura organizacional para dar acompañamiento, seguimiento y vigilancia a la ejecución de la pena, así como para procurar que la persona privada de libertad tenga la oportunidad de realizar trabajos que le permitan su adecuada reinserción a la sociedad.
ARTÍCULO 7- Reforma de otras leyes
Modifíquense los artículos 51 y 55 del Código Penal, Ley N.° 4573, de 04 de mayo de 1970, y sus reformas, para que se lea como se presenta a continuación:
Artículo 51- La pena de prisión y las medidas de seguridad se cumplirán en los lugares y en la forma en que una ley especial lo determine, de manera que ejerzan sobre el condenado una acción rehabilitadora. Para efectos del tiempo establecido en la pena de prisión para cada caso en el Código Penal, se entenderá que el mes carcelario equivale a treinta días naturales y el año a trescientos sesenta y cinco días naturales. El límite máximo de la pena de prisión es de cincuenta años.
Amortización de la pena
Artículo 55- Salvo por su condición de salud o por razones de seguridad, para sí o para terceros, todo interno en el sistema penitenciario, indistintamente del régimen en el que cumpla la pena, tendrá el deber de trabajar para colaborar con los gastos en que incurre el Estado costarricense por su manutención.
El Instituto de Criminología, previo estudio de los caracteres sicológicos, psiquiátricos y sociales del interno, autorizará al condenado para que descuente o abone la multa o la pena de prisión que se le imponga, mediante el trabajo en favor de la Administración Pública, de las instituciones autónomas del Estado o de la empresa privada, de acuerdo con las posibilidades que ofrezca el programa mediante el cual descuente la pena.
Para tal efecto, un día de trabajo ordinario equivale a un día multa y cada dos días de trabajo ordinario equivalen a un día de prisión. Las labores de toda índole, que se realicen en el centro de adaptación social y fuera de él computarán en igual forma. El salario respectivo se abonará total o parcialmente para satisfacer la multa impuesta. El interno gozará de los beneficios que el Estado y sus instituciones otorguen a los trabajadores, aunque no existirá relación laboral entre el empleador y el empleado interno, salvo aquellos dispuestos por convención colectiva.
Rige a partir de su publicación.
Carlos Luis Avendaño Calvo Diputado
17 de septiembre de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.