Proyecto para quitar exención a pensiones voluntarias quedó archivado
El expediente 22240, que proponía eliminar la exención de cargas sociales a los aportes de pensiones voluntarias, se archivó y su plazo venció en 2024.
Título oficial LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL MEDIANTE LA DEROGATORIA DEL INCISO A) DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, LEY N.° 7983, DE 16 DE FEBRERO DE 2000
A quién le toca
- Trabajadores que aportan a un plan voluntario de pensiones complementarias
- Patronos que hacen aportes a planes voluntarios de pensiones de sus empleados
- La Caja Costarricense de Seguro Social y sus seguros de salud y pensiones
A quién beneficia
- La CCSS habría recibido cargas sociales sobre los aportes a pensiones voluntarias
- Los otros cinco beneficios de la exención se mantenían: INA, IMAS, FODESAF, Banco Popular y Renta
Qué cambia
- El proyecto no es ley: está archivado y su plazo venció el 30 de setiembre de 2024
- La exención del inciso a) del artículo 71 de la Ley 7983 sigue vigente
- Para reactivar el tema haría falta presentar un proyecto nuevo
La explicación completa
El proyecto de ley 22240 está archivado. Su plazo de cuatro años venció el 30 de setiembre de 2024 y nunca llegó al Plenario para primer debate 1.
Qué propone
El proyecto propone derogar el inciso a) del artículo 71 de la Ley de Protección al Trabajador, Ley 7983 (art. único). Ese inciso exime a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) del pago de cargas sociales sobre los aportes a pensiones voluntarias 2.
Hoy, los aportes que un patrono y un trabajador hacen a un plan voluntario de pensiones están exentos de cargas sociales e impuestos hasta un 10% del ingreso bruto mensual 2. La exención cubre seis cargas: CCSS, Instituto Nacional de Aprendizaje, Instituto Mixto de Ayuda Social, Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, e Impuesto sobre la Renta.
El proyecto solo eliminaría la exención de la CCSS. Los otros cinco beneficios se mantendrían (art. único).
El texto dice que la exención reduce los ingresos de los seguros de Enfermedad y Maternidad (SEM) y de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) (art. único). También afirma que el beneficio es mayor para quienes tienen salarios más altos, porque el monto máximo se calcula sobre la remuneración.
En qué va el trámite
El expediente se archivó. La última gestión registrada fue el 14 de setiembre de 2022, cuando la Comisión de Asuntos Jurídicos remitió el dictamen a la Secretaría del Directorio 1.
El proyecto se presentó el 30 de setiembre de 2020 1. La comisión votó el dictamen el 16 de agosto de 2022. Después de esa remisión, el trámite no avanzó al Plenario.
El plazo cuatrienal venció el 30 de setiembre de 2024 1. Para que fuera ley faltaba el primer debate, el segundo debate y la firma del Poder Ejecutivo. Nada de eso ocurrió.
Lo que se dijo en la Asamblea
Las grabaciones del dossier no discuten el expediente 22240. La sesión de la Comisión de Finanzas del 20 de marzo de 2018 trata el expediente 20.580, sobre fortalecimiento de las finanzas públicas 00:04:19.
En esa sesión, el presidente de la Cámara Costarricense de Salud, Efraín Monje, habló del impacto del IVA en la salud privada 00:14:06. Dijo que el sector privado genera 4 millones 600 mil exámenes de laboratorio al año 00:14:49.
El diputado José Francisco Camacho, del Frente Amplio, dijo que un impuesto a los servicios médicos afectaría a los pacientes 00:48:07. Afirmó que "la medicina privada viene a complementar ese servicio" 00:49:16.
Las otras dos grabaciones tratan el expediente 18.329, sobre gestión de cobro de la CCSS 00:00:16 00:00:15. No mencionan el 22240.
Frente a la Constitución
El artículo 73 de la Constitución ordena que los seguros sociales se financien con "contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores" Constitución, art. 73. El proyecto busca que los aportes a pensiones voluntarias también paguen esa contribución a la CCSS (art. único).
El texto del proyecto cita un voto de la Sala Constitucional, el 2006-6347 (art. único). Según ese voto, la Junta Directiva de la CCSS "no podría establecer tratos discriminatorios, ni eximir, total o parcialmente del pago de la cuota que le corresponde a cada sector".
El artículo 73 también prohíbe que los fondos de los seguros sociales se usen para fines distintos a los que motivaron su creación Constitución, art. 73. El proyecto no toca ese punto.
El Censo no encontró un choque directo entre el texto del proyecto y la Constitución. El proyecto busca reforzar el principio de contribución forzosa del artículo 73 Constitución, art. 73.
Qué puede hacer usted
Este proyecto ya no se puede impulsar en la Asamblea. El expediente está archivado y el plazo venció 1.
Usted puede consultar el estado de cualquier proyecto en la página web de la Asamblea Legislativa. La Oficina de Iniciativa Popular brinda información sobre la tramitación de los proyectos guía, p. 27.
Si quiere proponer una ley nueva, puede llenar un formulario en la página de la Asamblea. La Oficina de Iniciativa Popular recoge esas propuestas y las envía a los diputados guía, p. 27.
También puede presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República si sospecha un manejo irregular de fondos públicos en la CCSS guía, p. 68.
Lo que no sabemos
El dossier no dice cuánto dinero dejó de recibir la CCSS por la exención del artículo 71.
El dossier no dice por qué el proyecto no avanzó después del dictamen de agosto de 2022.
El dossier no incluye el texto del dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El proyecto busca reforzar la contribución forzosa que ordena el artículo 73 de la Constitución. El Censo no encontró un choque directo.
Constitución, art. 73"Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine."
Esta ley, art. único"Se deroga el inciso a) del artículo 71 de la Ley de Protección al Trabajador, Ley N.º 7983, de 16 de febrero de 2000 y se corre la numeración de los incisos subsiguientes."
Sin choque aparente La Constitución pide que patronos y trabajadores contribuyan de forma obligatoria a los seguros sociales. El proyecto busca que los aportes a pensiones voluntarias también paguen esa contribución a la CCSS.
Constitución, art. 73"No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales."
Esta ley, art. único"Se deroga el inciso a) del artículo 71 de la Ley de Protección al Trabajador, Ley N.º 7983, de 16 de febrero de 2000 y se corre la numeración de los incisos subsiguientes."
Sin choque aparente El proyecto no toca el destino de los fondos de los seguros sociales. Solo cambia la base sobre la que se calculan las contribuciones.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Lo que se dijo, minuto a minuto
- 00:14:06
"muchísimas gracias muy buenas noches señores diputados y señoras diputadas nosotros hemos venido a generar sensibilidad con respecto al impacto del iva en el sector de salud privada de costa rica"
- 00:49:16
"casi podemos decir que la medicina privada viene a complementar ese servicio porque ni la caja costarricense del seguro social es para los pobres ni la medicina privada es para los ricos"
Las citas vienen de los subtítulos de YouTube de la Asamblea. Cada hora abre el video en ese segundo.
Fuentes
- Expediente 22240: LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL MEDIANTE LA DEROGATORIA DEL INCISO A) DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, LEY N.° 7983, DE 16 DE FEBRERO DE 2000
- Ley 7983: Ley de Protección al Trabajador (Vigente)
- Comisión Especial Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aud. Presidente Ejecutivo CCSS
- BUSCAN FORTALECER GESTIÓN DE COBRO DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL
- CCSS APOYA LEY PARA FORTALECER GESTIÓN DE COBRO
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL MEDIANTE LA DEROGATORIA DEL INCISO A) DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, LEY N.° 7983, DE 16 DE FEBRERO DE 2000.
JOSÉ MARÍA VILLALTA FLÓREZ-ESTRADA DIPUTADO
EXPEDIENTE N° 22.240
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
NOTA: A solicitud del proponente, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY
LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL MEDIANTE LA DEROGATORIA DEL INCISO A) DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, LEY N.° 7983, DE 16 DE FEBRERO DE 2000.
Expediente N° 22.240
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
La iniciativa presentada a consideración de los señores y señoras legisladores, propone derogar el inciso a) del artículo 71 de la Ley de Protección al Trabajador, para eliminar la exención del pago de las contribuciones sociales a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) sobre los montos de salarios o ingresos que se aportan a pensiones voluntarias complementarias. De esta forma, se mantendrían los demás beneficios que establece esa norma, pero se eliminaría la exención que genera un impacto negativo sobre las finanzas de la CCSS y contraviene los principios constitucionales que rigen nuestro sistema de seguridad social.
La exención del inciso a) del artículo 71 de la Ley de Protección al Trabajador implica una reducción en los ingresos de los seguros sociales de Enfermedad y Maternidad (SEM) e Invalidez Vejez y Muerte (IVM) que administra la CCSS, y, por tanto, debe considerarse y valorarse tomando en cuenta la situación de las finanzas de la institución.
La última Valuación Actuarial publicada por la CCSS en julio 2019, que se realiza sobre la situación del IVM, determinó que en el corto plazo (para el periodo 2019-2030 y considerando ya los incrementos en las contribuciones aprobados en junio de 2019), el régimen de Invalidez Vejez y Muerte, se encuentra en un estado aceptable de adecuación financiera.
No obstante, el estudio determina que a partir del 2030 el IVM “no pasaría una prueba de adecuación financiera de corto plazo”, puesto que en 2030 se presentaría ya insuficiencia de los “aportes más intereses de la reserva” y en el año 2037 la reserva se agotaría totalmente. Además, señala el informe que el IVM “no pasa una prueba rigurosa de solvencia actuarial en el Largo Plazo”.
En relación con el Seguro de Enfermedad y Maternidad ya desde el año 2011 el Informe del Equipo de Especialistas Nacionales Nombrado para el Análisis de la Situación del Seguro de Salud de la CCSS señalaba que la situación del seguro solidario de salud era delicada y se debía actuar con prontitud ante esta situación.
Adicional a lo señalado de previo, la Adenda a la “Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2017", publicada por la CCSS en diciembre de 2019, concluyó que:
“El resultado estimado para el escenario base, bajo el concepto de balance efectivo (considera la morosidad, principalmente estatal), indica un nivel de suficiencia hasta el año 2032. Por otra parte y siempre sobre el escenario base, bajo el concepto de balance reglamentario (supone que Estado y patronos pagan total y oportunamente), el nivel de suficiencia sobrepasa el año 2032. De considerarse las diferencias acumuladas entre ingresos y gastos, ese periodo de suficiencia, se torna aún más positivo. Este escenario considera únicamente los proyectos de inversión en etapa de ejecución y contratación.”
De forma conectada con los análisis antes citados, tanto el seguro de salud como el Régimen de Pensiones del IVM, enfrentan retos generados por el cambio demográfico. La Contraloría General de la República en su Informe “Impacto fiscal del cambio demográfico: retos para una Costa Rica que envejece” (publicado en 2019) ha llamado la atención sobre el mismo y de manera puntual indica el órgano contralor en su informe:
a) Que “[e]l cambio demográfico representa un desafío complejo para el sistema de salud pública, pues se espera un aumento en la demanda por parte de una PAM [población adulta mayor] creciente, junto a los cambios en el perfil de salud que muestran una mayor prevalencia de enfermedades no transmisibles (ENT)como neoplasias (cáncer), diabetes, enfermedades cardiovasculares, respiratorias y neurodegenerativas. Estas enfermedades tienen en común el requerir una atención médica prolongada y costosa, paralelo a un deterioro progresivo en la salud.” b) Que “el efecto del cambio demográfico en las pensiones viene dado por el aumento en las prestaciones por vejez, la disminución de la población aportante y de la radio de soporte (cantidad de afiliados al régimen por cada pensionado) de los sistemas de pensiones”.
El impacto generado por la pandemia de coronavirus COVID-19 sobre la institución, tanto en términos de reducción de sus ingresos como en exigencias emergentes que exigen efectuar gastos, se suman a los retos de previo señalados que afectan la sostenibilidad financiera de la CCSS.
El Sr. Luis Diego Calderón Villalobos, Gerente Financiero CCSS, según señaló, de previo al impacto de la pandemia, para este año se proyectaba el crecimiento de las reservas tanto del SEM como del IVM. No obstante, por efecto de la pandemia, se estima un impacto (suma de pérdida de ingresos y aumento de gasto) por más de 639 mil millones de colones. El Sr. Calderón lo detalló así:
“Este escenario lo que nos dice es que, ya en resumen de todo el año, lo que tenemos es una afectación de abril a diciembre, que es la última columna, de seiscientos treinta y nueve mil setecientos setenta y dos millones de impacto del COVID. ¿Por qué? Por disminución de los ingresos y por el aumento de los gastos. Fíjese que el aumento de los gastos, de esos ciento veinticuatro mil millones que están ahí, es lo que estimamos de gastos directos sobre la pandemia, en el Seguro de Salud y una disminución de ingresos de doscientos sesenta y nueve mil en Salud allá, para un total de trescientos noventa y cuatro y, en Invalidez, Vejez y Muerte sólo por la disminución de los ingresos, doscientos cuarenta y seis. Ese es el impacto del COVID en este año y ya estamos haciendo también las proyecciones para el 2021, porque entenderíamos que la recuperación del empleo no se va dar de aquí a diciembre. Entonces, va a haber una brecha todavía en diciembre que la vamos a arrastrar en el año 2021 y, probablemente el análisis de la situación, conforme se vaya avanzando esto de la pandemia, nos vaya diciendo cuánto más.”
Por otra parte, debe tomarse en cuenta que el artículo 71 de la Ley de Protección al Trabajador (Ley Nº 7983) exonera de impuestos y contribuciones sociales, incluidas las contribuciones obligatorias a la seguridad social (cuotas obreras y patronales) a aquellos aportes que se realicen al Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias, por un monto que puede alcanzar hasta el equivalente al 10% del ingreso bruto mensual de la persona trabajadora.
El diseño de la exención genera un beneficio desigual, que es mayor para quienes tienen remuneraciones mayores, puesto que el monto máximo del beneficio se fija en función de la remuneración de la persona afiliada: el beneficio es potencialmente mayor para quienes poseen remuneraciones mayores.
Además, la exención tiene por efecto la limitación de la solidaridad propia del sistema de seguridad social costarricense, puesto que este beneficio permite reducir sus aportes al sistema solidario de seguridad social a quienes poseen capacidad económica para realizar un ahorro voluntario en una cuenta individual de pensión.
En resumen, la exención establecida en el inciso a) del artículo 71 de la Ley de Protección al Trabajador, es productora de un trato desigual, en tanto genera que los beneficios nominales máximos, disfrutados por patronos y trabajadores, sean mayores para aquellos con remuneraciones o ingresos superiores, y, además, tiene como uno de sus efectos directos una reducción de los ingresos de los seguros sociales que establece el artículo 73 de la Constitución Política, en tanto es un beneficio que permite reducir el monto aportado, en una cuantía que puede alcanzar hasta el resultado de reducir en una décima parte el salario devengado de la persona trabajadora sobre el que se calcula las contribuciones a la seguridad social.
De manera adicional, pero no menos importante, debe advertirse que la exención establecida en el artículo 71, inciso a) de la Ley de Protección al Trabajador violenta el principio de solidaridad social en el financiamiento de los seguros sociales que, como lo ha expuesto la Sala Constitucional, es un elemento cardinal del derecho constitucional a la seguridad social, reconocido en los artículos 73 y 74 de la Constitución Política, así como en múltiples instrumentos internacionales de Derechos Humanos como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 11) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 9).
De acuerdo con nuestro Tribunal Constitucional este principio tiene las siguientes implicaciones:
“Por expresa disposición constitucional, esta gestión debe ser pública, a cargo del Estado, representado por la Caja Costarricense de Seguro Social, y la financiación responde al principio cardinal de solidaridad social, pues se funda en la contribución forzosa y tripartita que realizan trabajadores, patronos y el Estado. De forma tal que, como bien indica la Procuraduría, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social en ejercicio de esa competencia establecida constitucionalmente para administrar los seguros sociales y fijar el monto de las cuotas que deben pagar el Estado, los patronos y trabajadores, no podría establecer tratos discriminatorios, ni eximir, total o parcialmente del pago de la cuota que le corresponde a cada sector, porque igualmente al asumirlo la institución, es un monto que finalmente será compensado finalmente por todos aquellos que contribuimos al financiamiento de esta institución.” (Voto Nº 2006-6347. Énfasis agregado
El principio de solidaridad social en el financiamiento de los seguros sociales de Enfermedad y Maternidad (salud) e Invalidez, Vejez y Muerte (pensiones) depende de la contribución obligatoria y tripartita de patronos, trabajadores y el Estado, lo que ha sido desarrollado ampliamente por nuestra jurisprudencia constitucional. En esa dirección, se lesiona este principio cuando, por cualquier medio, se exime o se excluye total o parcialmente del pago de tales contribuciones a algún sector o grupo de personas que cuenta con ingresos para contribuir.
Una forma de eximir parcialmente a un sector determinado del pago de contribuciones a la seguridad social es la que se estableció en la norma que se pretende derogar mediante la presente iniciativa. En este sentido una ley de la República, dispuso que una parte de las remuneraciones recibidas por algunas personas trabajadoras con motivo de su relación laboral se excluya de la base de cálculo de las contribuciones a la seguridad social. Esto implica que estas remuneraciones no cuentan a la hora de calcular los distintos aportes a los seguros sociales, aunque dichas personas sí reciben todas las prestaciones derivadas de esos seguros.
Lo anterior contribuye a romper el principio de solidaridad social en el que se basan los seguros sociales, pues –a diferencia de las demás personas trabajadoras- las contribuciones correspondientes a quienes adquieren un plan voluntario de pensiones –y cuentan con la capacidad económica para ello- no serán calculadas a partir de la totalidad de las remuneraciones recibidas por estas personas.
En última instancia, esta ruptura del principio de solidaridad social afecta a todo nuestro sistema de seguridad social, en los términos señalados por la jurisprudencia de la Sala Constitucional supracitado, dado que el faltante de ingresos que los seguros sociales de Salud y de Pensiones sufren como consecuencia de dejar de recibir los aportes correspondientes a la totalidad de los ingresos de las personas trabajadoras que se acogen a la exención del artículo 71.a) de la Ley N.° 7983, tendrá que ser compensado con los aportes del resto de la población que cotiza a dicha institución.
La situación pre-pandemia y la situación presente exigen avanzar en la aprobación de iniciativas que fortalezcan las finanzas de las CCSS. Es por esa razón, que la presente iniciativa se enmarca en la consecución de ese objetivo.
Por las razones expuestas, con el objetivo de sumar iniciativas que fortalezcan la seguridad social, el Diputado que suscribe somete a conocimiento de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley para su estudio y pronta aprobación por parte de los señores diputados y las señoras diputadas.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL MEDIANTE LA DEROGATORIA DEL INCISO A) DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, LEY N.° 7983, DE 16 DE FEBRERO DE 2000.
ARTÍCULO ÚNICO- Se deroga el inciso a) del artículo 71 de la Ley de Protección al Trabajador, Ley N.º 7983, de 16 de febrero de 2000 y se corre la numeración de los incisos subsiguientes.
Rige a partir de su publicación.
José María Villalta Flórez-Estrada Diputado
7 de octubre de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos.
El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.