# Expediente 22284: Archivado el plan que ponía a los auditores internos bajo la Contraloría - Página: https://elcenso.com/leyes/22284 - Tipo: Proyecto de ley (expediente legislativo) - Título oficial: REFORMA DE LOS ARTICULOS 24, 31 Y EL INCISO A) DEL ARTICULO 45 DE LA LEY N° 8292 LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO DEL 31 DE JULIO DEL 2002 Y SUS REFORMAS, QUE MODIFICA EL ARTICULO 26 Y 31 DE LA LEY N° 7428 LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL 07 DE SETIEMBRE DE 1994, PARA QUE LOS AUDITORES Y SUBAUDITORES INTERNOS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DEPENDAN ORGANICA Y ADMINISTRATIVAMENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA - Publicada: 2020-11-16 - La Gaceta: 273 - Fuente oficial: https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx ## En resumen El expediente 22.284 murió por vencimiento del plazo cuatrienal; proponía que auditores y subauditores internos dejaran de depender del jerarca de cada institución y pasaran a depender de la Contraloría General. ## A quién le toca - Auditores y subauditores internos de todas las instituciones públicas sujetas a la Ley 8292 - Jerarcas de instituciones públicas, que dejarían de nombrar a su auditor interno - La Contraloría General de la República, que asumiría planillas y nombramientos ## A quién beneficia - Ninguno: el proyecto está archivado y no cambia nada - Si se hubiera aprobado, habría separado al auditor interno del jerarca al que hoy fiscaliza ## Qué cambia - El expediente venció el 3 de noviembre de 2024 y se archivó el 8 de enero de 2025 - Para revivir el tema haría falta presentar un proyecto nuevo o una iniciativa popular ## Explicación El expediente 22.284 ya no está en trámite. Venció su plazo de cuatro años y la Asamblea lo archivó el 8 de enero de 2025 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). ### Qué propone El proyecto proponía cambiar quién manda a los auditores internos de las instituciones públicas. Hoy el auditor y el subauditor internos dependen del jerarca máximo de cada entidad, y ese jerarca los nombra (art. 24). El texto proponía que pasaran a depender orgánica y administrativamente de la Contraloría General de la República [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). La reforma tocaba tres artículos de la Ley 8292, Ley General de Control Interno: los artículos 24, 31 y el inciso a) del artículo 45 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). También modificaba los artículos 26 y 31 de la Ley 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General. El objetivo que declara el texto es evitar "eventuales compadrazgos entre la Administración Activa y el departamento de auditoría interna" (art. 24). La diputada Shirley Díaz Mejía firmó la iniciativa [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). ### En qué va el trámite El expediente está archivado. La Asamblea recibió el proyecto el 3 de noviembre de 2020 y lo asignó a comisión el 9 de noviembre de ese año [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). La comisión de Jurídicos (Área VII) lo recibió el 18 de noviembre de 2020 y lo puso en el orden del día el 24 de noviembre. El plazo cuatrienal venció el 3 de noviembre de 2024 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). El archivo por vencimiento de ese plazo se registró el 7 de enero de 2025, y el archivo definitivo del expediente quedó el 8 de enero de 2025. Para que fuera ley faltaba el dictamen de la comisión, el primer debate y el segundo debate en el Plenario. Nada de eso ocurrió. ### Lo que se dijo en la Asamblea No hay grabaciones de la Asamblea sobre este expediente. El dossier no incluye videos ni transcripciones de sesiones donde se discutiera el 22.284. ### Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque directo entre el texto y los artículos de la Constitución que están en el dossier. La Constitución da a la Asamblea la atribución de "Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica" ([Constitución, art. 121](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). Cambiar la dependencia de los auditores internos entra en esa atribución. Hay una duda sobre el artículo 176, que ordena que "La gestión pública se conducirá de forma sostenible, transparente y responsable" ([Constitución, art. 176](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto buscaba más transparencia al separar al auditor del jerarca. Pero el texto no explica cómo pagaría la Contraloría el traslado de planillas de todas las instituciones, y el dossier no trae estudio de costo. ### Qué puede hacer usted El expediente está archivado, así que no hay comisión ni debate donde incidir ahora. Estas son las vías que siguen abiertas. 1. Si quiere que el tema vuelva, puede presentar una propuesta de ley con el formulario web de la Asamblea. No hace falta el texto completo, basta con plantear la idea ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). 2. Si quiere que se discuta como ley, puede usar la iniciativa popular. Necesita reunir al menos un 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral ([guía, p. 30](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=30)). 3. Puede pedir información sobre el estado de cualquier proyecto a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). 4. Si sospecha mal manejo de fondos públicos en una auditoría interna, puede denunciar ante la Contraloría General. Los teléfonos son 2501-8000 y 2501-8025, y también hay denuncia electrónica ([guía, p. 68](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68)). ### Lo que no sabemos El dossier no dice cuánto costaría trasladar las planillas de auditores internos a la Contraloría. El dossier no dice si la Contraloría apoyó o rechazó el proyecto. El dossier no trae el texto completo de los artículos 31 y 45 que la reforma tocaba. El dossier no dice por qué la comisión de Jurídicos nunca dictaminó. ## Frente a la Constitución El Censo no encontró choque directo con los artículos del dossier. Queda una duda sobre el costo de trasladar planillas a la Contraloría frente al artículo 176. ## Qué puede hacer usted - Formulario web de propuestas de ley de la Asamblea: Rellene el formulario en la página de la Asamblea. No hace falta el texto completo, basta con plantear la idea. La Oficina de Iniciativa Popular la remite a los diputados. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Iniciativa popular: Reúna al menos un 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. El TSE verifica las firmas y traslada el proyecto a la Asamblea. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=30) - Denuncia ante la Contraloría General: Llame al 2501-8000 o al 2501-8025, use la denuncia electrónica del portal, escriba a contraloria.general@cgrcr.go.cr o vaya a Sabana Sur, contiguo al Tennis Club. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68) ## Lo que no sabemos - No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente. ## Fuentes 1. Expediente 22284: REFORMA DE LOS ARTICULOS 24, 31 Y EL INCISO A) DEL ARTICULO 45 DE LA LEY N° 8292 LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO DEL 31 DE JULIO DEL 2002 Y SUS REFORMAS, QUE MODIFICA EL ARTICULO 26 Y 31 DE LA LEY N° 7428 LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL 07 DE SETIEMBRE DE 1994, PARA QUE LOS AUDITORES Y SUBAUDITORES INTERNOS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DEPENDAN ORGANICA Y ADMINISTRATIVAMENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa, 2020-11-16. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx 2. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 3. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf ## Texto oficial completo ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 24, 31 Y EL INCISO A) DEL ARTÍCULO 45 DE LA LEY N.° 8292, LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO, DE 31 DE JULIO DE 2002, Y SUS REFORMAS, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 26 Y 31 DE LA LEY N.° 7428, LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DE 07 DE SETIEMBRE DE 1994, PARA QUE LOS AUDITORES Y SUBAUDITORES INTERNOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DEPENDAN ORGÁNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SHIRLEY DÍAZ MEJÍA DIPUTADA EXPEDIENTE N.° 22.284 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES PROYECTO DE LEY REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 24, 31 Y EL INCISO A) DEL ARTÍCULO 45 DE LA LEY N.° 8292, LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO, DE 31 DE JULIO DE 2002, Y SUS REFORMAS, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 26 Y 31 DE LA LEY N.° 7428, LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DE 07 DE SETIEMBRE DE 1994, PARA QUE LOS AUDITORES Y SUBAUDITORES INTERNOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DEPENDAN ORGÁNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Expediente N.° 22.284 ASAMBLEA LEGISLATIVA: Desde el inicio del periodo constitucional 2018-2022, la Fracción Política del Partido Unidad Social Cristiana ha venido evidenciando la inestabilidad económica del país, tenemos muy presente que el déficit fiscal al cierre del año 2018 fue por el orden del 5,8% del producto interno bruto (PIB), presentando un incremento muy acelerado para el año siguiente 2019, de un 6,96% del (PIB), lo que significa el peor déficit fiscal en los últimos 36 años. Los impactos negativos de una crisis fiscal no se orientan únicamente a las limitaciones que enfrentaría el Gobierno central en la atención de las obligaciones de los compromisos financieros, sino que en el desempeño de otras áreas de la economía tales como: el sistema financiero a lo interno y externo, el sistema no financiero, empleo, producción, encadenamientos productivos, exportaciones, importaciones, turismo, pesca y muchas acciones en forma colateral que si no se dispone de una estructura financiera y no financiera adecuada, el país continuará sufriendo periodo tras periodo los embates del desorden en su administración, con afectación directa en la población por sus efectos de desaceleración económica. Los indicadores económicos a lo interno del país son evaluados entre otras organizaciones internacionales por las calificadoras de riesgos, lo que ha significado que en los últimos años hemos sido calificados hacia la baja, con resultados poco alentadores, repercutiendo directamente en la facilidad del requerimiento de financiamiento a nivel internacional en el corto, mediano y largo plazos y estamos siendo merecedores de altos índices de riesgo que ha ocasionado que tales financiamientos se den con altas tasas de interés, lo cual tiene su efecto directo en el incremento del gasto financiero, encareciendo cada días más el desarrollo de nuestro sistema económico por medio de la inestabilidad en los ingresos. El país día con día muestra cifras de un incremento en la deuda pública, lo cual ha generado que se tengan que emplear opciones de readecuaciones para disminuir la deuda interna doméstica con deuda externa para lograr un canje que nos permita minimizar en cierta forma los efectos de dicho gasto financiero por la falta de administración, visión y misión a nivel país, sumado a ello los efectos negativos directos que se han venido dando tales como los impactos de la vivencia de los huracanes vividos pocos meses atrás y en estos momentos con los efectos tan negativos con la pandemia covid-19. Es obligación de todos el velar por que los recursos financieros que se destinan vía presupuesto anual a cada institución pública sean administrados eficientemente, de ahí la importancia de que el proceso de fiscalización de dichos recursos financieros a lo interno de cada entidad pública por parte de las auditorías internas genere un alto y verdadero valor agregado en la toma de decisión y acciones por parte de la Administración Activa. Si el Estado no administra eficientemente las transferencias de sus recursos a nivel institucional y se continúa sin una ruta de misión, visión y metas específicas, estaremos invirtiendo recursos en donde más que una inversión sería un incremento constante en el gasto reflejado en el crecimiento de la deuda pública, lo cual tendría de igual forma impactos negativos en el sector privado, en virtud de que la única forma de mitigar los efectos de un déficit fiscal creciente obligaría al Poder Ejecutivo a presentar en la corriente legislativa iniciativas que vengan a incrementar la base impositiva tributaria con efectos directos en aquellos sectores económicos independientes, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, estrujándose cada día más el poder adquisitivo de los hogares costarricenses y encareciéndose al país con repercusiones directas en el desempleo, consecuentemente en aquellos hogares que no disponen ni siquiera de los ingresos suficientes para hacerle frente a sus necesidades básicas. En muchos casos, por la falta de una administración adecuada de los recursos económicos que se transfieren vía presupuesto ordinario o extraordinario a nivel institucional se culmina en actos de ineficiencia, negligentes y hasta de repudio, como los acontecidos recientemente producto de una investigación a lo interno del Patronato Nacional de la Infancia, en la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos, en donde esta institución lejos de cumplir con el mandato constitucional y con suficientes recursos económicos, no ha tenido la capacidad suficiente para administrar eficientemente los recursos públicos, evidenciándose posibles faltas graves por parte de la Administración Activa y de la Auditoría Interna. Es de vital importancia extraer un breve resumen del dictamen afirmativo unánime, de la investigación realizada según lo antes comentado, que recae sobre el EXPEDIENTE N.º 21.476 “INVESTIGAR LOS HECHOS DENUNCIADOS (ACCIONES Y OMISIONES) DETECTADOS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA DEL PANI Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA VINCULADOS A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”. Mediante el acápite de conclusiones quedó debidamente evidenciado lo siguiente: (…) CONCLUSIONES: 4.1.- De conformidad con los resultados obtenidos en la investigación realizada a lo interno de la Comisión Permanente Especial del Control del Ingreso y Gasto Públicos, sobre el expediente número 21.476 de cita, los diputados y diputadas miembros de la Subcomisión, concluyen en que existe suficiente evidencia para poder señalar posibles incumplimientos de deberes por parte de la Administración Activa, representada en la Presidencia Ejecutiva anterior y tras anterior y mandos de Dirección según corresponda y del Departamento de Auditoría Interna del Patronato Nacional de la Infancia, por lo que nos permitimos emplear el calificativo de INEFICIENCIA, NEGLIGENCIA Y REPUDIO por supuestas FALTAS GRAVES en el cumplimiento del alcance establecido en la jurisprudencia que se cita: ● Artículo 55 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, establece que “LA PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA MADRE Y DEL MENOR ESTARÁ A CARGO DE UNA INSTITUCIÓN AUTÓNOMA DENOMINADA PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (…)”. ● Artículo primero y siguientes, establecidos mediante la Ley N.°7648. Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia: “El Patronato Nacional de la Infancia, es una institución autónoma con administración descentralizada y presupuesto propio. SU FIN PRIMORDIAL ES PROTEGER ESPECIALMENTE Y EN FORMA INTEGRAL A LAS PERSONAS MENORES DE EDAD Y SUS FAMILIAS COMO ELEMENTO NATURAL Y PILAR DE LA SOCIEDAD”. ● Artículo 3 y siguientes, Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos N.° 8131: “Los fines de la Ley serán a) propiciar que la obtención y aplicación de los recursos públicos se realicen según los principios de economía, eficiencia y eficacia. Desarrollar sistemas que faciliten información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del sector público nacional, como apoyo a los procesos de toma de decisiones y evaluación de la gestión (…)”. ● Artículo 8, Ley General de Control Interno N.° 8292, sistema de control interno: serie de acciones ejecutas por la administración activa para: “A) PROTEGER Y CONSERVAR EL PATRIMONIO PÚBLICO CONTRA CUALQUIER PERDIDA, DESPILFARRO, USO INDEBIDO, IRREGULARIDAD O ACTO ILEGAL, B) EXIGIR CONFIABILIDAD Y OPORTUNIDAD EN LA INFORMACIÓN, C) GARANTIZAR EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS OPERACIONES, D) CUMPLIR CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y TÉCNICO”. ● Artículo 9, Ley General de Control Interno N.° 8292: “LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA Y LA AUDITORÍA INTERNA DE LOS ENTES Y ÓRGANOS SUJETOS A ESTA LEY, SERÁN LOS COMPONENTES ORGÁNICOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDO E INTEGRARÁN EL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA (…)”. Aunado a lo anterior, se determinó un comportamiento EXCESIVAMENTE PASIVO por parte de la Contraloría General de la República, en razón de que conociendo de primera mano la posibilidad de una operatividad ineficiente, negligente e irresponsable de un departamento al mando de una persona que cuenta con más de 20 años de antigüedad en el cargo de Dirección del Departamento de Auditoría; esta persona permanece actualmente laborando en la institución y se desconoce si se han aplicado las acciones desprendidas de los procesos de investigación en su contra, como medidas disciplinarias, para que basado en esto, se determine su continuidad o despido con o sin responsabilidad patronal. Adicional al nivel de repudio de manifiesto por los señores diputados y señoras diputadas por las gestiones que se han venido presentando por parte de los responsables de la administración de una entidad pública como lo es el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI), las diputadas Shirley Díaz Mejías y María José Corrales Chacón, manifestaron su molestia por los hechos ocurridos sobre estos mismos temas en la Comisión de la Niñez y Adolescencia, de fecha 26 de noviembre del año anterior, informe sobre la investigación del expediente N.° 21.470, de 26 de noviembre de 2019, que menciona entre muchos hallazgos de gravedad lo seguidamente transcrito: “Ante la desagradable situación que enfrenta el país producto del fallecimiento de tres menores de edad en manos de sus agresores se evidencia que la actual jerarca de la niñez y la adolescencia no realizó ningún plan de emergencia, medida preventiva o nuevos procedimientos para evitar que el riesgo eminente se vuelva a materializar. Ante la consulta realizada por varias señoras y señores Diputados sobre el plan de acción para mejorar la atención por parte del PANI, su única respuesta fue la propuesta en borrador de un proyecto de ley que le permite prescindir de funcionarios cuando se susciten eventuales actos de negligencia”. 4.2- ALTOS ÍNDICES DE SUBEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL, RECURSOS SIN EJECUTAR, POR PARTE DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) EN UNA INSTITUCIÓN TAN IMPORTANTE Y TRASCENDENTAL EN PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA COSTARRICENSE ● El presupuesto asignado al Patronato Nacional de la Infancia para el año 2017 fue por el orden de los ¢72.904,2 millones de colones, de los cuales se ejecutaron ¢55.553,2 millones un 76,30%, dejándose de ejecutar un monto por el orden de los ¢17.251,0 millones de colones. ● Para el año 2018, le fue asignado al Patronato Nacional de la Infancia un presupuesto por orden de los ¢96.948,3 millones de colones, de los cuales se ejecutaron ¢61.775,3 millones, un 63,72%, dejándose de ejecutar un monto por el orden de los ¢35.172,9 millones de colones. ● El año 2019, se destinaron recursos económicos vía presupuesto al Patronato Nacional de la Infancia por ¢103.115,6 millones de colones, un 52,62% al 30 de setiembre, de los cuales se ejecutaron ¢64.574,1 millones, dejándose de ejecutar un monto por el orden de los ¢38.541,5 millones de colones. Es de suma importancia destacar que el Patronato Nacional de la Infancia presenta una considerable subejecución presupuestaria, lo que podría atribuirse en términos generales a una ineficiente planificación y programación de los de los objetivos y recursos a utilizar para alcanzarlos. Una ejecución presupuestaria limitada, dentro de una institución que debe velar por el bienestar de la niñez costarricense, en medio de lo que muchos han denominado como una crisis de violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes, y con muchas voces levantándose por la ineficiencia institucional, debe ser una señal de alerta inequívoca. Además, en medio de una crisis fiscal, es menester preguntarse si los recursos económicos que se transfieren al Patronato Nacional de la Infancia provienen del Estado por medio de ingresos tributarios, o bien, se destinan estos recursos financiándose por medio de deuda, lo cual repercutiría directamente en el crecimiento del déficit fiscal y consecuentemente representaría un incremento adicional por el gasto financiero que esto significaría, generándose inestabilidad en el comportamiento de dicho déficit, lo cual tendría sus repercusiones directamente en las finanzas de los hogares del país en general por su efecto en los sectores financieros y económicos. 4.3- MENCIÓN DE ALGUNAS DEBILIDADES Y HALLAZGOS DETECTADOS DE SUMA IMPORTANCIA POR LA AUDITORÍA INTERNA DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA, RESPECTO A LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA DE ESA INSTITUCIÓN, SIN EMBARGO, PODRÍAN EXISTIR DEBILIDADES EN EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES POR PARTE DE DICHA AUDITORÍA Y ACCIONES INMEDIATAS CONCRETAS. 4.3.1.- INFORME All-01-2019 del 15/01/2019: HOGARES SOLIDARIOS II ETAPA Dentro de los principales hallazgos de este informe podemos enumerar: ● Ausencia de planificación hacía objetivos de interés institucional respaldado en acciones o planes estratégicos, lo cual da como resultados una dispersión temática para abordar la prevención, prevención y educación y la erogación de grandes cantidades de recursos públicos sin contar con la certeza del impacto de estos en la población. ● En un 70% de expedientes evaluados no se evidenció la existencia de planes de intervención y cronogramas para la ejecución de las actividades de atención, derivándose intervenciones aisladas con escaso acompañamiento y limitándose a entrevistas o visita domiciliar esporádica al Hogar Solidario. ● Se evidenció que solamente en un 11% de los 61 expedientes evaluados se realizó algún tipo de intervención psicológica con las PME, aun y cuando por la tipología de las situaciones denunciadas y atendidas y de acuerdo con los documentos normativos y protocolos institucionales vigentes dicha atención terapéutica se requería. ● Un 67% de los casos evaluados se presentaron debilidades asociadas a la elaboración del informe técnico final, entre las que destacan el incumplimiento de plazos para su elaboración, la omisión de este, e informes sin recomendaciones. ● Se evidenciaron además incumplimientos asociados a los informes de seguimiento, siendo que un 60% presentaron debilidades asociadas a informes sin firmas por parte de los profesionales responsables, o la ausencia de estos en los expedientes de atención. ● Desde la perspectiva de economía y transferencia de recursos, se evidenciaron debilidades en un 84% de los casos revisados, entre las que se detallan expedientes sin el convenio o adenda que valida la transferencia de recursos, elaboración extemporánea de convenios, y convenios sin firma por parte de depositarios. ● Se pudieron identificar PME protegidas en hogares solidarios que no contaban con las condiciones idóneas para su desarrollo, con debilidades en condiciones tales como hacinamiento, falta de acceso a internet para el desarrollo de actividades educativas y necesidades de apoyos especiales ante requerimientos como lentes, zapatos ortopédicos 4.3.2.- INFORME All-09-2017 del 06/12/2017: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DE RIESGOS (SEVRI) Dentro de los principales hallazgos de este informe podemos enumerar: ● El Patronato Nacional de la Infancia tiene un retraso de muchos años en materia del cumplimiento de la implementación de un sistema específico de valoración del riesgo tomando como punto de inicio la fecha que estableció la Contraloría General de la República, esto a pesar de que el 2011 esta Auditoría realiza un informe de seguimiento y para ese momento había un retraso de aproximadamente 4 años, con la ejecución del SEVRI, sin embargo no se tomaron las acciones requeridas y el avance es poco. ● Seis años después del primer informe, la institución inició con la aplicación del Sistema específico de valoración del riesgo en el eje de atención, a la fecha del estudio, 5 años y 3 meses después, únicamente se avanzó en la identificación de riesgos, valoración de riesgos y en este momento se encuentra en la fase inicial de la administración del riesgo. En resumen, se lleva más de 5 años en la valoración del riesgo del eje de atención, partiendo de esta situación es difícil imaginar la cantidad de años que la institución duraría para concluir el proceso para contar con un SEVRI a nivel institucional si no se toman acciones. 4.3.3.- INFORME All-011-2016 del 28/11/2016: PROCESO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS SOBRE SITUACIONES DE RIESGO A LA INTEGRIDAD FÍSICA O VIOLACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Dentro de los principales hallazgos de este informe podemos enumerar: ● La institución no ha logrado aprovechar sus recursos de tecnología informática para mejorar el flujo y la calidad de la información relacionada con las denuncias, sobre todo en cuanto al registro, seguridad, oportunidad, utilidad y seguimiento. Tomando en consideración que pese a que el sistema Infopani, el COI y el Enlace PANI 911 tienen más de 5 años de funcionamiento, la institución no ha logrado mejorar el flujo de información entre dichas plataformas. Es así que actualmente se utilizan medios como fax y oficios, en trámites que por su importancia deberían ser más dinámicos y seguros. 4.4- MENCIÓN DE DEBILIDADES Y HALLAZGOS DE SUMA RELEVANCIA CONSIGNADOS EN LOS INFORMES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA Y SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) 4.4.1.- Informe DFOE-SOC-IF-00024-2018 del 12/12/2018 ● Se genera incertidumbre respecto del registro razonable de los bienes no concesionados y los bienes intangibles debido a las diferencias entre los datos del auxiliar contable y los valores en libros mostrados en el Balance de situación del PANI al 31 de diciembre de 2017, provocando incluso que no pueda establecerse la razonabilidad de su saldo, en virtud de que no se tiene evidencia suficiente para determinar el saldo correcto, ya sea el del auxiliar o el valor en libros. ● No se cumplió durante el 2017 con lo que establece la NICSP 12 de Inventarios y la NICSP 25 de Beneficios a empleados, en virtud de que la contabilidad para esas dos cuentas se realizó utilizando la base de efectivo y no la base de acumulación o devengo, según lo indicado por las normas. ● Existe incertidumbre sobre la razonabilidad de los cálculos realizados por la entidad para el manejo de los gastos relacionados con el salario escolar de los funcionarios, debido a que una vez aplicados los porcentajes de ley correspondiente a los salarios que fueron reportados por la institución a la CCSS, no fueron coincidentes dichos saldos con los registros reportados en los resultados de la entidad, al cierre del ejercicio económico 2017. ● Las deficiencias en la administración de las cuentas bancarias que están al control de las direcciones regionales generan dudas sobre la forma en la que se están manejando los recursos públicos asignados, ya que la información contenida en el Balance de situación al 31 de diciembre de 2017 no es congruente con los saldos en libros que se manejan en dichas regiones. Aunado a lo anterior, la carencia de registro de algunas de esas cuentas en los estados financieros de la entidad al cierre anteriormente mencionado viene a aumentar la incertidumbre sobre el manejo de dichos montos, ya que provoca que las autoridades encargadas de tomar las decisiones no cuenten con la información completa sobre los saldos que deberían reflejar esos fondos de trabajo. 4.4.2.- Informe DFOE-SOC-IF-00017-2018 del 29/11/2018 ● Opinión adversa de la Contraloría General, los estados financieros examinados no representan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera y los resultados de las operaciones del PANI, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público (NICSP), así como con las disposiciones legales, reglamentarias y otra normativa emitida por la Contabilidad Nacional. 4.4.3.- Informe DFOE-SOC-IF-00018-2018 del 29/11/2018 ● La auditoría interna contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional, por ello es fundamental que su labor se realice con observancia de la normativa técnica aplicable, sustentada en herramientas de auditoría que evidencien un trabajo ordenado, documentado y sistemático, que respalde los procedimientos desarrollados, los hallazgos identificados y las acciones realizadas ante la Administración. ● Los informes de auditoría logran generar valor en el tanto se dé cumplimiento a las recomendaciones, por ello es fundamental la definición oportuna de plazos para su cumplimiento y el detalle del producto esperado sea el que se solicita. ● Finalmente, la norma establece una diferenciación entre los servicios de auditoría y los servicios preventivos, el servicio de advertencia pretende anticipar a la Administración sobre posibles consecuencias de su proceder y no sobre riesgos que ya fueron materializados. LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RECOMIENDA A LA SEÑORA AUDITORA INTERNA, MARÍA AUXILIADORA CHÁVES CAMPOS, ASUNTOS DE SUMA TRANSCENDENCIA EN LAS QUE SE REQUIERE MEJORE SU OPERATIVIDAD. ● Elaborar, divulgar e implementar un Plan Estratégico para la Auditoría Interna a partir del año 2019, que sea coherente con los mandatos institucionales y que defina claramente el rumbo de la gestión de esa dependencia, cuyo fundamento sea el universo auditable y la valoración de riesgos institucionales. Plan que deberá contemplar al menos, la visión, la orientación de la auditoría interna y los indicadores que respalden el análisis anual de la gestión de la Unidad de Auditoría, de manera que tanto la Administración Activa como ese órgano de control cuenten con información que permita su mejoramiento continuo. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición se deberá remitir a la Contraloría General, a más tardar el 30 de junio de 2019, una certificación que haga constar que dicho plan estratégico ha sido debidamente elaborado, divulgado y de conocimiento de la Junta Directiva. Además, al 31 de enero de 2020, remitir a la Contraloría General una certificación de su implementación para el año 2019, así como el informe de la evaluación de la gestión de ese órgano de control, amparada a los indicadores de gestión establecidos. ● Actualizar e implementar un manual de procedimientos de la Auditoría Interna respecto de la elaboración, manejo, custodia, conservación y control de calidad de los papeles de trabajo electrónicos, apegado a las Normas generales de auditoría para el sector público, que contemple al menos: a) programas específicos de auditoría para las etapas de planificación y examen, b) cédulas resumen y procedimientos para la etapa de planificación, c) plan general de auditoría, d) cédulas resumen y procedimientos para la etapa de examen; así como el establecimiento y comunicación de criterios a la Administración y mecanismos de supervisión. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición se deberá remitir a la Contraloría General, a más tardar el 30 de junio de 2019, una certificación mediante la cual se acredite que dicho manual de procedimientos ha sido debidamente actualizado. Además, al 30 setiembre de 2019, remitir una certificación en la que conste que dicho manual de procedimientos fue implementado. ● Actualizar e implementar lineamientos específicos de control para que las recomendaciones que se emitan cumplan con los requerimientos mínimos establecidos en la normativa emitida sobre el particular. Asimismo, dichos lineamientos deben contemplar la inclusión de acciones de supervisión relacionadas con esta actividad. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición se debe remitir a esta Contraloría General, a más tardar el 31 de enero de 2019, una certificación en la que se acredite que dichos lineamientos fueron debidamente actualizados. Además, al 28 de junio de 2019, remitir una certificación en la que conste que dichos lineamientos fueron implementados. 4.5- DEBILIDADES Y HALLAZGOS EXPRESADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS Y DIPUTADAS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DEL CONTROL DEL INGRESO Y GASTO PÚBLICOS POR SUPUESTOS INCUMPLIMIENTOS DE DEBERES EN LA FUNCIÓN TRANSCENDENTAL QUE DEBERÍA CUMPLIRSE POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA DEL PANI, REPRESENTADO POR LAS PRESIDENCIAS EJECUTIVAS PERIODO 2015-2020. Bajo juramento, la señora Patricia Vega Herrera manifestó doce deficiencias encontradas al asumir su Presidencia en el PANI. Habla de carencia de tecnología, ausencia de datos para tomar decisiones, cultura de supervisión y control, infraestructura insuficiente, recurso humano sin capacitación e inducción, atraso en la tramitación de expedientes, carencia de indicadores para medir la gestión, proyectos deficientes, escasa normalización en la gestión sustantiva, falta de atención 24/7, no hay un control interno, no hay un análisis de riesgo. DEFICIENCIAS PRESUPUESTARIAS Que mediante un documento del Ministerio de Hacienda del año 2019, se indica: “(…) El Patronato deberá realizar un mayor esfuerzo, en razón de que si mantiene el nivel de ejecución similar a periodos anteriores, tendrá dificultad para ejecutar el rubro destinado a la partida transferencias corrientes, lo que significa que si en promedio ha logrado una ejecución del 80,8% con menos recursos, con la incorporación adicional de recursos proyectados, para el periodo 2019, la ejecución al finalizar el periodo estaría por debajo del promedio, de acuerdo con la estimación efectuado, efectuada, de los últimos años 2015-2018, demostrando de esta manera, que el Patronato no ha tenido capacidad para ejecutar recursos superiores a los treinta mil millones. (…) En resumen, se observa que es recurrente las subejecuciones de recursos en las partidas del gasto, esto evidencia que no se está utilizando al máximo los recursos disponibles para el desarrollo de la gestión operativa. A pesar de lo anterior, para el 2019 se contará con recursos adicionales”. Preocupa el tema de la subejecución presupuestaria que siempre ha estado presente en el PANI, y los superávits de varios años consecutivos del 2012 para adelante, hasta el 2018. Y estos superávits van desde siete mil setecientos sesenta y seis millones hasta en este último del 2018, diecisiete mil novecientos noventa seis millones. Los resultados de la Auditoría Interna del PANI indican: “(…) debilidades en el seguimiento y supervisión de programas, procesos y actividades, debilidades en el control y supervisión de los recursos otorgados, ausencia de procedimientos para la ejecución para las actividades asignadas de responsables y de verificación de cumplimientos, incumplimiento en los mecanismos de control instaurados en los reglamentos internos. (…)”. Llama poderosamente la atención la forma de manejo de los recursos públicos. Según los informes de la Auditoría Interna del PANI, más específicamente el estudio AL-01-2019-PANI-AI-OF05-2018, se mencionan aspectos importantes, por ejemplo, que el 70% de los expedientes evaluados no se evidenció la existencia de planes de intervención y cronogramas de ejecución de actividades de atención, el 67% de los casos evaluados se relacionaron con debilidades asociadas a la elaboración del informe técnico final, entre las que destacan el incumplimiento de plazos para la elaboración, la omisión de la confección de los informes, la existencia de informes que no vienen con recomendaciones. También apunta este mismo informe que se evidenciaron incumplimientos asociados a los informes de seguimiento. Un 60% presentaron debilidades asociadas a informes sin firmas, por parte de los profesionales responsables o la ausencia de estos en los expedientes de atención. Dentro de los informes emitidos por la Contraloría General de la República se mencionan entre muchos hallazgos de suma importancia los comentados mediante informe DFOE-SOCIF-00017-2018, que se denominó Informe de la auditoría financiera sobre la razonabilidad de los estados del PANI para el 2017. Indica la Contraloría que los estados financieros no representan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera y resultados de las operaciones del PANI para el periodo 2017. Además, en un informe de la Auditoría Interna se reporta que había 10.705 denuncias prioridad uno pendientes de atención, lo que deja serias dudas de la celeridad de la atención de las personas menores de edad. La señora la señora Ana Teresa León Sánz estuvo cuatro años al frente de la institución y la auditora estuvo durante estos cuatro años, por lo que quedan dudas de la supervisión del uso de los recursos en ese periodo de tiempo. AUSENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Se hace énfasis en la inexistencia de un Plan Estratégico y se menciona que la Contraloría General de la República ha manifestado que el problema que tenemos en Costa Rica en el marco de la institucionalidad es la pésima gestión y la pésima planificación. La Contraloría aduce: “…que no hubo indicadores para medir la eficiencia y el rumbo del PANI…”. La persona que ocupa el cargo de auditora del PANI tiene 20 años de experiencia, pero la Contraloría General de la República indicó en el 2019 que era necesario que elaborara, divulgara e implementara un Plan Estratégico para la Auditoría Interna, lo que deja un sinsabor sobre la iniciativa y seriedad del trabajo que se lleva a cabo en esta instancia. DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE TRANSFERENCIAS Mediante un informe del Departamento Financiero Contable del PANI indica que la institución hace transferencias a asociaciones y mediante convenios da dinero del erario público a asociaciones y, por ende, deberían contar con controles para determinar los beneficios de esas transferencias. Este informe del Departamento de Financiero Contable de este año, por ejemplo, evaluando fondos asignados a una asociación, decía: “…no tienen libros legales contables, no se pudo confrontar con los estados financieros informados, las facturas no tienen detalle o no tienen firma, las facturas no concuerdan con el estado de los bienes o servicios reportados en Tributación Directa. Se encuentran pagos de gasolina y combustible a vehículos no inscritos a nombre de la Asociación…”. POSIBLES CONTRADICCIONES TESTIMONIALES En el careo que se dio entre la señora Patricia Vega, la señora Teresa León y señora María Auxiliadora Chaves se contradijeron en sus audiencias en lo que respecta a la existencia de instrumentos de planificación, así que se concluye que alguna de ellas cometió perjurio. NOMBRAMIENTO DE LA PRESIDENTA EJECUTIVA PATRICIA VEGA En la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia se le señaló por parte de una señora diputada a la señora Patricia Vega que: “puede contar con los atestados académicos para ser la jerarca de la institución, pero definitivamente no tiene la sensibilidad para estar en el manejo de la misma”. Con los hallazgos es necesario y urgente la intervención del PANI y esta tiene que darse por parte del Poder Ejecutivo. Se detectaron grandes falencias de parte de la auditoría interna por lo que es necesario reinsturar los procesos de verificación y control dentro de la gestión del PANI. 4.6.- DEBILIDADES Y HALLAZGOS EXPRESADOS POR LA CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN AUDIENCIA EN EL RECINTO DE LA COMISIÓN DE INGRESO Y GASTO PÚBLICOS AUSENCIA DE UN PLAN ESTRATÉGICO FORMALIZADO Y LÍNEAS DE ACCIÓN PARA CANALIZAR LOS MAYORES RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL AL PANI. Entre 2015 y enero del 2017 no existió un documento formal y difundido a toda la organización que incorporara las líneas de acción específica, que guiaran el accionar de la institución. Las acciones ejecutadas no se basaron en una planificación estratégica formalizada, que orientara los esfuerzos institucionales hacia una visión de mediano y largo plazos. El plan estratégico 2015-2020 se aprobó formalmente, el 1 de febrero del 2017, por parte de la Junta Directiva, sin que contemplara el detalle de las metas concretas e indicadores asociados a la implementación de la estrategia. La desvinculación entre los planes, los presupuestos anuales con una estrategia formal implicó que se materializaran algunos riesgos. DESEQUILIBRIOS EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Encontramos desequilibrios en la asignación del recurso humano entre las oficinas locales, la asignación de nuevas plazas no atendió cabalmente las recomendaciones del estudio de necesidades de recurso humano elaborado en 2016, por el PANI. Encontramos oficinas con dotación menor a la requerida, y también oficinas con dotación de personal no requerido, de acuerdo con el estudio que el mismo PANI había realizado en 2016. INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS OPERATIVAS EN OFICINAS LOCALES En el programa atención de denuncias se presentaron niveles de incumplimiento, en las metas operativas en las oficinas locales, incumplimiento que fue en aumento conforme pasaron los años del periodo de estudio. Y se dotó, en este mismo periodo, de mayores recursos al PANI, pasaron de un nivel de cumplimiento del 58% en 2015, al 38% en el 2018. El porcentaje de respuesta al total de denuncias presentadas en las oficinas locales fue de un 80% en el 2015 y un 70% en el 2018, es decir disminuyó. Si se observa por tipo de oficina, todas presentan una disminución en el porcentaje de respuesta, siendo las oficinas tipo B o medianas, las que presentan una mayor disminución, que pasan de un 93% en el 2015, a un 70% en el 2018. Esto es paradójico, pues en el periodo se aumentaron las asignaciones presupuestarias. En el 2017, el 69% de las denuncias fueron atendidas en plazos mayores a los definidos por el PANI. En el 2018 este porcentaje de denuncias no atendidas aumenta a un 74%. POCA EFECTIVIDAD DE LAS TRANSFERENCIAS ● En el programa de protección se detectó que hay poca correspondencia entre las transferencias adicionales a las ONG’s y el aumento en la población atendida. Las transferencias a las ONG’s en el periodo 2015-2018, presentaron un 59% de crecimiento, sin embargo, la cantidad de cupos de atención a personas menores de edad aumentó en un 26%. Solo en el 2016 se otorgaron más de dos mil novecientos millones a las ONG’s, con un aumento de tan solo 93 cupos. Dichos aumentos en las transferencias a las ONG’s se deben al aumento en el porcentaje de subvención al costo de cada cupo para las diferentes modalidades. Aunado a esto, la actualización del costo del cupo que se paga a las ONG’s en diferentes modalidades se realizó con base en la inflación proyectada por el Banco Central de Costa Rica, que para el 2016 era de 3,5% y no como lo indica el modelo de gestión de costos del PANI, que se implementó en el 2015, que debía utilizarse la inflación acumulada al mes de julio, que para ese año ascendió a un 0,01%. Esta diferencia generó algunos costos adicionales. De conformidad con los resultados antes señalados, se extrae un breve resumen de las recomendaciones emanadas: RECOMENDACIONES: De conformidad con el análisis de la información que se consigna en la presente investigación, los suscritos diputados y diputadas recomendamos ante el Plenario legislativo lo siguiente: 5.1.- Aprobar el presente informe en todos sus extremos que recae sobre la investigación del expediente N.° 21.476 de cita. 5.2.- Ordenar el traslado al Ministerio Público de una copia fiel de este expediente legislativo N.° 21.476, junto al presente informe, a fin de que investigue en todos sus extremos, la posible comisión de diversos delitos de diversa naturaleza por parte de los funcionarios públicos señalados directamente, o bien, aquellos que indirectamente así lo consideren y se establezcan las responsabilidades de estos. La investigación debe cubrir a las siguientes personas, sin que esto signifique que no puedan determinarse otras personas responsables: ● Expresidentas ejecutivas del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), periodo 2015-2020 y auditora interna. 5.2.- Ordenar el traslado a la actual presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de una copia fiel de este expediente legislativo N.° 21.476, junto al presente informe, con el fin de que se realice una investigación para determinar si las actuaciones atribuibles en el presente informe a los funcionarios públicos que laboran para esa institución acarrean algún tipo de responsabilidad. 5.3.- Ordenar el traslado a la Presidencia de la República de una copia fiel de este informe, a fin de que se conozcan las repercusiones negativas que le están generando y generarían al país, los nombramientos de funcionarios públicos en los distintos cargos políticos en instituciones o entidades púbicas de alto nivel de trascendencia e importancia, sin que medie un proceso de valoración y selección previo a su nombramiento para medir su idoneidad. 5.3.1 Se sugiere al Poder Ejecutivo que, mediante la intervención que realicen, analicen la posibilidad de elaborar una propuesta por medio de un proyecto de ley, para que el 100% de las auditorías internas instituciones o de entidades estatales pasen a depender directamente como subordinados de la Contraloría General de la República, se lograría un impacto muy positivo en los procesos de fiscalización y de esta forma se eviten eventuales compadrazgos entre las auditorías internas y la Administración Activa, incrementándose los niveles de fiscalización y control de los recursos públicos. Esto en el marco de las debilidades en el proceso de fiscalización que se han venido experimentando en el cumplimiento de funciones de los departamentos o unidades de las auditorías internas institucionales, en el proceso de fiscalización real de los recursos de la hacienda pública en forma preventiva y correctiva durante la gestión anual por parte de la administración activa institucional. 5.4.- Ordenar el traslado a la Procuraduría General de la República en representación del Estado, para la determinación de eventuales responsabilidades en materia civil y/o patrimonial económico y administrativo por los supuestos daños ocasionados al Estado y su posible recuperación a los responsables. 5.5.- Ordenar el traslado a la Contraloría General de la República de una copia fiel de este informe. Tenemos que realizar esfuerzos para que se aborden diversas acciones acompañadas con una serie de cambios en las metodologías de trabajo y funciones que desempeñan los funcionarios públicos, en este caso específico nos referiremos a la responsabilidad que tienen a cargo en el proceso de fiscalización del sistema de control interno, los departamentos de auditoría interna institucionales, para que se logre realmente un oportuno valor agregado sobre los eventos que debe ejecutar en forma eficiente la Administración Activa. Consideramos que debe de darse, en forma inmediata, una reforma a la legislación vigente, para que las auditorías internas representadas por el auditor y subauditor dependan directamente de la Contraloría General de la República y no de la Administración Activa. Con esta reforma se lograría un nivel de relación totalmente independiente entre ambos y de esta forma se evitarían eventuales compadrazgos entre la Administración Activa y el departamento de auditoría interna, lográndose mayores niveles de eficiencia y eficacia en materia de fiscalización y consecuentemente la función supervisora de parte del ente contralor sería en forma directa y con acciones concretas inmediatas en caso de posibles incumplimientos de labores de acuerdo con lo establecido en la legislación. Es menester recordar que en los últimos meses han visitado el recinto de la Comisión Permanente Especial del Control del Ingreso y Gasto Público diversos departamentos de auditoría interna de varias instituciones públicas, entre otras recientemente la jerarca de la Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Electricidad “ICE”, en donde se evidenció una vez más una débil gestión y la necesidad urgente de que se dé una modificación a las metodologías de trabajo en los procesos de fiscalización a lo interno de cada institución pública, para que se genere con esta labor de fiscalización a lo interno, un verdadero valor agregado que coadyuve al logro de los objetivos institucionales y consecuentemente del país. Para efectos informativos, a continuación, se presenta la composición de la clasificación de las instituciones públicas que conforman el aparto estatal. COMPOSICIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Del esquema anterior se desprende que el sector público está compuesto por: el sector público no financiero representado por, el Gobierno central, Gobierno de la República, instituciones descentralizadas y gobiernos locales, gobierno central y órganos desconcentrados, empresas públicas no financieras, empresas públicas no financieras nacionales y empresas públicas no financieras municipales. Además, el sector público financiero, instituciones públicas financieras, instituciones públicas financieras bancarias, instituciones públicas financieras no bancarias e instituciones públicas financieras de rectoría y supervisión. Con el objetivo de disponer de algún parámetro en términos generales para medir la eficiencia en el proceso de fiscalización que han venido cumpliendo los departamentos de auditoría interna del sector público, se solicitó información desde el despacho de la señora diputada Shirley Díaz Mejías, por medio de un oficio a cada departamento de auditoría, el alcance de la labor que han venido realizando estos departamentos en materia de fiscalización preventiva y correctiva de los de los recursos económicos que se transfieren a nivel institucional vía presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el periodo comprendido 2018 y 2019, y de otras instituciones cuyos presupuestos son aprobados directamente por parte de la Contraloría General de la República, para lo cual procedimos con una muestra de 30 instituciones públicas, según se indica en el cuadro siguiente: SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTOS DE AUDITORÍAS INTERNAS INSTITUCIONALES REFERENTE AL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PERIODO 2018-2019: N.° DE OFICIO NOMBRE DEL MÁXIMO JERARCA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIÓN PÚBLICA 29 Abelino Álvarez Vargas Asamblea Legislativa 30 Irma Gómez Vargas Ministerio de Obras Públicas y Transportes 31 Gustavo Retana Calvo Instituto Nacional de Seguros 32 Balbina Montenegro Chacón Presidencia de la República 33 Lic. Ólger Sánchez Carrillo Caja Costarricense de Seguro Social 41 Msc. Jorge Suárez Esquivel Contraloría General de la República 42 MBA. Alejandra Sobrado Barquero Defensoría de los Habitantes de la República 43 MBA. María Eugenia Barquero Paniagua Ministerio de Gobernación y Policía 44 María Milagro Chaves Barrantes Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 45 Lic. Douglas Eliot Martínez Ministerio de Seguridad Pública 46 Mario Alberto Molina Bonilla Ministerio de Agricultura y Ganadería 47 MBA. Edier Navarro Esquivel Ministerio de Educación Pública 48 Bernardita Irola Bonilla Ministerio de Salud Pública 49 Javier González Castro Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 50 William Kelly Picado Ministerio de Cultura y Juventud 51 Ivette Rojas Ovares Ministerio de Justicia y Paz 56 Oldemar Hernández Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 57 Luis Orlando Araya Carranza Ministerio de Industria y Comercio 58 Marco A. Jiménez Rodríguez Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 59 Giovanni Monge Guillén Ministerio de Ciencia y Tecnología 60 Alexander Moya Carrillo Ministerio de Ambiente y Energía 61 Robert García González Poder Judicial 62 Franklin Mora González Tribunal Supremo de Elecciones 63 Licda. Flor Eugenia González Zamora Municipalidad de Alajuela 64 Alfredo Araya Leando Municipalidad de Cartago 65 Lic. Álvaro Fidel Rescia Barahona Municipalidad de Desamparados 66 Grettel Fernández Meza Municipalidad de Heredia 67 Donaldo Castañeda Abellán Municipalidad de Liberia 68 Lic.Gilberth Quirós Solano Municipalidad de Pérez Zeledón 69 Lic. Israel Barrantes Sánchez Municipalidad de San José Fuente: información solicitada por el despacho diputada Shirley Díaz Mejías. Como se indicó anteriormente, el objetivo fue el de disponer de un parámetro de alguna forma en términos generales sobre la operatividad de fiscalización preventiva y correctiva por parte de las auditorías internas, en lo que respecta al total de recursos económicos que se transfieren vía presupuesto anual, los cuales son aprobados en el seno de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios y por parte de la Contraloría General de la República. Se solicitó información para una muestra de 30 instituciones públicas y se le solicitó directamente a cada dirección del departamento de auditoría interna un detalle de la información que se indica seguidamente: SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LAS AUDITORÍAS INTERNAS DEL SECTOR PÚBLICO (…) Mediante el artículo 9 de la Ley N.° 8292, Ley General de Control Interno, se establece: (…) La auditoría interna de los entes y órganos sujetos a esta ley, serán los componentes orgánicos del sistema de control interno establecido e integrarán el Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública a la que se refiere la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Por otra parte, el artículo 111, capítulo II, del Reglamento de la Asamblea Legislativa establece en lo que respecta al requerimiento de información por parte de los señores diputados y diputadas, miembros de las comisiones permanentes y especiales, lo siguiente: (…) Los diputados en forma personal, podrán solicitar toda clase de informes a las instituciones del Estado. Dichas solicitudes deberán ser atendidas con prontitud y de manera prioritaria por las instituciones y los funcionarios requeridos. De conformidad con lo expuesto, solicito de la manera más atenta y respetuosa me remita un informe que incluya lo siguiente: I.- PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA AUDITORÍA INTERNA: 1.1- Plan anual de trabajo de los años 2018 y 2019 del departamento, dependencia o unidad de auditoría interna presentado ante la Contraloría General de la República, que incluya los estudios programados en su oportunidad y ejecutados al cierre de estos periodos. II.- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL: 2.1. Estudios, asesorías escritas o verbales realizados por esa dependencia ante la administración activa, durante los años 2018 y 2019, respecto a: a. Etapas del proceso de formulación del presupuesto anual institucional. b. Etapas del proceso de ejecución del presupuesto institucional. 2.2- Análisis vertical y horizontal respecto al incremento o disminución de los montos asignados expresado en millones de colones para las partidas según se consigna en el siguiente cuadro: a.- Información del presupuesto total institucional periodos 2018 y 2019 (en millones de colones): Partida Presupuesto total del 2018 Presupuesto total 2019 Variación Absoluta % Crec. % Part. Total presupuesto del año: 0 Remuneraciones 1 Servicios 2 Materiales y Suministros 5 Bienes Duraderos 6 Transferencias Corrientes Estudios o asesorías realizadas por esa dependencia ante la administración activa respecto al comportamiento de estas partidas para los años 2018 y 2019. 2.3.- Niveles de ejecución y subejecución (montos no ejecutados) por partida presupuestaria (en millones de colones): Partida Presupuesto final 2018 Presupuesto final 2019 Monto ejecutado: Monto no ejecutado % monto no ejecutado: Total presupuesto del año: 0 Remuneraciones 1 Servicios 2 Materiales y Suministros 5 Bienes Duraderos 6 Transferencias Corrientes i) Estudios o asesorías escritas o verbales realizados ante la administración activa por esa dependencia, respecto a los niveles de subejecución (montos no ejecutados) al finalizar el periodo 2018 y 2019. III.- LINEAMIETOS EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA: 3.1.- Criterio del departamento, unidad o dependencia de auditoría interna respecto a la normativa emitida por el Ministerio de Hacienda respecto a los presupuestos institucionales para el presente año 2020. En información en poder de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios para el presente año 2020, la Dirección General de Presupuesto Nacional dentro de su normativa presupuestaria emitió los lineamientos técnicos para el presupuesto de la República y en el artículo 13 se indica que a fin de racionalizar la utilización de los recursos públicos se deberán eliminar y/o minimizar los gastos de las 25 subpartidas que se detallan a continuación: a.- Criterio, informes escritos o asesorías verbales emitidas ante la administración activa respecto al cumplimiento de estos lineamientos. 3.2.- El Ministerio de Hacienda estableció que para el cumplimiento de la regla fiscal establecida en la Ley 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, el gasto corriente de los presupuestos ordinarios para el año 2020 de las entidades y órganos que conforman el sector público no financiero, no podrá sobrepasar el 4,67%. a.- Criterio, informes escritos o asesorías verbales emitidas ante la administración activa respecto a este lineamiento. IV.- POBLACIÓN LABORAL INSTITUCIONAL QUE CUMPLE CON SU DERECHO AL DISFRUTE DE SU PENSIÓN Y PERMANECE LABORANDO: 4.1- Información global por categoría y puesto respecto al número de funcionarios que se encuentran laborando para la institución que en la actualidad cumplen con los requisitos para optar por el derecho al disfrute de su pensión y permanecen laborando. N.° de funcionario (s): Puesto o cargo: Erogación mensual por remuneraciones: Erogación anual por remuneraciones: Totales: a.- Criterio, informes escritos o asesorías verbales emitidas ante la administración activa al respecto. V.- ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 5.1.- Composición del organigrama institucional que incluya únicamente: dependencias, número de funcionarios por dependencia y total de funcionarios a nivel institucional a.- Criterio, informes escritos o asesorías verbales emitidas ante la administración activa respecto a la justificación sobre la necesidad real de la composición de la estructura actual institucional respecto al proceso y valor agregado que ejecuta la institución en el cumplimiento de su objetivo y en el uso eficiente de los recursos de la Hacienda Pública. CONSIDERACIONES GENERALES TOMANDO COMO BASE UNA PEQUEÑA MUESTRA (5 INSTITUCIONES) DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORÍA INTERNA DE CADA INSTITUCIÓN PÚBLICA: De conformidad con la información suministrada por el departamento de auditoría interna institucional, según lo antes comentado, seguidamente se extrae una pequeña muestra de 5 instituciones y/o entidades públicas, con el propósito de medir en términos generales el valor agregado que han venido realizando ante la Administración Activa, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente en lo que respecta al proceso de fiscalización de los recursos de la hacienda pública. MUESTRA GESTIÓN REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA INSITUCIONAL PERIODOS: 2018-2019 1.- MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 2.- INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 3.- MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ 4.- MINISTERIO DE SALUD 5.- ASAMBLEA LEGISLATIVA Para efectos informativos de este proyecto de ley, únicamente se valorará el comportamiento del monto del presupuesto total institucional del Ministerio de Educación Pública al finalizar cada periodo para los años 2018 y 2019, y para los demás casos se incluye un breve comentarios de los niveles de subejecución presupuestaria y las acciones directas en materia de fiscalización y asesorías realizadas ante la Administración Activa por parte de las auditorías internas sobre este tema específico. 1.- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA (MEP) PERIODO 2018-2019 (COLONES) PERIODO 2018: PERIODO 2019: VARIACIÓN 2019/2018 VARIACIÓN 2019/2018 ¢ ¢ ¢ PRESUPUESTO TOTAL: 2.589.840.930.390 2.604.922.914.376 15.081.983.986 1% De la información suministrada por el Departamento de Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública, según se consigna en el cuadro anterior, el monto del presupuesto total del Ministerio de Educación Pública para el año 2018 fue por el orden de los ¢2.589.840.930.390 (2.5 billones) y para el año siguiente 2019 alcanzó el monto de ¢2.604.922.914.376 (2.6 billones), lo que significó un incremento para este último año 2019 en relación con el año anterior por el orden de los ¢15.081,9 millones de colones y que representa tan solo un 1%. DETALLE DEL COMPORTAMIENTO POR PARTIDA PRESUPUSTARIA INFORME ELABORADO POR LA AUDITORÍA INTERNA MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA (MEP) 2018-2019 (COLONES) PARTIDA: PRESUPUESTO 2018 ¢ PRESUPUESTO 2019 ¢ VARIACIÓN 2019/2018 ¢ VARIAC. (%) REMUNERACIONES 1.571.917.259.253 1.578.240.888.815 6.323.629.562 0,40% SERVICIOS 52.619.932.493 42.345.208.341 -10.274.724.152 -19,53% MATERIALES Y SUMINISTROS 3.379.320.729 2.952.919.579 -426.401.150 -12,62% BIENES DURADEROS 12.323.765.542 7.361.291.524 -4.962.474.018 -40,27% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 949.600.652.373 974.022.606.117 24.421.953.744 2,57% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76.206.828.279 43.489.085.624 -32.717.742.655 -42,93% TOTALES 2.589.840.930.390 2.604.922.914.376 15.081.983.986 1% Fuente datos de presupuesto total: reportes de liquidación del Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera – SIGAF y elaboración propia. Tal y como se indicó anteriormente, de la información suministrada por el Departamento de Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública, según se consigna en el cuadro anterior, el monto del presupuesto total del Ministerio de Educación Pública para el año 2018, fue por el orden de los ¢2.589.840.930.390 (2.5 billones) y para el año siguiente 2019 alcanzó el monto de ¢2.604.922.914.376 (2.6 billones), lo que significó un incremento para este último año 2019 en relación con el año anterior por el orden de los ¢15.081,9 millones de colones y que representa tan solo un 1%. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA (MEP) DEVENGADO PERIODO 2018-2019 (COLONES) DEVENGADO PERIODO 2018: DEVENGADO PERIODO 2019: VARIACIÓN 2019/2018 VARIACIÓN 2019/2018 ¢ ¢ ¢ PRESUPUESTO TOTAL: 2.374.784.721.864 2.515.203.069.386 140.418.347.522 5,91% De la información suministrada por el Departamento de Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública, según se consigna en el cuadro anterior, el monto del presupuesto total devengado del Ministerio de Educación Pública para el año 2018, fue por el orden de los ¢2.374.784.721.864 (2.3 billones) y para el año siguiente 2019 alcanzó el monto de ¢2.515.203.069.386 (2.5 billones), lo que significó un incremento para este último año 2019 en relación con el año anterior por el orden de los ¢140.418.347.522 millones de colones y que representa un 5,91%. MUESTRA MÍNIMA (5 INSTITUCIONES): INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE PRESENTAN ALTOS MONTOS DE SUBEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PERIODOS: 2018-2019 INSTITUCIÓN PRESUPUESTO NO EJECUTADO PERIODO 2018: ¢ PRESUPUESTO NO EJECUTADO PERIODO 2019: ¢ MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 215.056.208.526 89.719.844.990 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS NO SE DISPONE DE INFORMACIÓN 174.297.500.000 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ 15.689.193.130.00 12.857.427.292.00 MINISTERIO DE SALUD NO SE DISPONE DE INFORMACIÓN 36.629.672.326 ASAMBLEA LEGISLATIVA 4.788.446.000. 4.386.387.906 Fuente: elaboración propia, información suministrada por las auditorías internas institucionales al despacho diputada Shirley Díaz Mejías. Del cuadro anterior se desprende que el Ministerio de Educación Pública no ejecutó del monto del presupuesto institucional durante el periodo 2018 el monto de ¢215.056,2 millones de colones y en el 2019, la subejecución fue por el orden de los ¢89.719,8 millones de colones. Gráficamente: ● El Instituto Nacional de Seguros (INS) no ejecutó del presupuesto institucional durante el periodo 2019 el monto de ¢174.297,5 millones de colones. ● La Municipalidad de San José no ejecutó del presupuesto institucional durante el periodo 2018 el monto de ¢15.689,1 millones de colones y en el 2019, la subejecución fue por el orden de los ¢12.857,4 millones de colones. ● Por su parte, el Ministerio de Salud no ejecutó del presupuesto institucional durante el periodo 2019 el monto de ¢36.629,6 millones de colones. ● La Asamblea Legislativa no ejecutó del presupuesto institucional durante el periodo 2018 el monto de ¢4.788,4 millones de colones y en el 2019, la subejecución fue por el orden de los ¢4.386,3 millones de colones. CONSULTA Y RESPUESTA SUMINISTRADA POR LOS DEPARTAMENTOS DE AUDITORÍA INTERNA, SOBRE LOS ESTUDIOS O ASESORÍAS ESCRITAS O VERBALES REALIZADAS SOBRRE LOS NIVELES DE SUBEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL INSTITUCIONAL: Se consultó a los departamentos de auditoría interna sobre los estudios o asesorías escritas o verbales realizados ante la administración activa por esa dependencia, respecto a los niveles de subejecución (montos no ejecutados) al finalizar el periodo 2018 y 2019, obteniéndose como respuesta lo siguiente: AUDITORÍA INTERNA MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA(MEP) SUBEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PERIODOS: 2018-2019 (¢) INSTITUCIÓN PRESUPUESTO NO EJECUTADO PERIODO 2018: ¢ PRESUPUESTO NO EJECUTADO PERIODO 2019: ¢ MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 215.056.208.526 89.719.844.990 Fuente: elaboración propia, información suministrada por las auditorías internas institucionales. Referente a la consulta realizada al Departamento de Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública, sobre los estudios o asesorías escritas o verbales realizados ante la administración activa por esa dependencia, respecto a los niveles de subejecución (montos no ejecutados) al finalizar el periodo 2018 y 2019. No se recibió respuesta. AUDITORÍA INTERNA INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS) PRESUPUESTO TOTAL PERIODOS: 2018-2019 PRESUPUESTO TOTAL 2018 ¢ PRESUPUESTO TOTAL 2019 ¢ 1.187.006,500,000 1.421.777.200.000 El presupuesto total del Instituto Nacional de Seguros a para el año 2018 fue por el orden de los ¢1.187.006,5 millones de colones (1.1 billones) y ¢ 1.421.777,2 millones de colones (1.4 billones) para el año 2019. AUDITORÍA INTERNA INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SUBEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PERIODOS: 2018-2019 INSTITUCIÓN PRESUPUESTO NO EJECUTADO PERIODO 2018: ¢ PRESUPUESTO NO EJECUTADO PERIODO 2019: ¢ INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS NO SE DISPONE DE INFORMACIÓN 174.297.500.000 Fuente: elaboración propia, información suministrada por las auditorías internas institucionales. Referente a la consulta realizada al Departamento de Auditoría Interna del Instituto Nacional de Seguros (INS), sobre los estudios o asesorías escritas o verbales realizados ante la administración activa por esa dependencia, respecto a los niveles de subejecución (montos no ejecutados) al finalizar el periodo 2018 y 2019, indicó: R/ En el período 2018 y 2019 no se emitieron asesorías escritas respecto a los niveles de subejecución; sin embargo, esta Auditoría participa en las reuniones del Comité Plan Presupuesto, racionalización del gasto y construcciones en donde asesora de manera inmediata sobre cualquier situación presentada. AUDITORÍA INTERNA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PRESUPUESTO TOTAL PERIODOS: 2018-2019 PRESUPUESTO TOTAL 2018 ¢ PRESUPUESTO TOTAL 2019 ¢ 74.405.252.164,00 72.196.900.856,95 El presupuesto total de la Municipalidad de San José para el año 2018 fue por el orden de los ¢74.405,2 millones de colones y ¢ 72.196,9 millones de colones para el año 2019. AUDITORÍA INTERNA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ SUBEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PERIODOS: 2018-2019 INSTITUCIÓN PRESUPUESTO NO EJECUTADO PERIODO 2018: ¢ PRESUPUESTO NO EJECUTADO PERIODO 2019: ¢ MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ 15.689.193.130.00 12.857.427.292.00 Fuente: elaboración propia, información suministrada por las auditorías internas institucionales. Referente a la consulta realizada al Departamento de Auditoría Interna de la Municipalidad de San José, sobre los estudios o asesorías escritas o verbales realizados ante la administración activa por esa dependencia, respecto a los niveles de subejecución (montos no ejecutados) al finalizar el periodo 2018 y 2019, indicó: R/ No fue posible la lectura de la información enviada. AUDITORÍA INTERNA MINISTERIO DE SALUD PRESUPUESTO TOTAL PERIODOS: 2018-2019 PRESUPUESTO TOTAL 2018 ¢ PRESUPUESTO TOTAL 2019 ¢ 325.774.476.428,66 340.582.290.208,96 El presupuesto total del Ministerio de Salud para el año 2018 fue por el orden de los ¢325.774,4 millones de colones y de ¢ 340.582,2 millones de colones para el año 2019. AUDITORÍA INTERNA MINISTERIO DE SALUD SUBEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PERIODOS: 2018-2019 INSTITUCIÓN PRESUPUESTO NO EJECUTADO PERIODO 2018: ¢ PRESUPUESTO NO EJECUTADO PERIODO 2019: ¢ MINISTERIO DE SALUD NO SE DISPONE DE INFORMACIÓN 36.629.672.326 Fuente: elaboración propia, información suministrada por las auditorías internas institucionales. Referente a la consulta realizada al Departamento de Auditoría Interna del Ministerio de Salud, sobre los estudios o asesorías escritas o verbales realizados ante la administración activa por esa dependencia, respecto a los niveles de subejecución (montos no ejecutados) al finalizar el periodo 2018 y 2019, indicó: R/ Sobre los estudios, asesorías escritas o verbales realizados a la administración activa, para los montos no ejecutados durante el año 2019 con respecto al 2018, esta Auditoría Interna no efectuó dichas acciones, pues la subejecución rondó el 10,76%, que es una cifra considerada razonable. AUDITORÍA INTERNA ASAMBLEA LEGISLATIVA PRESUPUESTO TOTAL PERIODOS: 2018-2019 PRESUPUESTO TOTAL 2018 ¢ PRESUPUESTO TOTAL 2019 ¢ 29.423.418.815 28.331.618.781 El presupuesto total de la Asamblea Legislativa para el año 2018 fue por el orden de los ¢29.423,4 millones de colones y ¢ 28.331,6 millones de colones para el año 2019. AUDITORÍA INTERNA ASAMBLEA LEGISLATIVA SUBEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PERIODOS: 2018-2019 INSTITUCIÓN PRESUPUESTO NO EJECUTADO PERIODO 2018: ¢ PRESUPUESTO NO EJECUTADO PERIODO 2019: ¢ ASAMBLEA LEGISLATIVA 4.788.400.000. 4.386.300.000 Fuente: elaboración propia, información suministrada por las auditorías internas institucionales. Referente a la consulta realizada al Departamento de Auditoría Interna de la Asamblea Legislativa, sobre los estudios o asesorías escritas o verbales realizados ante la administración activa por esa dependencia, respecto a los niveles de subejecución (montos no ejecutados) al finalizar el periodo 2018 y 2019, indicó: R/ No se obtuvo respuesta sobre lo solicitado. Realizado un análisis general de la totalidad de respuestas suministradas por los departamentos de auditoría interna del sector público, queda una percepción de mucha preocupación y de insatisfacción evidente por la metodología en los procesos de fiscalización preventiva y correctiva que deberían cumplir estos departamentos de fiscalización a lo interno de las instituciones públicas, según lo establecido en la legislación vigente. En muchos casos se denota que el departamento de auditoría interna, para poder contestar las preguntas específicas realizadas se basó en apariencia únicamente en los informes suministrados por el departamento financiero de la institución y no por elaboración propia, y en otros casos no tuvo elementos suficientes y competentes para poder contestar lo requerido, lo que nos hace pensar que posiblemente estos departamentos de fiscalización no han venido cumpliendo con sus responsabilidades en materia de fiscalización de los recursos financieros institucionales como realmente se requiere para que se genere un alto nivel de valor agregado al proceso de fiscalización de los recursos económicos de la hacienda pública. En la actualidad se mantiene un alto nivel de preocupación por una percepción de ineficiencia con que los departamentos de auditoría interna han venido realizando el proceso de fiscalización de los recursos públicos a lo interno de las instituciones públicas, requiriéndose urgentemente una reforma en la legislación vigente para que los auditores y subauditores internos en representación del departamento de auditoría institucional dependan orgánica y administrativamente de la Contraloría General de la República y no de la Administración Activa. De conformidad con los diversos temas abordados, originados entre otros por los hechos consignados en el Dictamen afirmativo unánime, sobre la investigación del Expediente N.° 21.476, referente a la investigación en el Patronato Nacional de la Infancia, realizada en la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gastos Públicos, antes comentado, y una percepción de una metodología de fiscalización débil según un pequeño muestreo realizado de la operatividad de las auditorías internas, someto ante ustedes señoras y señores diputados el presente proyecto de ley, para su aprobación en el Plenario legislativo, con el fin de contribuir al fortalecimiento de fiscalización en la administración de las finanzas públicas de conformidad con lo establecido en la Ley N.° 8292, Ley General del Control Interno, Ley N.° 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y lo estipulado mediante el artículo 11 de la Constitución Política que reza: Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes (…). Tenemos que velar por el cumplimiento del mandato constitucional según lo antes señalado y la legislación vigente en materia de fiscalización de los recursos públicos, es nuestra responsabilidad el trabajar en forma mancomunada: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones y dependencias, además aquellas instituciones y /o entidades públicas, para que los recursos económicos que son destinados vía presupuesto anual para su aprobación en el recinto de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de esta Asamblea Legislativa y aquellos presupuestos institucionales aprobados por la Contraloría General de la República, sean empleados en forma racional, transparente y razonable de conformidad con los objetivos de cada institución, en torno a una administración eficiente de los recursos de la Hacienda Pública, misión y visión vía país. **LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA** **DECRETA:** REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 24, 31 Y EL INCISO A) DEL ARTÍCULO 45 DE LA LEY N.° 8292, LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO, DE 31 DE JULIO DE 2002, Y SUS REFORMAS, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 26 Y 31 DE LA LEY N.° 7428, LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DE 07 DE SETIEMBRE DE 1994, PARA QUE LOS AUDITORES Y SUBAUDITORES INTERNOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DEPENDAN ORGÁNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ### ARTÍCULO 1- Modifíquense los artículos números 24 y 31 de la Ley General de Control Interno, N.° 8292, de 31 de julio de 2002, y sus reformas, y se lean: ### Artículo 24- Dependencia orgánica y regulaciones administrativas aplicables. El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esta ley dependerán orgánica y administrativamente de la Contraloría General de la República, que los nombrará y establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables a dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las disposiciones administrativas aplicables al resto del personal a cargo del máximo jerarca; sin embargo; el nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, concesión de licencias y demás movimientos de personal deberán contar con la autorización del auditor interno; todo de acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u órgano. (…). ### Artículo 31- Nombramiento y conclusión de la relación de servicio. La Contraloría General de la República nombrará por tiempo indefinido al auditor y al subauditor internos. Tales nombramientos se realizarán por concurso público promovido por este órgano contralor, se asegurará la selección de los candidatos idóneos para ocupar los puestos; la terna deberá constar en el expediente respectivo. Los nombramientos interinos serán autorizados por un máximo de doce meses. Los nombramientos del auditor y subauditor deberán ser comunicados por la Contraloría General de la República al jerarca respectivo, a más tardar el primer día hábil del inicio de funciones en los respectivos cargos. (…). ### ARTÍCULO 2- Modifíquese el inciso a) del artículo 45 de la Ley N.° 8292, que modifica el artículo 26 y 31 de la Ley N.° 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, de 7 de setiembre de 1994. Para que en adelante se lea: ### Artículo 45- Reformas. Modifícase la siguiente normativa: (…) a) ### Artículo 26- Potestad sobre las auditorías internas. La Contraloría General de la República como superior jerárquico fiscalizará que las auditorías internas cumplan adecuadamente las funciones que les señala el ordenamiento jurídico que las regula (…). ### Artículo 31- Potestad de informar y asesorar. La Contraloría General de la República rendirá, a los órganos parlamentarios y a cada uno de los diputados, los informes que estos le soliciten; lo realizará de oficio cuando su participación se haya solicitado de conformidad con el segundo párrafo del artículo 22 de la presente ley. En razón del carácter de órgano auxiliar en el control y fiscalización de la Hacienda Pública, la Contraloría General de la República remitirá al Plenario legislativo copia de todos los informes restantes que rinda en el ejercicio de dichas potestades. El órgano contralor deberá incluir en el informe denominado “Memoria anual” que remite anualmente a la Asamblea Legislativa, un apartado referente a la razonabilidad, idoneidad, cumplimiento e incumplimiento de los contenidos y ejecución de los planes de trabajo anuales de las auditorías internas de las entidades y/o instituciones del sector público en resguardo de los intereses públicos de acuerdo a lo establecido en la presente ley, y las acciones que procedan en caso de incumplimientos. (…). ### TRANSITORIO I- La Contraloría General de la República y las auditorías internas deberán realizar las reformas que procedan a los reglamentos internos, estatutos y demás lineamientos según corresponda. ### TRANSITORIO II- La Contraloría General de la República y los máximos jerarcas de la Administración Activa de las instituciones y/o entes públicos deberán realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes en sus presupuestos institucionales anuales. Rige a partir de su publicación. Shirley Díaz Mejía Diputada 11 de noviembre de 2020. NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos. Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios. Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/22284). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.