# Expediente 22272: Proyecto de prórroga de juntas directivas ya es la Ley 9956 - Página: https://elcenso.com/leyes/22272 - Tipo: Proyecto de ley (expediente legislativo) - Título oficial: REFORMA DEL ARTICULO 1, DE LA LEY N.º 9966 DENOMINADA "LEY AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA EN LOS NOMBRAMIENTOS DE JUNTAS DIRECTIVAS Y OTROS ÓRGANOS EN LAS ORGANIZACIONES CIVILES, LOS CUALES VENCEN EN EL AÑO 2020, PARA QUE ESTE PLAZO SEA EXTENDIDO AL AÑO 2021 DE MANERA AUTOMÁTICA, ANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19" - Publicada: 2020-11-06 - La Gaceta: 267 - Fuente oficial: https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx ## En resumen La Ley 9956 prorrogó un año los nombramientos de juntas directivas de organizaciones civiles que vencían en 2020 y 2021 por la emergencia del COVID-19. ## A quién le toca - Juntas directivas de asociaciones solidaristas cuyos nombramientos vencían en 2020 o 2021 - Juntas administrativas de fundaciones y juntas directivas de sindicatos - Consejos de administración de cooperativas - Juntas directivas de condominios y sus administradores - Asociaciones de desarrollo reguladas por la Ley 3859 ## A quién beneficia - Los nombramientos vencidos en 2020 y 2021 se prorrogaron hasta por un año adicional - Las juntas directivas pudieron aprobar presupuestos y estados financieros si no se pudo hacer la asamblea - Las organizaciones evitaron gastar en asambleas virtuales durante la emergencia ## Qué cambia - Las organizaciones que no pudieron renovar sus órganos mantuvieron personería jurídica vigente - La prórroga aplicó solo si la asamblea no se pudo hacer por la emergencia del COVID-19 - La ley exigió esfuerzos razonables para realizar la asamblea antes de aplicar la prórroga ## Explicación El expediente 22272 ya no está en trámite: se convirtió en la Ley 9956, publicada el 24 de febrero de 2021 [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=93763¶m2=124574¶m3=1). El proyecto proponía reformar el artículo 1 de la Ley 9866 para extender la prórroga de nombramientos al año 2021 ([art. único](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). ### Qué propone El proyecto proponía reformar el artículo 1 de la Ley 9866, de 18 de junio de 2020 ([art. único](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Esa ley original prorrogaba los nombramientos que vencían entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2020 [\[3\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=91664¶m2=124575¶m3=1). La reforma proponía prorrogar hasta por un año adicional los nombramientos que vencieran entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021 ([art. único](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). También cubría a quienes debían renovar sus estructuras en ese periodo. La lista de organizaciones incluía fundaciones, sindicatos, asociaciones de desarrollo, cooperativas, condominios y asociaciones solidaristas ([art. único](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). También cubría federaciones, confederaciones, tribunales electorales, sociedades mercantiles y el directorio del Banco Popular. El texto citaba el artículo 28 de la Ley 6970, que obliga a celebrar una asamblea general anual dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio administrativo ([art. único](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Quien no la convocara podía incurrir en administración fraudulenta. El proyecto argumentaba que la pandemia impedía hacer asambleas presenciales ([art. único](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). También señalaba limitaciones tecnológicas y económicas para hacerlas virtuales. ### En qué va el trámite El expediente 22272 se convirtió en la Ley 9956, que está vigente [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=93763¶m2=124574¶m3=1). El trámite legislativo del proyecto terminó y no queda nada pendiente para que sea ley. La ficha registra el inicio del trámite el 29 de octubre de 2020 y un vencimiento cuatrienal el 29 de octubre de 2024 [\[2\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). El proyecto pasó a estudio de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos ([art. único](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). La Ley 9956 reformó los artículos 1 y 2 de la Ley 9866 [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=93763¶m2=124574¶m3=1). El artículo 1 prorrogó los nombramientos vencidos desde el 1 de marzo de 2020 y los que vencieran antes del 31 de diciembre de 2020. Para 2021, prorrogó los nombramientos que ya habían sido prorrogados en 2020 y que vencían en 2021. El artículo 2 de la Ley 9956 autorizó a las juntas directivas y consejos de administración a aprobar presupuestos, estados financieros y distribución de excedentes [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=93763¶m2=124574¶m3=1). Eso aplicaba solo si no se pudo hacer la asamblea por la emergencia del COVID-19. ### Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque directo entre la Ley 9956 y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier. La ley regula la organización interna de asociaciones privadas y no toca derechos fundamentales de las personas. El artículo 64 de la Constitución ordena al Estado fomentar cooperativas y procurar el desarrollo del solidarismo ([Constitución, art. 64](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). También reconoce el derecho de patronos y trabajadores a organizarse en asociaciones solidaristas. La prórroga de nombramientos calza con ese mandato de apoyo a la organización social. El artículo 121 de la Constitución da a la Asamblea Legislativa la potestad de dictar y reformar leyes ([Constitución, art. 121](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). La Ley 9956 se aprobó por ese cauce, así que no hay duda sobre la competencia del órgano. El artículo 45 de la Constitución protege la propiedad privada ([Constitución, art. 45](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). La ley no priva a nadie de su propiedad: solo extiende el plazo para renovar órganos directivos. ### Qué puede hacer usted Si su organización civil tiene una junta directiva cuyo nombramiento vencía en 2020 o 2021, revise si la Ley 9956 la cubre [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=93763¶m2=124574¶m3=1). Puede pedir información sobre el estado de un proyecto de ley en la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). Esa oficina brinda información sobre la tramitación de los proyectos y la legislación aprobada. Puede presentar una propuesta de ley mediante el formulario web de la Asamblea ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). La Oficina de Iniciativa Popular recopila esas iniciativas y las remite a los diputados. Si considera que una ley viola la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad ([guía, p. 24](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=24)). La guía explica que procede contra leyes que infrinjan alguna norma o principio constitucional. ### Lo que no sabemos El dossier no dice cuántas organizaciones usaron la prórroga de la Ley 9956. El dossier no incluye el texto completo de la Ley 9956, solo extractos de los artículos 1 y 2 [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=93763¶m2=124574¶m3=1). El dossier no registra si la Ley 9956 tuvo consultas con las organizaciones afectadas. El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente. ## Frente a la Constitución La Ley 9956 regula la organización interna de asociaciones privadas y calza con el mandato constitucional de apoyar el solidarismo y las cooperativas. El Censo no encontró choque con los artículos del dossier. ## Qué puede hacer usted - Consultar el estado de un proyecto de ley en la Oficina de Iniciativa Popular: Pida información sobre la tramitación de proyectos, órdenes del día y legislación aprobada en la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Presentar una propuesta de ley por formulario web: Llene el formulario web de la Asamblea con su propuesta. No necesita el texto completo, basta con plantearla de forma sencilla (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Presentar una acción de inconstitucionalidad: Presente el recurso ante la Sala Constitucional indicando el hecho, el derecho violado y las pruebas (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=24) ## Lo que no sabemos - No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente. ## Fuentes 1. Ley 9956: Reforma Autoriza prórroga en los nombramientos de Juntas Directivas y otro Órganos en las Organizaciones Civiles que vencen en el 2020, para que este plazo sea extendido hasta el 2021 de manera automática ante la declaratoria de emergencia covid-19 (Vigente). SINALEVI, Procuraduría General de la República, 24/02/2021. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=93763¶m2=124574¶m3=1 2. Expediente 22272: REFORMA DEL ARTICULO 1, DE LA LEY N.º 9966 DENOMINADA "LEY AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA EN LOS NOMBRAMIENTOS DE JUNTAS DIRECTIVAS Y OTROS ÓRGANOS EN LAS ORGANIZACIONES CIVILES, LOS CUALES VENCEN EN EL AÑO 2020, PARA QUE ESTE PLAZO SEA EXTENDIDO AL AÑO 2021 DE MANERA AUTOMÁTICA, ANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19". Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa, 2020-11-06. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx 3. Ley 9866: Autoriza prórroga en los nombramientos de Juntas Directivas y otro Órganos en las Organizaciones Civiles que vencen en el 2020, para que este plazo sea extendido hasta el 2021 de manera automática ante la declaratoria de emergencia por el COVID-19 (Vigente). SINALEVI, Procuraduría General de la República, 18/06/2020. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=91664¶m2=124575¶m3=1 4. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 5. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf ## Texto oficial completo ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY REFORMA DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY N.º 9966 DENOMINADA, LEY AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA EN LOS NOMBRAMIENTOS DE JUNTAS DIRECTIVAS Y OTROS ÓRGANOS EN LAS ORGANIZACIONES CIVILES, LOS CUALES VENCEN EN EL AÑO 2020, PARA QUE ESTE PLAZO SEA EXTENDIDO AL AÑO 2021 DE MANERA AUTOMÁTICA, ANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID- 19 ERICK RODRÍGUEZ STELLER DIPUTADO EXPEDIENTE N.° 22.272 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES PROYECTO DE LEY REFORMA DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY N.º 9966 DENOMINADA, LEY AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA EN LOS NOMBRAMIENTOS DE JUNTAS DIRECTIVAS Y OTROS ÓRGANOS EN LAS ORGANIZACIONES CIVILES, LOS CUALES VENCEN EN EL AÑO 2020, PARA QUE ESTE PLAZO SEA EXTENDIDO AL AÑO 2021 DE MANERA AUTOMÁTICA, ANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID- 19 Expediente N.° 22.272 ASAMBLEA LEGISLATIVA: Las asociaciones solidaristas nacen en Costa Rica en el año 1949, ante la iniciativa de licenciado Alberto Martén Chavarría, quien plantea una nueva forma de desarrollar las relaciones obrero-patronales. Más tarde será el presbítero Claudio María Solano Cerdas, quien inicia una lucha por dotar de legislación y expansión del solidarismo en el sector bananero. Este movimiento encuentra fundamento filosófico en tres grandes fuentes: las corrientes modernistas de la solidaridad planteadas por pensadores como Henry Pesch, el pensamiento social de iglesia católica y la propia realidad del ser costarricense. Desde el punto de vista ideológico, el solidarismo se basa en la búsqueda de armonía de los trabajadores y los empresarios, proclama principios de paz, equidad, justicia, cooperación y respeto a la dignidad de las personas. Su objetivo primario es servir al trabajador y su familia proporcionando un clima laboral estable, que permita la integración pacífica de capital y trabajo, en la tarea de reproducir bienes y servicios socialmente útiles y fruto de este proceso; la distribución equitativa de la riqueza generada, en proporción a las inversiones, los riesgos y el aporte de cada trabajador. La manifestación práctica de los servicios solidaristas es la creación de organizaciones solidaristas, constituidas por grupos de trabajadores de diferentes sectores del quehacer nacional; es así que existen asociaciones solidaristas en la fábrica, finca agrícola, centros educativos, tienda, taller, entidades estatales y cualquier otra actividad empresarial; donde se estimula el ahorro, la ayuda mutua y el desarrollo integral de quienes participan en la organización. Con un marco jurídico claramente planteado en la Ley N.° 6970 “Ley de Asociaciones Solidaristas”, cuenta con personería jurídica propia, estas son administradas por los mismos trabajadores. Su esquema está basado en un ahorro porcentual de sus afiliados, el cual oscila entre un 3% y un 5% de su salario; asimismo, reciben un aporte patronal semejante al aporte realizado por cada trabajador. Este aporte realizado por la empresa donde existe la organización, representa un adelanto de auxilio de cesantía, es decir, el patrono deposita por adelantado sus futuras obligaciones de indemnización por cesantía; establecidas en nuestra legislación laboral. Estos recursos son administrados por la organización solidarista a través de inversiones en el mercado financiero, programas de crédito orientados a satisfacer las necesidades inmediatas del trabajador, alianzas estratégicas con empresas y personas que ofrecen productos y servicios en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida del trabajador y su familia. Adicionalmente a este proceso, muchas organizaciones solidaristas se han dado a la tarea de conformar nuevas alternativas de inversión, en lo que se denomina desarrollo de empresas “periféricas”, ya que estas nacen para satisfacer alguna necesidad propia de la empresa o los trabajadores asociados donde existe una asociación solidarista. Con la entrada en vigencia de la Ley N.° 9635, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, se produjo un cambio importante en el periodo fiscal de todas las personas físicas y jurídicas de nuestro país, pasando su cierre fiscal del mes de octubre a diciembre. Para el periodo fiscal 2019-2020, se declara un periodo fiscal especial que inicia el 01 de octubre de 2019, concluyendo el 31 de diciembre de 2020. Fundamentados en un criterio de necesidad y oportunidad, muchas organizaciones del sector solidarista y otros similares, trasladamos nuestras asambleas generales para los primeros meses del año 2021. Lo anterior debido a que nuestras asambleas generales anuales por mandato de ley, en cuanto a informes contables deben realizarse sobre un estado financiero de cierre de periodo fiscal, para determinar lo que en derecho corresponda. Para los primeros meses del año 2021, el solidarismo esperaba realizar sus asambleas generales presenciales y siguiendo sus principios democráticos aprobar los informes del periodo, elegir sus órganos de gobierno y distribuir los excedentes obtenidos. Estos excedentes son propiedad de los asociados, los cuales cumplen una función importante en los ingresos familiares de los solidaristas. Al efecto, establece la Ley N.° 6970 “Ley de Asociaciones Solidaristas” en sus artículos 26 y 28 respectivamente: ### Artículo 26- La asamblea general legalmente convocada es el órgano supremo de la asociación y expresa la voluntad colectiva en las materias de su competencia. A ella corresponden las facultades que la presente ley o sus estatutos no atribuyan a otro órgano de la asociación. Las atribuciones que la presente ley confiere a la asamblea general son intransferibles y de su exclusiva competencia. ### Artículo 28- Necesariamente se celebrará por lo menos una Asamblea General Ordinaria anual, que se efectuará dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio administrativo de la asociación, bajo pena de que incurran en administración fraudulenta quienes tuvieren a su cargo la responsabilidad de convocarla y no lo hicieren. Pero la realidad mundial y nacional a inicios del 2020 nos cambió todos nuestros planes, las primeras noticias de una nueva enfermedad (coronavirus), a nivel mundial, iniciaba una nueva página en la historia de la humanidad. Ya para marzo de 2020 se declara pandemia mundial al covid-19, y pronto empiezan los contagios en nuestro país, los cuales obligan al Estado costarricense a tomar medidas sanitarias extremas y se emiten varios decretos ejecutivos tendientes a velar por la salud de la población y evitar el contagio de las personas, muestra de ello son los siguientes decretos: - Decreto Ejecutivo N.º 42221-S, de 10 de marzo de 2020, que prohíbe la concentración masiva de personas. - Decreto Ejecutivo N.º 42227-MPS, de 16 de marzo de 2020, que declara estado de emergencia por el covid-19. Posterior a esto y como producto de varias consultas al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dan como resultado el criterio jurídico DAJ-AER-OFP-78-2020, del 22 de marzo del 2020, el cual establece un procedimiento temporal para la realización de asambleas generales virtuales que deben cumplir con los siguientes requisitos: “Sin duda alguna, la asamblea resulta de vital importancia, pues uno de los aspectos que se realizan es el nombramiento de sus directores, no obstante, el presente “ESTADO DE EMERGENCIA” decretado por el Gobierno de la República, y la alerta amarilla con las diferentes directrices emanadas por el Ministerio de Salud, devienen en una situación que encaja en el concepto de fuerza mayor antes expuesto, que justifica la NO realización de la misma Esto, en virtud de que la aglomeración de personas para su celebración, (máxime si involucra a adultos mayores con mayor riesgo y vulnerabilidad), va en contra de las recomendaciones higiénicas y de salud emanadas por el Gobierno de Costa Rica, debido a que facilitan la acelerada propagación del “coronavirus” que ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como pandemia, hecho notorio y vastamente difundido por los medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Ante lo anterior, resulta razonable y viable, la suspensión de todas las actividades públicas o privadas, incluidas las asambleas de las diferentes organizaciones sociales. No obstante, la suspensión de asambleas puede generar en algunos casos que los miembros que conforman -en este caso- el Consejo de Administración o Junta Directiva, se queden sin nombramiento vigente, sin personería jurídica vigente y por ende se vuelva imposible para la organización operar con normalidad… Ahora bien, a pesar de las limitantes que genera la propagación del coronavirus y las recomendaciones de aislamiento y de socialización emitidas por el Gobierno de Costa Rica, es nuestro interés recomendar de manera excepcional, que recurran a la alternativa de realizar la asamblea a través de las facilidades que hoy día nos ofrecen los medios tecnológicos, pero bajo la modalidad de “video conferencia” … Por ende, consideramos admisible el uso de medios tecnológicos para las sesiones de los órganos colegiados, siempre que se protejan los principios de simultaneidad y colegialidad, es decir que los miembros estén en comunicación al mismo tiempo, con acceso a la imagen y a la voz de cada uno, sin que distraigan dicho tiempo en otras labores. Por consiguiente, ante el estado de emergencia y las medidas de salud e higiene decretadas por las autoridades gubernamentales, para evitar la propagación del “coronavirus”, aunado al resguardo del derecho humano y constitucional a la vida y a la salud, consideramos procedente que, las asambleas de miembros y sesiones de Junta Directiva y/o Consejos de Administración se puedan desarrollar utilizando de manera excepcional el medio tecnológico de la “video conferencia” el cual permite el resguardo de los principios de simultaneidad, interactividad e integralidad que las hace válidas, eficaces e inscribibles ante el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social… (El subrayado no es del original). Con esta nueva realidad nos preparamos para desarrollar, si es del caso, nuestras asambleas generales virtuales; sin embargo, hemos encontrado importantes limitaciones tecnológicas y económicas; que ponen en riesgo el desarrollo de estas. El país tiene poca experiencia en el desarrollo de actividades masivas en plataformas virtuales, además muchos de nuestros asociados no cuentan con una herramienta tecnológica que garantice su participación. Asimismo, la cobertura de Internet en el país tiene limitaciones cuando muchas personas se conectan a Internet se provoca la “caída” de la señal o la baja capacidad para subir o bajar datos. Las pocas empresas que brindan un servicio considerado de calidad están cobrando sumas elevadas por dar el servicio. Eso implicaría gastar recursos económicos importantes que podrían destinarse a necesidades de mayor relevancia para los asociados. Fundamentamos la solicitud de ampliación de los nombramientos de las juntas directivas y otros órganos en las organizaciones civiles con base en lo anteriormente manifestado, así como en los siguientes razonamientos: - No se espera que la pandemia covid-19 tenga solución médica (vacuna) antes del primer semestre del 2021. - Si bien la opción de una asamblea virtual puede resolver el problema, para organizaciones con cantidades de afiliación alta, puede no ser una solución viable, por el riesgo de no lograr una comunicación efectiva; como lo establece el pronunciamiento del MTSS. - La prórroga nos daría un espacio importante para dedicar los costos de la asamblea, a mitigar necesidades básicas de los asociados, principalmente aquellos que han sido más afectados por la actual crisis económica. Con base en lo expuesto, las razones de hecho y de derecho, así como la realidad de nuestro país, se somete a consideración de los y las señoras diputadas el presente proyecto de ley. **LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA** **DECRETA:** REFORMA DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY N.º 9966 DENOMINADA, LEY AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA EN LOS NOMBRAMIENTOS DE JUNTAS DIRECTIVAS Y OTROS ÓRGANOS EN LAS ORGANIZACIONES CIVILES, LOS CUALES VENCEN EN EL AÑO 2020, PARA QUE ESTE PLAZO SEA EXTENDIDO AL AÑO 2021 DE MANERA AUTOMÁTICA, ANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID- 19 ### ARTÍCULO ÚNICO- Refórmese el artículo 1 de la Ley N.° 9866, de 18 de junio de 2020, Ley Autorización de Prórroga en los Nombramientos de Juntas Directivas y otros Órganos en las Organizaciones Civiles, los cuales Vencen en el Año 2021, para que este Plazo Sea Extendido al Año 2022 de manera Automática, ante la Declaratoria de Emergencia Nacional por el Covid-19, para que se lea de la siguiente manera: ### Artículo 1- Se tienen por prorrogados hasta por un año adicional, los nombramientos que venzan a partir del 1 de enero de 2021 y hasta el 30 de junio de 2021, inclusive, o que deban realizar sus procesos de renovación de estructuras durante ese periodo, de los siguientes órganos y organizaciones sociales: a) Las juntas administrativas de las fundaciones y las juntas directivas de los sindicatos y de las asociaciones de desarrollo y cualquier otro órgano, constituidos de conformidad con las leyes: Ley N.° 5338, Ley de Fundaciones, de 28 de agosto de 1973; Ley N.° 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943, y Ley N.° 3859, Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, de 7 de abril de 1967, respectivamente. b) Los consejos de administración, delegados a la asamblea general, los comités de vigilancia, educación, bienestar social y cualquier otro comité establecido en la ley o en los estatutos de las asociaciones cooperativas, de conformidad con la Ley N.° 4179, Ley de Asociaciones Cooperativas, de 22 de agosto de 1968. c) Las juntas directivas constituidas de conformidad con la Ley N.° 7933, Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, de 28 de octubre de 1999, y sus administradores. d) Las juntas directivas y la fiscalía de las asociaciones solidaristas, de conformidad con la Ley N.° 6970, Ley de Asociaciones Solidaristas, de 7 de noviembre de 1984. e) Las juntas directivas, los consejos de gobierno o de su órgano de dirección de las federaciones o confederaciones que estuvieran integradas por fundaciones, sindicatos, asociaciones de desarrollo, cooperativas, asociaciones solidaristas y colegios profesionales. f) Los nombramientos de los tribunales electorales o del órgano encargado de la organización, dirección y fiscalización de la elección de algunos de los órganos indicados en los incisos anteriores. g) Las sociedades mercantiles. h) Las organizaciones constituidas mediante la Ley N.° 3859, Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, de 7 de abril de 1967, sobre desarrollo de la comunidad. i) El directorio nacional y cualquier otro órgano de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal, Ley N.° 4351, Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, de 11 de julio de 1969. Rige a partir de su publicación. Erick Rodríguez Steller Diputado 4 de noviembre de 2020 NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos. Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios. Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/22272). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.