Proyecto para proteger bienes de adultos mayores quedó archivado en 2022
El expediente 22.244, que exigía certificado médico para que un adulto mayor vendiera o donara bienes, fue archivado con dictamen negativo en febrero de 2022 y ya venció su plazo.
Título oficial LEY DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL A LA PERSONA ADULTA MAYOR
Atención: El proyecto está archivado y su plazo venció el 1 de octubre de 2024, pero proponía un requisito médico obligatorio para que un adulto mayor vendiera o donara bienes, con posibles dudas sobre los artículos 45 y 24 de la Constitución.
La letra pequeña
Encontramos 2 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
Alguien queda pagando algo que el título no menciona.
A quién le sirve: Personas adultas mayores
El proyecto exigía un certificado médico previo para vender, donar o hipotecar bienes. Ese trámite tiene un costo y una carga para la persona.
Todo acto o negocio jurídico de disposición sobre bienes, derechos o recursos económicos, que realicen personas adultas mayores, requiere previo certificado médico emitido por un centro de salud público o privado donde conste su idoneidad, y capacidad volitiva y cognoscitiva para realizar el acto o negocio jurídico.
1, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Personas adultas mayores que quieran vender, donar o hipotecar sus bienes
- Personas adultas mayores que firmen poderes para que otro retire su pensión o dinero
- Notarios que tramiten actos sobre bienes de adultos mayores
- Médicos que emitan certificados de idoneidad y capacidad
A quién beneficia
- Los adultos mayores quedarían protegidos de firmar ventas o donaciones sin revisión médica previa
- Los notarios tendrían un requisito claro antes de autorizar el acto
- Los médicos que emitieran certificados falsos para despojar a un adulto mayor enfrentarían de dos a cinco años de prisión
Qué cambia
- El proyecto no es ley: está archivado desde el 24 de febrero de 2022
- El plazo cuatrienal venció el 1 de octubre de 2024
- Ningún adulto mayor necesita hoy ese certificado médico para vender o donar sus bienes
- La Ley 7935 sigue vigente con su artículo 61 original
La explicación completa
El proyecto de ley 22.244, llamado Ley de Protección Patrimonial a la Persona Adulta Mayor, está archivado. La Comisión de Discapacidad lo dictaminó en negativo el 24 de febrero de 2022 y el expediente se cerró ese mismo día 1. Su plazo de cuatro años venció el 1 de octubre de 2024.
Qué propone
El proyecto proponía exigir un certificado médico antes de que una persona adulta mayor vendiera, donara o hipotecara sus bienes. El artículo 1 reformaba el artículo 61 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (Ley 7935) (art. 1). Ese artículo castigaba con prisión de uno a dos años a quien, abusando de su poder, indujera al adulto mayor a un acto perjudicial sobre sus bienes. La reforma añadía que todo acto de disposición de bienes de un adulto mayor requeriría un certificado médico previo. Ese certificado debía constar la idoneidad y la capacidad volitiva y cognoscitiva de la persona.
El artículo 2 reformaba el artículo 1253 del Código Civil (art. 2). Los poderes generalísimos o especialísimos de adultos mayores, usados para vender o gravar bienes, también requerirían ese certificado médico.
El artículo 3 agregaba un inciso 3 al artículo 1398 del Código Civil (art. 3). Declaraba absolutamente nula la donación que hiciera un adulto mayor sin el certificado médico de respaldo.
El artículo 4 reformaba el artículo 40 del Código Notarial (art. 4). Los notarios deberían comprobar la idoneidad y capacidad del adulto mayor con el certificado médico correspondiente.
El artículo 5 reformaba el artículo 371 del Código Penal (art. 5). Imponía de dos a cinco años de prisión al médico que extendiera un certificado falso para despojar de sus bienes a un adulto mayor.
El artículo 6 permitía que funcionarios de salud visitaran al adulto mayor en su casa si no podía desplazarse (art. 6). Así se confeccionaría el certificado médico.
En qué va el trámite
El expediente está archivado. La Comisión de Discapacidad votó y dictaminó en negativo el 17 de febrero de 2022 1. El archivo se formalizó el 24 de febrero de 2022 con un dictamen unánime negativo. El plazo cuatrienal venció el 1 de octubre de 2024. Para que fuera ley faltaba el debate en el Plenario y la aprobación en dos debates guía, p. 28.
Lo que se dijo en la Asamblea
La grabación disponible es de 2017 y trata otro tema: la ratificación de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores 00:00:01. No hay grabaciones sobre el expediente 22.244.
En esa grabación, la procuradora Raquel Caballero dijo que la convención no riñe con la Constitución 00:00:22. Añadió que el articulado de la convención "en nada absolutamente en nada contradice en materia lo que establece nuestra constitución" 00:00:49. La procuradora general Sonia de Madrid subrayó su respaldo para que se apruebe la ratificación 00:00:58. La diputada Karina Sosa, presidenta de la comisión, informó sobre el encuentro con las procuradoras 00:01:25.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque claro entre el texto del 22.244 y la Constitución del dossier. El artículo 51 ordena al Estado dar protección especial a las personas adultas mayores Constitución, art. 51. El proyecto buscaba esa protección al exigir un certificado médico antes de disponer de bienes (art. 1).
Hay una duda sobre el artículo 45, que declara la propiedad inviolable Constitución, art. 45. El proyecto condicionaba la venta o donación de un adulto mayor a un certificado médico (art. 3). Esa condición podría verse como un límite al uso de la propiedad, pero el mismo artículo 45 permite limitaciones por interés social con dos tercios de los votos.
Otra duda surge con el artículo 24, que garantiza la intimidad Constitución, art. 24. El certificado médico obligatorio toca datos de salud de la persona (art. 1). El texto no explica cómo se resguardaría esa información.
Qué puede hacer usted
El expediente está archivado, así que no hay debate abierto para incidir. Estas herramientas sirven para casos futuros o para pedir que se retome el tema.
-
Presente una propuesta de ley por el formulario web de la Asamblea guía, p. 27. No necesita el texto completo, basta con plantear la idea. La Oficina de Iniciativa Popular la recopila y la remite a los diputados.
-
Use la iniciativa popular si consigue el respaldo ciudadano guía, p. 26. El TSE traslada el proyecto a la Asamblea y este debe votarse en un plazo máximo de dos años.
-
Pida información sobre el estado de cualquier proyecto a la Oficina de Iniciativa Popular guía, p. 27. Esa oficina brinda información inmediata sobre la tramitación de los proyectos de ley.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué la Comisión de Discapacidad dictaminó en negativo el proyecto.
El dossier no incluye el texto del dictamen negativo ni las razones de los diputados.
El dossier no indica si el expediente 22.244 se puede reactivar ni cómo.
El dossier no trae el detalle de las denuncias del Organismo de Investigación Judicial que el proyecto menciona en sus cuadros.
La Constitución y esta ley, lado a ladoHay dudas
El Censo no encontró un choque claro. Hay dudas sobre el límite a la propiedad del artículo 45 y sobre la intimidad del artículo 24 por el certificado médico obligatorio.
Constitución, art. 51"La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente, tendrán derecho a esa protección la madre, el niño y la niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad."
Esta ley, art. 1"Todo acto o negocio jurídico de disposición sobre bienes, derechos o recursos económicos, que realicen personas adultas mayores, requiere previo certificado médico emitido por un centro de salud público o privado donde conste su idoneidad, y capacidad volitiva y cognoscitiva para realizar el acto o negocio jurídico."
Sin choque aparente La Constitución ordena proteger a los adultos mayores. El proyecto buscaba esa protección con un requisito médico antes de disponer de bienes.
Constitución, art. 45"La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley."
Esta ley, art. 3"La donación que realicen las personas adultas mayores, que no cuenten con el respaldo del certificado médico donde conste su idoneidad, y capacidad volitiva y cognoscitiva emitido por un centro de salud público o privado."
Hay dudas El proyecto condicionaba la donación de un adulto mayor a un certificado médico. Eso podría verse como un límite al uso de la propiedad. El mismo artículo 45 permite limitaciones por interés social con dos tercios de los votos.
Constitución, art. 24"Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones."
Esta ley, art. 1"Todo acto o negocio jurídico de disposición sobre bienes, derechos o recursos económicos, que realicen personas adultas mayores, requiere previo certificado médico emitido por un centro de salud público o privado donde conste su idoneidad, y capacidad volitiva y cognoscitiva para realizar el acto o negocio jurídico."
Hay dudas El certificado médico obligatorio toca datos de salud del adulto mayor. El texto no explica cómo se resguardaría esa información.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Lo que se dijo, minuto a minuto
- 00:00:22
"la convención no riñe con la constitución de la república"
- 00:00:49
"el articulado de la convención en nada absolutamente en nada contradice en materia lo que establece nuestra constitución"
- 00:00:58
"subrayó su respaldo para que se apruebe la ratificación"
Las citas vienen de los subtítulos de YouTube de la Asamblea. Cada hora abre el video en ese segundo.
Fuentes
- Expediente 22244: LEY DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL A LA PERSONA ADULTA MAYOR
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
- Analizan ratificación de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores
- Constitución Política (texto vigente)
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
LEY DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL A LA PERSONA ADULTA MAYOR
OTTO ROBERTO VARGAS VÍQUEZ DIPUTADO
EXPEDIENTE N.° 22.244
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
LEY DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL A LA PERSONA ADULTA MAYOR
Expediente N.° 22.244
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
En Costa Rica, a pesar de que existen tipos penales en la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, en su artículo 61, “Explotación de personas adultas mayores”, y en el Código Penal en su artículo 216 acerca de “Estafas y otras defraudaciones”, existe un incremento del abuso hacia esta población tan vulnerable.
Las personas adultas mayores sufren una gran cantidad de abusos de índole patrimonial, donde los despojan de sus bienes o de sus recursos económicos.
Esta población sufre de engaños donde los inducen u obligan a que firmen poderes para el retiro de la pensión o dineros de sus cuentas, o escrituras donde realizan la venta, donación, hipoteca o prenda de sus propiedades o vehículos, y en muchos casos bajo amenaza, lo que provoca temor en ellos a recibir represalias en caso de denunciar los hechos.
Según información suministrada por el Organismo de Investigación Judicial, la cantidad de denuncias que se presentaron en los años 2018, 2019 y algunos meses del 2020, son las siguientes:
Como puede observarse, los niveles de denuncias contra personas adultas mayores son vastos, y ello sin tomar en cuenta los casos en que los adultos mayores son víctimas, pero que no se llegan a denunciar.
Según las categorías de delitos el Organismo de Investigación Judicial brindó los datos que a continuación se detallan:
Como puede observarse en el cuadro anterior, la mayor cantidad de delitos que se presentan contra personas adultas mayores corresponden a delitos contra la propiedad, estos podrían referirse a hurtos, robos, extorsiones, entre otros que podrían encontrarse: un total en los años 2018, 2019 y 2020 de 8.264 casos; y aparte se incluyen las estafas y otras defraudaciones: un total en los años 2018, 2019 y 2020 de 2.437 casos; entre estas dos categorías representaría del total de casos contra los adultos mayores, que son en los años 2018, 2019 y 2020 de 14.737 casos. De lo anterior se deduce que las primeras dos categorías representan un 72,61% del total.
Del total de casos en los que los adultos mayores sin víctimas, 10.193 son hombres; eso representa un 69,16% y 4.464 son mujeres que es un 30,29%, el restante 0,55% son desconocidos.
center967800
La mayor cantidad de casos reportados ante el Organismo de Investigación Judicial son 1.566 casos de personas de 65 años y 1394 casos de personas de 66 años.
El respeto de los derechos de las personas adultas mayores es fundamental en todas las sociedades que respetan los derechos humanos, como Estado se debe asegurar las mejores condiciones para que esta población tenga una vejez digna y decorosa.
Existe una enorme responsabilidad por parte de todos los actores de la sociedad, sean públicos o privados, de vigilar por que las poblaciones vulnerables tengan la menor cantidad de riesgos en su calidad de vida.
En el folleto “Por una vida sin violencia hacia las personas adultas mayores”, se describen los diferentes tipos de maltrato, definiendo en específico el maltrato patrimonial:
Implica robo, uso ilegal o inapropiado de las propiedades o recursos de una persona adulta mayor, dando como resultado un perjuicio en su contra y un beneficio a favor de la otra persona. En este tipo de maltrato destaca el obligarlas a cambiar el testamento, patrones irregulares de gastos o retiro de dinero, cambios repentinos en cuentas bancarias, firmas en cheques u otros documentos que no se parecen a la firma de la persona adulta mayor.
El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, cita en su página de internet www.conapam.go.cr al Papa Juan Pablo II, en su carta a los ancianos, quien indicó lo siguiente:
“Ponte en pie ante las canas y honra el rostro del anciano” (Lv 19, 32). Honrar a los ancianos supone un triple deber hacia ellos: acogerlos, asistirlos y valorar sus cualidades. En muchos ambientes eso sucede casi espontáneamente, como por costumbre inveterada. En otros, especialmente en las Naciones desarrolladas, parece obligado un cambio de tendencia para que los que avanzan en años puedan envejecer con dignidad, sin temor a quedar reducidos a personas que ya no cuentan nada. Es preciso convencerse de que es propio de una civilización plenamente humana respetar y amar a los ancianos, porque ellos se sienten, a pesar del debilitamiento de las fuerzas, parte viva de la sociedad. Ya observaba Cicerón que “el peso de la edad es más leve para el que se siente respetado y amado por los jóvenes.”
Además, existe un agravante en el trato a la persona adulta mayor, y es en los casos que mantiene alguna enfermedad degenerativa, donde su capacidad volitiva y cognoscitiva se encuentra alterada por el transcurso de los años.
Cabe señalar que con esta ley no se pretende colocar a las personas adultas mayores como personas sin capacidad de disposición de sus bienes, sino resguardarlas de afectaciones patrimoniales que hoy día se dan por personas inescrupulosas.
Por las razones antes expuestas, se propone a consideración de las señoras y señores diputados el siguiente proyecto de ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
LEY DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL A LA PERSONA ADULTA MAYOR
ARTÍCULO 1- Modifíquese el artículo 61 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley N.° 7935, que se leerá de la siguiente manera:
Artículo 61- Explotación de personas adultas mayores
Será reprimido con prisión de uno a dos años, quien, abusando de su situación de poder, de hecho o de derecho, o de un estado especial de vulnerabilidad de la persona adulta mayor, la induzca a un acto de disposición sobre sus bienes, derechos o recursos económicos, de forma que importe efectos jurídicos perjudiciales para ella o sus dependientes directos.
Cuando se declare, en sentencia judicial firme, que en el traspaso de bienes ha mediado explotación perjudicial para una persona adulta mayor, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan, la sanción jurídica contra el negocio comprenderá la nulidad de lo actuado.
Todo acto o negocio jurídico de disposición sobre bienes, derechos o recursos económicos, que realicen personas adultas mayores, requiere previo certificado médico emitido por un centro de salud público o privado donde conste su idoneidad, y capacidad volitiva y cognoscitiva para realizar el acto o negocio jurídico.
ARTÍCULO 2- Modifíquese el artículo 1253 al Código Civil, y sus reformas, cuyo texto dirá:
Artículo 1253
En virtud del mandato o poder generalísimo para todos los negocios de una persona, el mandatario puede vender, hipotecar y cualquier otro modo enajenar o gravar toda clase de bienes; aceptar o repudiar herencias, gestionar judicialmente, celebrar toda clase de contratos y ejecutar todos los demás actos jurídicos que podría hacer el poderdante, excepto los que conforme a la ley deben ser ejecutados por el mismo dueño en persona y los actos para los cuales la ley exige expresamente poder especialísimo.
Los poderes generalísimos o especialísimos de personas adultas mayores, que vayan a ser utilizados para vender, hipotecar y cualquier otro modo enajenar o gravar toda clase de bienes, requiere previo certificado médico del compareciente adulto mayor, emitido por un centro de salud público o privado, donde conste su idoneidad, y capacidad volitiva y cognoscitiva del acto o negocio a realizar.
ARTÍCULO 3- Adiciónese un inciso tres al artículo 1398 al Código Civil, y sus reformas, cuyo texto dirá:
Artículo 1398
También es absolutamente nula:
1- La donación indeterminada del todo o de parte alícuota de los bienes presentes; los bienes donados, sea el todo o una parte de los que pertenecen al donador, deben describirse individualmente;
2- La donación de bienes por adquirir; y
3- La donación que realicen las personas adultas mayores, que no cuenten con el respaldo del certificado médico donde conste su idoneidad, y capacidad volitiva y cognoscitiva emitido por un centro de salud público o privado.
ARTÍCULO 4- Modifíquese el artículo 40 del Código Notarial, y sus reformas, cuyo texto dirá:
Los notarios deberán apreciar la capacidad de las personas físicas, comprobar la idoneidad, y capacidad volitiva y cognoscitiva de las personas adultas mayores, ello con el respaldo del certificado médico correspondiente, comprobar la existencia de las personas jurídicas, las facultades de los representantes y, en general, cualquier dato o requisito exigido por la ley para la validez o eficacia de la actuación.
ARTÍCULO 5- Modifíquese el artículo 371 del Código Penal, y sus reformas, cuyo texto dirá:
Artículo 371- Se impondrá de cuarenta a ciento cincuenta días multa, al médico que extendiera un certificado falso, concerniente a la existencia, o inexistencia, presente o pasada de alguna enfermedad o lesión, cuando de ello pueda resultar perjuicio. La pena será de uno a tres años de prisión si el falso certificado tuviera por fin que una persona sana fuera recluida en un hospital psiquiátrico o en otro establecimiento de salud.
La pena será de dos a cinco años de prisión para el médico que extendiera un certificado falso que tuviera como fin despojar de manera ilegítima de sus bienes, derechos o recursos económicos, a una persona adulta mayor.
ARTÍCULO 6- En caso de que motivos de salud u otros igualmente calificados, según sean debidamente acreditados, impidan que la persona adulta mayor pueda desplazarse, los funcionarios encargados de un centro de salud público o privado podrán visitarla o disponer de medios alternativos, para la confección del certificado médico donde conste su idoneidad, y capacidad volitiva y cognoscitiva para realizar el acto o negocio jurídico.
Rige a partir de su publicación.
Otto Roberto Vargas Víquez Diputado
20 de octubre de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y de Adulto Mayor.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.