Archivado: proyecto que cobraba impuesto de bienes inmuebles solo sobre la construcción
El expediente 22259, que proponía calcular el impuesto municipal sobre el valor de la construcción y no del terreno, fue archivado en 2021 con dictamen negativo y ya no puede convertirse en ley.
Título oficial REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 9 Y 23 DE LA LEY IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, LEY N.° 7509, DE 19 DE JUNIO DE 1995, PARA QUE DICHO IMPUESTO SEA SOBRE EL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y NO DEL TERRENO
A quién le toca
- Propietarios de terrenos con construcciones de bajo valor en zonas donde el terreno se valorizó mucho
- Familias que heredaron o recibieron un terreno y no pueden pagar el impuesto sobre el valor total
- Municipalidades que recaudan el impuesto sobre bienes inmuebles
A quién beneficia
- Los propietarios habrían pagado menos impuesto si el valor de la construcción era menor que el del terreno
- Las familias con casas humildes sobre terrenos valorizados habrían tenido menos riesgo de remate
Qué cambia
- El proyecto no se convirtió en ley, así que el impuesto sigue calculándose sobre el valor total del inmueble
- Las municipalidades no perdieron la base imponible del terreno
- El expediente quedó cerrado y no puede revivirse sin un nuevo proyecto de ley
La explicación completa
El proyecto de ley 22259 está archivado. La Asamblea Legislativa lo enterró el 7 de setiembre de 2021 con un dictamen unánime negativo de la Comisión de Asuntos Hacendarios 1. Ya no puede convertirse en ley.
Qué propone
El proyecto proponía cambiar la base del impuesto municipal sobre bienes inmuebles. Hoy la Ley 7509 cobra sobre el valor del inmueble completo, que incluye terreno y construcción 2. El texto proponía que el impuesto se calculara solo sobre el valor de la construcción (art. 9).
El artículo 9 reformado decía: "La base imponible para el cálculo del impuesto será el valor de la construcción que está sobre el terreno registrado en la Administración Tributaria, al 1 de enero del año correspondiente" (art. 9).
El artículo 23 mantenía la tasa en un cuarto por ciento (0,25%), pero la aplicaba sobre el valor de la construcción y no del predio completo (art. 23).
En la exposición de motivos, el diputado Dragos Dolanescu Valenciano explicó el objetivo. Dijo que buscaba evitar remates municipales y que familias de recursos medios y bajos perdieran su propiedad por no poder pagar el impuesto 1.
El texto también menciona un aumento del impuesto que el gobierno de Carlos Alvarado habría incluido en su negociación con el Fondo Monetario Internacional. Según el proyecto, ese aumento llevaría la tasa de 0,25% a 0,75% 1.
En qué va el trámite
El expediente está archivado desde el 20 de setiembre de 2021 1. La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios (Área VI) emitió un Dictamen Unánime Negativo el 7 de setiembre de 2021, con base en el artículo 81 BIS.
El recorrido fue corto. El proyecto se presentó el 19 de octubre de 2020 y se publicó en La Gaceta el 2 de noviembre de 2020 1. La comisión lo recibió el 10 de noviembre de 2020 y lo debatió el 12 de noviembre de 2020. Menos de un año después, lo archivó.
El plazo cuatrienal vencía el 19 de octubre de 2024 1. El archivo llegó antes, por decisión de la comisión.
Lo que se dijo en la Asamblea
No hay grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente. El dossier no incluye transcripciones de las sesiones de la Comisión de Asuntos Hacendarios ni del Plenario sobre este proyecto.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque directo entre el texto del proyecto y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier.
El artículo 45 dice que "La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley" Constitución, art. 45. El proyecto buscaba proteger la propiedad de familias que no podían pagar el impuesto sobre el terreno 1. Eso calza con el espíritu de ese artículo.
El artículo 18 dice que los costarricenses deben "contribuir para los gastos públicos" Constitución, art. 18. El proyecto no eliminaba el impuesto, solo cambiaba sobre qué se calculaba. La tasa del 0,25% se mantenía (art. 23).
El artículo 170 dice que "Las corporaciones municipales son autónomas" y que la ley determinará sus competencias Constitución, art. 170. El proyecto cambiaba la base de un impuesto que administran las municipalidades. Eso podría generar dudas sobre el impacto en las finanzas locales, pero el texto no elimina el tributo ni la competencia municipal.
El artículo 121 dice que corresponde a la Asamblea Legislativa "Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica" Constitución, art. 121. El proyecto era una reforma de ley ordinaria, así que calzaba con esa atribución.
Qué puede hacer usted
Este proyecto ya está archivado. No hay trámite abierto para incidir en él. Pero si le preocupa el impuesto sobre bienes inmuebles, estas herramientas de la guía sirven para otros proyectos o para la gestión municipal.
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Presentar una propuesta de ley por la página web de la Asamblea. La guía explica que existe un formulario web donde cualquier persona puede plantear una propuesta. No hace falta presentar el texto completo, basta con explicar la idea de forma sencilla. La Oficina de Iniciativa Popular recopila las propuestas y las remite a los diputados para que decidan si las adoptan guía, p. 27.
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Cualquier persona u organización puede objetar el contenido guía, p. 66.
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Denunciar ante la Contraloría General de la República. Si sospecha un manejo irregular de fondos públicos municipales, puede presentar una denuncia escrita o verbal. La Contraloría revisa y aprueba presupuestos de municipalidades guía, p. 68.
Lo que no sabemos
- No sabemos cuántos diputados votaron a favor o en contra del dictamen negativo en la comisión, porque el dossier solo dice que fue unánime 1.
- No sabemos si el proyecto recibió audiencias o consultas de municipalidades u otras instituciones, porque el dossier no incluye el detalle de las sesiones de la comisión.
- No sabemos cuánto dinero habrían dejado de recibir las municipalidades si el impuesto se hubiera calculado solo sobre la construcción, porque el dossier no incluye estimaciones de impacto fiscal.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El Censo no encontró un choque directo entre el texto del proyecto y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier. El proyecto buscaba proteger la propiedad y mantenía la tasa del impuesto, aunque cambiaba la base sobre la que se calcula.
Constitución, art. 45"La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley."
Esta ley, art. 9"La base imponible para el cálculo del impuesto será el valor de la construcción que está sobre el terreno registrado en la Administración Tributaria, al 1 de enero del año correspondiente."
Sin choque aparente El proyecto buscaba que familias no perdieran su propiedad por no poder pagar el impuesto sobre el terreno. Eso calza con la protección de la propiedad que ordena la Constitución.
Constitución, art. 18"Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la Patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos."
Esta ley, art. 23"En todo el país, el porcentaje del impuesto será de un cuarto por ciento (0,25%) y se aplicará sobre el valor de la construcción del predio registrado por la Administración Tributaria."
Sin choque aparente El proyecto no eliminaba el impuesto ni la obligación de contribuir. Solo cambiaba sobre qué se calculaba. La tasa se mantenía igual.
Constitución, art. 170"Las corporaciones municipales son autónomas. En el Presupuesto Ordinario de la República, se les asignará a todas las municipalidades del país una suma que no será inferior a un diez por ciento (10%) de los ingresos ordinarios calculados para el año económico correspondiente."
Esta ley, art. 9"La base imponible para el cálculo del impuesto será el valor de la construcción que está sobre el terreno registrado en la Administración Tributaria, al 1 de enero del año correspondiente."
Hay dudas El proyecto cambiaba la base de un impuesto que administran las municipalidades. Eso podría generar dudas sobre el impacto en las finanzas locales, pero el texto no elimina el tributo ni la competencia municipal.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 22259: REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 9 Y 23 DE LA LEY IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, LEY N.° 7509, DE 19 DE JUNIO DE 1995, PARA QUE DICHO IMPUESTO SEA SOBRE EL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y NO DEL TERRENO
- Ley 7509: Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Vigente)
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 9 Y 23 DE LA LEY IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, LEY N.° 7509, DE 19 DE JUNIO DE 1995, PARA QUE DICHO IMPUESTO SEA SOBRE EL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y NO DEL TERRENO
DRAGOS DOLANESCU VALENCIANO DIPUTADO
EXPEDIENTE N.° 22.259
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 9 Y 23 DE LA LEY IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, LEY N.° 7509, DE 19 DE JUNIO DE 1995, PARA QUE DICHO IMPUESTO SEA SOBRE EL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y NO DEL TERRENO
Expediente N.º 22.259
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
En días recientes hemos sido testigos de cómo el gobierno de Carlos Alvarado incluyó en su paquete de negociación con el Fondo Monetario Internacional un aumento a todas luces desproporcionado y confiscatorio del impuesto sobre los bienes inmuebles.
Esta medida implicaría, de ser aprobada, que el impuesto aumentará de un 0,25% a un 0,75% sobre el valor del bien, esto representa un duro golpe para la economía de los costarricenses, que ya no dan más con la gran carga tributaria y la ausencia de medidas de reactivación económica. Impuestos como el propuesto por el gobierno lesionan el principio constitucional de proporcionalidad, pues todos debemos contribuir de acuerdo con nuestras posibilidades reales y según nuestra capacidad económica.
La Ley número 7509, “Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles”, se aprueba con el fin de generar recursos a las municipalidades del país y de concretar todo un proceso de descentralización en dicha actividad, que favorezca el desarrollo nacional.
Estableciendo en su artículo 9 la base imponible para el cálculo del impuesto que será el valor del inmueble registrado en la Administración Tributaria. (Dicho valor incluye el terreno y toda construcción o edificación sobre él).
En Costa Rica, los impuestos territoriales son administrados y recaudados por gobiernos locales (municipalidades) correspondientes al cantón donde la propiedad está situada, esos dineros son directamente utilizados en beneficio de las mismas entidades y del cantón en concreto. Estos impuestos son pagados a una tasa del 0,25% del valor de la propiedad, como se indicó anteriormente, según lo declarado por el contribuyente y lo aceptado por la municipalidad.
Dicho impuesto debe cancelarse cada trimestre, y si el propietario del inmueble incumple, su propiedad se encuentra en riesgo, pues se sujeta a procesos de cobro judicial por parte de la municipalidad, hasta llegar a un remate del bien inmueble. La citada ley también establece que las propiedades deben ser revaloradas cada cinco años y que se debe realizar una declaración jurada por parte del propietario ante la municipalidad para esos fines. Después que la declaración jurada se ha realizado, el valor de la propiedad es calculado y determinado por la municipalidad, de acuerdo con distintas variables, tales como la cantidad total de metros de frente a calle pública, la ubicación, el área total del inmueble y, de ser aplicable, el área total de construcción, entre otras.
Sin embargo, en los últimos años dichas actualizaciones del valor del inmueble que se realizan a solicitud de parte o de oficio por la administración tributaria, en este caso entiéndase los municipios de cada cantón; han resultado ser objeto de incumplimiento de la obligación tributaria por gran parte de la población costarricense, causando así temor en los ciudadanos de perder sus propiedades al no poder hacer frente al pago del impuesto, debido al alto valor que adquiere el inmueble, por la plusvalía de la zona, las construcciones de autopistas, carreteras, caminos vecinales u obras públicas y las mejoras sustanciales que redunden en beneficio de los inmuebles.
Es importante señalar que para gran parte del sector de la población la tierra no es un bien especulativo, es donde habita y convive con su familia. Existen muchos casos de personas de recursos económicos medios y bajos, que han recibido como parte de una herencia o donación, cierta cantidad de terreno, y que por su condición económica se les dificulta realizar el pago del impuesto sobre bienes inmuebles pudiendo perder dicho bien, igualmente existen casos de personas que adquirieron su lote construyendo sobre él edificaciones sencillas y humildes para vivir (de menor valor que el terreno en sí), hasta donde sus condiciones se lo han permitido, pero que al paso del tiempo con la valoración de los terrenos hacen que estos sufran fuertes alteraciones por la plusvalía adquirida, causando que el valor de su inmueble aumente sustancialmente y con ello el valor del impuesto, quedando expuestos de esta manera a perder su propiedad en un posible remate municipal.
Por ello, tomando en cuenta la situación económica actual que vive nuestro país, así como las intenciones de este gobierno, las cuales fueron ampliamente expuestas al inicio de la presente exposición de motivos, aunado al hecho de que lo que le da el mayor costo a una vivienda es el valor del terreno y que el importe a pagar por concepto del impuesto sobre el bien inmueble se obtiene mediante el cálculo del tamaño del terreno, el precio del metro cuadrado (dependiendo de los factores como el área de construcción, el nivel, la cantidad de servicios, la vía de acceso y su ubicación), más el tipo de vivienda, es que creemos que para mayor beneficio del ciudadano se considera importante que el monto que se calcula para el impuesto verse únicamente sobre el valor de la construcción o edificación que se realiza sobre el terreno.
El presente proyecto pretende modificar los artículos 9 y 23 de la actual “Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles” (Ley número 7509), esto con el fin de buscar el mayor beneficio para todos, especialmente para los propietarios y sus familias y velar así por el derecho a la propiedad y vivienda digna de toda persona, evitando que más remates municipales se sigan ejecutando y evitando además que las familias se vean obligadas a vender sus propiedades, por no poder pagar los impuestos, viéndose obligados a buscar propiedades de menor costo en el mejor de los casos, o bien, viéndose obligados a alquilar. Dicho traslado de condiciones, mismo que obedece a las circunstancias descritas, hace perder calidad de vida a las familias, al tener que desarraigarse de la zona donde han vivido.
Por los motivos anteriormente expuestos someto a su consideración el presente proyecto de ley.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 9 Y 23 DE LA LEY IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, LEY N.° 7509, DE 19 DE JUNIO DE 1995, PARA QUE DICHO IMPUESTO SEA SOBRE EL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y NO DEL TERRENO
ARTÍCULO ÚNICO- Refórmense los artículos 9 y 25 de la Ley Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Ley N.° 7509, de 19 de junio de 1995, para que se lea de la siguiente manera:
Artículo 9- Base imponible para calcular el impuesto
La base imponible para el cálculo del impuesto será el valor de la construcción que está sobre el terreno registrado en la Administración Tributaria, al 1 de enero del año correspondiente.
Artículo 23- Porcentaje del impuesto
En todo el país, el porcentaje del impuesto será de un cuarto por ciento (0,25%) y se aplicará sobre el valor de la construcción del predio registrado por la Administración Tributaria.
Dragos Dolanescu Valenciano Diputado
28 de octubre de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.