# Expediente 22248: Archivado: el proyecto que creaba una comisión para evaluar Hacienda - Página: https://elcenso.com/leyes/22248 - Tipo: Proyecto de ley (expediente legislativo) - Título oficial: CREACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA GESTIÓN DE INGRESOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA - Publicada: 2020-10-27 - La Gaceta: 258 - Fuente oficial: https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx ## En resumen El expediente 22248, que proponía una comisión de expertos para evaluar la gestión tributaria y aduanera del Ministerio de Hacienda, venció su plazo cuatrienal el 1 de octubre de 2024 y quedó archivado. ## A quién le toca - A las personas que trabajan en la Dirección General de Tributación, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Hacienda y la Dirección de Policía de Control Fiscal, que habrían tenido evaluaciones cada dos años. - A los grandes contribuyentes que la Contraloría señaló en su informe DFSOE-SAF-IF-04-2015. - A cualquier persona que paga impuestos y quería un informe independiente sobre cómo Hacienda cobra y fiscaliza. ## A quién beneficia - Los diputados y la ciudadanía habrían tenido un informe público sobre la gestión tributaria y aduanera cada cuatro años. - El informe se habría entregado a la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría y la Asamblea Legislativa. ## Qué cambia - El proyecto no es ley: venció el 1 de octubre de 2024 y quedó archivado. - Las recomendaciones de la comisión habrían sido obligatorias solo después de que el Consejo de Gobierno las validara. - El incumplimiento de esas recomendaciones habría sido delito de incumplimiento de deberes según el artículo 339 del Código Penal. ## Cláusulas a revisar - **El Ministro de Hacienda fija el monto de la evaluación** (único): El texto no pone techo ni criterio al gasto. Deja el monto a criterio del Ministro. Texto: "El Ministro de Hacienda designará en su presupuesto, el monto de los recursos que se requieran para llevar a cabo la evaluación." - **El Consejo de Gobierno valida las recomendaciones** (único): Las recomendaciones se vuelven obligatorias solo si el Consejo de Gobierno las valida. El texto no dice qué pasa si no las valida. Texto: "Los resultados del informe y sus recomendaciones, una vez conocidas y validadas por el Consejo de Gobierno, serán incorporados al año inmediato siguiente al Plan Anual Operativo del Ministerio de Hacienda y serán de cumplimiento obligatorio." - **Tres de cinco miembros vienen de fuera del país** (único): La comisión tiene tres expertos de países de la OCDE. El texto no detalla viáticos ni cómo se escogen. Texto: "Tal comisión estará integrada por cinco miembros: uno nombrado por el Ministerio de Planificación y Política Económica, uno nombrado por el Ministerio de Hacienda y tres provenientes de las autoridades hacendarias de los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)." ## Explicación El proyecto de ley 22248 está archivado. Venció su plazo de cuatro años el 1 de octubre de 2024 sin llegar a ser ley [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). Proponía crear una comisión de expertos para evaluar cómo el Ministerio de Hacienda cobra impuestos y controla las aduanas. ### Qué propone El proyecto añadía un artículo 99 bis al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la Ley 4755 ([art. único](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Ese artículo ordenaba al Ministro de Hacienda instalar cada cuatro años una Comisión Evaluadora de la Gestión de Ingresos. La comisión evaluaría la Dirección General de Tributación, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Hacienda y la Dirección de Policía de Control Fiscal ([art. único](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Revisaría políticas, metas, impactos sociales, controles y uso de la tecnología en cada programa. Tendría cinco miembros: uno del Ministerio de Planificación y Política Económica, uno del Ministerio de Hacienda y tres de las autoridades hacendarias de países de la OCDE ([art. único](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Rendiría su informe en cuatro meses, prorrogables a dos más. El informe sería público y se entregaría al Consejo de Gobierno, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República y la Asamblea Legislativa ([art. único](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Sus recomendaciones, una vez validadas por el Consejo de Gobierno, serían de cumplimiento obligatorio y entrarían al Plan Anual Operativo del Ministerio. El texto también obligaba al personal de la gestión tributaria y aduanera a someterse a evaluaciones cada dos años ([art. único](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Quien incumpliera las recomendaciones de la comisión incurriría en el delito de incumplimiento de deberes, según el artículo 339 del Código Penal. ### En qué va el trámite El expediente está archivado. La ficha registra el vencimiento cuatrienal el 1 de octubre de 2024 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). El recorrido fue corto. El proyecto se presentó el 1 de octubre de 2020 y se publicó en La Gaceta el 27 de octubre de 2020 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). Pasó a la Comisión de Asuntos Hacendarios (Área VI) el 10 de noviembre de 2020. La comisión votó y emitió dictamen el 1 de marzo de 2022, y lo remitió a la Secretaría del Directorio el 21 de marzo de 2022 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). No hay registro en el dossier de que llegara al Plenario para primer debate. ### Frente a la Constitución El proyecto se apoya en el artículo 11 de la Constitución, que ordena someter a la Administración Pública a evaluación de resultados y rendición de cuentas ([Constitución, art. 11](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El texto cita ese artículo al inicio de su exposición de motivos ([art. único](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El artículo 11 también dice que "La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas" ([Constitución, art. 11](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto propone uno de esos medios para el área de ingresos de Hacienda. El Censo no encontró un choque claro entre el texto y los artículos constitucionales del dossier. Hay una duda sobre el artículo 183, que da a la Contraloría General de la República independencia funcional para vigilar la Hacienda Pública ([Constitución, art. 183](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto crea una comisión que evalúa lo mismo que ya vigila la Contraloría, pero no la sustituye. Otra duda toca el artículo 121, que da a la Asamblea la potestad de dictar las leyes ([Constitución, art. 121](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto deja en manos del Consejo de Gobierno la validación de las recomendaciones, que luego serían obligatorias ([art. único](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Eso traslada al Ejecutivo una decisión sobre cómo se gasta y se controla el presupuesto. ### Qué puede hacer usted El proyecto está archivado, así que no hay comisión ni Plenario donde incidir sobre este texto. Las herramientas de la guía sirven para otros proyectos o para pedir información sobre este. Puede pedir información sobre el expediente a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea. Esa oficina brinda información sobre el estado de tramitación de los proyectos y las actas de Plenario y Comisión ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). Puede presentar una propuesta de ley por el formulario web de la Asamblea. La guía advierte que esas propuestas no tienen garantía de ser discutidas ni votadas ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). Puede presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República si sospecha un manejo irregular de fondos públicos. La guía da el teléfono 2501-8025 del Área de Denuncias e Investigaciones y el correo contraloria.general@cgrcr.go.cr ([guía, p. 68](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68)). ### Lo que no sabemos El dossier no dice por qué el proyecto no llegó al Plenario después del dictamen de marzo de 2022. El dossier no incluye el texto del dictamen de la Comisión de Asuntos Hacendarios. El dossier no dice cuánto costaría la comisión evaluadora; el texto deja el monto a criterio del Ministro de Hacienda ([art. único](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El dossier no tiene grabaciones de la Asamblea sobre este expediente. ## Frente a la Constitución El texto se apoya en el artículo 11, que ordena evaluar la Administración Pública. El Censo no encontró un choque claro, pero hay dudas sobre el peso que el proyecto da al Consejo de Gobierno frente a la Contraloría y la Asamblea. ## Qué puede hacer usted - Pedir información sobre el expediente a la Oficina de Iniciativa Popular: Solicite el estado de tramitación del proyecto y las actas de la Comisión de Asuntos Hacendarios (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Presentar una propuesta de ley por el formulario web de la Asamblea: Llene el formulario en la página de la Asamblea; no hace falta el texto completo, basta con plantear la propuesta (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Denuncia ante la Contraloría General de la República: Llame al 2501-8025 (Área de Denuncias e Investigaciones) o escriba a contraloria.general@cgrcr.go.cr (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68) ## Lo que no sabemos - No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente. ## Fuentes 1. Expediente 22248: CREACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA GESTIÓN DE INGRESOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa, 2020-10-27. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx 2. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 3. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf ## Texto oficial completo ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY CREACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA DEL MINISTERIO DE HACIENDA VARIOS SEÑORES DIPUTADOS Y SEÑORAS DIPUTADAS EXPEDIENTE N.° 22.248 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES NOTA: A solicitud de las partes interesadas, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY CREACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Expediente N.° 22.248 ASAMBLEA LEGISLATIVA: El artículo 11 de la Constitución Política de la República de Costa Rica señala. “La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas” **La Asamblea Legislativa ha tratado de implementar este mandato constitucional, mediante la promoción de leyes de la República, entre ellas la Ley de Administración financiera de la República y presupuestos públicos, la ley orgánica de la Contraloría General de la República, la Ley de Planificación Nacional y la Ley General de Control Interno.** Si bien las leyes citadas involucran algunos aspectos de control financiero y de gestión, autoevaluación, auditoría, control presupuestario y control interno, lo cierto es que no existen elementos evaluativos que les permitan efectivamente a los ciudadanos en general y a los legisladores contar con juicios valorativos generales e independientes de los programas y proyectos sociales. El inciso “e” del artículo 2 de la Ley de Planificación Nacional, le atribuye tal función a ese Ministerio, no obstante esa tarea no se ha llevado a la práctica por las razones que luego se explican. Los recursos que dispone la sociedad para atender las múltiples necesidades o aspiraciones de los ciudadanos, son siempre escasos, lo cual obliga a un proceso de jerarquización de las necesidades y de uso eficiente de esos recursos. Las necesidades sociales no son estáticas en el tiempo; así, lo que hace 30 años constituía una meta válida puede que hoy ya no lo sea, porque la meta planteada ya fue alcanzada, o bien porque en la actualidad ya ha perdido importancia respecto de otras necesidades. En contraste con el vertiginoso cambio, las instituciones y el marco institucional que las regula tienden a ser estáticos, a adaptarse con sus rezagas a las cambiantes aspiraciones sociales. Esos desajustes se reflejan en la insatisfacción de la sociedad con el accionar del Estado, al que se critica por su ineficiencia. Determinar el valor de las políticas públicas, los programas y los proyectos, únicamente con base en los objetivos enunciados en la ley no revelará, necesariamente, el uso eficiente de los recursos públicos. Se requiere una visión crítica más holística, enmarcada en una perspectiva de desarrollo. Diversas comisiones de reforma del Estado han tenido la tarea de señalar los cambios necesarios para reenfocar las políticas públicas a las aspiraciones de la sociedad. Por ende, es necesario implementar mecanismos de evaluación que permitan mejorar la eficiencia en la gestión aduanera del programa o proyecto para el logro de los objetivos, así como visualizar cambios estructurales. Otras razones para implementar mecanismos de evaluación podrían ser: 1- La necesidad de determinar la pertinencia de los objetivos del programa o proyecto, en relación con las necesidades del país y las prioridades institucionales. 2- Identificar en forma sistemática los efectos positivos o negativos (deseados o no) que produce una actividad realizada para impulsar el desarrollo en las personas, los hogares, las instituciones y el medioambiente. 3- Establecer la eficacia, es decir, el grado al cual se cumplieron (o se espera que se cumplan) los objetivos de desarrollo. 4- Determinar la eficiencia, es decir, el rango en el cual se han logrado o se espera lograr los objetivos de desarrollo, en relación con los recursos utilizados para ello. 5- Determinar la sostenibilidad del programa o proyecto, es decir, la probabilidad de que se incrementen o por lo menos se mantengan, durante toda la vida del proyecto, sus beneficios netos estimados. 6- Identificar el efecto en el desarrollo institucional, es decir, en qué grado mejora el proyecto la capacidad del país para usar sus recursos en una mejor forma. 7- Valorar la cantidad del trabajo realizado por cada uno de los entes involucrados en las diversas etapas del ciclo del programa o proyecto. 8- Generar credibilidad y legitimidad entre los ciudadanos respecto del proyecto, mediante el criterio emitido por especialistas independientes y por medio de un desarrollo transparente del proceso de evaluación. La evaluación fomenta el aprendizaje institucional y persigue simultáneamente una responsabilización (*accountability*) imparcial e independiente, ante los responsables políticos y ante el Sector Público. En resumen, la evaluación se puede utilizar esencialmente para cuatro fines diferentes: a) Rendir cuentas para mostrar a terceros el trabajo que se ha efectuado. b) Extraer enseñanzas del trabajo realizado para mejorar la actividad objeto de evaluación. c) Ampliar conocimientos y experiencias. d) Mostrar la condición ética y la transparencia bajo las cuales se desarrolla la función administrativa de la entidad. Para evaluar la concordancia de las políticas y los programas públicos con los objetivos sociales, las sociedades han desarrollado mecanismos de mediano plazo. Entre ellos, las evaluaciones periódicas de las políticas públicas, realizadas por los evaluadores independientes y mediante métodos participativos, cuyos resultados se hacen públicos y sirven de insumo para la toma de decisiones de los jerarcas sectoriales del Estado y, a la vez, se convierten en mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas. Evaluación de las políticas públicas El proceso evaluativo es creación de conocimiento relevante para la elaboración y el replanteamiento de las políticas públicas. Los evaluadores investigan las causas, las consecuencias y el desempeño de las políticas públicas y los programas de manera tal que la evaluación forma parte integral del proceso de análisis de políticas públicas. La evaluación analiza el desempeño de una política. En ese sentido, está diseñada para determinar la efectividad del programa y facilitar su reorientación o finalización. La función más importante de la evaluación es proporcionar información acerca del desempeño de las políticas públicas. Dicho de otra manera, permite detectar las discrepancias entre el desempeño real de las políticas públicas y el esperado, así como su contribución al alivio de los problemas sociales. La evaluación contribuye al entendimiento de las causas de los problemas y a la formulación de nuevas políticas o la reformulación de aquellas que no estén cumpliendo sus objetivos. En otras palabras, la evaluación permite una mejor toma de decisiones, en cuanto a la planificación de los programas y la asignación de presupuesto. En cuanto al aprendizaje organizacional, la evaluación suministra retroalimentación al personal que implementa el programa, suministrándole información sobre lo que están haciendo, cómo están respondiendo los beneficiarios y qué variables externas están incidiendo en el programa. La evaluación permite, además, generar conocimientos para entender mejor las intervenciones sociales, para rendir cuentas, es decir, para que el público se entere de qué están logrando los organismos públicos con los fondos que se manejan. Finalmente, la evaluación permite registrar la historia del programa para que otros puedan derivar lecciones del mismo. La práctica de la evaluación Diversos organismos multilaterales y bilaterales han creado oficinas encargadas de evaluar sus programas y proyectos, entre ellos cabe citar el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos de América y las agencias de ayuda internacional de los países europeos. Estos organismos han desarrollado sus propias metodologías de evaluación, y sus esfuerzos por mejorar la práctica evaluativa, han contribuido a la creación de teorías y métodos cada vez más elaborados. Los países desarrollados también han implementado la evaluación periódica de las políticas y los programas públicos, de cara a la comunidad y a sus congresos. Las políticas públicas relacionadas con la educación, la salud, la seguridad y la inversión pública, entre otras, son objeto de evaluación periódica e independiente, al menos una vez cada cuatro años en esos países. La sociedad costarricense también requiere instrumentos ágiles para adecuar de manera constante los objetivos de las políticas, los programas y proyectos sociales a las demandas de una sociedad que, al ser cada vez más desarrollada y compleja, demanda una mayor participación en la toma de decisiones políticas y mecanismos que permitan evaluar, de manera transparente, el funcionamiento del sector público. La evaluación en el sector aduanero costarricense La ley vigente N.º 7557, “Ley General de Aduanas”, de 20 de octubre de 1995, no contempla un mecanismo específico de evaluación de la gestión aduanera, tal y como si lo contemplan otros sistemas públicos en Costa Rica. Cabe tener en cuenta que, de acuerdo al portal estadístico de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), del año 2018 al año 2019, se han movilizado sumas por aduanas en exportaciones de más de 20 mil millones de colones, lo cual ha representado más de 16 mil toneladas exportadas. Además, según el informe de Recaudación de Impuestos Aduaneros (DGA) de julio del 2019 del Ministerio de Hacienda, entre mediados del 2018 a mediados del 2019, se recaudaron casi 214 mil millones de colones en tributos en todas las aduanas del país, entiéndase Caldera, Central, La Anexión, Limón, Paso Canoas, Peñas Blancas, Santamaría, Liberia y otras. Las mercancías importadas que más han generado recaudación entre mediados del 2018 y mediados de 2019 han sido medios de transporte, partes, accesorios y otros, así como electrodomésticos, máquinas eléctricas, compuestos electrónicos, productos alimenticios, bebidas, tabaco y combustibles. Empero, de acuerdo al mismo informe, los ingresos aduaneros cayeron un 7.1% de julio de 2018 a julio 2019. Además, la carga tributaria, dentro de ese mismo lapso, ha sido mayoritariamente en bienes y servicios por encima del comercio exterior. Por su parte, según el informe final de gestión del ex – Director General de Aduanas, Wilson Céspedes Sibaja, del 2018, el rubro que registra la calificación más baja del estado de autoevaluación del sistema de control interno del Sistema Nacional de Aduanas, es el relacionado con actividades de control. Dicho informe incluye un apartado de “sugerencias para la buena marcha de la institución”, en las cuales se menciona, entre otras cosas, darle continuidad a iniciativas relativas a capacitaciones del personal; fortalecer los sistemas informáticos en aspectos de seguridad, controles, información, mantenimiento, evaluación, riesgo y registro; continuar creando espacios físicos para la custodia de archivos; asegurar la eficiencia y la eficacia del servicio en aduanas con atención 24 horas o hasta medianoche y demás retos que enlista el documento. Por lo tanto, tal y como se puede apreciar, la gestión aduanera costarricense moviliza grandes sumas de dinero para las arcas públicas del Estado, así como grandes cantidades de mercancías para los ciudadanos costarricenses; por lo cual es imperativo la existencia de una comisión evaluadora de la gestión aduanera del país para asegurar una gestión competente de las aduanas de Costa Rica, el cumplimiento de los objetivos planteados y también, visualizar cambios estructurales necesarios para la eficiencia del Estado costarricense ante sus ciudadanos. Toda vez que el país logró ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La evaluación de la gestión tributaria de Costa Rica El informe N.° DFSOE-SAF-IF-04-2015, emitido por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, mostró grandes falencias en la gestión tributaria y dicho informe específicamente realizó una evaluación de la Administración Tributaria más importante del País; a saber: La Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales. Dicha Administración, es el corazón de la gestión tributaria del país, ya que esta, tiene el peso tributario de recaudar aproximadamente el 70% de los ingresos internos que percibe el país a través de los impuestos que administra el Ministerio de Hacienda. En el citado informe se encontró que un porcentaje importante de las fiscalizaciones programadas, no se ejecutaron. Es decir, de la meta planteada de auditoría para los períodos 2010 y 2014 no se ejecutaron. Esto demuestra claramente la disminución en cobertura y generación de riesgo necesaria para el cumplimiento óptimo del pago de los impuestos por parte de este tipo de contribuyentes. De igual manera para el período 2010 a 2014, un total de 93 grandes contribuyentes (un 22% del total) declararon cero impuesto de utilidades, es decir; no pagaron impuesto en su cierre fiscal correspondiente. Esto, a pesar de que mostraron una capacidad económica importante, ya que declararon en conjunto ingresos brutos por 3.0 billones de colones y activos totales por 6.7 billones de colones. De igual manera para el período en estudio 34 grandes contribuyentes declararon reiteradamente cero de impuesto en los cuatro períodos fiscales en estudio (2010-2014). En dicho estudio se observó que los márgenes de utilidad declarados por los grandes contribuyentes de algunos sectores económicos se encuentran por debajo de los referenciales de la Dirección General de Tributación, razón por la cual la contribución al impuesto sobre las utilidades debió ser mayor. Dicho informe revela una mala gestión de las áreas de División de Fiscalización y de la Dirección de Inteligencia tributaria y la no correcta comunicación entre ambas direcciones. Esto por cuanto se detectó que la ejecución de la función de análisis de riesgo fiscal e inteligencia tributaria no se están cumpliendo según lo establece la normativa competente y las funciones que se establecen en el Decreto de Funciones de la Dirección General de Tributación. Otra gran debilidad de la gestión tributaria recae sobre la lenta gestión que realiza el Tribunal Fiscal Administrativo. Esto para la determinación resolutiva de los casos que llegan a dicha instancia. Para efectos de la Auditoría realizada por la Contraloría General de la República, se determinó que ese Tribunal tarda un promedio de 17 meses para la emisión de las resoluciones determinativas. Esto provoca que los grandes contribuyentes que acuden a esta instancia un incentivo para que el mismo no regule su situación tributaria de forma oportuna, ya que esta práctica provoca que solo deba cancelar intereses por un período de 6 meses al tenor de lo establecido en el artículo 163 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. De igual manera tanto la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales como la Administración Tributaria carece de un sistema de información automatizado e integrado para la planificación y control del proceso de fiscalización, además de que se requiere de mejorar la idoneidad profesional y la capacitación del recurso humano de esa Dirección. Esto indica de forma fehaciente, la vulnerable gestión tributaria, la no acción y negligencia que emerge no solo en la Administración de Grandes Contribuyentes, sino en las Áreas Funcionales de la DGT. **LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA** **DECRETA:** CREACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA DEL MINISTERIO DE HACIENDA ### ARTÍCULO ÚNICO- Adiciónese el artículo 99 bis a la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera. ### Artículo 99 bis- Comisión Evaluadora de la gestión tributaria y aduanera El Ministro de Hacienda instalará y juramentará, cada cuatro años, la Comisión Evaluadora de la Gestión de Ingresos del Ministerio de Hacienda, con el fin de realizar una evaluación integral del accionar de la Cartera de Ingresos y los programas presupuestarios que pertenecen a la misma; a saber: Dirección General de Tributación, Dirección General de Aduanas, Dirección General de Hacienda, Dirección de Policía de Control Fiscal, así como cualquier otro programa para la atención de ingresos tributarios que se desarrolle en el futuro. Dicha comisión tendrá por competencia la evaluación en cuanto a políticas, metas, impactos sociales, razonabilidad en el cumplimiento de las directrices y normativas legales, controles, gestión del uso de la tecnología y económicas en la gestión de cada uno de sus programas presupuestarios y los asuntos de interés que la Comisión considere relevantes. El objetivo es desarrollar prácticas de conformidad con los mejores estándares internacionales, para promover la eficiencia, eficacia y el mejoramiento continuo. Para lo cual nombra una comisión de expertos internacionales de comprobada probidad de experiencia y conocimiento. Tal comisión estará integrada por cinco miembros: uno nombrado por el Ministerio de Planificación y Política Económica, uno nombrado por el Ministerio de Hacienda y tres provenientes de las autoridades hacendarias de los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Para llevar a cabo la evaluación del accionar la Comisión Evaluadora tomará como referencia los mecanismos empleados por los mejores estándares de la OCDE y de las experiencias de los países mejores calificados en la materia. La comisión tendrá un plazo de 4 meses, prorrogables a 2 meses adicionales, en casos excepcionales para rendir su informe. El informe de la Comisión Evaluadora, será de conocimiento público y será presentado al Consejo de Gobierno, la Defensoría de los Habitantes de la República, la Contraloría General de la República y la Asamblea Legislativa. Los resultados del informe y sus recomendaciones, una vez conocidas y validadas por el Consejo de Gobierno, serán incorporados al año inmediato siguiente al Plan Anual Operativo del Ministerio de Hacienda y serán de cumplimiento obligatorio. El personal perteneciente a la gestión tributaria y aduanera deberá someterse a evaluaciones bianuales, sobre aspectos de conocimiento de la normativa a nivel nacional e internacional, teoría general de política fiscal, como la aduanera, tributaria, generación de riesgo fiscal, aplicaciones prácticas, métodos de investigación de los mercados, inteligencia tributaria, estudios de mercado y cualquier otra área de conocimiento afín necesaria para el óptimo desempeño de sus funciones. El Ministro de Hacienda designará en su presupuesto, el monto de los recursos que se requieran para llevar a cabo la evaluación. Las personas funcionarias públicas responsables del incumplimiento de la aplicación de las recomendaciones dadas por la comisión evaluadora, incurrirán en el delito de incumplimiento de deberes de conformidad con lo establecido en el artículo 339 del Código Penal. N.° 4573, y sus reformas. ### TRANSITORIO- La primera evaluación se llevará a cabo seis meses después de aprobada esta ley. Rige a partir de su publicación. Welmer Ramos González Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández Roberto Hernán Thompson Chacón Mario Castillo Méndez José María Villalta Flórez-Estrada María Vita Monge Granados Luis Fernando Chacón Monge Luis Ramón Carranza Cascante Floria María Segreda Sagot Zoila Rosa Volio Pacheco Sylvia Patricia Villegas Álvarez Wálter Muñoz Céspedes David Hubert Gourzong Cerdas Mileidy Alvarado Arias Giovanni Alberto Gómez Obando Melvin Ángel Núñez Piña Óscar Mauricio Cascante Cascante María José Corrales Chacón Paola Viviana Vega Rodríguez Carmen Irene Chan Mora Paola Alexandra Valladares Rosado Franggi Nicolás Solano Ignacio Alberto Alpízar Castro Marulin Raquel Azofeifa Trejos Otto Roberto Vargas Víquez Aida María Montiel Héctor Diputados y diputadas 20 de octubre de 2020 NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura. Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/22248). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.