Archivado el bono de vivienda para damnificados por desastres

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

REFORMA DEL ARTÍCULO 50, ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 50 BIS, 50 TER Y 50 QUATER A LA LEY N° 7052 “LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA”, ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 48 BIS Y 48 TER A LA LEY N° 8488 “LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS” y REFORMA DEL INCISO A DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY N° 9379 DENOMINADA “LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NIDIA CÉSPEDES CISNEROS Y OTROS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS

EXPEDIENTE N° 22.224

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

NOTA: A solicitud de las partes interesadas, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley PROYECTO DE LEY

ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 50 BIS, 50 TER Y 50 QUATER A LA LEY N° 7052 “LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA”, ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 48 BIS Y 48 TER A LA LEY N° 8488 “LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS” y REFORMA DEL INCISO A DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY N° 9379 DENOMINADA “LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Expediente N° 22.224

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La institucionalidad costarricense ha demostrado no ser capaz de atender aquellas personas que se han visto afectadas por desastres naturales que han golpeado al país. En la última década Costa Rica ha sido afectada por fenómenos naturales como el terremoto de Cinchona (2009), la tormenta tropical Tomas (2010), el terremoto de Nicoya (2012), el huracán Otto (2016) y la tormenta tropical Nate en el 2017. Todos estos desastres han dejado al descubierto las serias deficiencias de la política pública y de la legislación costarricense en materia de emergencia, principalmente en materia de vivienda.

En noviembre del año 2016 nuestro país resistió los estragos causados por el Huracán Otto y posteriormente en el año 2017, la Tormenta Nate profundizó los daños que causó la emergencia anterior en la Zona Norte, especialmente en el cantón de Upala. Si bien es cierto estas emergencias han sido atendidas por medio de la Comisión Nacional de Emergencias y han sido declaradas Emergencia nacional mediante decreto Ejecutivo y de acuerdo con la ley N°8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, del 22 de noviembre de 2005, la pero la afectación en vivienda ha sido un tema que escapa de la rapidez y agilidad con la que se atienden otros temas en una emergencia.

La experiencia con los desastres naturales mencionados anteriormente demuestra que los Decretos de Emergencia en Costa Rica, no se aplican como se debería para la construcción o reparación de viviendas de personas damnificadas. Parte del mejoramiento que se requiere para la atención de emergencias, corresponde a una simplificación de trámites como parte de un mecanismo excepcional que permita a la persona damnificada ingresar al Sistema Financiero de la Vivienda. En otras palabras, es muy probable que una persona damnificada quede en una condición de vulnerabilidad social y en un estado de indefensión, si se somete al trámite ordinario para obtener un bono de vivienda.

Una persona damnificada, que no recibe una solución habitacional por parte de las instituciones competentes después de ocurrida la emergencia, probablemente quedará en una situación de vulnerabilidad social ante una tramitología que no permite obtener un subsidio, puede producir en la persona damnificada una conculcación de sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política y en documentos internacionales vinculados estrictamente con los Derechos Humanos.

El presente proyecto de ley pretende crear un bono de vivienda, para atender, de manera urgente, la reparación o construcción de las viviendas a las personas damnificadas por desastres, sean estos naturales o antropológicos.

Para tales efectos, es necesario que las personas que requieran aplicar se encuentren en las listas oficiales que debe levantar el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias.

Asimismo, para poder optar por el bono especial regulado en la presente ley, el desastre debe contar con el respectivo decreto de emergencia.

Una vez levantada la lista oficial de personas damnificadas por las instituciones oficiales, el BANHVI deberá crear un proyecto de inversión, cuya base será la lista oficial de damnificados.

Actualmente, los damnificados, deben enfrentarse a una tramitología excesiva y onerosa, y cumplir con requisitos como tener un núcleo familiar, ante las entidades autorizadas por el Banco Hipotecario para la Vivienda, para buscar la reconstrucción de sus viviendas tras las emergencias o desastres que se han presentado en el país. Sin embargo, existen casos de personas afectadas por el huracán Otto que perdieron su familia y por esa causa ya no califican para un bono de vivienda ordinario.

Este proyecto busca crear un tipo de bono de vivienda que permita la atención expedita y ágil de las personas damnificadas en una emergencia, ayudando a flexibilizar requisitos con el objetivo de resolver la necesidad habitacional personas que luego de una emergencia se encuentran en un estado de vulnerabilidad.

Durante la sesión ordinaria N° 12 de la Comisión Especial de Alajuela (constituida bajo expediente legislativo N°20.937) recibió al señor Alexander Solís, Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencia, para referirse a la campaña nacional “Yo nací en este país”, llevada a cabo en el marco de la emergencia del Huracán Otto, y en la que se recaudó más de mil millones quinientos cincuenta millones, de los cuales se iba a destinar mil millones de colones para ayudar a los afectados a recuperar sus viviendas. Esta sesión, don Alexander Solís expresó que:

“En el caso particular de vivienda, lo que nos falta es la excepción a los mecanismos del Sistema Financiero de la Vivienda, para poder desarrollar la recuperación de vivienda bajo procedimientos extraordinarios” (p.16).

En dicha Comisión, también se le consultó al Presidente Ejecutivo de la CNE cuál podía ser la manera para cambiar la legislación vigente, para restituir a las personas damnificadas por los daños estructurales que han recibido sus viviendas. Él indicó:

“Hay un proceso que la Administración inició prácticamente desde octubre, (…) de cómo manejar los casos de vivienda de emergencia, el otro tiene que ver con un procedimiento de recopilación de esa información, y con un convenio que se firma con las municipalidades para poder hacer una identificación más temprana de los casos. En mi criterio el artículo 30, inciso c) es un tema de interpretación, y lo que corresponde es revisar (…) para determinar si corresponde un reglamento específico, es decir, cambiar esa directriz y procedimiento a un reglamento, o si lo que nos corresponde es una modificación de la ley donde no dudaremos en tocar sus puertas” (p.28).

La reconstrucción de las viviendas afectadas a causa de los desastres naturales representa un desafío para las familias costarricenses y también para el Estado. La carga administrativa del trámite para obtener el Bono Familiar para la Vivienda para la Construcción en lote propio, se desglosa de la siguiente manera:

Fuente: Tomado del informe DFOE-EC-IF-00010-2019 de la Contraloría General de la República.

El costo de oportunidad para el trámite que permite obtener un bono de vivienda, también se encuentra contemplado dentro de los estudios realizados en el informe, mismo que se describe a continuación:

Fuente: Tomado del informe DFOE-EC-IF-00010-2019 de la Contraloría General de la República.

Evidentemente, después de que ocurre una emergencia, muchas personas que resultaron afectadas, no necesariamente disponen de los montos económicos que se requieren, para que el Banco Hipotecario de la Vivienda, les tramite un bono ordinario de vivienda. Es así como conviene reiterar, que la persona damnificada queda en muchas ocasiones, en una situación de desventaja social, en un estado de indefensión si no se le brindan los medios para acceder a una solución habitacional de manera expedita y costeada por el Estado, partiendo de que la persona damnificada eventualmente puede encontrarse en un estado de pobreza derivada, causada por los acontecimientos naturales o antropológicos que hayan afectado la región donde tiene su arraigo.

La necesidad de crear un bono de vivienda por emergencia para atender de manera humanitaria emergencias y dar soluciones habitacionales ante desastres

El expediente legislativo N° 14.452, que dio origen a la Ley N° 8488, que reformó la Ley Nacional de Emergencias N° 7914, del 28 de setiembre de 1999, indica en su exposición de motivos:

“La Comisión es un organismo estatal que atiende una materia de primer orden dentro del quehacer nacional, ya que su competencia es la vida y bienes de los habitantes, por ello es necesario que este Órgano tenga asegurada su sobrevivencia en lo que se refiere a independencia económica, de manera que dentro de la propia ley quede asegurada su fuente de financiamiento como la tienen las otras instituciones estatales que atienden asuntos similares.”

Además, dentro de las fases de atención de una emergencia, se encuentra la etapa de reconstrucción. En esa etapa, es donde debe reconstruirse o repararse las viviendas de las personas damnificadas. No hacerlo de esa manera, esperar a que termine el periodo de vigencia de un Decreto de Emergencia u obligar a las personas damnificadas a someterse al trámite ordinario para la vivienda, produce en las víctimas de la catástrofe una situación económica y social, de la que les será extremadamente difícil salir. Dentro de la reposición y reconstrucción de esas obras de interés social es que se estima, para efectos del presente proyecto de ley, que se debe atender la necesidad de vivienda de las personas víctimas de una catástrofe natural.

Según toda la información que hasta aquí se ha expuesto, la realidad nacional ha sido muy distinta al marco filosófico que motivo la reforma a la Ley Nacional de Emergencias N° 7914, del 28 de setiembre de 1999. Y resulta necesario la creación de un mecanismo que le permita a los y las costarricenses afectados por una emergencia acceder a un bono de vivienda, que le permite la reposición de su hogar de una forma ágil y pronta.

Fiscalización y control de los fondos que son trasladados desde el Fondo Nacional de Emergencias, hasta el BANHVI

Esta iniciativa tiene como objetivo agilizar todo el proceso que deben pasar los costarricenses para poder reponer su vivienda, no obstante, la agilización de los trámites y la flexibilización de requisitos no puede significar de ninguna manera una flexibilización en la fiscalización y control de los fondos públicos empleados para atender las necesidades durante la emergencia.

El voto N° 16452-2011 de la Sala Constitucional, indica:

Ahora bien, al tratarse de una institución pública, resulta claro que la actuación de la Comisión Nacional de Emergencias se rige conforme al principio de legalidad, así como a las normas y principios que integran el Derecho Público, por lo que no está exenta de los mecanismos de control por parte de la Administración Central. Específicamente, el funcionamiento y los gastos regulares de la Comisión están sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República y de la auditoria interna de la institución, todo de conformidad con el artículo 50 de la citada ley y el artículo 184 de la Constitución Política.

El presente proyecto de ley pretende que los recursos económicos que salgan del Fondo Nacional de Emergencias para brindar soluciones habitacionales a personas damnificadas, se encuentren sujetos a mecanismos de control. Eso vigilará el dinero que es girado al Banco Hipotecario para la Vivienda, se ejecute de la manera adecuada.

La importancia de facultar a la Comisión Nacional de Emergencias para que pueda traspasar terrenos a sus propietarios

Un vacío legal que presenta la ley N° 8488, es que su articulado no permite que la CNE realice titulación de tierras, en beneficio de personas damnificadas que fueron beneficiarias de un bono para la reparación o reconstrucción de su vivienda. Y una autorización de esa categoría, no puede dar lugar tampoco para que la CNE realice traspasos registrales de manera desmesurada.

Por ejemplo, en el caso de existir terrenos donde una persona pueda construir una vivienda, porque le tuvieron que reubicar, después de ocurrida la emergencia, eventualmente la CNE podría quedar facultada para presentar una solicitud formal ante la Notaría del Estado y que en dicho órgano realicen los trámites notariales y registrales necesarios, para que la nueva persona titular sea aquella que consta como damnificada en las listas oficiales que para tales efectos levantó el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.

En virtud de las consideraciones expuestas, se somete a conocimiento de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley para su estudio y aprobación por parte de los Señores Diputados y las Señoras Diputadas.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 50, ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 50 BIS, 50 TER Y 50 QUATER A LA LEY N° 7052 “LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA”, ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 48 BIS Y 48 TER A LA LEY N° 8488 “LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS” y REFORMA DEL INCISO A DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY N° 9379 DENOMINADA “LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”

ARTÍCULO 1- REFORMA DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY N°7052, “LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA”

Se reforma artículo 50 de la ley N°7052, Ley del Sistema Financiero Nacional para la vivienda y creación del banco hipotecario de la vivienda, del 13 de noviembre de 1986 y sus reformas, para que en adelante se lea cómo sigue:

Artículo 50- Los beneficios del Fondo se otorgarán, por una sola vez, a las familias de escasos recursos económicos. También se concederá este bono para construir la casa de los maestros de las escuelas rurales con un máximo de tres aulas, por medio del patronato escolar correspondiente. La finalidad es procurar soluciones habitacionales de interés social mediante el bono familiar de la vivienda. Asimismo, serán objeto de estos beneficios los adultos mayores carentes de núcleo familiar, las personas con discapacidad carentes de núcleo familiar y las personas afectadas por desastres que hayan perdido su núcleo familiar o no como consecuencia del evento. En ningún caso, el monto máximo del subsidio excederá del equivalente a treinta salarios mínimos mensuales de un obrero no especializado de la industria de la construcción.

El monto del Bono Familiar para la Vivienda o subsidio, podrá ponderarse según el número de miembros de la familia, de conformidad con el reglamento de dicho Fondo.

No obstante lo indicado en el párrafo primero del presente artículo, la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), mediante acuerdo razonado y a propuesta de la Gerencia, podrá autorizar la entrega de un segundo bono a familias beneficiarias, únicamente en los siguientes casos:

a) Las familias que anteriormente hayan recibido el beneficio, pero que por desastres o producidas por siniestro, caso fortuito o fuerza mayor, hayan perdido la vivienda construida con los recursos del bono. Será condición que la familia continúe reuniendo los requisitos para calificar como beneficiaria del subsidio y que los seguros sobre el inmueble no cubran los daños ocasionados por el desastre. El monto máximo del subsidio indicado en el párrafo primero del presente artículo se aplicará solo para las familias que, contando con lote o terreno propio, este no se haya visto afectado y conserve su vocación habitacional. En los casos en que la familia afectada o damnificada, amerite un traslado en razón de la pérdida, tanto del inmueble o lote, como de la construcción habitacional que se ubicaba en éste, no regirá dicho monto máximo.

b) Cuando posterior al otorgamiento del primer bono, algún miembro del núcleo familiar presente una condición de discapacidad, debidamente certificada, que amerite remodelar, ampliar o mejorar la vivienda, para mantener o mejorar su calidad de vida. Para estos efectos, la familia deberá cumplir los requisitos que la califiquen como beneficiaria del subsidio.

El monto del subsidio por segundo bono, para los casos contemplados en el presente inciso, se definirá de conformidad con la necesidad de cada caso y no podrá exceder el monto total establecido en el párrafo primero de este artículo.

ARTÍCULO 2- ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 50 BIS, 50 TER Y 50 QUATER A LA LEY N° 7052 “LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA”

Adiciónese los artículos 50 bis, 50 ter y 50 quater a la Ley N° 7052 “Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del Banco Hipotecario de la Vivienda, para que en adelante se lean de la siguiente manera:

Artículo 50 bis- Creación del Bono de Vivienda por Emergencia.

Créase el Bono de Vivienda por Emergencia, cuyo monto económico podrá ser estimado hasta en tres veces el monto otorgado para un bono de vivienda ordinario, según el artículo 50 de la Ley N° 7052. Los recursos serán trasladados del Fondo Nacional de Emergencias al Banco Hipotecario de la Vivienda, destinados al Fondo de Subsidios para la Vivienda.

Artículo 50 ter- Autorización para la ejecución de bonos de vivienda por emergencia.

Autorícese al Banco Hipotecario de la Vivienda, para que, ante aquellas situaciones en las que se haya emitido un Decreto de Emergencia, ponga en ejecución un bono de vivienda por emergencia, que suprima parte de los requisitos para trámites de bonos ordinarios contemplados en el ordenamiento jurídico vigente.

Se prohíbe al Banco Hipotecario para la Vivienda y a la Comisión Nacional de Emergencias, la exclusión de personas o familias damnificadas para la obtención del bono de vivienda por emergencia, cuando consten en la lista oficial de personas damnificadas elaborada del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.

ARTÍCULO 50 quater- Condiciones de la persona damnificada y requisitos para optar por el bono de vivienda de emergencia

Ante situaciones de emergencia, las personas damnificadas, indistintamente de si tienen núcleo familiar o no, deberán cumplir, únicamente con las siguientes condiciones y requisitos:

a) Para poder optar por un bono de vivienda por emergencia, la persona solicitante deberá estar incluida en las listas de personas damnificadas, levantada para tal efecto, por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias, de manera inmediata posterior a la finalización del desastre.

Esta lista constituirá el nexo oficial de causalidad, donde se determinará cuando la vivienda de la persona damnificada requiera reparaciones parciales o reposición total y la persona incluida en ella deberá ser notificada por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, en concordancia con el párrafo 2 del artículo 1 de la Ley de Notificaciones Judiciales N° 8687 de 4 diciembre 2008.

b) Si es un bien arrendado el que fue afectado por la emergencia, su titular deberá realizar los trámites para sus reparaciones o reconstrucción.

Asimismo, en los casos de bienes en arrendamiento, sus propietarios deberán demostrar la titularidad del bien afectado, mediante los estudios registrales o la evidencia de la posesión.

c) Constancia registral de no ser propietario de una propiedad mayor a los mil metros cuadrados en zona urbana o de una parcela de más de diez mil metros cuadrados en zona rural, en el caso de que esta haya sido otorgada al solicitante por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural o cualquier otra institución encargada en el pasado. d) En el caso de personas menores de edad damnificadas, deberá ser la persona que ejerza su tutela la encargada de realizar los trámites para acceder al bono de vivienda por emergencia.

e) En el caso de personas damnificadas con discapacidad, o adultos mayores deberá ser la persona garante para la seguridad jurídica, la encargada de acompañar durante la tramitación del bono de vivienda por emergencia.

ARTÍCULO 3- ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 48 BIS Y 48 TER A LA LEY N° 8488 “LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS”:

Adiciónese los artículos 48 bis y 48 ter a la Ley N° 8488 “Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos”, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

Artículo 48 bis- Procedimiento para trasladar fondos de la CNE al BANHVI, para el bono de vivienda por emergencia: Con base en la lista oficial de personas damnificadas, el Banco Hipotecario para la Vivienda deberá elaborar un Plan de Inversión y deberá presentarlo a la Comisión Nacional de Emergencias.

Una vez recibido por el BANHVI el Plan de Inversión, el BANHVI deberá presentar una única solicitud para que la Comisión Nacional de Emergencias libere los recursos, respetando rigurosamente el Plan de Inversión. Debidamente notificada esta solicitud, la Comisión Nacional de Emergencias transferirá los recursos para la atención de las necesidades habitacionales de las personas y/o familias damnificadas, a más tardar en treinta días naturales improrrogables.

El incumplimiento a estas disposiciones hará incurrir en responsabilidad a la Administración y al servidor público responsable, según indica el Capítulo Segundo, artículo 199 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 48 ter- Control y fiscalización de los fondos que traslada la CNE al BANHVI. La Auditoría Interna de la Comisión Nacional de Emergencias y la del Banco Hipotecario de la Vivienda, tendrán la responsabilidad de hacer un control y fiscalización legal, técnica y contable de los recursos económicos que son trasladados del Fondo Nacional de Emergencias al Fondo de Subsidios para la Vivienda.

ARTÍCULO 3- REFORMA EL INCISO A DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY N° 9379 DENOMINADA “LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Refórmese el inciso c) del artículo 11 de la ley N° 9379 denominada “Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad”, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

Artículo 11- Obligaciones de la persona garante para la igualdad jurídica. La persona garante para la igualdad jurídica tendrá, para con la persona con discapacidad intelectual, mental y psicosocial, las siguientes obligaciones:

[…]

[…]

c) Asistirla en la toma de decisiones en el ámbito legal, financiero y patrimonial, de manera proporcional y adaptada a la condición de la persona a la que asiste. Además, cuando resulte necesario, deberá brindarle a la persona con discapacidad un debido acompañamiento para realizar trámites de bonos y/o subsidios ante el Sistema Financiero para la Vivienda.

[…] […] […] […] […] […] […] […]

ARTÍCULO 4- REGLAMENTACIÓN

El Poder Ejecutivo, reglamentará la presente ley dentro del término de tres meses, contado a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

Transitorio I- La presente ley tutelará todos los decretos de emergencia vigente al momento de su publicación, modificando los plazos de vencimiento actuales, en referencia a la atención de reparación o reconstrucción de viviendas, hasta haber cumplido con todas las personas damnificadas, que figuren en la lista oficial levantada por las instituciones responsables en el momento correspondiente.

Transitorio II- Se autoriza, por esta única vez, a la Comisión Nacional de Emergencias, para que acuda ante la Notaría del Estado y proceda a traspasar a los beneficiarios que no cuentan con su título de propiedad en todas aquellas viviendas y terrenos adquiridos para solucionar situaciones de emergencia en eventos pasados.

Rige a partir de su publicación

Nidia Lorena Céspedes Cisneros Erick Rodríguez Steller

María Inés Solís Quirós Ignacio Alberto Alpízar Castro

Jonathan Prendas Rodríguez Carmen Irene Chan Mora

Diputadas y diputados

30 de setiembre de 2020

NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Especial de la provincia de Alajuela, encargada de analizar, investigar, estudiar, dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes en relación con la problemática social, económica, empresarial, agrícola, turística, laboral y cultural de dicha provincia, expediente legislativo N.° 21.996.

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.