Archivado el plan que agravaba penas por trata de personas
El proyecto 22.268 proponía cuatro nuevas agravantes al delito de trata de personas, pero se archivó en la Comisión de Derechos Humanos y venció su plazo en octubre de 2024.
Título oficial MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO PENAL (LEY N° 4573 Y SUS REFORMAS) PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN DE PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
A quién le toca
- Personas víctimas de trata de personas en Costa Rica
- Personas forzadas a consumir drogas o alcohol por sus tratantes
- Personas obligadas a transportar o vender drogas
- Personas en situación de mendicidad forzada, embarazo forzado o aborto forzado
- Personas obligadas a introducir armas o drogas a centros penitenciarios
A quién beneficia
- Las víctimas de trata habrían tenido penas más altas para sus tratantes en cuatro situaciones específicas
- Los casos de trata con consumo forzado de drogas o alcohol habrían tenido una agravante propia
- Los casos de mendicidad forzada, embarazo forzado o aborto forzado habrían tenido una agravante propia
Qué cambia
- El proyecto no es ley: está archivado y su plazo venció el 21 de octubre de 2024
- El artículo 172 del Código Penal sigue vigente sin los cuatro incisos que proponía el proyecto
- Para revivir el tema haría falta presentar un proyecto nuevo
La explicación completa
El proyecto de ley 22.268 está archivado. Proponía agregar cuatro circunstancias que suben la pena por trata de personas, pero nunca llegó al Plenario y su plazo de cuatro años venció el 21 de octubre de 2024 1.
Qué propone
El proyecto proponía agregar cuatro incisos nuevos al artículo 172 del Código Penal, que castiga la trata de personas (art. 1). Hoy ese artículo sanciona con prisión de seis a diez años a quien capte, traslade o reciba a personas para explotarlas 2.
La pena sube a ocho a dieciséis años cuando media una circunstancia agravante 2. El proyecto quería sumar cuatro más:
- Inciso g): cuando la víctima es forzada a ingerir bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o drogas de uso no autorizado que alteren su razón, juicio, voluntad u organismo (art. 1).
- Inciso h): cuando la víctima, aunque sea ocasionalmente, se ve obligada a transportar o vender estupefacientes, sustancias psicotrópicas o drogas de uso no autorizado.
- Inciso i): cuando la víctima se encuentra en situación de mendicidad forzada, embarazo forzado o aborto forzado.
- Inciso j): cuando la víctima se ve obligada a introducir armas o drogas de uso no autorizado a centros penitenciarios.
El texto también mantenía la pena de seis a diez años para quien capte o traslade personas para extraerles o trasplantarles órganos, tejidos, células o fluidos (art. 1). Y repetía que, si la víctima es menor de edad, no hace falta que medie amenaza, fuerza o engaño para que el delito exista.
Las diputadas Nidia Lorena Céspedes Cisneros y Carmen Irene Chan Mora presentaron la iniciativa el 9 de noviembre de 2020 (art. 1).
En qué va el trámite
El expediente está archivado. La ficha registra el último movimiento el 15 de febrero de 2022, cuando la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos (Área I) votó y dictaminó el proyecto 1. Ese mismo día el expediente se remitió a archivo.
El plazo cuatrienal venció el 21 de octubre de 2024 1. Para que fuera ley faltaban el primer debate, el segundo debate, la sanción del Poder Ejecutivo y la publicación en La Gaceta Constitución, art. 124. Nada de eso ocurrió.
El proyecto pasó a estudio de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, según la nota al pie del texto (art. 1).
Lo que se dijo en la Asamblea
La única grabación del dossier no trata sobre este proyecto. Es un video del 27 de enero de 2016 sobre un proyecto distinto, para proteger a menores de edad y castigar delitos sexuales, dictaminado en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia 00:00:10.
En esa grabación, una persona sin nombre identificado en el transcript dice que el proyecto lo propuso la Fundación PANIAMOR y que busca corregir errores y llenar vacíos del Código Penal 00:00:27. También menciona una pena de 4 a 10 años para quienes busquen encuentros sexuales con menores por medios informáticos 00:01:23. Nada de esto corresponde al expediente 22.268.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró choque entre lo que proponía el proyecto y los artículos de la Constitución en el dossier. Agregar agravantes a un delito existente no roza los derechos que la Constitución protege.
El artículo 39 dice que a nadie se hará sufrir pena sino por delito sancionado por ley anterior y en virtud de sentencia firme Constitución, art. 39. El proyecto respeta esa regla: no crea un delito nuevo, solo sube la pena cuando ya hay condena por trata de personas.
El artículo 40 prohíbe tratos crueles, penas perpetuas y confiscación Constitución, art. 40. Las penas que proponía el proyecto (hasta dieciséis años) no son perpetuas.
El artículo 41 garantiza que todos encuentren reparación para los daños que reciban Constitución, art. 41. El proyecto no tocaba la reparación a las víctimas.
El artículo 124 exige dos debates en días distintos, aprobación de la Asamblea, sanción del Ejecutivo y publicación en La Gaceta para que un proyecto sea ley Constitución, art. 124. El expediente no llegó a ninguna de esas etapas.
Qué puede hacer usted
Este proyecto ya está archivado, así que las herramientas para incidir en su trámite no aplican. Pero la guía de participación ciudadana tiene opciones para casos así.
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Consultar el estado de cualquier proyecto en la corriente legislativa. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea brinda información inmediata sobre el estado de tramitación de los proyectos, las órdenes del día y la legislación aprobada guía, p. 27.
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Presentar una propuesta de ley por la vía del formulario web de la Asamblea. No hace falta presentar el texto completo, basta con plantear la propuesta de forma sencilla. La Oficina de Iniciativa Popular las recopila y las remite a los diputados guía, p. 27.
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Si quiere que un tema similar vuelva a discutirse, la iniciativa popular exige reunir al menos el 5% de las firmas del padrón electoral y el TSE traslada el proyecto a la Asamblea, que debe votarlo en un plazo máximo de dos años guía, p. 26.
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Para denunciar un caso de trata de personas, la guía indica que cualquier persona que tenga noticia de un delito de acción pública puede denunciarlo al Ministerio Público, a un tribunal penal o a la Policía Judicial guía, p. 126.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué la Comisión de Derechos Humanos votó el proyecto el 15 de febrero de 2022 ni qué sentido tuvo ese dictamen.
El dossier no incluye el texto completo de los incisos a) a f) del artículo 172, que el proyecto dejaba intactos.
El dossier no permite saber si el proyecto tuvo apoyo o rechazo de organizaciones sociales.
El dossier no incluye ninguna grabación de la discusión de este expediente en la Asamblea.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El proyecto no creaba delitos nuevos ni penas perpetuas, y respetaba el principio de legalidad penal. No llegó a las etapas que exige el artículo 124.
Constitución, art. 39"A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad."
Esta ley, art. 1"Adiciónese los incisos g), h), i) y j) al artículo 172 del Código Penal (Ley N° 4573 y sus modificaciones)"
Sin choque aparente El proyecto no inventaba un delito nuevo. Solo subía la pena cuando ya existía condena por trata de personas. Eso respeta la regla de que nadie sufre pena sin delito previsto en ley anterior.
Constitución, art. 40"Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas perpetuas, ni a la pena de confiscación."
Esta ley, art. 1"La pena de prisión será de ocho a dieciséis años, si media, además, alguna de las siguientes circunstancias"
Sin choque aparente La pena máxima que proponía el proyecto era de dieciséis años. No es una pena perpetua ni una confiscación.
Constitución, art. 124"Para convertirse en ley, todo proyecto deberá ser objeto de dos debates, cada uno en día distinto no consecutivo, obtener la aprobación de la Asamblea Legislativa y la sanción del Poder Ejecutivo; además, deberá publicarse en La Gaceta"
Esta ley, art. 1"Rige a partir de su publicación."
Sin choque aparente El proyecto nunca pasó por los dos debates, la sanción del Ejecutivo ni la publicación en La Gaceta. Se archivó en comisión y venció su plazo.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Lo que se dijo, minuto a minuto
- 00:00:27
"un proyecto propuesto y creado por la fundación paniamor"
- 00:01:23
"se establece una pena de 4 a 10 años de prisión para quienes busquen encuentros de carácter sexual con menores de edad en cualquier medio informático o de comunicación"
Las citas vienen de los subtítulos de YouTube de la Asamblea. Cada hora abre el video en ese segundo.
Fuentes
- Expediente 22268: MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO PENAL (LEY N° 4573 Y SUS REFORMAS) PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN DE PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
- Ley 4573: Código Penal (Vigente)
- Constitución Política (texto vigente)
- DICTAMINAN PROYECTO PARA PROTEGER MENORES DE EDAD Y CASTIGAR PEDOFILOS
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO PENAL (LEY N° 4573 Y SUS REFORMAS) PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN DE PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
NIDIA LORENA CÉSPEDES CISNEROS CARMEN IRENE CHAN MORA
DIPUTADAS
EXPEDIENTE N.° 22.268
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
NOTA: A solicitud de las partes interesadas, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO PENAL (LEY N° 4573 Y SUS REFORMAS) PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN DE PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
Expediente N.° 22.268
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
El presente proyecto de ley busca adicionar nuevos incisos al artículo 192 del Código Penal (Ley N° 4573 y sus modificaciones), para fortalecer la lucha contra la trata de personas.
La Ley N° 8720 denominada Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, reformas y adición al Código Procesal Penal y al Código Penal, reformó mediante su artículo 19 el numeral 172 del Código Penal.
La Organización de las Naciones Unidas cuenta con una oficina contra la Droga y el Delito, misma que lidera a nivel mundial la lucha contra las drogas ilícitas y la delincuencia internacional.
En Costa Rica, existen organizaciones y programas como la Campaña Corazón Azul, que permiten verificar el compromiso de la Organización de las Naciones Unidas contra el delito de trata de personas. Además, cuando una persona es sometida a ese delito, es posible que también se vulneren algunos de sus derechos humanos tales como: el derecho a la vida, derecho a la integridad personal, prohibición de la esclavitud y servidumbre, derecho a la libertad personal y el derecho a la protección de la honra y de la dignidad humana. En virtud de lo anterior, para proteger los derechos descritos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, de la misma manera otros instrumentos internacionales resguardan los derechos humanos de las víctimas de la trata de personas, se pretende proteger a las víctimas de ese delito.
En Colombia, el Senador John Milton Rodríguez, fue autor del proyecto de ley N° 157 de 2020, mismo que fue presentado ante el Senado de la República, denominado proyecto de ley “por medio del cual se modifica el Código Penal Colombiano Ley 599 de 2000, adicionando una circunstancia de agravación punitiva del delito de trata de personas consagrado en el artículo 188-B, se modifica su parágrafo y se adiciona un segundo párrafo al citado artículo”. También fueron coautores de la iniciativa Édgar Enrique Palacio Mizrahi, Eduardo Emilio Pacheco y Carlos Eduardo Acosta, todos senadores del mismo Parlamento.
Un inciso en el mismo sentido debería ser introducido en la legislación nacional, para fortalecer la lucha contra la trata de personas, así como los demás incisos que se plantean en esta iniciativa. Es por esa razón que se da crédito al proyecto de ley del Senador y se estima necesario adaptarlo a la legislación costarricense vigente en materia de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o drogas de uso no autorizado.
Es necesario agravar las penas para el delito de trata de personas, ante situaciones punibles que vayan más allá de una simple privación de libertad, desde un enfoque que proteja a la persona a la luz de los derechos humanos que ya se han descrito.
Según el periódico La Nación “en promedio cada 15 días surge una víctima de trata en Costa Rica”, eso con base en lo indicado el 24 de setiembre del 2018. Para el mismo medio informativo, Lysalex Hernández indicó el 21 de octubre del 2018, lo siguiente: “Trata de personas: el delito de comprar vidas en Costa Rica”. En dicha publicación, agregó el siguiente gráfico que ilustra muy bien la situación nacional:
Fuente: Periódico La Nación, “Trata de personas: el delito de comprar vidas en Costa Rica”, del 21 de octubre del 2018. El delito de trata de personas ha producido sociedades más inseguras y afecta en todos los ámbitos de la vida y la salud a las víctimas. Eso justifica la necesidad de adicionar nuevas agravantes al artículo 172 del Código Penal, para sancionar circunstancias análogas a la privación de la libertad de otra persona, como consecuencia de la trata de personas.
Según el Instituto Nacional de las Mujeres (2020), el Estado costarricense ha realizado las siguientes acciones, en contra del delito de trata de personas:
“Firma y ratificación de la Ley 8315, del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que contempla la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también llamado Protocolo de Palermo. Mediante Decreto Ejecutivo No. 34199-G-MSP-J-MEP-S-MTSS-RREE, se refuerza la Coalición Nacional Contra Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas. Mediante Decreto No. 35144-MG-MTSS, se crea el Equipo de Respuesta Inmediata, para la atención de situaciones de Trata. Se construye un proyecto regional con el BID-ECPAT, sobre Lineamientos Nacionales para el Fortalecimiento de la Coordinación Institucional para combatir la Trata de Personas en Costa Rica. Se aprueba la Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, reformas y adición al Código Procesal Penal y al Código Penal. Específicamente la modificación al Artículo 172.- Delito de trata de personas”.
La Ley N° 9095 denominada Ley contra la Trata de Personas y Creación de la Coalición Nacional contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas (CONATT) fue pionera en la materia.
El artículo 74 de esa ley, reformó el 192 del Código Penal, para adaptar los agravantes para sancionar la trata de personas. Como toda ley, siempre se puede depurar y mejorar para irla depurando, según las necesidades que surjan en sociedad. Eso es lo que se pretende con la presente iniciativa.
Cualquier persona que resida en el país podría eventualmente ser víctima del delito de trata de personas. Y lamentablemente, en muchas ocasiones estas víctimas se ven sometidas a circunstancias inhumanas, degradantes y contrarias a la dignidad humana. Por eso es necesario fortalecer la legislación penal, en aras de proteger a la población y especialmente a aquellos sectores de la sociedad más vulnerables.
De la O & Herrera (2015) indicaron:
“Dependiendo de la finalidad que se persiga por medio del tratante o persona interviniente en el delito de trata de personas, se lesionan varios bienes jurídicos tutelados en el ordenamiento jurídico, entre los cuales están la vida, la libertad, la autodeterminación sexual, la dignidad e integridad física y el patrimonio. Con base en lo anterior, realizando un balance del mapa normativo expuesto, se puede inferir que la trata de personas es un delito que se encuentra en constante evolución y que en respuesta a esto las autoridades tanto (…) internacionales como nacionales han tenido que innovar los aspectos jurídicos para estar acorde con las nuevas formas de criminalidad. Queda en evidencia que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional surgió como una respuesta internacional ante la creciente organización de grupos delictivos. Por otro lado, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños implementó la definición más destacada sobre la trata de personas, sin embargo, a la hora de aplicar este último, por su carácter complementario siempre es necesario remitirse a las disposiciones generales de la Convención. El sistema penal costarricense en materia de trata de personas ha sufrido una serie de reformas durante su vida jurídica. Por un lado, con las modificaciones efectuadas al artículo 172 del Código Penal y posteriormente con las reformas y adiciones a este cuerpo normativo gracias a la incorporación en el ordenamiento de la Ley 9095. No obstante, pese a que se pretendió seguir las bases sentadas por el Protocolo de Palermo, la regulación del tipo penal de trata de personas en Costa Rica es objeto de críticas por algunos expertos, en el entendido que se ocupó por delimitar en sobremanera el delito al añadir en su redacción el requisito del desplazamiento. Además, la tendencia del legislador nacional por ser demasiado específico lo llevó a crear un tipo penal sumamente restringido y limitado al pretender abarcar una serie de situaciones que a corto o largo plazo terminarán por quedar desfasadas debido a la constante modernización de las formas de criminalidad, en especial cuando se habla de grupos delictivos organizados” (pp.173-174).
Casualmente, existen formas de delinquir no reguladas expresamente por la legislación penal vigente, mismas que deberían ser objeto de estudio, discusión y aprobación en este Parlamento. Como señalan los autores, el artículo 172 del Código Penal requiere ser modificado para que no quede desfasado ante los cambios que puedan irse presentando con el paso del tiempo, para oponerse a la manera de operar que tienen las personas que acostumbran a infringir la ley penal respecto a la trata de personas.
Mencionan Rodríguez & Rojas (2011) citados por Rodríguez & Ramos (2017) lo siguiente: “Tal y como afirman Adriana Rodríguez y Alberto Rojas, la comprensión acerca de la trata de personas debe situarse en el sistema capitalista y la expansión del modelo neoliberal que genera exclusión social, pobreza, desempleo y demanda mundial de trabajo barato. Por otra parte, debe reconocerse la existencia de redes delictivas organizadas, la existencia de leyes y políticas que vulnerabilizan a las personas migrantes, así como la impunidad sistemática en los sistemas de justicia” (p.19).
Las implicaciones psicológicas de la trata de personas, también producen severos daños emocionales en las víctimas de la trata de personas. Señala Méndez (2013) lo siguiente:
“Las agresiones psicológicas experimentadas durante un periodo prolongado facilitan el sometimiento de las víctimas, pues crean el pensamiento esclavista que los somete a posicionarse y adaptarse a la condición de la trata de personas con fines de explotación sexual comercial en el interior del país. Igualmente, el despotismo físico con que someten los tratantes a las captadas se hace solapadamente hasta que estas dejan de intentar escapar o denunciar y acceden a la explotación sexual comercial. Sin embargo, el engaño, el traslado y la explotación se realiza a la vista de la sociedad, pero como esta desconoce o piensa que no existe una relación de dominio realizada por los explotadores, la problemática persiste al omitirse esta situación” (p.126).
No es concebible que en el siglo XXI continúen existiendo víctimas de trata de personas, delito que además de resultar denigrante, priva de la libertad, sueños y aspiraciones de vida de cualquier víctima. Lamentablemente se encuentran sometidas a nuevas formas de esclavitud moderna, en detrimento de sus derechos fundamentales y eso produzca la “cosificación de las personas” como si se tratara de simples objetos o mercancías con los que se puede negociar. Eso va en desmejora de los derechos fundamentales básicos reconocidos dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En virtud de las consideraciones expuestas, someto a conocimiento de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley para su estudio y pronta aprobación por parte de las Señoras y Señores Diputados.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO PENAL (LEY N° 4573 Y SUS REFORMAS) PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN DE PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
ARTÍCULO 1- Adiciónese los incisos g), h), i) y j) al artículo 172 del Código Penal (Ley N° 4573 y sus modificaciones), para que de ahora en adelante se lea de la siguiente manera:
Artículo 172- Trata de personas. Será sancionado con pena de prisión de seis a diez años, quien mediante el uso de las tecnologías o cualquier otro medio, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder, a una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, promueva, facilite, favorezca o ejecute, la captación, el traslado, el transporte, el alojamiento, el ocultamiento, la retención, la entrega o la recepción de una o más personas dentro o fuera del país, para someterlas a trabajos o servicios forzados y otras formas de explotación laboral, la servidumbre, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, el matrimonio servil o forzado, la adopción irregular y la ejecución de cualquier forma de explotación sexual.
La pena de prisión será de ocho a dieciséis años, si media, además, alguna de las siguientes circunstancias:
[…] […] […] […] […] […] […]
g) Cuando la persona perjudicada, sea forzada a ingerir bebidas etílicas, tabaco, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o drogas de uso no autorizado, que alteren su razón, juicio, voluntad u organismo.
h) Cuando la persona perjudicada, aunque sea ocasionalmente, se vea obligada a transportar o a vender estupefacientes, sustancias psicotrópicas o drogas de uso no autorizado.
i) Cuando la persona perjudicada, se encuentre en alguna situación de mendicidad forzada, embarazo forzado o aborto forzado.
j) Cuando la persona perjudicada, se vea obligada a introducir armas o drogas de uso no autorizado a Centros Penitenciarios.
Será sancionado con la pena señalada en el primer párrafo de este numeral, quien promueva, facilite, favorezca o ejecute, la captación, el traslado, el transporte, el alojamiento, el ocultamiento, la retención, la entrega o la recepción de una o más personas dentro o fuera del país, para la extracción ilícita o el trasplante ilícito de órganos, tejidos, células o fluidos humanos.
Tratándose de personas menores de edad, para la configuración del delito no será necesario que se recurra a los modos de ejecución descritos en el primer párrafo de este artículo.
Rige a partir de su publicación.
Nidia Lorena Céspedes Cisneros Carmen Irene Chan Mora
Diputadas
9 de noviembre de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos.
El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.