# Expediente 22309: Proyecto para frenar desalojos en zonas especiales quedó archivado - Página: https://elcenso.com/leyes/22309 - Tipo: Proyecto de ley (expediente legislativo) - Título oficial: LEY PARA PROTEGER A LAS PERSONAS OCUPANTES DE LAS ZONAS CLASIFICADAS COMO ESPECIALES - Publicada: 2020-12-02 - La Gaceta: 284 - Fuente oficial: https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx ## En resumen El expediente 22309 proponía suspender por 48 meses desalojos y demoliciones en zona marítimo-terrestre, fronteriza y patrimonio natural, pero venció su plazo cuatrienal en noviembre de 2024 sin convertirse en ley. ## A quién le toca - Personas que ocupan zona marítimo-terrestre, zona fronteriza o patrimonio natural del Estado - Municipalidades con territorios en esas zonas - Ministerio de Ambiente y Energía, por el dictamen técnico del artículo 3 ## A quién beneficia - Los ocupantes habrían ganado 48 meses sin desalojo ni demolición, salvo casos ambientales en firme - Las municipalidades podrían aplicar la moratoria en su territorio con dictamen favorable ## Qué cambia - El proyecto no creaba derechos de propiedad para los ocupantes - Los ocupantes no podían hacer modificaciones en obras ni proyectos - El Estado quedaba obligado a impedir nuevas ocupaciones - El expediente venció el 17 de noviembre de 2024 sin ser ley ## Cláusulas a revisar - **Orden al Estado sin institución responsable** (5): El artículo 5 ordena al Estado impedir nuevas ocupaciones, pero no dice qué institución ejecuta la orden ni con qué instrumento. Texto: "Durante la vigencia de la moratoria, el Estado no deberá permitir que se den nuevas ocupaciones en las zonas referidas en el artículo 1 de esta ley." ## Explicación ### Qué propone El expediente 22309 propone suspender por 48 meses el desalojo de personas y la demolición de obras en la zona marítimo-terrestre, la zona fronteriza y el patrimonio natural del Estado ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). La suspensión no cubriría los casos con resolución judicial o administrativa en firme por daño ambiental, ni cuando exista peligro o amenaza de daño al ambiente. El texto aclara que la suspensión no impide dictar medidas cautelares judiciales o administrativas cuando se determine daño ambiental o su amenaza ([art. 2](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). En zonas declaradas patrimonio natural del Estado, la moratoria quedaría sujeta a un dictamen técnico favorable del Ministerio de Ambiente y Energía ([art. 3](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El proyecto dice que en ningún caso favorecerá la constitución de derechos a favor de los ocupantes ([art. 4](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Tampoco podrían hacer modificaciones en obras, actividades y proyectos dentro de las zonas de la moratoria. Durante la vigencia, el Estado no debería permitir nuevas ocupaciones en esas zonas ([art. 5](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Las municipalidades podrían aplicar la moratoria en su territorio, previo dictamen favorable del órgano municipal competente ([art. 6](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El Estado debería tomar medidas para ordenar las zonas referidas ([art. 7](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El proyecto citaba como antecedente la Ley 9373, publicada en el Alcance 127 de La Gaceta 141 del 21 de julio de 2016 ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Esa ley anterior daba 24 meses para suspender desalojos en las mismas zonas. El dossier registra la Ley 9373 como anulada [\[2\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=81962¶m2=127617¶m3=1). ### En qué va el trámite El proyecto está archivado. Su plazo cuatrienal venció el 17 de noviembre de 2024, cuatro años después de que inició el trámite el 17 de noviembre de 2020 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). El recorrido fue corto. El Plenario recibió el proyecto y lo votó el 17 de noviembre de 2020 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). El 23 de noviembre se asignó a comisión y se informó al Plenario. El 25 de noviembre se recibió en archivo y el 26 se envió a la Imprenta Nacional para publicación. El 9 de junio de 2021 el expediente se remitió a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios (Área IV) [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). El 15 de junio de 2021 esa comisión lo ingresó en el orden del día, aprobó una dispensa de trámite y lo remitió a la Secretaría del Directorio. No hay más pasos registrados en el dossier. ### Lo que se dijo en la Asamblea Las grabaciones del dossier no tratan el expediente 22309. La V1 habla de otro proyecto, el 25548, que reforma el artículo primero de la ley 9577 ([video, 00:00:03](https://www.youtube.com/watch?v=til3i23MzGU&t=3s)). Ese texto propone suspender por 36 meses el desalojo de personas y la demolición de obras en zona marítimo-terrestre, fronteriza y patrimonio natural ([video, 00:01:08](https://www.youtube.com/watch?v=til3i23MzGU&t=68s)). La V1 dice que la Comisión de Asuntos Municipales dictaminó afirmativamente el 25548 tras aprobar un texto sustitutivo ([video, 00:00:00](https://www.youtube.com/watch?v=til3i23MzGU&t=0s)). Una diputada no identificada en el transcript dijo que esperaba que avanzara en el plenario ([video, 00:00:35](https://www.youtube.com/watch?v=til3i23MzGU&t=35s)). También dijo que las personas que viven en áreas del patrimonio natural del Estado en Guanacaste iban a agradecerlo ([video, 00:00:54](https://www.youtube.com/watch?v=til3i23MzGU&t=54s)). Las sesiones V2 y V3 del Plenario, del 17 y 18 de noviembre de 2020, no mencionan el expediente 22309 en los tramos transcritos. La V2 trata el presupuesto extraordinario, el régimen no contributivo de pensiones y el Conapdis ([video, 03:02:43](https://www.youtube.com/watch?v=3x2w4oC8E94&t=10963s)). La V3 discute un proyecto sobre abejas y apicultura ([video, 01:30:15](https://www.youtube.com/watch?v=mlytsJCE9cI&t=5415s)). ### Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque directo entre el texto del 22309 y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier. El proyecto no desafecta bienes del Estado y lo dice expresamente: la moratoria no implica desafectación de bienes demaniales ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El artículo 50 de la Constitución ordena al Estado garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado ([Constitución, art. 50](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto respeta ese mandato al exceptuar de la suspensión los casos con resolución en firme por daño ambiental y al permitir medidas cautelares ambientales ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)) ([art. 2](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El artículo 45 declara inviolable la propiedad y permite privar de ella solo por interés público comprobado y con indemnización previa ([Constitución, art. 45](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto no toca la titularidad de los terrenos ni crea derechos para los ocupantes ([art. 4](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El artículo 89 incluye entre los fines culturales del Estado proteger las bellezas naturales y conservar el patrimonio ([Constitución, art. 89](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El artículo 3 del proyecto condiciona la moratoria en patrimonio natural del Estado a un dictamen técnico favorable del Ministerio de Ambiente y Energía ([art. 3](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Hay una duda sobre el artículo 5. El proyecto ordena al Estado no permitir nuevas ocupaciones ([art. 5](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Esa orden es general y no dice qué institución la ejecuta ni con qué instrumento. El artículo 140 da al Presidente y al ministro respectivo el deber de mantener el orden y vigilar los servicios administrativos ([Constitución, art. 140](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El texto no aclara cómo se coordina esa orden con esas atribuciones. ### Qué puede hacer usted Este proyecto ya no está en trámite, así que no sirve presentar mociones ni pedir audiencias en comisión por este expediente. Las herramientas de la guía aplican a proyectos vivos. Si le interesa un tema parecido, puede revisar el estado de otros expedientes en el sistema de la Asamblea. La Oficina de Iniciativa Popular brinda información sobre la tramitación de proyectos y las órdenes del día ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). Puede presentar una propuesta de ley por el formulario web de la Asamblea. La guía advierte que esas propuestas no tienen garantía de ser acogidas, discutidas ni votadas ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). Si el tema es ambiental, la Procuraduría Ambiental y de la Zona Marítimo Terrestre recibe denuncias de particulares por violación a la zona marítimo terrestre o al ambiente ([guía, p. 70](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=70)). Se presentan en papel corriente, con identificación clara del denunciante y del denunciado, los hechos y la prueba. ### Lo que no sabemos El dossier no dice por qué el expediente 22309 no avanzó después del 15 de junio de 2021. El dossier no registra el texto exacto que aprobó la dispensa de trámite en la Comisión de Asuntos Agropecuarios. El dossier no incluye el dictamen de la comisión sobre el fondo del proyecto. El dossier no permite saber si el expediente 25548 de la V1 tiene relación directa con el 22309. ## Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque directo entre el texto del 22309 y los artículos constitucionales del dossier. Hay una duda sobre cómo se ejecuta la orden de impedir nuevas ocupaciones del artículo 5. ## Qué puede hacer usted - Consultar el estado de proyectos en la Asamblea: La Oficina de Iniciativa Popular brinda información sobre la tramitación de proyectos y las órdenes del día (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Presentar una propuesta de ley por formulario web: Se llena un formulario en la página de la Asamblea; no hace falta el texto completo (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Denuncia ante la Procuraduría Ambiental y de la Zona Marítimo Terrestre: En papel corriente, con identificación del denunciante y del denunciado, los hechos y la prueba (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=70) ## Fuentes 1. Expediente 22309: LEY PARA PROTEGER A LAS PERSONAS OCUPANTES DE LAS ZONAS CLASIFICADAS COMO ESPECIALES. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa, 2020-12-02. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx 2. Ley 9373: Protección a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales (Anulada). SINALEVI, Procuraduría General de la República, 28/06/2016. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=81962¶m2=127617¶m3=1 3. Avanza proyecto para proteger a personas en zonas especiales. Asamblea Legislativa Costa Rica, 2026-09-24. https://www.youtube.com/watch?v=til3i23MzGU 4. Plenario Legislativo sesión ordinaria #12, martes 17 noviembre 2020. Asamblea Legislativa Costa Rica, 2020-11-18. https://www.youtube.com/watch?v=3x2w4oC8E94 5. Plenario Legislativo sesión extraordinaria #70, miércoles 18 noviembre 2020. Asamblea Legislativa Costa Rica, 2020-11-19. https://www.youtube.com/watch?v=mlytsJCE9cI 6. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 7. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf ## Texto oficial completo ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY LEY PARA PROTEGER A LAS PERSONAS OCUPANTES DE LAS ZONAS CLASIFICADAS COMO ESPECIALES NIDIA LORENA CÉSPEDES CISNEROS Y OTRAS SEÑORAS DIPUTADAS Y SEÑORES DIPUTADOS EXPEDIENTE N° 22.309 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES NOTA: A solicitud de las partes interesadas, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley PROYECTO DE LEY LEY PARA PROTEGER A LAS PERSONAS OCUPANTES DE LAS ZONAS CLASIFICADAS COMO ESPECIALES Expediente N° 22.309 ASAMBLEA LEGISLATIVA: El presente proyecto de ley pretende proteger a las personas ocupantes de las zonas clasificadas como especiales. El 22 de mayo de 2014, fue presentado a la corriente legislativa el expediente N° 19.139 denominado “Ley de protección a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales”, mismo que derivó en la Ley N° 9373, y fue publicada en el Alcance N° 127 de La Gaceta N° 141 de 21 de julio de 2016, la que ha tenido como objetivo brindar un plazo de veinticuatro meses, para suspender el desalojo de personas, demolición de obras, suspensión de actividades y proyectos en la zona marítimo-terrestre, zona fronteriza y patrimonio natural del Estado. No es sencilla la solución de la problemática, lo que impide dar respuesta a las personas, sin afectar los intereses superiores del Estado. No ha sido posible legalizar la situación de los habitantes de esos territorios. Incluso, el expediente legislativo Nº 16.657 denominado “Ley que regula la desafectación y titulación de la zona fronteriza entre la República de Costa Rica y la República de Panamá (anteriormente denominado) Ley de Autorizaciòn al Instituto de Desarrollo Agrario para la titulación de inmuebles de la zona fronteriza con Panamá y Nicaragua que no estén afectos a un régimen de protección especial bajo la legislación ambiental” , fue enviado a consulta ante la Sala Constitucional, mismo que fue votado en primer debate en el Plenario y cuyo objetivo era autorizar al Inder a titular los territorios de éstos ocupantes. ¿ La resolución Nº 2014-18836 del Tribunal Constitucional, en atención a la consulta facultativa emitida por la Asamblea Legislativa, fue determinado lo siguiente: En esa oportunidad, la Sala Constitucional manifiesta: “(...) el artículo 1, del Proyecto de Ley consultado, es inconstitucional, por ser contrario a los Principios Constitucionales de Seguridad y Soberanía, ya que la desafectación que se pretende constituye un peligro para la soberanía y la defensa de la Nación. (…) No es casualidad que el ordenamiento jurídico costarricense haya preservado la titularidad pública estatal de las zonas internas limítrofes de las fronteras, tanto del norte como del sur del país, bajo un régimen especial, dado que, por su especial naturaleza, representan zonas estratégicas para la defensa de la soberanía y para la seguridad de la Nación; así como para el establecimiento de controles en materias de claro interés público como la salud, aduanas, migración, salida e ingreso de mercancías, entre otros. De manera tal, que la desafectación indiscriminada y en forma general que contiene el consultado Proyecto de Ley, sin contar, de previo, con un estudio técnico que establezca en concreto cuáles son los inmuebles que se van a desafectar, a fin de valorar, entre otros, si ello pone o no en peligro la seguridad de la Nación o si impide un efectivo ejercicio de la soberanía, o un adecuado control migratorio o aduanero, etcétera, resulta irracional y desproporcionado, lo que resulta contrario a los Principios Constitucionales de Seguridad y Soberanía. (…) En el caso del proyecto en consulta, considera la Sala Constitucional, que llevan razón los diputados y diputadas consultantes con respecto a su preocupación por el posible daño ambiental irreparable que la desafectación, en forma general y sin conocimiento concreto sobre cuáles inmuebles involucrará, produciría en el Patrimonio Natural del Estado la aplicación de la normativa en cuestión. Hay más que una duda razonable sobre la posibilidad de que tal afectación se produzca, debido a la falta de estudios técnicos que especifiquen, de previo, cuáles terrenos, en concreto, son los que, finalmente, saldrán del patrimonio del Estado y serán titulados a nombre de particulares. Esto, precisamente, va en contra del principio precautorio que obliga al Estado a tomar las medidas necesarias para asegurar una adecuada protección al Patrimonio Natural de la Nación. Con ello, también, se violan importantes convenios internacionales debidamente ratificados por Costa Rica, tal y como lo señalan los consultantes, entre los que cabe citar el artículo 4, inciso f), del Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales, Ley N° 7271, de 1° de febrero de 1996, y los artículos 3, 10 y 18, del Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central, Ley N° 7433 de 14 de setiembre de 1994, tan solo por citar algunos ejemplos de las obligaciones que, en el ámbito internacional, pesan sobre el Estado costarricense con respecto a la aplicación amplia del principio precautorio en materia ambiental y de protección de nuestra riqueza natural. (…)”. La vulnerabilidad social en la que se encuentran las personas que habitan estos territorios es bastante lamentable, debido a que durante mucho tiempo han vivido en las zonas especiales, se encuentran en una situación de incertidumbre, quedando expuestas a desalojos, al derribo de construcciones y todo eso se traduce en una problemática social muy grave, que todavía no ha sido resuelta. Este proyecto de ley no pretende suspender los procesos judiciales y administrativos con sentencia judicial firme, en lo referente al desalojo de personas, demolición de obras o suspensión de actividades y proyectos, salvo cuando se haya ordenado con ocasión de daño ambiental, peligro o amenaza de daño al medio ambiente, en cuyo caso deberá procederse con la ejecución pertinente. Tampoco excluye la posibilidad de dictar medidas cautelares judiciales o administrativas, bajo el supuesto ambiental. Al respecto, indica Peña (2006), lo siguiente: “Daño, en sentido jurídico, constituye todo menoscabo, pérdida o detrimento de la esfera jurídica patrimonial o extrapatrimonial de la persona (damnificado), el cual provoca la privación de un bien jurídico, respecto del cual era objetivamente esperable su conservación, de no haber acaecido el hecho dañoso. Bajo esa tesitura no hay responsabilidad civil si no media daño, así como no existe daño si no hay damnificado” (p.15). Con fundamento en lo anterior, las resoluciones administrativas a las que hace referencia este proyecto de ley, como es el caso de resoluciones administrativas y de resoluciones administrativas en firme, son únicamente aquellas distadas por el Ministerio de Ambiente y Energía y por el Tribunal Administrativo Ambiental. Este proyecto de ley busca proteger a las personas que se encuentran en condición precaria. Por otra parte, en lo que respecta a la protección ambiental, se procura introducir salvaguardas para mantener indemne el deber estatal respecto a la protección ambiental propiamente dicha o ante la amenaza o el peligro de un daño, respetando en todo momento el principio precautorio y el principio preventivo, mismos que se constituyen en las reglas de las que se parte para proteger el medio ambiente. De ninguna manera el proyecto de ley busca consolidar situaciones irregulares de ocupación ilegítima, porque no favorece la consolidación de derechos a favor de los ocupantes en condición precaria de las zonas donde se pretende generar la moratoria. Esta iniciativa no busca restringir obras, actividades y proyectos en las zonas donde se pretende generar la moratoria, de permisionarios o concesionarios sujetos a la normativa vigente que les resulte aplicable o al acuerdo de concesión o permiso, según la legislación vigente en materia de contratación administrativa o pública. Tampoco busca desatender el plan regulador de la municipalidad del cantón correspondiente, ni la autorización de órganos competentes. El artículo 5 desestimula el aumento de la problemática actual, respecto a la ocupación ilegítima, siendo que establece que el Estado no deberá permitir que se den nuevas ocupaciones en las zonas donde se procura la moratoria, ni deberá permitir que se den nuevas ocupaciones en dichas zonas. Por último, la moratoria que se plantea no implica la desafectación de bienes demaniales, por lo que de la presente iniciativa no deriva una afectación de la colectividad en detrimento de los bienes que son de dominio público y pertenecen al Estado. En virtud de las consideraciones expuestas, someto a conocimiento de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley para su estudio y pronta aprobación por parte de las Señoras y Señores Diputados. **LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA** **DECRETA:** LEY PARA PROTEGER A LAS PERSONAS OCUPANTES DE LAS ZONAS CLASIFICADAS COMO ESPECIALES ### ARTÍCULO 1- Por el plazo de cuarenta y ocho meses se suspenderá el desalojo o demolición de obras, zona fronteriza y patrimonio natural del Estado, salvo aquellas que sean ordenadas mediante resolución judicial o administrativa en firme, fundamentándose en la comisión de daño ambiental o cuando exista peligro o amenaza de daño al medio ambiente. ### ARTÍCULO 2- La suspensión prevista en el artículo anterior no excluye dictar las medidas cautelares judiciales o administrativas por las autoridades competentes, cuando se determine la comisión de daño ambiental o peligro o amenaza de daño al medio ambiente. ### ARTÍCULO 3- Cuando se trate de zonas declaradas patrimonio natural del Estado, la aplicación de la moratoria estará sujeta al dictamen técnico favorable del Ministerio de Ambiente y Energía. ### ARTÍCULO 4- En ningún caso, la aplicación de esta ley favorecerá la constitución de derechos a favor de los ocupantes de las zonas objeto de la moratoria. Asimismo, los ocupantes no podrán realizar modificaciones en las obras, actividades y proyectos ubicados en las zonas objeto de la moratoria. ### ARTÍCULO 5- Durante la vigencia de la moratoria, el Estado no deberá permitir que se den nuevas ocupaciones en las zonas referidas en el artículo 1 de esta ley. ### ARTÍCULO 6- Autorízase a las municipalidades, en las zonas de su competencia, a aplicar la moratoria en los términos establecidos en la presente ley, previo dictamen favorable del órgano municipal competente. ### Artículo 7- Durante la vigencia de esta moratoria, el Estado deberá tomar las medidas óptimas para el ordenamiento de las zonas referidas en la presente ley. Rige a partir de su publicación. Nidia Lorena Céspedes Cisneros Víctor Manuel Morales Mora Ivonne Acuña Cabrera Harllan Hoepelman Páez Mileidy Alvarado Arias Luis Fernando Chacón Monge Marulin Raquel Azofeifa Trejos María Inés Solís Quirós Paola Alexandra Valladares Rosado David Hubert Gourzong Cerdas Carmen Irene Chan Mora Ignacio Alberto Alpízar Castro Erick Rodríguez Steller Wagner Alberto Jiménez Zúñiga Jonathan Prendas Rodríguez Rodolfo Rodrigo Peña Flores José María Villalta Flórez-Estrada Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández Gustavo Alonso Viales Villegas Roberto Hernán Thompson Chacón Welmer Ramos González Ana Karine Niño Gutiérrez Dragos Dolanescu Valenciano Melvin Ángel Núñez Piña Daniel Isaac Ulate Valenciano Óscar Mauricio Cascante Cascante Aracelly Salas Eduarte Franggi Nicolás Solano Paola Viviana Vega Rodríguez Luis Ramón Carranza Cascante Diputadas y diputados 24 de noviembre de 2020 NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios. El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura. Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/22309). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.