# Expediente 22226: Archivado el proyecto que quitaba la credencial a diputados por faltar a la probidad - Página: https://elcenso.com/leyes/22226 - Tipo: Proyecto de ley (expediente legislativo) - Título oficial: PÉRDIDA DE CREDENCIAL DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS DE LA REPÚBLICA - Publicada: 2020-10-07 - La Gaceta: 245 - Fuente oficial: https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx ## En resumen El expediente 22.226, que creaba un procedimiento para quitar la credencial a diputados por violar el deber de probidad, venció su plazo cuatrienal y fue archivado en enero de 2025 sin convertirse en ley. ## A quién le toca - Los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, que habrían quedado sujetos a un procedimiento sancionatorio - Las personas que quisieran denunciar a un diputado por violar el deber de probidad - Los funcionarios públicos obligados a denunciar actos de corrupción ## A quién beneficia - La ciudadanía habría tenido un mecanismo para pedir la remoción de un diputado por faltas a la probidad - Se habría creado un procedimiento claro con plazos y derecho de defensa - La Contraloría y la Procuraduría habrían tenido la obligación de denunciar ## Qué cambia - El artículo 112 de la Constitución sigue sin ley que lo desarrolle, así que la pérdida de credencial por probidad no se puede aplicar - El archivo del expediente deja el vacío normativo que el proyecto buscaba llenar - La reforma constitucional de 2018 queda sin efecto práctico hasta que se apruebe una ley por dos tercios ## Cláusulas a revisar - **El TSE decide la sanción sin que el texto repita la exigencia de dos tercios** (4): El artículo 4 le da al TSE la potestad de determinar la sanción. El artículo 112 constitucional exige que la ley se apruebe por dos tercios, pero el texto del proyecto no incluye esa exigencia en su articulado. Texto: "El Tribunal Supremo de Elecciones determinará la aplicación de la sanción correspondiente, de acuerdo con el mérito del caso y la gravedad de la falta" - **Las sesiones y votaciones del Plenario serían privadas** (18): El artículo 18 establece que las sesiones y votaciones sobre la pérdida de credencial serían privadas, salvo que el diputado investigado renuncie a ese derecho. Esto reduce la transparencia del proceso. Texto: "Las sesiones y votaciones correspondientes serán privadas, excepto que el diputado investigado renuncie a ese derecho." ## Explicación El proyecto de ley 22.226, que proponía un procedimiento para quitar la credencial a diputados y diputadas por violar el deber de probidad, fue archivado. Venció su plazo de cuatro años el 24 de setiembre de 2024 y el expediente se cerró el 8 de enero de 2025 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). ### Qué propone El proyecto proponía desarrollar el artículo 112 de la Constitución, que desde 2018 dice que violar el deber de probidad produce la pérdida de la credencial de diputado ([Constitución, art. 112](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). Para aplicarlo hacía falta una ley aprobada por dos tercios de los diputados, y eso es lo que este texto pretendía ser ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El proyecto definía el deber de probidad y listaba 14 obligaciones para los diputados ([art. 3](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Entre ellas: rendir cuentas, no usar el cargo para fines privados, no aceptar regalos ni favores, presentar sus declaraciones juradas ante la Contraloría y denunciar actos de corrupción. También creaba tres tipos de sanciones. Las faltas leves se castigaban con amonestación escrita. Las graves, con pérdida de la dieta de uno a tres meses. Las muy graves, con la pérdida de la credencial y la inhabilitación para cargos públicos de dos a ocho años ([art. 4](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El texto enlistaba once conductas como faltas muy graves. Por ejemplo: recibir dádivas o comisiones, cobrar honorarios de terceros por labores del cargo, votar leyes que beneficien al propio diputado o a sus familiares, y usar información confidencial para hacer negocios ([art. 6](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El procedimiento empezaba con una denuncia ante la Procuraduría de la Ética Pública. Esa oficina investigaba y, si el caso avanzaba, lo pasaba al Tribunal Supremo de Elecciones para el procedimiento administrativo ([art. 13](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Al final, el TSE enviaba el expediente a la Asamblea Legislativa, que tenía un mes para resolver ([art. 18](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El proyecto también reformaba el Código Electoral, la Ley contra la Corrupción, la Ley Orgánica de la Procuraduría y la Ley Orgánica de la Contraloría ([art. 16](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)) ([art. 17](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)) ([art. 19](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)) ([art. 20](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). ### En qué va el trámite El proyecto está archivado. Se presentó el 24 de setiembre de 2020 y se publicó en La Gaceta el 7 de octubre de ese año [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). Pasó a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos, donde se discutió en noviembre de 2020. El expediente registra el vencimiento del plazo cuatrienal el 24 de setiembre de 2024 y el archivo definitivo el 8 de enero de 2025 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). Para que fuera ley faltaba el dictamen de la comisión, el debate en plenario en dos días distintos, la aprobación por dos tercios y la sanción del Poder Ejecutivo ([Constitución, art. 124](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). ### Lo que se dijo en la Asamblea En una audiencia de la Comisión Especial sobre pérdida de credencial, realizada el 10 de mayo de 2017, un expositor explicó que la Sala Constitucional había pedido una reforma para que la causal de pérdida de credencial estuviera en la Constitución ([video, 00:01:29](https://www.youtube.com/watch?v=3u6lk0vb87o&t=89s)). Dijo que la Sala había concluido que la causal era constitucional y que debía contemplarse en la Carta Magna ([video, 00:01:43](https://www.youtube.com/watch?v=3u6lk0vb87o&t=103s)). Ese mismo expositor señaló dudas sobre quién instruye el procedimiento. Indicó que el TSE históricamente se ha limitado a aplicar sanciones en procesos instruidos por otros órganos ([video, 00:05:17](https://www.youtube.com/watch?v=3u6lk0vb87o&t=317s)). También advirtió que la reforma habilitaba al legislador ordinario para crear nuevas causales de pérdida de credencial, y que eso podría chocar con la doctrina de la Sala ([video, 00:07:18](https://www.youtube.com/watch?v=3u6lk0vb87o&t=438s)). El 30 de marzo de 2022, la Comisión de Asuntos Jurídicos avanzó en la discusión con un texto sustitutivo ([video, 00:00:09](https://www.youtube.com/watch?v=UgJv4yimnuc&t=9s)). El diputado Pedro Muñoz comentó que la iniciativa ponía reglas distintas sobre el deber de probidad entre diputados y demás funcionarios públicos ([video, 00:00:22](https://www.youtube.com/watch?v=UgJv4yimnuc&t=22s)). Ese mismo día, la presidenta del TSE, Eugenia Zamora, dijo ante otra comisión que no veía viable quitar la credencial a un diputado por separarse de su partido. Explicó que el diputado representa a la nación y no al partido ([video, 00:00:09](https://www.youtube.com/watch?v=RkVUWhdc9sc&t=9s)). ### Frente a la Constitución El proyecto calza con el artículo 112, que ordena al legislador crear el procedimiento para aplicar la pérdida de credencial por violar la probidad ([Constitución, art. 112](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). También calza con el artículo 11, que obliga a los funcionarios públicos a rendir cuentas ([Constitución, art. 11](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El Censo encontró dudas en un punto. El artículo 112 dice que la ley que desarrolle la pérdida de credencial se aprobará por dos tercios del total de los miembros de la Asamblea ([Constitución, art. 112](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto no incluye en su texto esa exigencia de votación calificada. Si se aprobara por mayoría simple, habría un posible choque con el artículo 112. Otra duda surge del artículo 121, que da a la Asamblea la potestad de dictar las leyes ([Constitución, art. 121](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto traslada al TSE la decisión de aplicar la sanción ([art. 4](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)), y el TSE tiene funciones electorales según el artículo 102 ([Constitución, art. 102](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). Un expositor en la audiencia de 2017 ya había señalado esa tensión ([video, 00:05:17](https://www.youtube.com/watch?v=3u6lk0vb87o&t=317s)). ### Qué puede hacer usted Aunque este proyecto está archivado, la guía de participación ciudadana ofrece herramientas para casos futuros. Puede pedir información sobre el estado de cualquier proyecto. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea brinda información inmediata sobre la tramitación de proyectos, órdenes del día y actas ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). Puede presentar una propuesta de ley mediante el formulario web de la Asamblea. No hace falta el texto completo, basta con plantear la idea ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). Puede denunciar irregularidades ante la Contraloría General de la República si sospecha mal manejo de fondos públicos. Las denuncias se presentan en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o por el portal institucional ([guía, p. 68](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68)). ### Lo que no sabemos El dossier no dice por qué el proyecto no avanzó más allá de la comisión. El dossier no incluye el texto sustitutivo que la comisión acogió en marzo de 2022, solo el texto original de 2020. El dossier no permite saber si el proyecto se volverá a presentar. ## Frente a la Constitución El proyecto calza con el artículo 112 que ordena crear el procedimiento, pero el texto no incluye la exigencia de aprobación por dos tercios y traslada al TSE una decisión sancionatoria que podría chocar con sus funciones electorales. ## Qué puede hacer usted - Pedir información sobre el estado de un proyecto: La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea brinda información inmediata sobre la tramitación de proyectos, órdenes del día y actas (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Presentar una propuesta de ley por formulario web: Se rellena un formulario en la página de la Asamblea. No hace falta el texto completo, basta con plantear la idea (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Denunciar ante la Contraloría General de la República: Presencial en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o 2501-8025, o por el portal institucional (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68) ## Fuentes 1. Expediente 22226: PÉRDIDA DE CREDENCIAL DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS DE LA REPÚBLICA. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa, 2020-10-07. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx 2. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 3. Comisión Especial Pérdida de credencial de diputado por violación del principio de probidad. Asamblea Legislativa Costa Rica, 2017-05-10. https://www.youtube.com/watch?v=3u6lk0vb87o 4. Avanza discusión del proyecto sobre perdida de credenciales de los legisladores. Asamblea Legislativa Costa Rica, 2022-03-30. https://www.youtube.com/watch?v=UgJv4yimnuc 5. TSE no ve aplicable perdida de credencial de diputado por separarse del partido. Asamblea Legislativa Costa Rica, 2022-03-30. https://www.youtube.com/watch?v=RkVUWhdc9sc 6. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf ## Texto oficial completo ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY PÉRDIDA DE CREDENCIAL DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS DE LA REPÚBLICA VARIOS SEÑORESDIPUTADOS Y SEÑORAS DIPUTADAS EXPEDIENTE N° 22.226 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES NOTA: A solicitud de las partes interesadas, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley PROYECTO DE LEY PÉRDIDA DE CREDENCIAL DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS DE LA REPÚBLICA Expediente N° 22.226 ASAMBLEA LEGISLATIVA: Una democracia de calidad, real, es aquel régimen donde no solamente se celebran elecciones periódicas en condiciones de libertad, independencia e imparcialidad, sino también donde se garantiza un Estado democrático de derecho, se ejercen libertades políticas y civiles y existen mecanismos institucionales para la rendición de cuentas de aquellas personas que asumen los cargos de representación. La remoción de un Diputado o Diputada no sólo conlleva una sanción personal, sino que representa una garantía frente a los electores, quienes esperan de sus autoridades una conducta apegada irrestrictamente al Derecho y a los principios de probidad, eficiencia y eficacia exigibles a todas las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado. Por ello es necesario que hoy cualquier incumplimiento a esos deberes tenga consecuencias en la realidad para quienes incurran en dichas conductas. La pérdida de legitimidad sobre la que versa este proyecto no se da en cualquier contexto político, sino en uno particularmente complejo. En los últimos años hemos sido testigos de un creciente descontento de la ciudadanía hacia las instituciones. A este escenario se suma un déficit de representatividad y, en general, de quienes ocupan cargos de elección popular, debido a la baja participación de la población en las elecciones. De ahí que esta iniciativa signifique no solo llenar un vacío histórico en el país, sino también la consolidación de un acuerdo político por la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio del cargo de Diputado y Diputada. En lo que respecta a la pérdida del mandato antes del periodo constitucional, conviene distinguir algunas formas comunes. Primero, el diputado o diputada puede ser revocado, en algunos países, por iniciativa de sus electores o de su partido. Además, pueden ser excluidos por la propia asamblea. Por lo general se trata de diputados que no reúnen las condiciones para ser elegibles o que han aceptado una función incompatible con su mandato parlamentario. En algunos países (incluidos bastantes anglosajones) la exclusión por la asamblea puede ser también la sanción disciplinaria última. Por último, en ciertos países el legislador puede perder su mandato debido a una decisión judicial. En los países en donde es posible la exclusión definitiva, los motivos invocados varían considerablemente. Como regla general son de tres tipos: sanción disciplinaria, pérdida de la condición de elegible y actividad incompatible con el mandato. A veces se encuentran todavía otros motivos, como en Letonia, en donde un miembro puede ser excluido si se prueba que no conoce suficientemente el idioma nacional para ejercer su mandato de parlamentario, o en el Senado de Tailandia, en donde un procedimiento permite excluir a un miembro del que se sospeche que se ha enriquecido de modo ilícito o por corrupción. La Constitución de Bolivia, por su parte, dispone que cada cámara tiene derecho a excluir (de modo temporal o definitivo) por mayoría de los dos tercios de los votos emitidos, a todo miembro que se haga culpable de una falta grave en el ejercicio de sus funciones. Por último, en el Reino Unido, un miembro de la Cámara de los Comunes puede ser también excluido por resolución de la misma Cámara, en particular por violar el código de conducta o las reglas disciplinarias. En la actualidad, esa exclusión sólo se produciría previa indagación y recomendación de la Comisión especial sobre normas y privilegios (Select Committee on Standards and Privileges). La pérdida del mandato parlamentario, llamado en general como "destitución", es un caso que se encuentra en casi todos los países. Entre los que forman la excepción a la regla citamos la República Árabe Siria y los Estados Unidos de América, en cuya Constitución se dispone que sólo la Cámara de Representantes y el Senado son competentes para juzgar los asuntos relativos a la elección y las cualificaciones de sus miembros respectivos. Así pues, conviene diferenciar no entre los países en donde existe la destitución por decisión judicial y en donde no existe, sino más bien entre los países en donde la decisión judicial produce efectos ipso iure y aquellos en donde debe ir seguida de una decisión de la Asamblea. Por otro lado, en ciertos países, la condena judicial ocasiona de oficio la destitución en el mandato parlamentario. Así, en Bélgica, el diputado o el senador que, como consecuencia de una decisión judicial, se ve privado de sus derechos civiles y políticos, no reúne ya todas las condiciones de elegibilidad y debe ser considerado como dimitido de oficio. En otros países, como ocurre en el caso de Alemania, la condena judicial no ocasiona de oficio la destitución del mandato parlamentario, sino que debe ir seguida de una decisión de la Asamblea o de otro órgano estatal. Así, en el caso de la legislación alemana, en caso de condena criminal, corresponde al Consejo de Ancianos (Altestenrat) del Budestag decidir la eventual destitución. El miembro dispone de un periodo de dos semanas para apelar ante la Asamblea plenaria. Puede presentarse una demanda contra la decisión de la Asamblea plenaria ante el Tribunal Constitucional Federal (Bundesverfassungsgericht). El mandato toma fin el día de la decisión del Tribunal Constitucional, que no es susceptible de apelación. Uno de los primeros actos de esta Asamblea Legislativa en la legislatura 2018-2019, fue la aprobación en segunda legislatura de la reforma constitucional al artículo 112, que introduce la pérdida de la credencial de Diputado cuando se incumpla con el deber de probidad. La reforma, a pesar de estar aprobada e incorporada a la Carta Magna, no puede aplicarse mientras no se establezca un procedimiento aprobado por dos terceras partes de la totalidad de miembros de la Asamblea Legislativa. La aprobación de este proyecto, sin lugar a dudas, permitiría atender el requerimiento de transparencia institucional al establecer que nuestros actos son susceptibles de acarrear responsabilidad, rompiendo con el escenario histórico de la impunidad parlamentaria. La probidad es el principio general de derecho que se aplica en la función pública derivado de la buena fe. La buena fe (del latín, bona fides) consistente en el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, o la rectitud de una conducta. Exige una actuación recta u honesta en relación con las partes interesadas en un acto, contrato o proceso. La importancia de esta reforma constitucional que aprobamos parte del reconocimiento de que los diputados no estamos exentos de que nuestros actos respondan a esa honradez, a ese convencimiento de que nos asista la razón. En ese sentido, esta iniciativa permitirá que desarrollemos la legislación necesaria para garantizar a los ciudadanos que nuestros actos responden al interés colectivo. Pero además, refuerza el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, que permiten a la sociedad costarricense verificar en todo momento que en el ejercicio de nuestra función no hemos abusado del poder que se nos ha delegado. Estamos llenando uno de los grandes vacíos que aún quedan en la normativa costarricense: en materia de responsabilidad política los actos indebidos de los representantes electos popularmente, y que son simples depositarios del poder público, no pueden quedarse sin sanción. Así, pretendemos complementar el control de los actos públicos, a través de una figura de remoción del mandato que hoy está permitida en el caso de los Alcaldes. Los tiempos actuales exigen dar una señal clara a los ciudadanos, a través del ejercicio probo, responsable y transparente de cara a la soberanía popular. Debemos recuperar la credibilidad de los ciudadanos. Esta iniciativa debe generar tranquilidad a los costarricenses de que esta Asamblea Legislativa, responderá al llamado de la historia. Pero sobre todo, que nos someteremos con humildad y con plena convicción de la necesidad de que cualquier persona que detente el poder público debe de ejercerlo únicamente para la satisfacción del interés colectivo. Para ello, manifestamos nuestro compromiso de avanzar hacia la promulgación de la Ley que desarrolla esta norma constitucional, para así darle eficacia en la vida jurídica a la pérdida de credenciales, no hacerlo de esta manera sería burlarnos y desconocer que somos simples depositarios de la representación popular. Por las razones expuestas, sometemos a la consideración de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley: **LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA** **DECRETA:** PÉRDIDA DE CREDENCIAL DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS DE LA REPÚBLICA ## CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES ### ARTÍCULO 1- Objeto Esta ley tiene por objeto regular el procedimiento y establecer el régimen de responsabilidad que se aplicará las diputadas y los diputados, por violación al deber de probidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112 de la Constitución Política de la República de Costa Rica. ### ARTÍCULO 2- Deber de Probidad Las diputadas y diputados estarán obligados a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere el ordenamiento jurídico; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de su función y, finalmente, a administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente. Las diputadas y diputados deberán apegar su conducta al estricto cumplimiento del deber de probidad establecido en esta ley en y en la n la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 8422 de 6 de octubre de 2004. Las diputadas y diputados están obligados a trabajar por el interés público; esto obliga a mostrar rectitud y buena fe en el uso de las facultades que confiere la ley. En el ejercicio de su función deben actuar con independencia de intereses particulares internos y externos. ### ARTÍCULO 3- Obligaciones de las diputadas y diputados Además de cumplir con lo establecido en el artículo anterior, las diputadas y diputados deberán desempeñar sus funciones de conformidad con los siguientes mandatos: a) Rendir cuentas por el cumplimiento de todas las funciones públicas asignadas. De conformidad con el principio de transparencia, el ejercicio del poder se hará de cara a la ciudadanía. b) Abstenerse de utilizar su cargo con propósitos privados. Deberán evitar toda clase de actos o relaciones que impliquen un riesgo de corrupción o que puedan suscitar dudas razonables acerca de su integridad, honestidad y transparencia o poner en entredicho su capacidad de representar al pueblo sin ataduras ni compromisos espurios. c) Proteger su integridad y evitar cualquier posible conflicto de intereses, rechazando favores, regalos, dádivas, comisiones o gratificaciones provenientes de sujetos privados o de otros funcionarios públicos. d) En todas sus actuaciones deberán abstenerse de buscar o promover, por cualquier medio, beneficios particulares indebidos para sí mismos o para sus familiares, amigos y socios y para sus empresas. e) En caso de existir un actual o potencial conflicto de intereses, el diputado o diputada deberá comunicarlo por escrito al órgano legislativo correspondiente en el plazo de 5 días hábiles siguientes a que tenga conocimiento de los hechos y abstenerse de participar en las discusiones y retirarse de las votaciones correspondientes. f) Deberán abstenerse de utilizar las prerrogativas de su cargo o aprovecharse indebidamente de los servicios que presta la Asamblea Legislativa, para obtener, directa o indirectamente, beneficios indebidos para particulares. No deberán efectuar o patrocinar para terceros, directa o indirectamente, trámites, nombramientos o gestiones administrativas, salvo las que se encuentren estrictamente relacionadas con las funciones propias de su cargo y se canalicen a través de los cauces institucionales oficiales para ejercer dichas funciones. g) No deberán aceptar o emitir cartas de recomendación, haciendo uso de su cargo, en beneficio de personas o grupos específicos, para procurar nombramientos, ascensos u otros beneficios. h) Presentar todas las declaraciones juradas a que se refiere Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 8422, en los plazos establecidos en dicha ley, sin incurrir en atrasos injustificados; así como cumplir con los requerimientos que les realice la Contraloría General de la República para que aclaren o amplíen sus declaraciones, dentro de los plazos fijados por dicho órgano. i) Usar las instalaciones físicas, el equipo de oficina, vehículos, los servicios del personal de apoyo y los demás bienes y recursos públicos a los que tengan acceso, únicamente para los fines a los que están destinados. Deberán resguardar, proteger y tutelar los fondos y recursos públicos, evitando gastos superfluos e innecesarios o cualquier otro acto que implique despilfarro de dichos recursos. j) Realizar con la debida diligencia la elección y la vigilancia de las personas funcionarias sometidas a sus potestades, en cuanto al ejercicio que estas realicen de las facultades de administración de fondos públicos, cumpliendo con las normas de control interno de la Administración Pública. k) Denunciar por las vías correspondientes, cualquier acto de corrupción del que tengan conocimiento. l) Cumplir con lo dispuesto en el artículo 20 de Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 8422, en relación con el régimen de donaciones y obsequios. m) Demostrar y practicar una conducta moral y ética intachable en el ejercicio de su cargo. n) Resguardar, proteger y tutelar los fondos y recursos públicos. Todo acto contrario a tal imperativo debe ser denunciado de inmediato ante las instancias correspondientes ## CAPÍTULO II FALTAS Y SANCIONES APLICABLES ### ARTÍCULO 4- Sanciones Los diputados y las diputadas serán responsables por infracciones o violaciones al deber de probidad, según lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de esta Ley. El Tribunal Supremo de Elecciones determinará la aplicación de la sanción correspondiente, de acuerdo con el mérito del caso y la gravedad de la falta, de conformidad con las siguientes medidas: a) Faltas leves: la persona será sancionada con una amonestación escrita. b) Faltas graves: la persona será sancionada con la pérdida de la dieta de un mes hasta por tres meses. c) Faltas muy graves: la persona será sancionada con la pérdida de las credenciales y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de forma remunerada o ad honorem, de dos y hasta por ocho años. La sanción de inhabilitación se podrá aplicar aún después de que la persona haya dejado el cargo por cualquier causa. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pueda recaer sobre la diputada o diputado. ### ARTÍCULO 5- Criterios para la calificación de las faltas Las sanciones estipuladas en el artículo anterior serán impuestas por las infracciones al deber de probidad que hayan sido cometidas con dolo o culpa grave, según la gravedad de la falta. Para valorar la conducta de la persona responsable se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La efectiva lesión a los intereses económicos, sociales y morales de la Administración Pública y la cuantía de los daños y perjuicios ocasionados. b) El éxito obtenido en el logro de los resultados no deseados por el ordenamiento jurídico o en el enriquecimiento o favorecimiento del autor de la infracción o de terceros, así como el empeño puesto en procurarlos. c) El impacto negativo en las funciones del Parlamento y en la confianza y credibilidad de la ciudadanía en el sistema democrático. d) La reincidencia en la comisión de faltas al deber de probidad de conformidad con esta ley o en las infracciones tipificadas en el artículo 38 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 8422, dentro de los cuatro años anteriores, al hecho investigado. ### ARTÍCULO 6- Faltas muy graves Para efectos de esta Ley, se entenderán por faltas muy graves las siguientes: a) Solicitar, aceptar o recibir de personas, físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, directa o indirectamente, regalos, dádivas, comisiones, premios, donaciones, favores, propinas, gratificaciones, colaboraciones para viajes, aportes en dinero u otras liberalidades semejantes, para su propio beneficio o de un tercero, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N° 8422. b) Cobrar o percibir, por sí o por persona física o jurídica interpuesta, retribuciones, honorarios o beneficios patrimoniales de cualquier índole, provenientes de personas u organizaciones que no pertenezcan a la Administración Pública, por el cumplimiento de labores propias del cargo o con ocasión de estas, dentro del país o fuera de él; incluyendo la aceptación de honorarios o regalías por dar discursos, participar en conferencias o cualesquiera otras actividades similares. c) Utilizar los poderes, las prerrogativas o los recursos de su cargo para gestionar u obtener cualquier tipo de beneficio personal o para las empresas en las que integren órganos de dirección o representación o en las que tengan participación accionaria o sean beneficiarios finales, ya sea directamente o a través de interpósita persona, las personas o empresas con las que mantienen o han mantenido en el pasado vínculos laborales o contractuales, sus amigos o amigas, sus cónyuges, compañeros o compañeras o a sus parientes en línea ascendiente o colateral hasta el tercer grado por consanguinidad o afinidad inclusive o las empresas en las que estas personas integren órganos de dirección o representación o en las que tengan participación accionaria o sean beneficiarios finales, ya sea directa o indirectamente. d) Solicitar, gestionar o promover, directamente o través de interpósita persona, cualquier tipo de favor indebido o irregular de la Administración Pública para sí mismos o para terceros, tales como trámites privilegiados o irregulares, excepciones a requisitos y procedimientos establecidos, exoneraciones o condonaciones de precios públicos, tarifas, tasas o tributos, así como cualquier otra medida que implique un trato diferenciado injustificado, distinto al que tiene derecho a recibir el resto de la ciudadanía en idénticas condiciones. e) Ejercer presiones o influencias indebidas sobre otras personas funcionarias públicas, independientemente del resultado obtenido. f) Votar afirmativamente leyes, acuerdos legislativos o actos administrativos que otorguen beneficios directos a ellos y ellas o a sus cónyuges, compañeros y compañeras o a las personas jurídicas en las que tengan participación o sean beneficiarios finales, a pesar de tener conocimiento de ello. g) Participar directa o indirectamente en actividades económicas o transacciones financieras, aprovechándose de información confidencial de la cual tengan conocimiento en razón de su cargo, de forma tal que ello les confiera una situación de privilegio de cualquier carácter, para sí, o para terceros, directa o indirectamente. h) Utilizar las prerrogativas de su cargo para realizar acciones de lobby, de incidencia política o cualesquiera otras gestiones ante funcionarios públicos para favorecer indebidamente los intereses de concesionarios, contratistas, proveedores, oferentes o deudores de la Administración Pública. i) Incumplir las prohibiciones establecidas en el párrafo segundo del artículo 112 de la Constitución Política, ya sea directamente o través de interpósita persona física o jurídica. j) Dirigir, administrar, patrocinar, asesorar, representar o prestar servicios remunerados o no, a personas físicas o jurídicas que gestionen o exploten concesiones de la Administración Pública o que fueren sus proveedores o contratistas. k) Condicionar por cualquier medio el ejercicio de las funciones inherentes al cargo de diputado o diputada al apoyo electoral de las personas beneficiarias. l) Incurrir en falta de veracidad, ocultamiento o simulación en sus declaraciones de situación patrimonial o intereses patrimoniales. m) Cualquier otra conducta que por su gravedad pueda configurarse como una violación al deber de probidad ### ARTÍCULO 7- Prescripción La responsabilidad administrativa de los diputados y diputadas por violaciones al deber de probidad de conformidad con esta ley se regirá por las reglas de prescripción establecidas en los artículos 44 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N°8422 del 6 de octubre de 2004 y sus reformas; 43 de la Ley de Control Interno, N° 8292 del 18 de julio de 2002 y sus reformas; y 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428 del 7 de setiembre de 1994, y sus reformas ## CAPÍTULO III PROCEDIMIENTOS ### ARTÍCULO 8- Órganos competentes La Procuraduría de la Ética Pública, el Tribunal Supremo de Elecciones y el Plenario de la Asamblea Legislativa serán los órganos competentes para aplicar el régimen de responsabilidad de los diputados y diputadas por violaciones al deber de probidad e imponer las sanciones correspondientes de conformidad con esta Ley. Para estos efectos estará facultados para solicitar todo tipo de apoyo en el ámbito de sus competencias a la Contraloría General de la República y a los demás órganos y entes públicos. ### ARTÍCULO 9- Debido proceso La persona denunciada tendrá derecho a ser oída y ejercer su defensa, durante el procedimiento serán de acatamiento los principios generales del debido proceso, la proporcionalidad y la libertad probatoria. Se le deberán respetar todos sus derechos y garantías procesales, de conformidad con la Constitución Política y los instrumentos internacionales de derechos humanos y esta ley. ### ARTÍCULO 10- Denuncia y obligados a denunciar Las denuncias por violación al deber de probidad de las diputadas y diputados, deberán presentarse ante la Procuraduría de la Ética Pública (PEP). Cualquier persona podrá interponer la correspondiente denuncia, pero será obligatorio hacerlo para las personas funcionarias públicas, incluso diputados y diputadas, que tengan conocimiento de posibles infracciones según lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N°8422 de 6 de octubre de 2004 y sus reformas. Igualmente, la Contraloría General de la República, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a denunciar cuando tengan conocimiento de hechos que puedan significar la violación al deber de probidad de los diputados y diputadas. ### ARTÍCULO 11- Requisitos Quien interponga una denuncia deberá describir con claridad los hechos, indicar la causal precisa en la que se funda su denuncia, así como aportar las pruebas que sustentan la pretensión. En caso de que la denuncia no se ajuste a los requisitos indicados en esta ley, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) República prevendrá su cumplimiento y otorgará a la persona denunciante el término de cinco días hábiles para subsanarla. En caso de incumplimiento, no se dará trámite a la gestión y se ordenará el archivo del expediente. ### ARTÍCULO 12- Admisibilidad La Procuraduría de la Ética Pública (PEP)rechazará de plano las denuncias, si de los elementos de juicio que obran en su poder, se puede determinar que es temeraria o, en forma notoria, carente de seriedad. ### ARTÍCULO 13- Procedimiento administrativo En caso de que se admita la denuncia, Procuraduría de la Ética Pública (PEP) abrirá la investigación preliminar correspondiente y en caso de proceder la apertura del procedimiento administrativo lo trasladará a conocimiento del Tribunal Supremo de Elecciones, para lo cual designará un magistrado o magistrada instructora. Este procedimiento se regirá según lo dispuesto Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 8422 del 06 de octubre del 2004, con arreglo a los principios establecidos en la Ley General de la Administración Pública, N°6227 de 2 de mayo de 1978. En dicho procedimiento se asegurará a las partes las garantías constitucionales relativas al debido proceso y la defensa, real y efectiva, sin perjuicio de las medidas cautelares necesarias. ### ARTÍCULO 14- Normativa supletoria Al procedimiento para determinar el régimen de responsabilidad aplicable a los diputados y diputadas se aplicará de manera supletoria el procedimiento ordinario previsto en los numerales 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, N°6227 de 2 de mayo de 1978. ### ARTÍCULO 15- Impugnación en vía judicial La impugnación en vía judicial de los actos administrativos firmes dictados por el Tribunal Supremo de Elecciones de conformidad con esta Ley se tramitará ante la jurisdicción contencioso-administrativa, aplicando el proceso de trámite preferente previsto en el artículo 60 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006 y sus reformas. En caso de que se interponga recurso de casación, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia tendrá un plazo improrrogable de tres meses para dictar sentencia, contados a partir del traslado del expediente. ## CAPÍTULO IV REFORMAS Y ADICIONES A OTRAS LEYES ### ARTÍCULO 16- Reformas al Código Electoral. Se reforma el nombre del Capítulo VII, del Título V “Jurisdicción Electoral” y los artículos 262 y 263 del Código Electoral, Ley N°8765 de 10 de agosto de 2009 y sus reformas, para que en adelante se lean: ## CAPÍTULO VII SANCIONES Y CANCELACIÓN O ANULACIÓN DE CREDENCIALES ### Artículo 262- Cancelación de credenciales de los miembros de los Supremos Poderes El TSE cancelará o anulará las credenciales de quienes ocupen la presidencia y las vicepresidencias de la República, únicamente por las causales establecidas en la Constitución Política. Salvo que se solicite por renuncia, cuando se inste la cancelación de credenciales del presidente o presidenta y los vicepresidentes o vicepresidentas, el Tribunal se concretará a valorar la admisibilidad de la denuncia. En el caso que no proceda rechazar, de plano, la denuncia ni acordar su archivo, se designará como magistrado instructor a uno de sus integrantes para que realice una investigación preliminar, sin que para tal efecto se pronuncie sobre el fondo del asunto. Una vez realizada la investigación preliminar, el Tribunal podrá ordenar que la denuncia se archive; de lo contrario, trasladará el expediente a la Asamblea Legislativa para que se decida sobre el levantamiento de la inmunidad. Si el titular de la credencial renuncia a la inmunidad para someterse voluntariamente al procedimiento, el Tribunal resolverá según corresponda. Si la Asamblea Legislativa acuerda el levantamiento de la inmunidad, lo comunicará al TSE, para que decida lo que corresponda. El régimen de responsabilidad y la cancelación de credenciales de los diputados y las diputadas a la Asamblea Legislativa se regirán por lo dispuesto en la Ley de Régimen de Responsabilidad de las Diputaciones por Violación al Deber de Probidad y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 8422 del 06 de octubre del 2004. ### Artículo 263- Legitimación, requisitos y admisibilidad Respecto de la legitimación, los requisitos y la admisibilidad de las solicitudes de cancelación de credenciales de los miembros de los Supremos Poderes aplican, en lo conducente, las disposiciones establecidas para los funcionarios municipales de elección popular. En el caso de la cancelación de las credenciales de los diputados y diputados, se aplicará lo dispuesto en la Ley de Régimen de Responsabilidad de las Diputaciones por Violación al Deber de Probidad y y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 8422 del 06 de octubre del 2004. ### ARTÍCULO 17- Reforma a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Se reforma los artículos 39 inciso c) y 59 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N°8422 de 6 de octubre de 2004 y sus reformas, para que en adelante se lean: ### Artículo 39- Sanciones administrativas. Según la gravedad, las faltas anteriormente señaladas serán sancionadas así: […] c) Separación del cargo público, sin responsabilidad patronal, pérdida o cancelación de la credencial de diputado(a) o regidor municipal, según corresponda. ### Artículo 59- Inhabilitación. A quien incurra en los delitos señalados en esta Ley, además de la pena principal se le podrá inhabilitar para el desempeño de empleo, cargo o comisiones públicas que ejerza, incluso los de elección popular, por un período de uno a diez años. Igual pena podrá imponerse a quienes se tengan como coautores o cómplices de este delito. La sanción de inhabilitación se podrá aplicar aún después de que la persona haya dejado el cargo por cualquier causa. ### ARTÍCULO 18- Adición a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Se adiciona un nuevo inciso o) al artículo 38, un nuevo inciso d) al artículo 39 y el numeral 43 bis a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N°8422 de 6 de octubre de 2004 y sus reformas. Los textos irán respectivamente: ### Artículo 38- Causales de responsabilidad administrativa. Sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios, tendrá responsabilidad administrativa el funcionario público que: […] o) Incurra en cualquier otra conducta censurable en contra del deber de probidad, tipificada de previo en reglamentaciones internas o códigos de la ética pública para funcionarios públicos en general o en especial, incluyendo miembros de los supremos poderes. ### Artículo 39- Sanciones administrativas. Según la gravedad, las faltas anteriormente señaladas serán sancionadas así: (…) d)- Inhabilitación para ejercer cargos públicos de forma remunerada o ad honorem, por un plazo de dos a ocho años. En el caso de faltas muy graves esta sanción se aplicará conjuntamente con el despido o la separación del cargo público. Asimismo, esta sanción será aplicable aun cuando la persona funcionaria haya dejado el cargo por cualquier causa. Si esta renuncia o termina su relación laboral por cualquier motivo durante el trámite de un procedimiento administrativo sancionatorio, dicho procedimiento seguirá su curso para efectos de dilucidar la verdad real de los hechos y determinar si procede la imposición de la sanción de inhabilitación. ### Artículo 43 bis- Procedimiento administrativo por denuncias referidas a pérdida de credencial de diputado por violación del deber de probidad. Las denuncias concernientes a pérdida de credencial de diputado por violación del deber de probidad, se formularán ante la Procuraduría de la Ética Pública (PEP). Este órgano abrirá la investigación preliminar que corresponda, una vez declarada la admisibilidad de la denuncia. Concluida la investigación preliminar, y cuando se inste la cancelación de las credenciales invocando la comisión de una falta grave según lo dispuesto en la Ley de Régimen de Responsabilidad de las Diputaciones por Violación al Deber de Probidad, con violación de las normas al deber de probidad la PEP trasladará la misma al TSE para el trámite del procedimiento administrativo correspondiente junto con el expediente respectivo. Una vez concluido el procedimiento administrativo, el TSE trasladará el expediente formado al efecto a la Asamblea Legislativa, con las recomendaciones que correspondan, inicialmente con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 39 de esta Ley, para su debida resolución final dentro del plazo improrrogable de un mes calendario. Para asegurar el mejor cumplimiento posible de lo anterior, la Presidencia de la Asamblea Legislativa convocará de inmediato una sesión plenaria extraordinaria, prorrogable por una única vez, cuyo único punto de agenda será el someter a conocimiento y votación del Plenario lo informado por el órgano procurador. Si la Asamblea acuerda la pérdida de la credencial de diputado, así lo comunicará al TSE para que declare y tramite lo procedente, una vez en firme el acto final respectivo. Si se resolviera una sanción menor, el Directorio instruirá a la Dirección Ejecutiva de la Asamblea para que tramite la suspensión sin goce de dieta o la publicación en el Diario Oficial de la amonestación escrita, según corresponda. Las decisiones del órgano Plenario se tomarán por mayoría absoluta de los votos presentes. Las sesiones y votaciones correspondientes serán privadas, excepto que el diputado investigado renuncie a ese derecho. En todos los casos, el diputado investigado deberá retirarse de las mismas, sin excepción. Con la firmeza del acto final quedará expedita la vía jurisdiccional contencioso administrativa. En primera instancia aplicará el proceso de trámite preferente regulado por el Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006 y sus reformas. En caso de que se interponga recurso de casación, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia tendrá un plazo improrrogable de tres meses para dictar sentencia, contados a partir del traslado del expediente según lo dispuesto en la Ley de Régimen de Responsabilidad de las Diputaciones por Violación al Deber de Probidad. ### ARTÍCULO 19- Reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República Se reforma el inciso h) del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Ley N°6815 de 27 de setiembre de 1982 y sus reformas, para que en adelante se lea: ### Artículo 3- Atribuciones: Son atribuciones de la Procuraduría General de la República: […] h) Realizar las acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y erradicar la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función pública, sin perjuicio de las competencias que la ley le otorga a la Contraloría General de la República, así como denunciar y acusar ante los tribunales de justicia a los funcionarios públicos y las personas privadas cuyo proceder exprese actos ilícitos vinculados con el ejercicio de su cargo o con ocasión de este, en las materias competencia de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública. En el caso de personas privadas, la competencia de la Procuraduría se ejercerá únicamente cuando estos sujetos administren por cualquier medio bienes o fondos públicos, reciban beneficios provenientes de subsidios o incentivos con fondos públicos o participen, de cualquier manera, en el ilícito penal cometido por los funcionarios públicos. Lo anterior sin perjuicio de su deber de poner tales hechos y conductas en conocimiento de las respectivas instancias administrativas de control y fiscalización, para lo que corresponda en su ámbito de competencia. Cuando la Procuraduría tenga conocimiento de la posible violación al deber de probidad por parte de las diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa, se encuentra obligada a realizar la investigación preliminar correspondiente según lo dispuesto en Ley de Régimen de Responsabilidad de las Diputaciones por Violación al Deber de Probidad y y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 8422 del 06 de octubre del 2004 e informar los resultados respectivos al Tribunal Supremo de Elecciones para que proceda conforme a lo que corresponda. […] ### ARTÍCULO 20- Adición de un nuevo artículo a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Se adiciona un nuevo artículo 68 bis a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N° 7428 de 7 de setiembre de 1994 y sus reformas, para que en adelante se lea: ### Artículo 68 bis- Obligación de denunciar Cuando la Contraloría tenga conocimiento de la posible violación al deber de probidad por parte de las diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa, se encuentra obligada a denunciarlo de inmediato a la Procuraduría General de la República para que proceda conforme a lo que corresponda. ### TRANSITORIO ÚNICO- El Tribunal Supremo de Elecciones tendrá un plazo de tres meses contado a partir de la entrada en vigencia de esta Ley para dictar el reglamento que regulará el procedimiento administrativo para aplicar el régimen de responsabilidad de diputados y diputadas, de conformidad con esta Ley. Mientras dicho reglamento no se encuentre vigente, las denuncias que se presenten se tramitarán aplicando el procedimiento ordinario previsto en la Ley General de la Administración Pública. Rige a partir de su publicación. Yorleny León Marchena José María Villalta Florez-Estrada Catalina Montero Gómez Zoila Rosa Volio Pacheco Silvia Vanessa Hernández Sánchez Carlos Ricardo Benavides Jiménez Wagner Alberto Jiménez Zúñiga Diputadas y diputados 1° de octubre de 2020 NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos. El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura. Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/22226). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.