Archivado: el plan que exigía decir de dónde sale cada gasto
El proyecto 22.257, que obligaba a todo proyecto de ley a indicar y probar el dinero para pagarlo, venció su plazo de cuatro años en octubre de 2024 y quedó archivado.
Título oficial REFORMA PARCIAL DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA INCLUIR EL PRINCIPIO DE LA RESPONSABILIDAD PRESUPUESTARIA
A quién le toca
- A cualquier persona que dependa de una ley nueva con gasto: la regla exigía mostrar de dónde saldría el dinero.
- A los diputados, que habrían tenido que acreditar fondos antes de aprobar un gasto nuevo.
- A las instituciones públicas que reciben mandatos nuevos sin presupuesto para cumplirlos.
A quién beneficia
- Ninguno directo: el proyecto está archivado y no cambió el Reglamento.
- Si se hubiera aprobado, habría obligado a los diputados a probar el financiamiento antes de crear gastos.
Qué cambia
- El Reglamento de la Asamblea sigue igual: no existe el artículo 119 bis.
- La obligación de señalar ingresos nuevos sigue limitada al presupuesto del Poder Ejecutivo, por los artículos 179 y 180 de la Constitución.
- La idea puede volver en otro proyecto, pero este expediente ya no se puede reactivar.
La explicación completa
El expediente 22.257 ya no está en discusión. Venció su plazo de cuatro años el 8 de octubre de 2024 y la Asamblea lo archivó el 14 de octubre de 2024 1.
Qué propone
El proyecto proponía agregar un artículo 119 bis al Reglamento de la Asamblea Legislativa (art. único). Ese artículo se llamaría "Responsabilidad presupuestaria y financiera".
La regla era esta: todo proyecto de ley que implique un gasto adicional de recursos públicos deberá especificar y acreditar los fondos que garanticen su aplicación (art. único). Esos fondos no podrían venir del endeudamiento público, salvo que se trate de gastos de capital.
El texto dejaba por fuera los presupuestos ordinarios y extraordinarios, las modificaciones presupuestarias y las proposiciones de reforma constitucional. Esos seguirían con su propia regulación (art. único).
El diputado Luis Fernando Chacón Monge firmó la propuesta el 27 de octubre de 2020 (art. único).
En la exposición de motivos, el proyecto cita cifras oficiales. El déficit fiscal estaba en 5,86% del producto interno bruto y podía llegar a 9,3% al finalizar el año (art. único). Los ingresos fiscales bajaron 11,54% respecto de 2019.
El texto también cita al Programa Estado de La Nación. Entre 1991 y 2014, más del 50% de las leyes promulgadas no identificaron el origen de los recursos para aplicarlas (art. único). Entre 2018 y 2019, esa práctica se mantuvo en el 22% de las leyes, según el informe de 2019.
El proyecto llama a eso "promesa democrática sin sustento económico" (art. único).
En qué va el trámite
El proyecto está archivado. La Asamblea lo presentó el 8 de octubre de 2020 y lo puso en el orden del día del Plenario el 19 de octubre de 2022 1.
El plazo cuatrienal venció el 8 de octubre de 2024 1. Al día siguiente, el 9 de octubre de 2024, el Plenario archivó el expediente por vencimiento de ese plazo, según el artículo 119. El archivo definitivo se registró el 14 de octubre de 2024.
Para que fuera ley faltaban los dos debates en el Plenario y la sanción del Poder Ejecutivo, como pide el artículo 124 de la Constitución Constitución, art. 124. Ya no hay ruta abierta para este texto.
Frente a la Constitución
El proyecto se apoyaba en los artículos 179 y 180 de la Constitución, que ya obligan a la Asamblea a señalar ingresos nuevos si aumenta gastos del Poder Ejecutivo Constitución, art. 179 Constitución, art. 180.
El artículo 179 dice: "La Asamblea no podrá aumentar los gastos presupuestos por el Poder Ejecutivo, si no es señalando los nuevos ingresos que hubieren de cubrirlos, previo informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de los mismos" Constitución, art. 179.
El artículo 180 agrega que todo proyecto de modificación que implique aumento o creación de gastos deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo anterior Constitución, art. 180.
El artículo 176 ordena que la gestión pública se conduzca de forma sostenible, transparente y responsable, con presupuestación plurianual Constitución, art. 176. También fija que el monto de los gastos presupuestados no podrá exceder el de los ingresos probables.
El Censo no encontró choque entre el texto propuesto y esos artículos. La regla del 119 bis ampliaba a la legislación común lo que la Constitución ya pide para el presupuesto.
Hay un punto que el texto no resolvía. El artículo 105 excluye de referéndum los proyectos sobre materia presupuestaria, tributaria y fiscal Constitución, art. 105. El 119 bis habría tocado proyectos de gasto, y el dossier no aclara cómo se habría aplicado esa exclusión.
Qué puede hacer usted
Este expediente está cerrado. La guía de participación ciudadana sirve para mirar qué pasó y para actuar en proyectos que sí están vivos.
Paso 1. Consulte el estado de cualquier proyecto en la corriente legislativa. La Oficina de Iniciativa Popular brinda información inmediata sobre la tramitación de los proyectos y las órdenes del día guía, p. 27.
Paso 2. Si un proyecto nuevo le interesa, escriba a los diputados de la comisión respectiva. La guía recomienda entrevistas con los diputados para argumentar a favor o en contra de un proyecto guía, p. 29.
Paso 3. Si quiere proponer su propia ley, llene el formulario web de la Asamblea. No hace falta presentar el texto completo, basta con plantear la propuesta de forma sencilla guía, p. 27. Esa vía no garantiza que la discutan ni la voten.
Paso 4. Si reúne al menos un 5% de las firmas del padrón electoral, puede usar la iniciativa popular. El Tribunal Supremo de Elecciones revisa las firmas y traslada el proyecto a la Asamblea guía, p. 26.
Paso 5. Si sospecha un manejo irregular de fondos públicos, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. Los teléfonos son 2501-8000 y 2501-8025 guía, p. 68.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué el proyecto no llegó a dictamen ni a primer debate entre 2020 y 2024.
El dossier no registra ninguna grabación de la Asamblea sobre este expediente.
El dossier no dice si otro diputado retomó la idea del 119 bis en un proyecto nuevo.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El texto ampliaba a la legislación común una regla que la Constitución ya aplica al presupuesto. El Censo no encontró choque con los artículos revisados.
Constitución, art. 179"La Asamblea no podrá aumentar los gastos presupuestos por el Poder Ejecutivo, si no es señalando los nuevos ingresos que hubieren de cubrirlos, previo informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de los mismos."
Esta ley, art. único"Todo proyecto de ley que implique una erogación adicional de recursos públicos deberá́ especificar y acreditar los fondos que garanticen su efectiva aplicación."
Sin choque aparente La Constitución ya pide señalar ingresos cuando la Asamblea sube gastos del Ejecutivo. El 119 bis llevaba esa misma exigencia a toda ley con gasto nuevo.
Constitución, art. 180"Todo proyecto de modificación que implique aumento o creación de gastos deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo anterior."
Esta ley, art. único"Estos no podrán provenir del endeudamiento público, salvo que se trate de gastos de capital."
Sin choque aparente El artículo 180 remite al 179 para los aumentos de gasto. El 119 bis añadía una regla más estricta: prohibir deuda para gasto corriente, con excepción de capital.
Constitución, art. 176"La gestión pública se conducirá de forma sostenible, transparente y responsable, la cual se basará en un marco de presupuestación plurianual, en procura de la continuidad de los servicios que presta."
Esta ley, art. único"Todo proyecto de ley que implique una erogación adicional de recursos públicos deberá́ especificar y acreditar los fondos que garanticen su efectiva aplicación."
Sin choque aparente El 176 pide sostenibilidad y transparencia en la gestión pública. El 119 bis apuntaba en esa dirección al exigir fondos probados.
Constitución, art. 105"El referéndum no procederá si los proyectos son relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa."
Esta ley, art. único"Los proyectos de ley de presupuesto ordinario, extraordinario, o modificaciones presupuestarias, así́ como las proposiciones de reforma constitucional se regirán por su regulación normativa específica."
Hay dudas El texto dejaba por fuera los presupuestos y las reformas constitucionales. El dossier no aclara cómo se habría cruzado con la exclusión de referéndum en materia fiscal.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 22257: REFORMA PARCIAL DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA INCLUIR EL PRINCIPIO DE LA RESPONSABILIDAD PRESUPUESTARIA
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE ACUERDO
REFORMA PARCIAL DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA INCLUIR EL PRINCIPIO DE LA RESPONSABILIDAD PRESUPUESTARIA
LUIS FERNANDO CHACÓN MONGE DIPUTADO
EXPEDIENTE N.° 22.257
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE ACUERDO
REFORMA PARCIAL DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA INCLUIR EL PRINCIPIO DE LA RESPONSABILIDAD PRESUPUESTARIA
Expediente N.° 22.257
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Las cifras oficiales señalan que el déficit fiscal se encuentra en 5,86% del producto interno bruto y podría aumentar a un 9,3% al finalizar el año, con una disminución de los ingresos fiscales de un 11,54% con respecto al año 2019. Estos datos son alarmantes y requieren soluciones y esfuerzos urgentes por todo el aparato estatal y Poderes de la República.
La aprobación en este Parlamento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.º 9635, de 4 de diciembre de 2018, fue un buen primer paso en la dirección correcta con miras a resolver la grave crisis de las finanzas públicas, aunque es lejos de ser suficiente, ya que todavía continúa siendo una peligrosa amenaza a la estabilidad económica y la paz social de nuestro país.
Para evitar caer en ese abismo, es menester impulsar reformas profundas en todo el aparato estatal, incluida esta Asamblea Legislativa. Teniendo en cuenta dos importantes aspectos:
El alto endeudamiento del país, debido en gran parte a las obligaciones ineludibles que se le asignan al Estado vía ley.
La aplicación de la regla fiscal que obliga a frenar el gasto corriente, mucho del cual está creado por legislación previa, dependiendo del endeudamiento público, lo cual es contraproducente respecto de esas tareas que se le asignan al Estado y que finalmente no se pueden realizar por falta de fondos en la práctica.
En esa misma línea, el Programa Estado de La Nación ha señalado insistentemente en sus últimos informes que de 1991 al 2014 más del 50% de las leyes que se promulgaron no identificaron el origen de los recursos para su implementación. Por otra parte, entre 2015 y 2016, de 32 leyes con mandato garantista, únicamente un 47% especificó la fuente de financiamiento, mientras que un 41% no lo hizo del todo. Cuestión que empeoró entre 2017 y 2018, aumentando nuevamente a la mitad las leyes sancionadas con este grave defecto, pese a que la complicada situación fiscal en ese entonces -como ahora- se encontraba en la palestra pública. Entre 2018 y 2019, el Programa Estado de La Nación monitoreó que esta práctica se mantuvo en el 22% de las leyes promulgadas, según su informe del 2019. Esta patología en la cultura parlamentaria es conocida como “Promesa democrática sin sustento económico”, que la divulgación de este estudio en desarrollo humano sostenible define como:
Cuando no se asignan recursos, la norma aprobada se convierte en “promesa democrática sin sustento económico. Estos casos reflejan problemas en la calidad de la legislación, dado que pueden reducir las probabilidades de cumplimiento.
Además aumenta la presión sobre las entidades públicas, a las cuales se les asignan nuevos mandatos, pero sin dotarlas de capacidades para ello. Y, en la población, se crean condiciones para el malestar con el sistema político, por su incapacidad para hacer efectivos los derechos reconocidos. (Programa Estado de La Nación, 2018, pág. 199).
De ahí la importancia de incluir el principio de responsabilidad presupuestaria de forma explícita en el Reglamento, el cual ya se encuentra reflejado en los artículos 179 y 180 de la Constitución Política de Costa Rica para la tramitación especial de los presupuestos de la República, que obliga a la Asamblea a señalar los ingresos si decide aumentar los gastos del Poder Ejecutivo.
Con la presente reforma pretendemos extender el principio de responsabilidad presupuestaria a la tramitación de toda la legislación común y alinear el Reglamento de la Asamblea Legislativa a los principios de la Constitución Política, poner a tono al Poder Legislativo con las mejores prácticas parlamentarias al momento de legislar -con conciencia fiscal- y actuar de forma responsable en el marco de una de las peores crisis de la hacienda pública que enfrenta nuestro país en los últimos tiempos.
Por todo lo anteriormente expuesto, propongo para su aprobación el presente proyecto de acuerdo.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA ACUERDA:
REFORMA PARCIAL DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA INCLUIR EL PRINCIPIO DE LA RESPONSABILIDAD PRESUPUESTARIA
ARTÍCULO ÚNICO- Se adiciona un artículo 119 bis al Reglamento de la Asamblea Legislativa, cuyo texto se leerá así:
Artículo 119 bis- Responsabilidad presupuestaria y financiera
Todo proyecto de ley que implique una erogación adicional de recursos públicos deberá́ especificar y acreditar los fondos que garanticen su efectiva aplicación. Estos no podrán provenir del endeudamiento público, salvo que se trate de gastos de capital.
Los proyectos de ley de presupuesto ordinario, extraordinario, o modificaciones presupuestarias, así́ como las proposiciones de reforma constitucional se regirán por su regulación normativa específica.
Rige a partir de su aprobación.
Luis Fernando Chacón Monge Diputado
27 de octubre de 2020
NOTAS: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.
Este proyecto ingresó en el orden del día de Plenario el 19 de octubre de 2020.