Proyecto para centralizar escuchas telefónicas se archivó por vencimiento

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

ADICIÓN DE UN CAPÍTULO III A LA LEY DE REGISTRO, SECUESTRO Y EXAMEN DE DOCUMENTOS PRIVADOS E INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES LEY N.° 7524, DE 9 DE AGOSTO DE 1994 Y REFORMA DE LA LEY N.° 8754 “LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA”

DRAGOS DOLANESCU VALENCIANO DIPUTADO

EXPEDIENTE N.° 22.199

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

PROYECTO DE LEY

ADICIÓN DE UN CAPÍTULO III A LA LEY DE REGISTRO, SECUESTRO Y EXAMEN DE DOCUMENTOS PRIVADOS E INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES LEY N.° 7524, DE 9 DE AGOSTO DE 1994 Y REFORMA DE LA LEY N.° 8754 “LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA”

Expediente N.° 22.199

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Nuestra Constitución Política en su artículo 24 consagra el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones, como garantía para su protección, esta misma norma establece la inviolabilidad de los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo, dotando de exclusividad a los tribunales de justicia cuan así se requiera para determinar un asunto de su competencia.

Específicamente en lo que respecta a las intervenciones de comunicaciones, la norma Constitucional señala:

“…la ley determinará en cuáles casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en cuya investigación podrá autorizarse el uso de esta potestad excepcional y durante cuánto tiempo. Asimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que incurrirán los funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción. Las resoluciones judiciales amparadas a esta norma deberán ser razonadas y podrán ejecutarse de inmediato. Su aplicación y control serán responsabilidad indelegable de la autoridad judicial”. (El resaltado no es del original)

Para lo fines y objetivos del presente proyecto de ley realizaré mención de algunas normas establecidas en la Ley sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones, Ley N.° 7425, de 9 de agosto de 1994 y sus reformas y la Ley contra la Delincuencia Organizada, N.° 8754, de 24 de julio de 2009 y sus reformas.

La Ley N.° 7425 en su artículo 9 establece taxativamente los delitos en los cuales tribunales de justicia podrán autorizar la intervención de comunicaciones, dentro de una investigación policial o jurisdiccional, a saber:

• Secuestro extorsivo
• Corrupción agravada
• Proxenetismo agravado
• Fabricación o producción de pornografía
• Tráfico de personas y tráfico de personas para comercializar sus órganos
• Homicidio calificado
• Genocidio
• Terrorismo
• Delitos previstos en la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas, N.º 8204, de 26 de diciembre de 2001.

Igualmente, la Ley N.°7425 establece además que solamente por medio de orden judicial se puede intervenir una comunicación, sea de oficio o a solicitud del jefe del Ministerio Público, del director del Organismo de Investigación Judicial o de alguna de las partes del proceso (art. 10); asimismo en dicho cuerpo normativo se establecen los plazos en que se pueden llevar a cabo las intervenciones. -3 meses prorrogables por dos periodos iguales. - (art. 12).

En su artículo 15 la Ley Sub Examine establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 15- Nombramiento y capacitación del personal a cargo de la intervención.

El Poder Judicial, por medio de los órganos correspondientes, nombrará al personal técnico especializado para cumplir con las tareas que se ordenan en esta Ley. Este personal deberá ser de comprobada integridad y ser capacitado en sus labores específicas y en los derechos civiles, que puedan ser perturbados por la intervención.

El nombramiento de ese personal deberá ser ratificado por la Corte Plena, la cual establecerá y desarrollará sus sistemas y formas de operación. La Corte Plena establecerá, asimismo, los mecanismos de supervisión interna y externa. La supervisión interna estará a cargo del Jefe del Ministerio Público y del Director del Organismo de Investigación Judicial; la externa será responsabilidad de una comisión especial, integrada por tres magistrados, nombrada por la Corte Plena.”

Aunado a lo anterior, el artículo 20 señala:

“ARTÍCULO 20- Obligatoriedad de empresas e instituciones para facilitar la intervención. Las empresas y las instituciones que brindan los servicios de comunicación están obligadas a conceder, a la autoridad judicial, todas las facilidades materiales y técnicas para que las intervenciones sean efectivas, seguras y confidenciales.

Para informarles sobre la disposición judicial, será necesario un oficio del Tribunal, en el que se consigne la información necesaria; no será requisito notificarles el contenido de la resolución que dispuso la medida”.

Por último, el transitorio único indica: “Para la aplicación inmediata de la presente Ley, el Poder Judicial deberá definir su costo y el Ministerio de Hacienda realizar los ajustes necesarios durante el presente año económico. En los años siguientes, el presupuesto para esta actividad se incorporará al Poder Judicial”.

Tomando en cuenta que la Ley N.° 8754 “Ley contra la Delincuencia Organizada”, contiene normas procedimentales exclusivas para delitos cometidos por la delincuencia organizada, vale la pena precisar en la definición que consagra su artículo 1.

“…Entiéndase por delincuencia organizada, un grupo estructurado de dos o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves…”

Por su parte, la referida ley contiene normas disímiles a las contenidas en la Ley N.° 7524 “Ley sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones”, pero que persiguen el mismo objetivo, sea regular las intervenciones de las comunicaciones que se realizan en nuestro país, entre las que destacamos las siguientes:

El artículo 14 de la Ley N° 8754 establece la existencia de un Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC) del Poder Judicial señalando:

“…Esta dependencia realizará la intervención de comunicaciones ordenadas por los jueces penales de todo el país, cuando para ello sea posible utilizar la tecnología de que se disponga…” (El resaltado no es del original)

Por su parte el artículo 16 de la Ley N.° 8754 amplía los tipos penales consagrados en la Ley N.° 7524, en los cuales se podría ordenar la intervención de comunicaciones, señalando:

• Secuestro extorsivo o toma de rehenes.
• Corrupción agravada.
• Explotación sexual en todas sus manifestaciones.
• Fabricación o producción de pornografía.
• Corrupción en el ejercicio de la función pública.
• Enriquecimiento ilícito.
• Casos de cohecho.
• Delitos patrimoniales cometidos en forma masiva, ya sea sucesiva o coetáneamente.
• Sustracciones bancarias vía telemática.
• Tráfico ilícito de personas, trata de personas, tráfico de personas menores de edad y tráfico de personas menores de edad para adopción.
• Tráfico de personas para comercializar sus órganos, tráfico, introducción, exportación, comercialización o extracción ilícita de sangre, fluidos, glándulas, órganos o tejidos humanos o de sus componentes derivados.
• Homicidio calificado.
• Genocidio.
• Terrorismo o su financiamiento.
• Delitos previstos en la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no Autorizado.
• Legitimación de capitales que sean originados en actividades relacionadas con el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de órganos, el tráfico de personas o la explotación sexual, o en cualquier otro delito grave.
• Delitos de carácter internacional.
• Todos los demás delitos considerados graves, según la legislación vigente.

El artículo 17 de la misma ley establece las obligaciones de los responsables de empresas de comunicación, señalando las siguientes:

“1) Dar todas las facilidades para que las medidas ordenadas por el juez competente se hagan efectivas. 2) Acatar la orden judicial, de manera tal que no se retarde, obstaculice ni se impida la ejecución de la medida ordenada”.

Después de lo anteriormente expuesto queda de manifiesto la dispersión normativa que existe en materia de intervenciones de las comunicaciones, no solo por el hecho de encontrarse en normas diferentes, sino que además podría prestarse a interpretaciones distintas.

Nótese que por mandato constitucional es la Autoridad Judicial la única entidad encargada de la aplicación y control de las intervenciones y por ende la responsable de las actuaciones que indebidamente se realicen al respecto.

Por otro lado, la Ley N.° 7425, entendida como la norma que desarrolla y amplía la garantía constitucional del Derecho a la Intimidad, se queda corta en el establecimiento de un Centro de Intervenciones Telefónicas como tal, sino que se limita en su artículo 15 al nombramiento del personal técnico necesario para darle aplicación a la ley y como norma transitoria encontramos la orden al Poder Judicial y al Ministerio de Hacienda para asignar los recursos correspondientes para la aplicación inmediata de la ley.

Necesario es destacar para este legislador que la Ley N.° 7524 entró en vigencia hace aproximadamente 21 años, sin que a la fecha se hayan implementado de manera seria, completa y legalmente responsable los mecanismos que garanticen ciertamente el Derecho a la Intimidad de que gozamos todos los habitantes de nuestro país.

Del mismo modo, llama la atención que la Ley N.° 8754, norma específica para los delitos cometidos por la delincuencia organizada, es la que consagra el establecimiento de una Dependencia del Poder Judicial denominada Centro Judicial de Intervenciones Telefónica, encargada de realizar las escuchas, sin embargo, como se apuntó anteriormente el artículo 14 deja una laguna inmensa al establecer la disposición tecnológica como excusa para dar cumplimiento a la norma; es allí, donde en mi criterio entran en juego las empresas de telecomunicaciones; entonces la responsabilidad se dispersa y por ende el régimen sancionatorio queda inaplicable.

Durante la discusión del Proyecto de Ley contra la Delincuencia Organizada, la Corte Plena inició sus primeras tareas para la creación del Centro de Intervenciones Telefónicas, es así como en la sesión N.° 35, de 15 de abril de 2009, en su artículo XII aprobó la recomendación del Departamento de Planificación sobre la Creación del Centro de Interceptaciones Telefónicas.

Sin embargo, es a partir de la sesión N.° 99, de 24 de noviembre de 2011 que se pone en conocimiento de la Corte Plena el Proyecto de Protocolo de Actuaciones para El Centro Nacional de Intervención de Comunicaciones, el cual había sido ratificado por la Comisión de Asuntos Penales y posteriormente fue sujeto de una discusión por parte de los magistrados quienes presentaron sus puntos de vista y sus observaciones.

En la sesión N.° 44, de 17 de diciembre de 2012 la Corte Plena aprueba el Reglamento de actuaciones para el Centro Judicial de Interceptación de Comunicaciones, indicando que su entrada en vigencia será hasta tanto el centro inicie su funcionamiento y en la sesión 37-13, celebrada el 2 de setiembre de 2013, se aprobó la modificación a la cláusula "Sede".

Este Centro ya lleva varios años de funcionamiento con logros importantes, por lo anterior, mediante el presente proyecto de ley se pretende establecer como única dependencia al Centro Judicial de Intervenciones Telefónicas con facultades exclusivas para realizar las intervenciones de comunicaciones a nivel nacional para lo cual se plantean las modificaciones normativas necesarias en pro de mejorar su implementación.

Un objetivo más de este proyecto es que las empresas de comunicación no participen directamente en la intervención, sino que pongan a disposición de la autoridad judicial las plataformas necesarias para facilitar la ejecución adecuada y eficaz de las escuchas.

De esta manera la legislación en esta materia sería más clara y armónica con nuestra realidad nacional, permitiendo que las ejecuciones de las intervenciones de las comunicaciones obedezcan única y exclusivamente a asuntos ventilados en sede penal y que no se utilice este instrumento probatorio como medio para espiar determinadas actuaciones de la Administración Pública y de la vida privada de los habitantes de nuestro país, consideradas violatorias al derecho constitucional de la intimidad.

Siendo lo anterior un tema de gran preocupación para este legislador a raíz del decreto número 41996-MP-Mideplan, el cual crea la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) emitido por el Poder Ejecutivo, violatorio por demás del artículo 24 de la Constitución Política, hecho que implicó una extralimitación de funciones de este gobierno y un abuso de autoridad, mismo que se da cuando el funcionario público, que, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien.

El abogado constitucionalista se refirió con respecto a la creación de dicha unidad indicando que el Ejecutivo usurpó funciones que le corresponden a la Asamblea Legislativa, violentando el principio de legalidad, ya que al tratarse de un derecho fundamental como lo es el derecho a la intimidad y la protección de datos personales, de acuerdo con la Constitución Política esta es materia con reserva de ley, existiendo por consiguiente una falta por parte del presidente, y tampoco existió consentimiento de las personas para que su información personal fuera utilizada.

En virtud de lo anterior, y con el fiel propósito de dar claridad al ordenamiento jurídico, es que la presente iniciativa busca trasladar las normas relacionadas con el Centro de Intervenciones de la Ley contra la Delincuencia Organizada, Ley N.° 8754 a la Ley de Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones N. 7524, con el fin de aclarar que dicho centro actuará en relación con la comisión de delitos señalados en esta ley y no solamente para delitos relacionados como delincuencia organizada como se puede interpretar de la norma vigente.

Asimismo, se propone incorporar de manera armónica algunas disposiciones contenidas en el Reglamento de Actuaciones del CJIC aprobado por la Corte Plena.

Algunas de las modificaciones propuestas se resumen de la siguiente manera:

• Se elimina del párrafo primero del artículo 14 de la Ley N.° 8754 la siguiente frase: “cuando para ello sea posible utilizar la tecnología de que se disponga”. Por considerar que no deben existir excepciones para que el centro no opera por cuestiones tecnológica.

• Se traslada el artículo 16 de la Ley N.° 8754 y se integra con el artículo 9 de la Ley N.° 7524, para que exista un solo artículo en la legislación vigente que contenga el mandato constitucional de indicar los delitos en donde procede la intervención.

• Se armonizan los artículos 10 y 11 de la Ley N.° 7524 con el Reglamento de Actuaciones aprobado por la Corte Plena.

• Se adiciona un nuevo párrafo al artículo 12 de la Ley N.° 7524 que contiene un plazo superior cuando se trate de delitos cometidos por delincuencia organizada, según lo indica la parte final del artículo 15 de la Ley N.° 8754.

• Se incorporan las disposiciones sobre finalización del procedimiento contenidas en el Reglamento de actuaciones del CJIC en el artículo 19 de la Ley N.° 7425.

• La parte final del artículo 15 de la Ley N.°7524 se elimina y se incorpora en el artículo sobre Fiscalización y Control.

• Respecto a las obligaciones de las empresas de comunicación existen dos normas, el art. 17 de la Ley N.° 8754 y el art. 20 de la Ley N.°7524, por lo que se están funcionando y armonizando ambos artículos con el fin de lograr una mejor aplicación.

Por estas razones, me permito someter a la consideración de las señoras diputadas y los señores diputados, el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

ADICIÓN DE UN CAPÍTULO III A LA LEY DE REGISTRO, SECUESTRO Y EXAMEN DE DOCUMENTOS PRIVADOS E INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES LEY N.° 7524, DE 9 DE AGOSTO DE 1994 Y REFORMA DE LA LEY N.° 8754 “LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA”

ARTÍCULO 1- Adiciónase un nuevo capítulo III denominado “Centro Judicial de Intervenciones Telefónicas”, a la Ley N.° 7425 “Ley de Registro, Secuestro y Examen de documentos privados e Intervención de las Comunicaciones”, de 9 de agosto de 1994 y sus reformas, se corra la numeración de los capítulos y artículos subsiguientes y se lea de la siguiente manera:

CAPÍTULO III

CENTRO JUDICIAL DE INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES

Artículo 21- Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones.- Créase el Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones, en adelante el (CJIC), como dependencia del Poder Judicial, encargada de centralizar y ejecutar todos los actos técnicos, materiales y sustanciales que implica la intervención de comunicaciones de telefonía móvil o que se ejecuten por canales radiales, electrónicos, satelitales, informáticos, digitales, por redes de comunicación, por métodos virtuales, por Internet o cualquier otro medio, que hayan sido ordenadas por los jueces penales de todo el país.

Artículo 22- Jueces. Para el adecuado funcionamiento del CJIT se entenderá por:

a) Juez competente: Funcionario judicial que ordena la intervención de las comunicaciones.

b) Juez director: Funcionario judicial encargado de planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar las labores del Centro Judicial de Intervenciones.

c) Juez contralor de la interceptación de las comunicaciones: Funcionario judicial que recibe comisión del juez competente para que ejecute, aplique, fiscalice y controle todos los actos técnicos, materiales y sustanciales que implican la interceptación, escucha, grabación, traslado y preservación de las comunicaciones interceptadas.

Artículo 23- Dirección y administración. El Centro será administrado por un juez director a quien le corresponderá la distribución del trabajo entre los jueces contralores, velar por el correcto funcionamiento del Centro, definir labores del personal judicial, mantener archivos de las actividades ejecutadas, elaborar presupuestos, establecer controles y ejecutar cualquier acción de orden administrativa -diferente a la escucha- necesaria para operación eficiente del Centro. Para el desarrollo de las labores de orden administrativo, pero nunca de carácter jurisdiccional, el juez director podrá asistirse de personal idóneo.

El juez director del centro implementará un sistema de control de ingresos y egresos de funcionarios autorizados, mantendrá registros acerca del material entregado a cada uno de los funcionarios autorizados y velará para que una vez finalizada la interceptación se traslade el material obtenido como consecuencia de las grabaciones y escuchas al juez que emitió la orden, para incorporarse al proceso.

Corresponde al juez director velar por mantener y preservar copias totales de todas las interceptaciones ejecutadas y de los atestados con ellas relacionadas, por al menos diez años contados a partir de la finalización de los procedimientos. Los respaldos de tales interceptaciones deberán ser custodiados en un lugar distinto de la sede del centro, cuya ubicación deberá ser definida por los encargados de la supervisión externa del Centro.

Artículo 24- Funcionarios del Centro. El CJIC contará con el personal necesario para operar los trescientos sesenta y cinco días del año, durante las veinticuatro horas, este personal será principalmente el siguiente:

a) Personal de apoyo: auxiliares judiciales o auxiliares administrativos encargados de mantener registros, de transcribir comunicaciones y colaborar en las actividades que el juez director del Centro determine.

b) Analistas criminales: encargados de brindar soporte a las actividades del juez de escuchas, de reproducir archivos con comunicaciones, de elaborar archivos con comunicaciones seleccionadas, de transcribir comunicaciones, de analizar registros telefónicos y de verter criterios técnicos respecto de los datos captados a través del procedimiento de interceptación.

Artículo 25- Funcionarios autorizados. Son funcionarios autorizados los jueces, fiscales, oficiales de policía, personal técnico, analistas criminales, traductores o intérpretes legitimados por el juez competente para acceder al contenido inmediato de las comunicaciones interceptadas o a cualquier otra información técnica acerca del origen, destino, ubicación o dato de cualquier otra naturaleza que derive de la interceptación.

Los oficiales de policía, técnicos o jueces que, a instancia del Ministerio Público, autorice el juez competente para acceder total o parcialmente a las comunicaciones captadas, informarán al fiscal de los datos obtenidos durante las intervenciones para su análisis jurídico y para la prosecución del caso. Estos reportes deberán ser trasladados por el fiscal al juez que emitió la orden, para garantizar el control de la medida. Estos mismos oficiales de policía o técnicos transcribirán las comunicaciones que estimen importantes para el desarrollo de la investigación.

Los oficiales de policía designados u autorizados por el juez para conocer de las incidencias de la intervención de comunicaciones, siempre bajo control y fiscalización del juez contralor, podrán acceder a los registros de las comunicaciones en cualquier momento de la investigación.

Los oficiales de policía autorizados, podrán igualmente ejecutar o coadyuvar en el análisis de la información tecnológica que se desprendan de las intervenciones telefónicas.

Los jueces contralores facilitarán a los fiscales asignados a la investigación copia de las comunicaciones seleccionadas, mediante el empleo de los instrumentos informáticos pertinentes y dejando las constancias que estimen necesarias.

Los oficiales y personal técnico autorizados jurisdiccionalmente podrán ingresar al centro de intervenciones para captar información, cuando sea necesario, de acuerdo con el desarrollo de la investigación; siempre bajo control y fiscalización del juez de contralor o del juez director del centro.

Los oficiales de policía a que se refiere la presente ley son aquellos pertenecientes únicamente a la Policía de Control de Drogas y a la Policía Judicial.

Artículo 26- Fiscalización y control. Cada año, quien ejerza la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, en sesión privada, informará a los jerarcas del Ministerio de la Presidencia, de Justicia, de Seguridad Pública y Gobernación, del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial, acerca de la eficiencia, la eficacia y los resultados del Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones, así como de las mejoras que deban hacerse para su actualización. La Corte Plena establecerá, los mecanismos de supervisión interna y externa. La supervisión interna estará a cargo del jefe del Ministerio Público y del director del Organismo de Investigación Judicial; la externa será responsabilidad de una comisión especial, integrada por tres magistrados designados por la Corte Plena.

El juez director del Centro, deberá informar semestralmente a la comisión especial acerca de todos los aspectos relacionados con la operación del Centro de Intervenciones Telefónicas. El incumplimiento de lo dispuesto en este párrafo será considerado falta grave.

ARTÍCULO 2- Modifícanse los artículos 9, 10, 11, 12, 15, 19 y 20 de la Ley N.° 7425 “Ley sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones”, de 9 de agosto de 1994 y en adelante se lean:

Artículo 9- Autorización de intervenciones. Dentro de los procedimientos de una investigación policial o jurisdiccional, los tribunales de justicia podrán autorizar la intervención de comunicaciones orales, escritas o de otro tipo, incluso las telecomunicaciones fijas, móviles, inalámbricas y digitales, cuando involucre el esclarecimiento de los siguientes delitos: secuestro extorsivo o toma de rehenes, corrupción agravada, corrupción en el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito, explotación sexual en todas sus manifestaciones, casos de cohecho, proxenetismo agravado, fabricación o producción de pornografía, tráfico ilícito de personas, tráfico de personas menores de edad, y tráfico de menores de edad para adopción; delitos patrimoniales cometidos en forma masiva, ya sea sucesiva o coetáneamente, sustracciones bancarias vía telemática, tráfico de personas para comercializar sus órganos, tráfico, introducción, exportación, comercialización o extracción ilícita de sangre, fluidos, glándulas, órganos o tejidos humanos o de sus componentes derivados, homicidio calificado; genocidio, terrorismo o su financiamiento, y los delitos previstos en la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas, N.º 8204, de 26 de diciembre de 2001. Legitimación de capitales que sean originados en actividades relacionadas con el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de órganos, el tráfico de personas o la explotación sexual, o en cualquier otro delito grave; delitos de carácter internacional, Todos los demás delitos considerados graves, según la legislación vigente. En los mismos casos, dichos tribunales podrán autorizar la intervención de las comunicaciones entre los presentes, con las excepciones consagradas en esta ley; cuando se produzcan dentro de domicilios y recintos privados, la intervención solo podrá autorizarse si existen indicios suficientes de que se lleva a cabo una actividad delictiva.

Artículo 10- Orden del juez para intervenir. El juez competente, mediante resolución fundada, de oficio, a solicitud del jefe del Ministerio Público, del director del Organismo de Investigación Judicial o de alguna de las partes del proceso, si hubiere, podrá ordenar intervenir las comunicaciones orales o escritas, de telefonía móvil o que se ejecuten por canales radiales, electrónicos, satelitales, informáticos, digitales, por redes de comunicación, por métodos virtuales, por Internet o cualquier otro medio, cuando pueda servir como prueba indispensable de la comisión de alguna de las conductas delictivas, a las que se refiere el artículo anterior.

La solicitud de intervención deberá estar por escrito, expresar y justificar sus motivos y cometidos, con el propósito de que puedan ser valorados por el Tribunal.

En la solicitud de intervención realizada por el jefe del Ministerio Público o del director del Organismo de Investigación Judicial se deberá indicar el nombre de los oficiales de policía o personal técnico cuya autorización requiere para acceder al contenido de las comunicaciones, para intervenir en la interpretación y/o selección de las comunicaciones que surjan durante las intervenciones respectivas.

El juez realizará personalmente la diligencia, salvo en casos de excepción en los cuales, según su criterio, podrá delegarla en miembros del Organismo de Investigación Judicial o del Ministerio Público, quienes deberán informarle, por escrito, del resultado. De ello deberá levantarse el acta correspondiente.

Artículo 11- Autorización o denegación para intervenir. Examinada la solicitud correspondiente, el juez competente emitirá una resolución fundada, mediante la cual autoriza o deniega la intervención.

En la resolución donde se autoriza la intervención deberá indicarse los funcionarios de policía o personal especializado debidamente acreditados para que intervengan en las escuchas, en la ejecución de cualquier acto sustancial relacionado con la escucha de las comunicaciones, en la captación de los datos que se requieran para proseguir el caso y para que transcriban las comunicaciones que estimen importantes para la investigación; además comisionará a los jueces que integran el Centro de interceptaciones la ejecución y aplicación de la orden.

Si se ordena la intervención y ya existe proceso en trámite, el dictado deberá mantenerse en secreto y no agregarse al expediente, hasta que haya cesado la intervención y se hayan anexado los resultados obtenidos.

Realizado lo anterior, se concederá audiencia a las partes del proceso, por el término de tres días, para que formulen las consideraciones necesarias.

Aun cuando no exista proceso en trámite, deberá procederse en la forma indicada en los párrafos anteriores.

Si la resolución deniega la intervención, deberá notificarse al gestionante.

Artículo 12- Plazos y prórrogas de la intervención. La intervención ordenada se autorizará por un lapso máximo hasta de tres meses, salvo en los casos de extrema gravedad o de difícil investigación, en los que el juez, mediante resolución fundada, disponga una prórroga. Excepcionalmente, se podrán ordenar, por igual plazo, hasta dos prórrogas como máximo.

Cuando se trate de delitos cometidos por Delincuencia Organizada en aplicación de la Ley N.° 8754, de 24 de julio de 2009 y sus reformas, el tiempo de la intervención o de la escucha podrá ser hasta de doce meses, y podrá ser renovado por un período igual, previa autorización del juez.

Artículo 15- Nombramiento y capacitación del personal a cargo de la intervención. El Poder Judicial, por medio de los órganos correspondientes, nombrará al personal técnico especializado para cumplir con las tareas que se ordenan en esta ley. Este personal deberá ser de comprobada integridad y ser capacitado en sus labores específicas y en los derechos civiles, que puedan ser perturbados por la intervención.

El nombramiento de ese personal deberá ser ratificado por la Corte Plena, la cual establecerá y desarrollará sus sistemas y formas de operación.

Artículo 19- Finalización de la Intervención de Comunicaciones y levantamiento del acta. Las intervenciones ordenadas cesarán por disposición del juez que emitió las órdenes para acceder a las comunicaciones telefónicas, previa solicitud del fiscal encargado de la prosecución del caso.

Si dentro del proceso penal que determinó la necesidad de acceder a las conversaciones de sospechosos, el Ministerio Público vinculara a alguna persona como responsable de la comisión de un hecho ilícito, el fiscal a cargo del caso, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, requerirá al juez que ordenó la captación de comunicaciones que solicite al juez del Centro de interceptaciones, la remisión a su despacho de todo el material compilado como consecuencia de las órdenes emitidas, para proceder conforme establece el artículo anterior. El juez contralor a cargo del caso deberá remitir la totalidad de atestados al juez actuante en un plazo máximo de quince días. El material que se remite al juez que ordenó la escucha, debe incluir las transcripciones de las comunicaciones que el juez contralor, la policía o el personal técnico, seleccionó durante el proceso de investigación.

Si el proceso de escuchas resultó infructuoso en orden a la vinculación de personas como responsables de un hecho delictivo, el material proveniente de las escuchas se mantendrá en custodia del Centro hasta que el juez que ordenó la interceptación, a instancia del Ministerio Público ordene su destrucción. La destrucción no podrá ordenarse antes de un año de haber cesado la interceptación. Mediante acta con las formalidades señaladas en la ley, el juez a cargo de la intervención deberá hacer constar la hora y la fecha en que se remueva cada implemento de grabación y registrar cualquier otra información pertinente.

Artículo 20- Obligaciones de los responsables de las empresas de comunicación

Cualquier empresa, pública o privada, que provea servicios de comunicaciones en el país están obligadas a conceder, a la autoridad judicial al Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC), todas las facilidades materiales y técnicas para que las intervenciones sean efectivas, seguras y confidenciales. Serán obligaciones de las empresas y de los funcionarios responsables de las empresas o las instituciones públicas y privadas a cargo de las comunicaciones, las siguientes:

1. Dar todas las facilidades para que las medidas ordenadas por el juez competente se hagan efectivas.

2. Acatar la orden del juez director del Centro de Intervenciones, de manera tal que no se retarde, obstaculice ni se impida la ejecución de la medida ordenada por el juez competente.

3. Poner a disposición de la autoridad judicial, en especial al Centro Judicial de Intervenciones Telefónicas todas las plataformas tecnológicas necesarias para la ejecución de la intervención conforme a la orden emanada del juez competente. El incumplimiento de esta norma traerá como consecuencia la sanción de cancelación de la concesión o el permiso de operación de la empresa, para la actividad de comunicaciones. Los órganos encargados de aplicar la sanción anteriormente indicada, a las empresas, serán los establecidos en la Ley general de telecomunicaciones, N.º 8642, de 4 de junio de 2008, y en las demás leyes, los reglamentos y las que regulen las condiciones de la concesión. Para informarles sobre la disposición judicial, será necesario un oficio del juez director del Centro, en el que se consigne la información necesaria; no será requisito notificarles el contenido de la resolución que dispuso la medida.

ARTÍCULO 3- Deróganse los artículos 14, 15, 16 Y 17 de la Ley contra la Delincuencia Organizada N.° 8754, de 24 de julio de 2009 y sus reformas.

TRANSITORIO I- Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley el Instituto Costarricense de Electricidad trasladará a título de donación todo el equipo tecnológico que actualmente utiliza la Dirección de Protección y Seguridad Institucional en la aplicación de las Intervenciones Telefónicas.

El cumplimiento de esta disposición transitoria es responsabilidad de la Comisión de Fiscalización Externa a que se refiere el artículo 15 de la Ley N.° 7524, de 9 de agosto de 1994.

Rige a partir de su publicación.

Dragos Dolanescu Valenciano Diputado

17 de setiembre de 2020

NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico.

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.