Archivado el plan que obligaba a cada municipalidad a crear un comité para adultos mayores
El expediente 22302 murió sin ser ley: proponía que cada cantón tuviera un comité para adultos mayores y personas con discapacidad, con al menos un 3% del presupuesto municipal.
Título oficial REFORMA A LA LEY N° 7794 CODIGO MUNICIPAL, PARA QUE SE INCORPORE AL TITULO VII UN SEGUNDO CAPITULO: COMITES CANTONALES PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Atención: El proyecto obligaba a cada municipalidad a destinar al menos un 3% de sus ingresos ordinarios anuales a los comités, y dejaba la duda de si eso choca con la autonomía municipal del artículo 170.
La letra pequeña
Encontramos 2 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
Alguien queda pagando algo que el título no menciona.
A quién le sirve: Municipalidades y contribuyentes del cantón
El texto obligaba a cada municipalidad a apartar un mínimo del 3% de sus ingresos ordinarios anuales para los comités, antes de aprobar el presupuesto ordinario.
Las municipalidades deberán asignarles un mínimo de un tres por ciento (3%) de los ingresos ordinarios anuales municipales
188, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Personas adultas mayores de todos los cantones, que habrían tenido un comité cantonal de atención
- Personas con discapacidad de todos los cantones, que habrían tenido representación en esos comités
- Municipalidades, que habrían tenido que destinar al menos un 3% de sus ingresos ordinarios anuales
- Organizaciones aprobadas por Conapam y Conapdis, que habrían podido recibir donaciones de los comités
A quién beneficia
- Los comités habrían podido desarrollar programas nutricionales, deportivos y recreativos en cada cantón
- Las organizaciones aprobadas por Conapam y Conapdis habrían podido recibir implementos, materiales, maquinaria y alimentos
- Los comités habrían podido administrar instalaciones cedidas por municipalidades, instituciones públicas y organizaciones comunales
Qué cambia
- El proyecto no es ley: fue archivado y su plazo cuatrienal venció el 11 de noviembre de 2024
- La obligación del 3% del presupuesto municipal nunca entró en vigor
- Los comités cantonales que el texto creaba no existen por esta ley
- Para retomar el tema habría que presentar un proyecto nuevo
La explicación completa
El expediente 22302 ya no está en trámite. La Asamblea lo archivó y su plazo de cuatro años venció el 11 de noviembre de 2024, sin que llegara a ser ley 1.
Qué propone
El proyecto proponía crear un comité cantonal para la atención de personas adultas mayores y personas con discapacidad en cada cantón. Cada comité estaría adscrito a la municipalidad respectiva (art. 182).
El comité tendría personalidad jurídica instrumental. Eso significa que podría tener nombre propio para firmar contratos y manejar planes, proyectos y programas nutricionales, deportivos y recreativos (art. 182).
Cada comité cantonal tendría cinco miembros residentes en el cantón. Dos los nombraría el concejo municipal, dos vendrían de organizaciones que atienden a personas adultas mayores y uno de organizaciones comunales que atienden a personas con discapacidad (art. 183).
También habría comités comunales de cinco miembros, elegidos en asamblea general convocada por el comité cantonal (art. 184).
El texto prohibía que concejales, alcalde, alcaldes suplentes, tesorero, auditor y contador formaran parte de estos comités. La prohibición alcanzaba a sus cónyuges y parientes hasta el tercer grado (art. 185).
Los miembros durarían dos años en el cargo, podrían ser reelegidos y no cobrarían dietas ni remuneración (art. 186).
El cambio de fondo estaba en el artículo 188. Las municipalidades deberían asignarles un mínimo de un 3% de los ingresos ordinarios anuales. De ese porcentaje, un 10% como máximo iría a gastos administrativos y el resto a programas nutricionales, deportivos y recreativos (art. 188).
El proyecto también permitía que los comités donaran implementos, materiales, maquinaria y alimentos a organizaciones aprobadas por Conapam y Conapdis. Esas organizaciones debían estar inscritas en el Registro de Asociaciones (art. 188).
Además, las municipalidades, instituciones públicas y organizaciones comunales quedaban autorizadas para ceder la administración de sus instalaciones a estos comités (art. 189).
Cada primera semana de julio, los comités debían presentar sus programas anuales a los concejos municipales, antes de aprobarse los presupuestos ordinarios (art. 190).
El proyecto regiría 12 meses después de su publicación (art. 190).
En qué va el trámite
El expediente está archivado. La ficha registra el ingreso al plenario el 11 de noviembre de 2020 y la publicación en La Gaceta el 27 de noviembre de 2020 1.
El 11 de agosto de 2021 el expediente pasó a la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo 1.
El 31 de agosto de 2021 hubo un traslado de comisión y el expediente volvió a archivo ese mismo día 1.
El plazo cuatrienal venció el 11 de noviembre de 2024 1. Para que fuera ley faltaba el dictamen de la comisión, el primer debate, el segundo debate y la firma. Nada de eso ocurrió según la ficha.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque claro entre el texto y la Constitución del dossier. Hay dos puntos que conviene mirar.
El artículo 51 de la Constitución ordena protección especial del Estado para las personas adultas mayores y las personas con discapacidad Constitución, art. 51. El proyecto iba en esa dirección al crear comités cantonales para atenderlas (art. 182).
El artículo 170 dice que las corporaciones municipales son autónomas y que la ley determinará las competencias que se trasladarán del Poder Ejecutivo a las municipalidades Constitución, art. 170. El proyecto obligaba a las municipalidades a destinar un 3% de sus ingresos ordinarios a estos comités (art. 188). Queda la duda de si esa obligación choca con la autonomía municipal, porque la Asamblea fija el destino de un porcentaje del presupuesto local.
El artículo 175 dice que las municipalidades dictan sus presupuestos y que la Contraloría General fiscaliza su ejecución Constitución, art. 175. El proyecto mantenía esa aprobación, pero amarraba una partida fija antes de que el concejo aprobara el presupuesto (art. 190).
Qué puede hacer usted
Este expediente ya está archivado, así que las herramientas para incidir en su trámite no sirven. Quedan otras vías.
Puede pedir información sobre el estado de cualquier proyecto a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa. Esa oficina da información inmediata sobre la tramitación de los proyectos y las órdenes del día guía, p. 27.
Puede presentar su propia propuesta de ley por el formulario web de la Asamblea. No hace falta el texto completo, basta con plantear la idea. La Oficina de Iniciativa Popular las recopila y las remite a los diputados guía, p. 27.
Si quiere que una propuesta tenga garantía de ser votada, existe la iniciativa popular. Requiere firmas de al menos un 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral guía, p. 30.
También puede llevar el tema a su municipalidad. El Concejo Municipal puede convocar un cabildo, que es una reunión pública donde los habitantes discuten asuntos de interés para la comunidad guía, p. 37.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué el expediente se archivó ni quién pidió el traslado de comisión del 31 de agosto de 2021.
El dossier no incluye el dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales, si es que llegó a emitirse.
El dossier no permite saber cuántas municipalidades ya tienen un comité parecido por cuenta propia.
La Constitución y esta ley, lado a ladoHay dudas
El proyecto calza con el artículo 51, que ordena protección especial a adultos mayores y personas con discapacidad. Queda la duda de si obligar a las municipalidades a destinar un 3% fijo choca con la autonomía municipal del artículo 170.
Constitución, art. 51"La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente, tendrán derecho a esa protección la madre, el niño y la niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad."
Esta ley, art. 182"En cada cantón, existirá un comité cantonal para la atención de personas adultas mayores adscrito a la municipalidad respectiva"
Sin choque aparente La Constitución manda proteger a adultos mayores y personas con discapacidad. El proyecto creaba un comité en cada cantón para atenderlos, así que va en la misma dirección.
Constitución, art. 170"Las corporaciones municipales son autónomas. En el Presupuesto Ordinario de la República, se les asignará a todas las municipalidades del país una suma que no será inferior a un diez por ciento (10%) de los ingresos ordinarios calculados para el año económico correspondiente."
Esta ley, art. 188"Las municipalidades deberán asignarles un mínimo de un tres por ciento (3%) de los ingresos ordinarios anuales municipales"
Hay dudas La Constitución dice que las municipalidades son autónomas. El proyecto les obligaba a apartar un 3% fijo de sus ingresos para los comités. Queda la duda de si esa obligación respeta la autonomía municipal.
Constitución, art. 175"Las Municipalidades dictarán sus presupuestos ordinarios o extraordinarios, los cuales necesitarán para entrar en vigencia, la aprobación de la Contraloría General que fiscalizará su ejecución."
Esta ley, art. 190"En la primera semana de julio de cada año, los comités cantonales de atención a las personas adultas mayores y personas con discapacidad someterán a conocimiento de los concejos municipales sus programas anuales de actividades, obras e inversión, antes de aprobarse los presupuestos ordinarios de la municipalidad."
Hay dudas La Constitución deja el presupuesto municipal en manos del concejo y de la Contraloría. El proyecto amarraba una partida fija antes de esa aprobación. No es un choque directo, pero deja la duda de cuánto margen le queda al concejo.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 22302: REFORMA A LA LEY N° 7794 CODIGO MUNICIPAL, PARA QUE SE INCORPORE AL TITULO VII UN SEGUNDO CAPITULO: COMITES CANTONALES PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
REFORMA DE LA LEY N.° 7794, CÓDIGO MUNICIPAL, PARA QUE SE INCORPORE AL TÍTULO VII UN SEGUNDO CAPÍTULO: COMITÉS CANTONALES PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SHIRLEY DÍAZ MEJÍA DIPUTADA
EXPEDIENTE N.° 22.302
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
REFORMA DE LA LEY N.° 7794, CÓDIGO MUNICIPAL, PARA QUE SE INCORPORE AL TÍTULO VII UN SEGUNDO CAPÍTULO: COMITÉS CANTONALES PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Expediente N.º 22.302
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
La vejez es un proceso natural en la vida del ser humano, y como tal la salud se ve deteriorada, y además finaliza la etapa productiva laboral. Esto crea en el ser humano cambios no solo físicos sino también a nivel psicológico en donde se hace necesario que el Estado preste atención especial a esta población, así como también a las personas con discapacidad
Costa Rica se ha distinguido como un país defensor de los derechos humanos y la dignidad de las personas, dentro de nuestro país se crea el Consejo Nacional de la Persona de Adulta Mayor (Conapam), Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis). Precisamente estas instituciones desarrollan diferentes programas para atender a estas poblaciones en sus diferentes necesidades. Esto se logra mediante la coordinación con comités locales los cuales son integrados por representantes de asociaciones comunales y grupos organizados por la comunidad, instituciones públicas, gobierno local y organizaciones no gubernamentales.
Actualmente, en el registro de Conapam se encuentran 54 redes comunitarias distribuidas en 73 cantones de los 82 que posee el país, con una cobertura de 387 distritos de los 488 que posee el país, esto nos muestra un esfuerzo importante, más sin embargo insuficiente para dar cobertura total a todo el país.
Conapam gira recursos económicos a 143 organizaciones de bienestar social legalmente constituidas y estas a su vez son certificadas por el Instituto Mixto de Ayuda Social, así como también declaradas idóneas para el manejo de fondos públicos. Dentro de los destinos de recursos Conapam gira recursos económicos únicamente a 11 gobiernos locales de los 82 que posee el país.
Dentro de los registros de organizaciones a las cuales Conapam gira recursos económicos para que puedan llevar adelante la atención de esta población, se encuentran:
-
74 hogares de larga distancia
-
69 centros diurnos
-
11 hogares de larga distancia que atienden adultos mayores en condición de abandono
Según oficio Conapam-DE-729-O-2020 CON FECHA DE 10 DE JUNIO DE 2020, dirigido a la diputada Díaz Mejía, doña Emiliana Rivera Meza, directora ejecutiva de Conapam indica: “Aprovecho la ocasión, para hacer de su conocimiento, que los recursos que provienen de la Ley N.º 9188 y que fueron asignados al Conapam para el año 2020, no cubren la totalidad de los subsidios. Esta situación particular se ha evidenciado en diferentes oficios y reuniones, en donde se ha planteado la necesidad de un mayor presupuesto para cubrir las necesidades actuales en la atención y el cuidado de personas adultas mayores en condición de pobreza, pobreza extrema y abandono. Para el año 2020, se tiene un déficit que perjudicaría a las personas adultas mayores beneficiarias de la red de cuido, debido a que no podrían cubrirse los subsidios de 13.573 personas, en los meses de noviembre y diciembre del presente año, y corresponde a un monto de ¢1.464,0 millones. También, se mantiene un déficit que perjudicaría a las personas adultas mayores beneficiarias de la modalidad de abandonados, debido a que no podrían cubrirse los subsidios de 703 personas, en los meses de agosto a diciembre del presente año, y corresponden a un monto de ¢1.650,0 millones.
Por otro lado, producto del estado de emergencia nacional debido a la situación sanitaria provocada por el coronavirus covid-19, se han registrado, aproximadamente 200 personas adultas mayores en condición de abandono, de las cuales, a la fecha, se han interpuesto 8 recursos de amparo y la Sala Constitucional ha declarado con lugar 6, obligando al Conapam a proceder con la reubicación de las personas adultas mayores. Asimismo, se han recibido durante este período de pandemia por parte de los Juzgados que atienden la materia de violencia, más de 30 órdenes de reubicación, con plazo establecido, y se tienen condenatorias en donde se ordena la reubicación en términos de un mes. Para estos casos, a la fecha, el Conapam no cuenta con recursos económicos disponibles, a pesar de las solicitudes presentadas ante diferentes instancias (Asamblea Legislativa, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de la Presidencia). Adicional a lo anterior, se ha recibido la comunicación de la Dirección General de Asignaciones Familiares sobre la reducción de los ingresos para el Conapam, por un monto de ¢248.48 millones, lo que implicaría desatender a las personas adultas mayores beneficiarias en las diferentes modalidades, en cuanto a sus necesidades fundamentales de subsistencia (salud, alimentación, entre otras), y de protección (sistemas de seguridad y prevención, vivienda, entre otras).”
En el caso de las personas con discapacidad, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos presentados en el comunicado de prensa del 29 de mayo del 2019 de Casa Presidencial indican, que en el Pacifico Central hay un 24% de personas con discapacidad, siendo esta la región con mayor porcentaje, seguida de la región Brunca con el 22%. Las zonas Huetar Norte y Huetar Caribe poseen un 16,2% y 14% respectivamente.
El INEC destaca que más del 50% de esta población se encuentra en estado de pobreza y pobreza extrema, a pesar de que el 43,6% poseen trabajo se ubican en los quintiles de menor ingreso.
En el mismo comunicado de casa presidencial la directora Nacional de Seguridad Social y presidenta de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Discapacidad, Ericka Álvarez manifestó: La pobreza asociada a las discapacidades lo más urgente a la luz de los nuevos datos que nos revela la encuesta; la combinación pobreza-discapacidad es un binomio perverso.
Es importante también indicar las palabras de la señora Lizbeth Barrantes quien acotó que medir la discapacidad desde el enfoque de derechos implica identificar cómo aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo puedan ver limitada o impedida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones.
A pesar de los múltiples esfuerzos que ambas instituciones realizan (Conapam y Conapdis), es evidente que falta mucho por hacer ante todas las adversidades que deben afrontar no solo por su propia condición sino por lo que tanto el Gobierno central como los gobiernos locales les falta por realizar para crear las reales condiciones de inclusión para estas poblaciones que claramente día a día aumentan la cantidad y es imperativo las acciones que brinden y garanticen su bienestar.
Esto hace ver la necesidad de que los gobiernos locales tengan una mayor responsabilidad para con esta población, que por sus características dependen del auxilio de los demás para tener una calidad de vida adecuada y digna. Algunos gobiernos locales realizan esfuerzos para atender la población adulta mayor; sin embargo, es claro que se requiere un sustento a nivel cantonal otorgado a estas poblaciones por parte de las municipalidades del país y de esta manera garantizar que se desarrollen programas que logren tener impacto en todo el territorio nacional mediante un presupuesto otorgado por las municipalidades.
Este proyecto de ley busca que a los esfuerzos que realizan tanto Conapam como Conapdis para atender esta población, se unan los municipios y así se logre una cobertura territorial absoluta en donde como aparato estatal aseguremos a todos los adultos mayores y personas con discapacidad que requieran de la solidaridad del Gobierno, que en todos los cantones existirá un comité cantonal para la atención de la persona adulta mayor y personas con discapacidad.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
REFORMA DE LA LEY N.° 7794, CÓDIGO MUNICIPAL, PARA QUE SE INCORPORE AL TÍTULO VII UN SEGUNDO CAPÍTULO: COMITÉS CANTONALES PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ARTÍCULO 1- Modifíquese el nombre al título VII de la Ley 7794 para que en adelante se lea: Comités Cantonales de Deportes y Comités Cantonales para la Persona Adulta Mayor y Personas con Discapacidad.
ARTÍCULO 2- Modifíquese la numeración del articulado posterior a la incorporación de este segundo capítulo en el título VII de la Ley 7794.
ARTÍCULO 3- Incorpórese el capítulo segundo y el siguiente articulado referente a los comités cantonales para la persona adulta mayor y personas con discapacidad en la Ley 7794.
CAPÍTULO II
Comités Cantonales para la Persona Adulta Mayor y Personas con Discapacidad
Artículo 182- En cada cantón, existirá un comité cantonal para la atención de personas adultas mayores adscrito a la municipalidad respectiva; gozará de personalidad jurídica instrumental para desarrollar planes, proyectos y programas nutricionales, deportivos y recreativos cantonales, así como para construir, administrar y mantener las instalaciones de su propiedad o las otorgadas en administración. Asimismo, habrá comités comunales para la atención de personas adultas mayores y personas con discapacidad adscritos al respectivo comité cantonal.
Artículo 183- El Comité cantonal estará integrado por cinco residentes en el cantón:
a) Dos miembros de nombramiento del concejo municipal.
b) Dos miembros de las organizaciones de que atiendan las poblaciones adulto mayor del cantón.
c) Un miembro de las organizaciones comunales que atienden la población con discapacidad.
Artículo 184- El comité comunal estará integrado por cinco miembros residentes en la comunidad respectiva, nombrados en la asamblea general, convocada para tal efecto por el comité cantonal. La asamblea general estará conformada por dos representantes de cada una de las organizaciones de desarrollo comunal existentes en la comunidad.
Artículo 185- Los concejales, el alcalde, los alcaldes suplentes, el tesorero, el auditor y el contador, sus cónyuges o parientes en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, están inhibidos para integrar estos comités, los cuales funcionarán según el reglamento que promulgue la municipalidad.
Artículo 186- Los miembros de cada comité durarán en sus cargos dos años, podrán ser reelegidos y no devengarán dietas ni remuneración alguna.
Artículo 187- El Comité cantonal funcionará con el reglamento que dicte la respectiva municipalidad, el cual deberá considerar, además, las normas para regular el funcionamiento de los comités comunales y la administración de las instalaciones municipales.
Artículo 188- Los comités cantonales para la atención de personas adultas mayores y personas con discapacidad coordinarán con la municipalidad respectiva, lo concerniente a inversiones y obras en el cantón. Las municipalidades deberán asignarles un mínimo de un tres por ciento (3%) de los ingresos ordinarios anuales municipales; de este porcentaje, un diez por ciento (10%), como máximo, se destinará a gastos administrativos y el resto, a programas nutricionales, deportivos y recreativos.
Los comités cantonales para la atención de personas adultas mayores y personas con discapacidad podrán donar implementos, materiales, maquinaria y alimentos para dichos programas, a las organizaciones aprobadas por el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) y por el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis), que se encuentren debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones, así como a las juntas de educación de las escuelas públicas, juntas administrativas de hogares diurnos y las juntas administrativas de los colegios públicos del respectivo cantón; además, deberán proporcionarles el local que será su sede y todas las facilidades para el cabal cumplimiento de sus fines.
Artículo 189- Las municipalidades, las instituciones públicas y las organizaciones comunales quedan autorizadas para ceder la administración de sus instalaciones a los comités cantonales para la atención de personas adultas mayores y personas con discapacidad; para ello elaborarán los convenios respectivos.
Estos comités quedan facultados para gozar del usufructo de las instalaciones bajo su administración, y los recursos que obtengan se aplicarán al mantenimiento, mejoras y construcción de las mismas instalaciones, o en el desarrollo de los programas comité.
Artículo 190- En la primera semana de julio de cada año, los comités cantonales de atención a las personas adultas mayores y personas con discapacidad someterán a conocimiento de los concejos municipales sus programas anuales de actividades, obras e inversión, antes de aprobarse los presupuestos ordinarios de la municipalidad.
Los comités también deberán presentar un informe de los resultados de la gestión correspondiente al año anterior.
Rige a partir de 12 meses después de su publicación.
Shirley Díaz Mejía Diputada
24 de noviembre de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.